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El desafío de Ecuador

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  Ecuador yergue su cabeza y desafía al mundo: no pagará una deuda externa que, parecido a sus similares en Latinoamérica, nació bajo el asedio de las cañoneras inglesas, francesas y estadounidenses, y creció al amparo de Tratados de Libre Comercio, la IV Flota, los Comandos Sur y Norte, el Plan Colombia, la Iniciativa de Mérida y otros.

   En un acto de total soberanía, el gobierno de Rafael Correa Delgado determinó, el 20 de noviembre de 2008, desconocer su compromiso con una enorme deuda ilegítima y juzgar a los responsables de contraerla y usarla en nombre del pueblo.

   Para el presidente, el criterio de sustentabilidad de servicio a la deuda debe considerar las consecuencias del desvío de ese fondo en el bienestar del pueblo y una de las contribuciones de su país para redefinir tal criterio es promover la reconstrucción de las estructuras económicas internacionales. 

   En el primer discurso como mandatario, Correa Delgado, fundamentó lo que debía ser una política soberana respecto al endeudamiento público: primero el ser humano, antes que la deuda y en correspondencia, redujo al 25 por ciento el presupuesto estatal para el servicio de esta, en 2007, por debajo del 47 por ciento destinado en 2006.

   El rechazo a cualquier injerencia foránea es parte de una estrategia que implicó, además, la pre- cancelación de la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional, la definición de llegar al endeudamiento sólo en casos de excepcionalidad, de modo limitado y selectivo; y cubrir las actividades sociales con recursos del Estado.

   Muchos en este mundo globalizado debieran imitar el ejemplo. No en balde la decisión parte de una administración gubernamental encabezada por un economista graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (1987), máster de Artes en Economía en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva (Bélgica, 1991)), máster de Ciencias en Economía en la Universidad de Illinois (Estados Unidos, 1999) y Doctor en Economía en ese mismo centro (2001).

   Correa Delgado nació el 6 de abril de 1963, en Santiago de Guayaquil, y puede hablar con propiedad de cuanto se manipula, tomando como base las ciencias económicas, en contra de estas naciones y cuánto puede hacerse para frenar las crisis generadas por ello.

   Estos conocimientos cimentaron su decisión de impulsar una reforma constitucional a favor de los derechos humanos, sin menoscabo del respeto a los derechos de la naturaleza, capaz de garantizar que Ecuador sea un territorio de paz, sin presencia militar extranjera, y de incentivar la búsqueda del desarrollo por la del "buen vivir".

   El 28 de septiembre de 2008 quedó legitimada la vigésima Carta Magna de Ecuador, con 64 por ciento de votos a favor frente a 36 por ciento en contra, blancos y nulos, según informó el Tribunal Supremo Electoral.

   Poco antes de esta segunda victoria en urnas, Correa Delgado decretó la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Pública (CAIC), el 9 de julio de 2007, mediante Decreto Ejecutivo 472.

   Esta fue encargada de auditar los procesos de contratación de convenios, contratos y otras formas o modalidades contractuales para la adquisición de créditos, obtenidos por el sector público ecuatoriano, provenientes de gobiernos, instituciones del sistema financiero multilateral o de la banca y sector privado, nacional o extranjero, de 1976 a 2006.

   Representantes de organizaciones sociales ecuatorianas, de movimientos internacionales empeñadas en solucionar el problema del endeudamiento en el Tercer Mundo y delegados de organismos de control y anticorrupción del país, en calidad de asesores, estuvieron rectorados por el Ministro de Finanza durante el proceso, que duró casi 18 meses.

   En el informe presentado en el quiteño Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), los integrantes de la CAIC responsabilizaron a casi todos los gobiernos del período y denunciaron el desconocimiento existente sobre el destino de ciertos fondos públicos.

   El documento estableció que en toda la adquisición de la deuda, hubo intromisión de bancos extranjeros, organismos financieros internacionales y presiones para cambiar leyes, incluso, violando la Constitución.

   La pesquisa comenzó por la gestión de la dictadura militar, presidida por Alfredo Poveda Burbano, época en la cual, con el respaldo del petróleo ecuatoriano, se obtuvo créditos de bancos privados extranjeros, con una tasa de interés, en principio, del 6 por ciento, según el documento.

   Pero un quinquenio después, los bancos extranjeros subieron el interés al 20 por ciento, por lo que la deuda pasó de mil 170 millones de dólares a dos mil 400 millones de dólares, al fin del gobierno militar, en el año 1978.

   Ese aumento de interés provocó una crisis económica, lo que significó un riesgo de quiebre de empresas, durante el mandato de Osvaldo Hurtado, y por ello, el Estado asumió como suya deudas de particulares sin la debida preocupación.

   En otros términos, lo adeudado en sucres, se convirtió en dólares y, por tanto, alrededor de mil 300 millones de dólares pasaron a engrosar la deuda ecuatoriana. De tal forma, la deuda ascendió a siete mil .800 millones de dólares, al concluir el gobierno de Hurtado, precisó el texto,.

   "La deuda comercial representa el 30 por ciento respecto de la deuda total, sin embargo, esta deuda significa el 44 por ciento que corresponde al pago de intereses. Es decir, es la deuda más cara", explicó una de las comisionadas de la CAIC, Karina Sáenz.

   El gobierno de León Febres Cordero amplió las condiciones ventajosas de la deuda externa sucretizada en octubre de 1984 y el 9 de diciembre de 1992, en Nueva York, el país renunció a su derecho para demandar la prescribilidad de la deuda, es decir, no pagarla si durante seis años no tenía los recursos para hacerlo.

   Los responsables de ese hecho fueron los entonces Ana Lucía Armijos, ex gerente del Banco Central del Ecuador; Mario Ribadeneira, ex ministro de Finanzas y Sebastián Pérez Arteta, ex ministro de Finanzas encargado, en correspondencia con los auditores.

   Con la emisión de los bonos Brady, en 1994 se renegoció la deuda, transformándose en cuatro mil 500 millones de dólares de capital y dos mil 500 millones de dólares de interés, pero sobre estos bonos se volvió a pagar interés, acción a la que se calificó como anatocismo.

   Estas condiciones empeoraron la situación económica del país, por lo que se renegoció la deuda, cambiando los bonos Brady por bonos Global. Los primero estaban devaluados, tenían un 30 por ciento menos de su valor original, es decir, casi mil millones de dólares y con el trueque, el monto subió a tres mil 900 millones de dólares.

   Las irregularidades e ilegitimidades en las negociaciones del débito quedaron expuestas detalladamente en el informe del CAIC y también, las cometidas en la instrumentación de la emisión de Bonos Global 2012 y 2030, cuya oferta de emisión no estaba autorizada por las leyes ecuatorianas.

   El Decreto Ejecutivo relacionado con el tema no había sido publicado cuando la suscripción y Salomón Smith Barney Inc. y J. P. Morgan, actuantes en la negociación del 27 de julio de 2000, carecían de la autorización formal de Ecuador.

   Esas negociaciones trajeron grave perjuicio económico para la nación andina, porque el valor de mercado de los bonos reestructurados estaba por debajo de 30 por ciento de su valor nominal, lo que determina que el monto sujeto a negociación, en el mercado secundario, valía mil cinco millones, aproximadamente.

   "Se determina que la nueva emisión de Bonos ‘Global 2012 y 2030’ ascendió al monto de US$ 3.950 millones, es decir casi cuatro veces el valor de mercado de la parte ‘negociable’ de los ‘Bonos Existentes’. Los intereses pagados hasta agosto de 2008 suman US$ 2.450 millones, valor resultante de niveles tan onerosos, como el 19% antes citado", refleja el documento del CAIC.

   Las deudas externas, conformadas contra los pueblos del mal valorado como Tercer Mundo, bajo condiciones ilegítimas casi siempre y con el afán de avasallar, sólo tienden a incrementarse en la misma proporción en que son pagadas, a tono con paradójicos mecanismos financieros.

   Por tal razón, el anuncio del gobierno ecuatoriano recibió el aplauso de intelectuales, artistas y luchadores sociales de todo el mundo, los cuales firmaron el Manifiesto por Ecuador y por la constitución de una red mundial contra la deuda externa

   Un vez más, el llamado es a alzarse contra deudas que sólo "obligan a privilegiar la obtención de divisas y a posponer eternamente la búsqueda del bienestar de los pueblos" y "justifican y propician la impunidad y la corrupción", como señala el documento.

   "Nosotros, intelectuales, artistas, y luchadores sociales, comprometidos con la democracia, la libertad y los procesos de emancipación de los pueblos del mundo, respaldamos la decisión del gobierno ecuatoriano...y nos conformamos en promotores de la creación de una red mundial contra la deuda externa ilegítima y los tributos coloniales".

   La iniciativa de romper con el engranaje de la deuda, promovida hace más de dos décadas por Fidel Castro y desoída por muchos en una coyuntura económica diferente, es retomada por los ecuatorianos en un contexto marcado por una crisis financiera y una recesión económica internacional, sin precedentes.

   De allí, la trascendencia de esta muestra de autogobierno, superior en cuanto a la decisión explícita de cerrar contratos de dudosa procedencia, en la misma proporción en que serán juzgados los responsables de suscribir tales pactos a costa del progreso de una nación.

   Vale desafiar a los poderosos si a cambio puede impulsarse más progreso y calidad de vida al pueblo, parece ser el mensaje del gobierno de Correa Delgado, uno de los intelectuales nacidos en estas tierras, que lejos de conformarse con mostrar la sapiencia acumulada a partir de estancias académicas en Europa o Estados Unidos, procuran el cambio para bien de nuestra dolida América.

 

Viernes, 28 de Noviembre de 2008 11:19. Isabel Soto Mayedo #. América

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