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Inagotable polémica alrededor de la Ley de Retorno al Migrante

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La criminalización del migrante está de moda y la aprobación de la identificada como Ley de Retorno- el 18 de junio de 2008- es apenas una prueba de la aceptación, por parte de unos cuantos, de los reiterados discursos sobre la supuesta culpa de estos de los problemas socio económicos en los países del norte.

El Parlamento Europeo, al legitimar la cuestionada directiva, avaló la detención de todo extranjero detectado sin permisos legales por 18 meses hasta ser enviado a su nación de origen, luego de aceptar, bajo penas previstas, no retornar por cinco años al territorio del que es expulsado.

Órganos gubernamentales de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Honduras, entre otros, manifestaron su rechazo unánime a la iniciativa por cuanto puede implicar la probable concentración y posterior devolución de casi ocho millones de migrantes radicados en el viejo continente.

El Congreso Nacional de Honduras acordó, incluso, manifestar su disgusto ante la Secretaría General de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Latinoamericano y el Centroamericano, porque la normativa penaliza los esfuerzos de quienes viajan a Europa en busca de trabajo y aportan significativamente a las economías de esa región.

Los diputados hondureños denunciaron, mediante una moción, que tal disposición violenta los derechos humanos e incluye un componente represivo, al autorizar la expulsión inmediata, la prohibición de retorno al repatriado, el encarcelamiento y hasta la expulsión de menores so pretexto de proteger la seguridad de los países partes de la Unión Europea (UE).

El texto, aprobado por unanimidad, señala que la Ley del Retorno encubre una clara visión discriminatoria y amenaza el acceso a las remesas, la unificación de las familias, el empleo de los migrantes y contradice el acuerdo del diálogo político y de cooperación rubricado por ese bloque y Centroamérica en 2003.

De igual modo, añade la moción, la directiva fue aprobada en abierta oposición a los compromisos contraídos dentro del proceso de negociaciones que desarrollan ambas partes con vistas a un Acuerdo de Asociación, programado para el venidero año y cuya concreción está amenazada ante la afrenta europea a los intereses de su contraparte.

Pero mucho más que eso, para la representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, la Ley del Retorno contraviene la declaración de la Quinta Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE en la que se establece la necesidad de un diálogo integral y comprensivo sobre migración.

Bajo ese argumento, Perú propuso el envío de una misión de la OEA al Parlamento Europeo para corregir los alcances de la directiva y transmitir la posición latinoamericana con respecto a la cuestión en forma oficial.

Más de 200 mil peruanos radicados en países del viejo continente pudieran salir perjudicados con la aplicación de la iniciativa, por lo que el presidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú, conminó a toda la población a participar en la campaña contra la misma.

La Comunidad Andina de Naciones, por estar también en un proceso de negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación con la UE, está en condiciones de tratar el tema migratorio con ese bloque y de impulsar la flexibilización de la actitud europea frente a la problemática, expresó Bendezú.

Un acuerdo de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela hizo énfasis en que esa resolución significa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y en las mejores tradiciones de la política europea, por lo que demandó un tratamiento justo y humanitario para los migrantes latinoamericanos en pago al trato generoso y abierto que el subcontinente brindó durante mucho tiempo a los llegados desde esa parte del mundo.

Ante tanta repulsa, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Jacques Barrot, alegó que la cuestionada ley fue malentendida por Latinoamérica y pidió tranquilidad y confianza con respecto a la misma.

“Se ha tratado de un malentendido. La directiva de retorno pretende enmarcar de mejor manera las decisiones de retorno que puedan adoptar los estados miembros de la UE”, expresó Barrot en una video-conferencia desde Bruselas, Bélgica, con periodistas en Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

El funcionario explicó que la norma no obliga a cada uno de los 27 países integrantes de la UE a devolver a sus naciones de origen a los inmigrantes en situación irregular y que más bien, estos podrán darle a los extranjeros en esa situación un certificado de migración regular, pero, si deciden enviarlos de regreso, deberán hacerlo bajo las reglas establecidas en la nueva directiva.

También afirmó que la directiva estimula el “retorno voluntario”, pero si el inmigrante se niega tendrá derecho a recibir asistencia legal y condiciones de retención “humanas y decorosas” y que la CE vigilará la aplicación de estas preceptos en cada país miembro.

“Si el inmigrante es tratado de manera incorrecta el Estado podrá ser llevado ante el Tribunal de Justicia europeo”, afirmó el representante del ente regional, mientras persiste la condena a la actitud de losparlamentarios de un continente que durante el siglo pasado fue un activo emisor de emigrantes hacia América Latina por razones políticas y económicas.

Preocupación de muchas personalidades de gobierno, políticas, y humanistas, es que la Ley de Retorno del Migrante puede provocar algo similar a lo acontecido desde el reforzamiento de la política discriminatoria contra esos grupos adoptada por el gobierno federal y algunos estaduales en Estados Unidos.

Sólo entre septiembre de 1995 y octubre de 1998, el Servicio de Inmigración y Naturalización norteamericano deportó más de 360 mil inmigrantes de todo el mundo, la mayoría latinoamericanos, pero hacia 2007, esa suma ascendió con creces si se considera que sólo los mexicanos repatriados alcanzaron un millón, los guatemaltecos llegaron a 23 mil 62 y los hondureños a 67 mil, por sólo citar algunos.

Como resultado, los gobiernos de estas y otras naciones están obligados a afrontar un nuevo problema: la reincorporación de los retornados a sociedades donde el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades, siguen impulsando a muchos a tomar el camino de la migración.

Organismos internacionales concuerdan en que los migrantes en todo el mundo rebasan los 192 millones, lo cual equivale a más del tres por ciento de la población del planeta, y 95 millones de estos son mujeres.

La falta de políticas ajustadas a la problemática incide en que esta masa humana enfrente constantemente la violación de sus derechos humanos: en México, por ejemplo, cerca del 70 por ciento de las mujeres migrantes son víctimas de algún tipo de violencia y el 60 por ciento, llegan a ser abusadas sexualmente, aseguran informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Plena coincidencia existe entre los representantes de esas agrupaciones en que la migración es un derecho humano y, como tal, debe ser respetada en su plenitud, por lo que se explica la insistencia en que la directiva europea sea revisada antes de su entrada en vigencia, programada para el año 2010.

Jueves, 07 de Agosto de 2008 15:26. Isabel Soto Mayedo #. América Latina

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