Legislar desde la heterogeneidad, nuevo signo en Latinoamérica

América Latina es la región donde se están gestando los cambios sociales más profundos en los principios de este nuevo siglo.

Programas integracionistas, marcados por una lógica apegada a los principios solidarios entre pueblos, y nuevos modos de concebir, formular y aplicar las políticas culturales desde el Estado, constituyen algunos de los pilares fundacionales de esta transformación social.

La crisis del Estado-Nación, resultante de la expansión de la globalización neoliberal, trajo consigo el tránsito del constitucionalismo cultural implícito a uno explícito, que echó por tierra la imagen tradicional.

El mito de las naciones homogéneas empezó a desvanecerse cuando los movimientos sociales impulsaron procesos de reconocimiento y valoración de las culturas originarias, de otras formas de ver y permanecer en el mundo.

Según entendidos en estos temas, el panorama cultural sufre idéntica complejidad que los Estados, sólo que estos no siempre son capaces de reajustar sus líneas estratégicas a tal realidad.

Pero algo distinto ocurrió en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XX, particularmente en los países cuyos gobiernos emprendieron la "refundación" o "reconstitución" a partir de "la diversidad, lo multiétnico, lo pluricultural, lo plurinacional o lo intercultural".

Las transformaciones culturales desde el Estado, del río Bravo a la Patagonia, se inspiraron en la Constitución de Canadá, de 1984, considera el humanista colombiano Juan Luis Mejía Arango.

Lo cierto es que este movimiento cobró cuerpo en la región con las cartas magnas aprobadas en Guatemala (1985), Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), México (1992), Perú (1993), Argentina (1994), Venezuela (1999), y Bolivia y Ecuador (2009).

"El paso del derecho a la cultura a los derechos de la cultura" -al decir del profesor español Jesús Prieto de Pedro-, propició el acercamiento entre las amplias mayorías y la reivindicación de valores ancestrales pocas veces reverenciados por sus propios herederos.

En los Estados latinoamericanos no había cultura, sino culturas, hasta que la diversidad se abrió paso de manera rotunda, acota Mejía Arango.

Recuerda que con estas constituciones varió la institucionalidad cultural diseñada para interpelar a la nación imaginada.

En su lugar apareció una más ajustada a la realidad de los pueblos latinoamericanos, añade, en tanto reconoce que estos cuerpos legislativos implicaron un gran salto en el tema de los derechos civiles y beneficiaron, en particular, a los marginados de siempre

La esencia de las constituciones establecidas en la etapa ronda la aceptación de la diversa composición étnica y la pluralidad de culturas convivientes en los territorios, aunque los postulados varían la forma de presentar la cuestión.

Mientras en algunos casos esta aparece de manera descarnada y rotunda, en otras prevale la tibieza, al entrelazar el tema con otros, y por consiguiente, restarle fuerza a la afirmación.

La constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala desde el primer momento "refundar la República para establecer una sociedad democrática y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un Estado de justicia, federal y descentralizado".

Las fórmulas aplicadas en la redacción de las cartas magnas de Perú y Colombia son muy parecidas, pues expresan que "El Estado reconoce la pluralidad étnica y cultural de la Nación", a pesar de lo cual sus gobiernos siguen postergando acciones en favor de estos y otros derechos civiles.

La ley fundamental Argentina relega este aspecto al capítulo concerniente al Congreso de la República y le atribuye "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural".

Las constituciones más recientes aprobadas en países de América Latina se fundamentan en los "Principios de la interculturalidad y el plurinacionalismo" y revelan desde inicio el respeto a estos.

"Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país".

Tal definición de principios aparece en el Artículo primero de la Constitución de Bolivia de 2009, legitimada bajo el gobierno de Evo Morales, con el respaldo en votos de la mayoría de la población.

Sometida a escrutinio popular y aprobada también por las masas fue la Carta Magna ecuatoriana de 2009, que en su artículo primero define: "El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico".

Ambas reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, que van desde el existir a la identidad cultural, a la jurisdicción de los originarios, a la libre determinación y a la propiedad colectiva de la tierra, entre otros.

Pero, por supuesto que con ello no basta. "La gran encrucijada que viven muchos de estos países es cómo resolver de manera armónica la tensión natural que genera la diversidad", concordamos con Mejías Arango.

En este siglo se adquieren nuevos y complejos retos, por cuanto la gestión de los tres pilares clásicos de la administración cultural -fomento a la creación, protección del patrimonio y divulgación- choca con una compleja trama de relaciones con otros sectores y campos de acción.

El poder mediático pre-establecido y la urgencia de los pueblos, cansados del abandono, son apenas algunos de los retos que enfrentan los empeñados en revertir el orden de cosas.

Resulta indiscutible el camino avanzado con el establecimiento de estas constituciones, en relación con el proyecto de refundar la nación latinoamericana y "repensar los Estados a partir del reconocimiento de lo diverso, lo plural, lo heterogéneo", al decir del investigador colombiano.