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Trasfondo de las luchas pro -abortos

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 El aborto irrumpió en la agenda pública y cobró rango prioritario en el debate cotidiano en el mundo, particularmente en América Latina, en las últimas décadas del siglo XX.

Las polémicas acerca del tema –tabú por la prevalencia milenaria de los dogmas católicos alrededor de la vida y su preservación desde que es engendrada- traspasaron los predios académicos a partir de entonces y ganaron espacio en foros públicos y medios de comunicación de la región.

Contrario a lo dictado por la tradición, el aborto empezó a ser mirado como parte de una concepción más integral de la sexualidad y la reproducción, estrechamente vinculado a la cuestión de los derechos humanos y a las condiciones de vida concretas de las mujeres.

Es a ellas a las que afecta de forma esencial la problemática, porque suele corresponderles la difícil decisión de mantener o acabar con la nueva vida que puja por crecer en sus vientres y que puede, de nacer, cambiarles de modo radical sus rutinas y proyectos.

Los aires que soplaron en la etapa descorrieron cortinas y mostraron con mayor nitidez que el tema de los derechos sexuales y reproductivos es altamente político.

La carencia de servicios sanitarios acordes a las exigencias particulares de las mujeres, de información en cuanto a la planificación familiar, la criminalización del aborto, entre otros aspectos, comprometen la capacidad de participación de estas en todos los órdenes de la vida pública.

Tales factores obran a favor de la proliferación de los embarazos precoces o no deseados, de las interrupciones clandestinas, sin las condiciones higiénicas indispensables, y por consiguiente, de la mortalidad materna.

Datos de la Organización Mundial de la Salud reflejan que el promedio anual de abortos en el mundo es de 35 a 37 por cada mil mujeres en edad reproductiva y un millón de muchachas entre 15 y 19 años interrumpen la gestación por esa vía.

En América Latina y el Caribe, de los 18 millones de embarazos contabilizados por año, aproximadamente, 52 por ciento no son planeados y 21 por ciento termina en aborto, pese a la criminalización del asunto en muchos países.

Fundaciones dedicadas a seguir la problemática coinciden en afirmar que, por esa razón, las estadísticas suelen estar por debajo de lo real y que casi 95 por ciento de las interrupciones ocurren de forma clandestina y sin seguridad para la salud de las gestantes.

Las impedimentas legales contra el derecho de determinar si continuar un embarazo o interrumpirlo provocan más de 10 mil decesos de féminas en esta región por año, 28 cada día, generalmente de bajos recursos.

Tanto en América Latina y el Caribe como en el mundo, los abortos clasifican como causa principal de muerte de embarazadas, más los datos demuestran que las decididas a someterse a ellos pocas veces renuncian a despecho de los riesgos.

Ello explica en parte la proliferación de redes y grupos sociales empeñados en despojar al aborto del estigma diabólico conque lo signaron, lograr su legitimación y otras disposiciones gubernamentales ventajosas para las mujeres.

Las Católicas por el Derecho a Decidir, en México, Bolivia y otra países; la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos; y el Movimiento Manuela Ramos, en Perú; son solo algunas de las organizaciones civiles del área enroladas en estas lides.

La lucha de sus integrantes por el derecho de las féminas a determinar sobre la maternidad, a disfrutar de una sexualidad placentera y responsable, y de servicios estatales acordes con todo ello, choca a diario con dogmas, fundamentalismos y prácticas gubernamentales ajenas a sus propósitos.

El influjo mantenido en algunos países por la Iglesia Católica y los compromisos pre- establecidos con sus jerarquías por grupos políticos interesados en ascender al poder, convirtieron al aborto inducido en eje del enfrentamiento entre fuerzas conservadoras y progresistas.

Historiadores coinciden en que las señales de la revolución cultural iniciada a mediados de la vigésima centuria en Estados Unidos y Europa, que potenció otras formas de ver la sexualidad y la reproducción, llegaron tardíamente a América Latina.

Más, el destape de los movimientos sociales populares desde finales del siglo y la gradual comprensión del lugar esencial de las mujeres en la lucha por el cambio social, condujeron a contemplar la batalla por el derecho al aborto en los programas orientados reivindicar las libertades civiles.

La sexualidad comenzó a despojarse del manto sagrado que la cubría en ese contexto, marcado por el intercambio constante entre personas de distintos sexos y la revelación de las féminas como auténticas lideresas.

En igual medida, la virginidad perdió su condición mítica y dejó de ser exigencia sine qua nom para el matrimonio, institución en crisis a partir de la evolución de las relaciones entre ambos sexos y de las exigencias de las sociedades contemporáneas.

Aunque el doble rasero sobrevivió con respecto a mujeres y hombres, por el milenario legado patriarcal y los resultados de las medidas neoliberales, estas ideas incidieron dentro de los movimientos sociales, en las políticas públicas y en las legislaciones nacionales.

Los acuerdos alcanzados en el entorno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el reforzamiento de la cooperación internacional fomentaron la adopción de programas en salud sexual y reproductiva.

El reconocimiento de la problemática partió del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, reunido en Egipto, en 1994, y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (China, 1995).

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas, efectuada en la capital egipcia en septiembre 2004, destacó por prestar particular atención al análisis acerca de los derechos sexuales y reproductivos, impulsar su reivindicación y la despenalización del aborto.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y otros de su tipo reconocieron también la existencia de tradiciones y prácticas históricas, culturales y religiosas que obstruyen el pleno disfrute de esos derechos.

En consecuencia, propugnaron la importancia de garantizar el derecho a la salud de las féminas, contemplando las necesidades particulares que sus diferencias biológicas imponen y más, con relación a la maternidad.

El caldo de cultivo creado y el comprometimiento de los Estados con estas miradas a la situación de las mujeres incidieron en la multiplicación de las investigaciones científicas y de publicaciones especializadas alrededor de las cuestiones de género.

Las charlas instructivas en distintos espacios ganaron preponderancia y aumentaron los campos pagados para abordar estos temas en los medios de comunicación, entre otras acciones.

La distribución gratuita de anticonceptivos de todo tipo devino ejercicio cotidiano en muchos países y los recelos alrededor de métodos como el preservativo o condón, los dispositivos intrauterinos o DIU, y la anticoncepción de emergencia, menguaron.

Es innegable que con estas acciones las mujeres ganaron más libertad en cuanto al goce de su sexualidad, pero resultaría poco serio pensar que este proceso ocurrió de forma homogénea.

Prejuicios, escasez de recursos y obstáculos de diversa índole, limitaron el alcance de estos programas, en tanto la asunción de los presupuestos difundidos por sus promotores varió en los distintos países o regiones, entre sectores sociales o por rangos de edad.

Los elevados índices de analfabetismo expandidos por América Latina y la sujeción de las féminas a añejas normas patriarcales obraron a su vez como freno en medio de estas campañas.

Una década después de iniciado el siglo XXI, los movimientos feministas y otras asociaciones implicadas en las luchas por el respeto a los derechos sexuales y reproductivos en la región, registran algunos logros importantes.

La visibilización de sus propuestas, de los flagelos que procuran barrer, de los factores que los engendraron y propician su subsistencia, se sumó a la aprobación de leyes que frenaron la criminalización institucionalizada del aborto en Colombia (2006) y la capital de México (2007).

Sin embargo, la batalla por los derechos sexuales y reproductivos tiene un largo camino por recorrer en América Latina, porque persisten las condiciones sociales que estimularon su auge y la contraofensiva de las fuerzas pro -vida, respaldadas por agrupaciones políticas conservadoras.

La lógica impuesta por la globalización neoliberal, los mensajes comunicativos transmitidos por los aparatos ideológicos a su servicio, y las exigencias diarias, estimulan en cierta medida la asunción de concepciones más abiertas sobre la sexualidad, la reproducción o el aborto.

Pero por un lado andan los imaginarios sociales y por otro parecen avanzar algunos gobiernos en la región, preocupados por perpetuarse y no por resarcir viejas deudas con las predestinadas a mucho más que garantizar la reproducción de la fuerza laboral.

 

Viernes, 28 de Mayo de 2010 13:51. Isabel Soto Mayedo #. Mujeres

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