América Latina: Muertes silenciosas

   Los asesinatos de mujeres y niñas aumentaron en América Latina y el Caribe en las últimas décadas y cada vez son más cruentos los signos de violencia en los cadáveres de las víctimas.  

   Estas muertes, identificadas de forma indistinta como feminicidios o femicidios, representan el punto extremo de una situación caracterizada por la violación sistemática de los derechos de este sexo y constituyen uno de los problemas más graves en la región. 

   El asunto apenas comenzó a visibilizarse a partir de 1993, cuando empezó la secuencia de crímenes de este tipo en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, México, pero las cifras prueban la expansión del problema por el subcontinente.  

   Aunque las defensoras de los derechos del sector coinciden en que las cifras son escasas y fragmentadas en cuanto a generocidios- como también identifica estos hechos la abogada dominicana Susi Pola-, permiten acercarse al fenómeno.  

   La Red de Mujeres de Nicaragua consideró que en estadísticas de esta naturaleza deben incluirse también los suicidios de mujeres, porque detrás de las decisiones de las víctimas subyacen casi siempre los traumas por los maltratos recibidos en el hogar o a nivel social.  

   Datos del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer reflejan que en los últimos seis años, Guatemala acumuló más de dos mil 500 asesinatos de mujeres; El Salvador, más de mil 530; Nicaragua 269 y Honduras, 603 entre 2004 y 2006.  

   Los victimarios en estos países apelaron de forma indistinta a la asfixia, decapitación, estrangulación, torturas y violaciones para terminar con las vidas de esas mujeres, según el organismo internacional.  

   República Dominicana, una de las naciones caribeñas marcada por la violencia de género, registró 158 crímenes contra mujeres en 2006, de acuerdo con estadísticas difundidas.  

   El Instituto Nacional de la Mujer en Costa Rica, a su vez, contabilizó desde 1995 más de 300 feminicidios y un ascenso de la criminalidad contra este grupo poblacional.  

   En Brasil, la Comisión de Seguridad de la Mujer registró 300 asesinadas sólo en el primer semestre de 2006 en Río de Janeiro y 24 mil 176 casos de agresiones que no terminaron en muerte, pero sí en lesiones corporales.  

   Mientras, el Instituto de Medicina Legal salvadoreño asegura que cada mes son asesinadas 35,7 por ciento como promedio, al mismo tiempo que las autoridades alegan que carecen de información suficiente para determinar si existen patrones específicos de violencia de género.  

   También el Defensor de los Derechos Humanos de Honduras Ramón Custodio, admitió que en ese territorio el 70 por ciento de los responsables de las muertes violentas de estas quedaron sin castigos.  

   Su par en Guatemala, país que ocupa el segundo lugar a escala mundial respecto a feminicidios, contabilizó más de 80 mil denuncias por diversos tipos de violencia intrafamiliar en 2005.  

   Rebeca Grynspan, directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, precisó que entre el 30 y el 45 por ciento de las latinoamericanas padecen de violencia física, sexual o sicológica, lo cual implica un costo del dos por ciento del Producto Interno Bruto.

   La violencia contra la mujer es el delito más común pero menos castigado del mundo, declaró el Secretario General de ese foro Ban Ki Moon. 

  De igual modo, por lo menos una de cada tres mujeres fue golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o maltratada de otro modo a lo largo de su vida por un miembro de su familia o algún conocido.  

   Los estudios demuestran también la relación entre la violencia contra la mujer y la expansión del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida: las infectadas suelen haber sufrido violencia y las que padecieron maltratos, corren mayor riesgo de contraer el virus, opinó.  

  Patrones culturales androcéntricos, sistemas socioeconómicos ligados a la discriminación en todos los órdenes y otros factores influyen en la tendencia al alza de esta problemática.  

  Las costarricenses lograron un paso de avance el 12 de abril de 2007 con la aprobación de una Ley de Penalización contra la Violencia Doméstica, coincidieron representantes de estos organismos, mas admitieron que no es suficiente para erradicar el mal.