Apenas iniciado el año, la región sufrió el embate del cuarto frente frío de la temporada y como consecuencia de ello, pérdidas de vidas humanas y millonarias afectaciones en la agricultura y la infraestructura.

   Los daños en los sembradíos de café, banano, melón, piña, mantienen expectantes a miles de personas en estas naciones, cuyas economías siguen sujetas de cierta manera a la comercialización de tales productos.

   Autoridades de la región confirmaron que los vientos oscilaron de 50 a 80 kilómetros por hora desde el 3 de enero en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, territorios donde los techos de varios casas, árboles, y vallas publicitarias, volaron.

   Sólo en El Salvador tres mil 636 viviendas sufrieron las consecuencias del temporal y ello obligó a albergar a casi 400 personas en los municipios de Juayúa, San Pedro Puxtla y Nahulingo, según la Dirección Nacional de Protección Civil.

   Más de 15 mil plantíos cafetaleros resultaron desvastados por los vientos en ese país y las pérdidas pudieran alcanzar hasta el 20 por ciento, según fuentes del sector.

   Costa Rica igual afrontó pérdidas millonarias ante el destrozo de varios caminos rurales y las impedimentas causadas por ello en el traslado de los productos del campo, afirmó Álvaro Sáenz, de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.

   Luego de inundaciones similares, en el primer trimestre de 2006, la economía tica dejó de percibir 20 millones de dólares en 500 hectáreas de banano y plátano, y 350 mil cajas de piña, de acuerdo con estadísticas de la Corporación Bananera Nacional.

   El temporal que azotó al área en los primeros días del año dejó también tres fallecidos en Honduras y afectaciones en casi 600 viviendas, tres puentes, un muelle costero, una escuela, y 38 comunidades, entre otros.

   Estos y otros ejemplos confirman que los recurrentes desastres naturales pueden hacerle perder a la llamada cintura del continente entre el tres y el cinco por ciento de su Producto Interno Bruto, como pronosticaron los economistas.

   Centroamérica es importador neto de petróleo y el desnivel en los precios de este producto y sus derivados afectará al mismo tiempo a sus economías, sobre todo a El Salvador, porque la generación de su energía depende mayoritariamente de ese combustible.

   La Prensa Gráfica, diario del país más pequeño del área, precisó que la producción hidroeléctrica en ese territorio es menor del 40 por ciento.

   Los debates alrededor de la contienda electoral de marzo de 2009 también marcarán el panorama salvadoreño, donde las dos fuerzas antagónicas pondrán a prueba sus maquinarias electorales para las votaciones de alcaldes, diputados y presidente.

   La sensatez, tolerancia y entendimiento probablemente cedan lugar entonces a las injurias, especulaciones y agresividad política, en detrimento de la institucionalización democrática y de la estabilidad económica, vaticinó el comentarista Rafael E. Góchez.

   En ese ámbito todo lo demás será secundario y la acción conjunta para mejorar la educación, saneamiento básico, gestión de cuencas hidrográficas, generación de empleos locales y seguridad humana, seguirá aplazándose, añadió.

   Queda por ver cómo sucederán las cosas en las otras naciones, pero contra la naturaleza poco puede hacerse y contrarrestar los impactos de sus fuerzas siempre será un reto para los gobiernos y para los más pobres, mayoría en estas naciones.

   La Parca con su guadaña continúa acechando a las niñas, niños y jóvenes en Centroamérica, región en la que confluyen tres de las naciones más riesgosas del continente: Honduras, Guatemala y El Salvador.  

   Mientras, el terror de larga data contra el sector rinde sus frutos: un ascendente segmento de las sociedades de estos países ve la violencia como algo de rutina y mira las escenas de muertes de infantes con alarmante apatía. 

   Un registro iniciado hace menos de una década por el organismo humanitario Casa Alianza contabilizó, sólo en Honduras, tres mil 993 asesinatos de menores de 23 años hasta el 31 de diciembre.  

   De ellos, 504 perecieron en el último año víctimas de la criminalidad en el país, donde cada día son ejecutados arbitrariamente 1,3 personas en ese rango etario por grupos de exterminio o escuadrones de la muerte.  

    El informe emitido por el ente regional defensor de los derechos del sector reflejó además que 116 de los fallecidos en Honduras hasta diciembre de 2007 apenas rebasaban los 18 años, por lo que eran considerados niños o adolescentes de acuerdo con las leyes.  

    José Manuel Capellín, director de Casa Alianza en el territorio, conminó al Estado a fortalecer de una vez con recursos humanos, técnicos y financieros, la unidad de investigación de muerte de menores y a asumir el tema como prioridad.  

    Como sociedad, también permitimos que sean aniquilados por sus verdugos, quienes actúan en completa impunidad, opinó el directivo de origen español, según el diario hondureño La Tribuna.  

   La desatención por parte de todas y todos a la matanza de niñas, niños y jóvenes provoca que la espiral de violencia contra ellos continúe e incluso aumente a través de los años y pese a las diferentes administraciones de gobierno.  

   Un repaso de las denuncias constantes de Casa Alianza sobre la problemática desde finales de los años 90 confirma que lo ocurrido contra ese segmento social es trágico y lamentable y hasta sugiere una aceptación tácita de la cultura de la muerte en estos países.  

   Defensores de los derechos humanos abogaron porque en 2008 cese la problemática en sus territorios y proyectaron aunar esfuerzos ante la afrenta contra el derecho a la vida de miles de niñas, niños y jóvenes.  

   Pero la Parca- representación de Cloto, Láquesis y Átropos, las tres hermanas vestidas de negro, encargadas de hilvanar, devanar y cortar los hilos de la vida- sigue acechando a los más vulnerables en las tierras del centro del continente.  

   En la vecina Guatemala los homicidios contra jóvenes prácticamente rebasan los 50, mientras que en El Salvador las cifras siguen imprecisas por la falta de atención seria al tema por parte de las autoridades, divulgaron analistas locales.

   Los procedimientos aplicados para acabar con la vida de los más jóvenes incluyen secuestros, torturas e incluso mutilaciones, y son similares a las utilizadas por los grupos de exterminio en el ámbito de las guerras internas, en los años 80.  

   El periodista salvadoreño José Dalton aseguró que, por lo general, los asesinos abandonan los cadáveres en lugares públicos y con mensajes de advertencia para inspirar terror, mientras la policía culpa a ciertas pandillas de tales hechos.  

   Más, múltiples fueron las denuncias acerca de las estrategias de limpieza social programadas y autorizadas por algunos gobiernos centroamericanos con el fin de contrarrestar la criminalidad en sus jurisdicciones desde inicios de esta centuria.  

   La ex Subcomisionada de Policía de Honduras, María Luisa Borjas, declaró en 2005 que al menos en cuatro dependencias policiales hondureñas algunos funcionarios acogían con beneplácito a quienes se ofrecían a colaborar con tan sucias tareas.  

   Parte de la oficialidad de las instituciones policiales esgrimían la escasez de fondos para sustentar que matar podía resultar más barato que empeñarse en lograr la reeducación de miles de niños, adolescentes y jóvenes apegados a la cultura de las maras.  

   La prueba de tal arbitrariedad quedó develada entonces con el apoyo que brindaban los encargados de velar por la tranquilidad ciudadana a grupos como Los Magníficos, ensalzados por no dejar huellas de sus crímenes, y otros 20 escuadrones de la muerte.  

   Los orígenes de tales cuerpos represivos en Centroamérica guardan relación con la estrategia alentada por Estados Unidos como parte de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, dirigida contra las fuerzas progresistas en los años 80.  

   Si antes esos grupos solían torturar, desaparecer o masacrar a los sospechosos de simpatizar con ideas izquierditas, ahora dirigen las mirillas de sus armas hacia niñas y niños de la calle y jóvenes.  

   Pero mejor no perder tiempo dilucidando si operan aún esas fuerzas vinculadas al Estado, financiadas por empresarios privados y toleradas por los gobiernos: los cadáveres aparecen por día, pero no los criminales, ni fiscales y policías con investigaciones.  

   Una clara voluntad política de los Estados para esclarecer esos hechos y la coordinación de estrategias orientadas a insertar a los jóvenes en la sociedad es lo único que resolvería el problema, concuerdan actores sociales./ism (Prensa Latina, La Habana, http://www.prensa-latina.cu/article.asp?ID={E738C372-56D5-4F86-96A6-E6EA1BDFF7AE}&language=ES)    

   América Latina mantuvo en jaque a Estados Unidos en 2007: la integración avanza por caminos propios y sigue siendo una utopía la extensa área de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego.

   Lejos de avanzar el proyecto expansionista, signado por una lógica proclive a privilegiar al mercado en detrimento de los seres humanos, proliferaron gobiernos comprometidos con sus pueblos y las alianzas entre estos.   

   La victoria de Álvaro Colom en Guatemala sirvió de colofón a los esfuerzos de los elementos progresistas en el centro del continente, donde la unificación cobró impulso tras la trigésimo primera cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).    

   Esta reunión, celebrada en la capital guatemalteca el 12 de diciembre, concluyó con la firma del Convenio Marco Jurídico para el Establecimiento de la Unión Aduanera y con la creación de la Unidad Centroamericana para el Mantenimiento de la Paz.   

   Ese ente impulsará la colaboración interregional en materia de seguridad y con los países azotados por desastres naturales en la zona, con fondos aportados por sus miembros.    

   Es mucho el trabajo que queda por delante, pero es un aliciente la voluntad política manifestada por todos y los compromisos contraídos en esta cita, señaló el presidente pro- tempore del SICA, el gobernante salvadoreño Elías Antonio Saca.  

   Más allá del avance de las coincidencias entre las naciones istmeñas- alentadas un tanto por el afán de concertar un acuerdo con la Unión Europea-, destacó en el período la conformación del Banco del Sur, el 9 de diciembre.  

   La creación de la institución es un inmenso paso al frente en la integración latinoamericana y con ella Sudamérica comenzará a liberarse de las cadenas que atan a la dependencia financiera, consideró el gobernante ecuatoriano Rafael Correa.  

   Además del economista, suscribieron el acta fundacional de la entidad financiera regional los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

   Esta iniciativa constituye una alternativa frente a la inestabilidad financiera mundial y alentará otros tipos de relaciones en ese orden bajo la égida del Fondo de Desarrollo y Estabilización Regional, y de las Bolsas del Sur, entre otros programas.  

   Otro paso adelante en el camino hacia la unificación de los pueblos latinoamericanos lo constituyó la IV Cumbre de Petrocaribe, realizada en Cienfuegos, provincia centrosureña cubana, el 21 de diciembre. 

  A la cita asistieron delegaciones de 16 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela.  

   Acuerdos tendientes a ampliar la capacidad de refinación, construir o mejorar la infraestructura energética para el despacho, recepción, transporte, almacenaje y distribución de crudo entre los países miembros, y otros, fueron suscritos en ese ámbito.

   Petrocaribe es impresionante, porque Venezuela es el único productor de petróleo del mundo que decidió compartir su riqueza con otras naciones de forma solidaria y ventajosa, declaró Miguel Mejías, secretario de Estado de la República Dominicana.

   El desembolso de 250 millones de dólares para la construcción de un refinería en Nicaragua, aprobado por el gobierno venezolano, unido a otras acciones, prueban esta inclinación.  

   Los acuerdos alcanzados en Cienfuegos mostraron las posibilidades abiertas para los pueblos del área de impulsar la integración desde distintos ámbitos, sin sometimiento a las transnacionales y a las políticas impuestas por Estados Unido.  

   Más, aquí no acabaron los obstáculos en el camino hacia la ansiada unidad latinoamericana: en gran parte de estas tierras, el aparato neoliberal precisa ser desmontado.  

   Aunque el Área de Libre Comercio para las Américas nunca llegó a concretarse, continúan vigentes acuerdos bilaterales o multilaterales firmados por gobiernos de la región con su vecino norteño al estilo de los mal llamados Tratados de Libre Comercio.  

   En virtud de asociaciones de ese corte, además, los ejércitos latinoamericanos están implicados en tareas de policía interna, contra el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas o maras, por sugerencia de Washington.

   Defensores de los derechos humanos alertaron que las estrategias aplicadas con ese fin suelen englobar de forma sutil a sectores considerados agitadores por su lucha contra el status quo reinante: indígenas, jóvenes, campesinos, desempleados y otros.

   Sólo derribando estos escollos y marchando a paso apretado, podrá concretarse el sueño de Simón Bolívar, cuando añoraba hacer de América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas, que por su libertad y gloria./ism

   La criminalidad organizada derivó en un huésped temible en Costa Rica durante 2007, que motivó la presentación de cuatro proyectos de ley destinados a contrarrestar la problemática y hasta la unión de algunos partidos políticos.

   El fiscal general, Francisco Dall’ Anese, aceptó el aumento de la violencia en el país centroamericano en los útlimos meses e instó a los congresistas a aprobar las iniciativas sobre delincuencia, protección de víctimas y testigos, entidades de Drogas y terrorismo. 

  Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permiten inferir que un promedio de 16 propietarios de vehículos son víctimas de algún delito en la capital costarricense cada día.   Jorge Rojas, director de la entidad, admitió que quizá la estadística no creció tanto como la violencia y considero que lo preocupante de hechos de esta naturaleza es la inseguridad que genera entre las personas. 

   El problema está fuera de control en opinión del funcionario: entre enero y noviembre de 2007, a dos mil 811 vehículos les rompieron una ventana o llavín para robar los bienes en su interior, mientras, otros dos mil 223 fueron hurtados, 786 de ellos violentamente.  

   La situación es peor en los cantones de San José- donde roban un vehículo a la fuerza cada siete horas- en Montes de Oca, Escazú,  Goicoechea, Curridabat, Desamparados y Moravia.  

   Para uno de los viceministros de Seguridad Pública, el abogado Gerardo Láscarez, muchos de esos robos guardan relación directa con el consumo de drogas y con la tolerancia de las autoridades, pues por lo general,  los delincuentes quedan libres.  

   Las fechorías cometidas por estos son consideradas por muchos bagatelas, en comparación con las decapitaciones de personas u otras acciones criminales en algunas de las naciones centroamericanas.  

   Pero de modo similar a lo ocurrido en casi todas ellas, la represión puede ser una de las alternativas a las que apelen las fuerzas policiales para contrarrestar el problema y esto preocupa a varios sectores sociales. 

   Sólo en la capital de Costa Rica, entre enero y noviembre del 2007, una fuerza policial denominada Grupo de Apoyo Operacional arrestó a 900 personas, principal viceministro del sector, Rafael Ángel Gutiérrez.  

   El sustituto del Ministro, en caso de ausencia, explicó que las detenciones ocurrieron durante acciones policiales efectuadas en 13 de los 20 cantones capitalinos y junto a efectivos del OIJ, la Policía de Tránsito, la de Migración y la Municipal.  

   La criminalidad ascendente en el antes promovido como paraíso centroamericano motivo que los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario (ML) decidieran aliarse y crear una comisión para analizar el tema.  

   Estos coincidieron en que ese ente debe tener carácter especial permanente en la Asamblea Legislativa, aunque ello obligue a reformar el Reglamento de esa instancia de poder.  

   Elizabeth Fonseca, jefa de la fracción, recordó que el Parlamento tico es uno de los pocos que carece de comisión de seguridad ciudadana cuando esta es una de las principales inquietudes de la sociedad costarricense como demuestran las encuestas.  

   Para su homólogo del PAC, Luis Antonio Barrantes, valdría crear un grupo de siete diputados destinado a trabajar la cuestión hasta el 30 de abril del 2010 y aprobar de una vez la reforma al Código Penal, pendiente en el legislativo hace 13 años.  

   Los proyectos de ley relacionados con seguridad ciudadana están en manos de la Comisión de asuntos jurídicos, pero esta tiene una larga lista de asuntos sin resolver y ninguno de ellos es el que nos convoca, alertó.   

   Seguidores de la situación costarricense opinan que la legitimación de las cuatro propuestas tendientes a frenar la criminalidad en el territorio significarán un sólido peldaño para restaurar el prestigio del legislativo y del sistema político tico.  

   El futuro de Costa Rica está condicionado al modo en que se acometa la lucha contra la pobreza, con resultados concretos, y por la seguridad ciudadana para modificar la realidad cotidiana y, con ella, la percepción de la gente, afirmó el diario La Nación.  

   La falta de idoneidad en los funcionarios encargados de las tareas de investigación o administración de justicia, o el debilitamiento de la autoridad, son apenas algunos de los factores que atentan contra las buenas intenciones en medio de la polémica.  

   En medio de ella, destaca la posición de Barrantes: el tema de la violencia trasciende a los partidos políticos y todos deberíamos meterle candela. Para mí, sea comisión especial permanente o comisión especial la que se encargue del asunto, está bien./ism

Cada año mueren más de 10 mil latinoamericanas por abortos mal practicados, casi siempre de forma clandestina y condiciones de riesgo, debido a las severas restricciones legales impuestas contra el ejercicio de ese derecho.

Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en distintas épocas y contextos marcados por intereses electorales, prohíben las interrupciones de embarazos en diversos países del área y en otros las condicionan a extremos.

La impedimenta rige en Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República Dominicana y Nicaragua, aún cuando el sostenimiento de la concepción represente un riesgo para la vida de la madre o el feto presente malformaciones.

Mientras, en 26 países se mantienen legislaciones restrictivas al respecto y es permitido solamente en circunstancias como esas o cuando el embarazo resultó de una violación o incesto.

Una de las legislaciones más prohibitivas contra el aborto es enfrentada por las salvadoreñas desde hace una década y son decenas las muertes acumuladas por su aplicación, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer.

Las modificaciones de 1996 a la ley sobre el tema criminalizaron el aborto al catalogarlo de delito, eliminaron la posible interrupción del embarazo en determinados casos, y aumentaron las condenas a quienes apelaran a ese derecho hasta 12 años de cárcel.

Transcurrido casi un año y medio de entrada en vigencia de la normativa, 69 mujeres salvadoreñas- mayoritariamente pobres y jóvenes- enfrentaron procesos judiciales por abortos ilegales, reflejaron las investigaciones.

Las involucradas apelaron por lo general al uso de altas dosis de píldoras anticonceptivas, antiácidos, ganchos para ropas, líquidos cáusticos y otras sustancias. Entidades defensoras de los derechos del sector informaron que 23 de ellas fueron denunciadas por personal hospitalario cuando llegaron en busca de atención médica después de sufrir abortos incompletos.

Las transformaciones legislativas sobre el particular resultaron de la estrategia aplicada por la derechista Alianza Republicana Nacionalista para granjearse el favor de la Iglesia Católica en medio del período electoral de 1997, según el diario La Prensa Gráfica.

Mientras la iniciativa era debatida en el ente parlamentario, la jerarquía eclesiástica reforzó la defensa de la vida desde la etapa fetal y organizaciones confesionales recogieron firmas a favor de la prohibición del aborto.

El ser humano que está engendrado es una persona inocente que no está agrediendo a nadie, tan respetable es su vida como la de cualquier otro ciudadano, esgrimió el Arzobispo de San Salvador Fernando Sáenz Lacalle.

Datos del Banco Mundial señalan que el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la segunda causa de mortalidad materna y los embarazos no deseados están en el sustrato de la mayoría de los suicidios de adolescentes en ese país.

Otras alternativas poseen las mujeres en territorios como Puerto Rico, Cuba, Barbados y las Antillas Francesas, únicos territorios latinoamericanos y caribeños donde el aborto es permitido por ley.

Cuba fue el primero de estos en eliminar la restricción y establecer como período máximo para realizarlo la décima semana de embarazo a menos que otras razones de salud lo justificasen.

La legislación de la nación caribeña, aprobada en 1965, sólo penalizó las interrupciones fuera de las instituciones del sistema público de salud.

Pionero en este movimiento también es Puerto Rico, donde el aborto estuvo despenalizado desde 1973 pero volvió a limitarse por la presión de varias organizaciones confesionales, legisladores y entes judiciales de Estados Unidos.

Otros avances significativos son la despenalización de las interrupciones en la capital mexicana, en abril de 2007, y en Colombia, en 2006, cuando un embarazo amenaza la vida o salud de la mujer, derivó de una violación o el feto tiene malformaciones.

En Chile los debates sobre los derechos sexuales y reproductivos sólo redundaron en la aprobación de un decreto favorable al suministro de la píldora anticonceptiva "del día después", rubricado por la presidenta Michelle Bachelet, en 2007.

Brasil aún no presenta cambios notables al respecto, pese a la defensa de proyectos de ley que contemplan la despenalización del aborto por parte del movimiento feminista y de otros sectores de la sociedad.

Para los involucrados en estas lides el aborto legal y seguro es un derecho reproductivo, cuyo ejercicio debe estar amparado por el Estado laico en un ámbito de justicia social e igualdad de género.

Expertos de la ONU coinciden en que el acceso a éste es un elemento central para el cumplimiento de los derechos de las mujeres incluyendo los reproductivos y los inherentes a todo ser humano.

El reconocimiento de la problemática a escala mundial partió del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, reunido en Egipto, en 1994, y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (China, 1995).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoció luego los vínculos entre la mortalidad materna y el aborto inseguro y recomendó a los gobiernos del área su atención.

Pero las leyes relacionadas con el asunto en la región reflejan en parte la herencia colonial, la ideología dominante cuando se aprobaron, y los cambios según las posiciones de las fuerzas sociales conservadoras, coinciden seguidores de estos temas.

Los cambios legislativos alentados desde los años 1970 sólo abordaron de forma parcial la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos y el acceso a servicios públicos de planificación familiar .

Esto incidió poco o nada en lo tocante al aborto en la región y de ello dan cuenta los crecientes debates alrededor del asunto y las denuncias formuladas por agrupaciones feministas y humanitarias./ism

La firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, ilusionó a muchos con el posible destierro de la criminalidad en El Salvador; pero casi dos décadas después esta sigue creciendo.

Estadísticas oficiales dan cuenta de la imparable tendencia al alza de la problemática en el territorio, donde mueren cada día un promedio de 11 personas de manera violenta y persiste una elevada disponibilidad de armas en la población civil.

Mayor tolerancia y respeto a los derechos humanos eran los reclamos más generalizados al finalizar el conflicto interno, de acuerdo con el artículo tres, común en los Convenios de Ginebra, del 12 de Agosto de 1949.

Más allá de los 75 mil muertos, 40 mil mutilados o limitados y ocho mil desaparecidos, la confrontación en el país más pequeño de Centroamérica dejó una estela de odio, miles de armas de fuego en las calles y lo peor, una irritante impunidad.

La Ley de Amnistía, rubricada por el presidente Alfredo Cristiani, en 1993, dejó en libertad y sin proceso judicial a los culpables de los asesinatos perpetrados en esos años y pese a la polémica en su contra, sigue vigente.

El Derecho Internacional Humanitario protege a las víctimas de los conflictos armados y limita los medios y métodos de guerra. Las violaciones de esas normas son consideradas crímenes y por ley, los autores deben ser juzgados. Eso no ocurrió en El Salvador.

Por tal arbitrariedad, el dolor se renueva cada año cuando cientos de personas sufren la desesperanza al recordar, dentro o fuera del territorio, las matanzas cometidas por el ejército.

Para ejemplo, una muestra: lo acontecido en tres días de diciembre de 1981 en los caseríos de El Mozote, Toriles, Ranchería, Cerro Pando, Jocote, Amarillo, y Cerro de Piedras, de los municipios de Meanguera, en el norteño departamento de Morazán.

Casi un decenio después de aquellos acontecimientos la Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador logró documentar 765 víctimas del operativo militar en la zona y la participación criminal del comandante del batallón Atlacatl, coronel Domingo Monterrosa.

También participaron en el crimen el mayor Armando Azmitia- jefe de operaciones de esa unidad, culpada igual del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas- y otros ocho oficiales.

Monterrosa y Azmitia murieron el 23 de octubre de 1984 en una acción ejecutada por opositores salvadoreños.

Pese a las evidencias acopiadas por la Comisión de la Verdad de la Organización de Naciones Unidas contra los miembros del Atlacatl y otros cuatro batallones militares, sus integrantes fueron proscritos y desmovilizados, pero no enjuiciados.

¿Dónde están nuestros muertos, hasta cuándo estarán libres los asesinos?, cuestionan todavía múltiples sectores sociales.

Para el sacerdote Rogelio Poncelle, la pregunta adquiere mayor connotación si se considera a quienes mataron los militares: gente sencilla e indefensa, involucrada en la confrontación sin saber por qué.

Mientras, algunos defienden que esos documentos y la amnistía permitieron un diálogo entre los salvadoreños sin recurrir a las armas y que la legislación debe mantenerse por la supuesta paz propiciada por ella.

Hurgar en viejas heridas sólo servirá para destapar los odios entre las personas. Más oportuno sería no volver a tocar el tema y dejar que cicatricen, esgrimió en un ocasión el presidente Elías Antonio Saca.

Pero llegar a la verdad para posibilitar el perdón, la justicia y acceder a una reconciliación de la familia salvadoreña, es la sugerencia de la mayoría de los involucrados en el debate.

El pueblo sabe quiénes cometieron semejantes crímenes y antes de tomar venganza de manera personal, prefiere que el estado acepte su responsabilidad de juzgar a los criminales, añaden.

Si en los años 80 El Salvador era noticia por el conflicto bélico, otro tipo de guerra lo mantiene en titulares hoy: la imparable ola de criminalidad.

Marcela Smuth, funcionaria del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consideró que la situación está asentada en factores multicausales, vinculados a la exclusión y la inequidad sufridas por la mayoría de la población.

La guerra no terminó al callar las balas: persisten secuelas psicológicas en miles de personas que no son tratadas y lograr justicia es apenas un paso añorado por casi todas ellas, sostiene la Asociación Cristiana para el Desarrollo de El Salvador. 

Quien recorrió el rectángulo que forma la Isla del Coco, Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1997, difícilmente pueda olvidarla y más bien vivirá expectante por las amenazas que acechan a los vestigios culturales y especies diseminadas por ella.

Cuesta aceptar que algunos seres humanos son capaces de profanar lugares como ese, cuyo estado de conservación y aislamiento, lo convierten en uno de los sitios privilegiados del mundo pese a sus escasos 24 kilómetros cuadrados.

La excepcionalidad del territorio, avistado por europeos por vez primera entre 1531 y 1542, radica en una serie de condiciones relativas a su origen volcánico, localización, carácter de isla oceánica y edificaciones de valor histórico.

Cuenta la leyenda que en sus intrincados bosques están escondidos valiosos tesoros enterrados por piratas y corsarios, quienes transformaron a la Isla del Coco en su refugio durante los siglos XVII y XVIII y la llamaron así por la abundancia de esa fruta.

La posible riqueza ocultada motivó casi 300 expediciones de búsqueda hacia el lugar, que sirvió igual de colonia penal, agrícola y estación de descanso y aprovisionamiento de tripulaciones balleneras que operaban ilegalmente cerca de Islas Galápagos.

Situado en la parte central del Pacífico Oriental, identificado en tiempos coloniales como Mar del Sur, el territorio dista 532 kilómetros de las costas ticas y reina en medio de 1997 kilómetros cuadrados de área de ecosistemas marinos protegidos.

Muchos especialistas lo consideran por ello un laboratorio ideal para realizar investigaciones sobre la dinámica de los ecosistemas del planeta y su relación con los cambios globales del ambiente marino y terrestre.

También la historia concentrada en las inscripciones realizadas en tiempos remotos en las rocas de las bahías de Chatham y Wafer, únicos accesos factibles de desembarco seguros en la Isla del Coco, se entrecruza con una flora y fauna envidiables.

Aunque este espacio carece de mamíferos terrestres autóctonos, cerdos, gatos, cabras, ratas, y venados de cola blanca sorprenden al visitante de vez en vez.

Estos animales fueron introducidos por el hombre, intencional o accidentalmente, y algunos de ellos impactaron de forma desfavorable el medio y la diversidad biológica en la zona.

En cambio, aves visitantes, vientos, corrientes marinas y materiales flotantes, propiciaron la expansión de una flora compuesta por 235 especies de plantas, 60 de ellas endémicas, que hacen las delicias de cualquiera con un poco de sensibilidad.

Matices de verde y azul adornan la geografía donde confluyen además 100 variedades de aves, 400 de insectos, cinco de reptiles, número similar de artrópodos, 600 de moluscos (40 autóctonos), 57 de crustáceos, 32 de corales, y más de 250 de peces.

Desde 1791 hasta la fecha, los científicos que frecuentaron la isla la catalogaron como un sitio único en el mundo por su riqueza en arrecifes de coral, sus tiburones martillo y tiburones ballena, así como los miles de peces multicolores que habitan a su alrededor.

Pero la integridad de la Isla del Coco está amenazada por la pesca ilegal, que compromete seriamente la fauna, los ecosistemas marinos y la función del territorio como zona de reproducción y mantenimiento de productividad marina.

A esto se añaden el deterioro progresivo propiciado por las exploraciones turísticas desplegadas a partir de 1932 hacia esa área protegida y destino codiciado por miles de visitantes de distintas partes del mundo.

La Isla del Coco es frecuentada por gran cantidad y variedad de embarcaciones dedicadas al transporte desde diferentes puntos del litoral pacífico costarricense y personas interesadas en practicar el buceo submarino recreativo u otras acciones sin medir sus efectos.

/ism