Larga data acumula la lucha por recursos naturales en Bolivia

La defensa de los recursos naturales bolivianos, refrendada por la Constitución Política del Estado (2009) e implícita en el proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra, acumula una larga historia de lucha, tenida de sangre y dolor.

En ella destaca de manera particular la Masacre de Octubre de 2003, que costó la vida a 68 personas y heridas a 400, más permitió consolidar las fuerzas políticas que lograron llevar al poder al presidente Evo Morales e impulsar el proceso de cambio en el territorio.

Evidencias acopiadas por la Fiscalía General prueban que sólo bastó la orden del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (1991-1997/2002-2003) para que la población alteña recibiera hace siete años, entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre, el impacto de balas de armas de grueso calibre y de gran parte del andamiaje de guerra de las Fuerzas Armadas.

El hecho redundó en una matanza, en la que cayeron algunas personas ajenas a la manifestación pacífica contra la decisión del gobierno de vender a Estados Unidos el gas natural boliviano –a precio de regalo- a cambio de una salida al mar a través de Chile.

Pero como en otros momentos de la historia local y regional, el empuje del pueblo pudo más que los cañones: el mandatario entreguista tuvo que dimitir y no encontró otra salida que escapar y refugiarse en Estados Unidos.

Sólo dos años después de esos acontecimientos, las fuerzas populares alcanzaron la victoria en las urnas bajo las banderas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y colocaron en el poder al primer presidente indígena.

Morales, consecuente con el legado de su pueblo, hizo realidad la agenda de las organizaciones sociales en aquel octubre: la nacionalización de los hidrocarburos, su industrialización;  y la Asamblea Constituyente, entre otros aspectos.

El rompimiento con la sujeción a los contratos establecidos por los gobiernos neoliberales, que entregaron los principales bienes de la nación a las transnacionales, revirtieron las ganancias a favor del Estado y permitieron propulsar otros programas en beneficio de las mayorías.

La nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1 de mayo de 2006, fue apenas un primer paso en lo que a la larga colocó al país entre los más reconocidos por sus esfuerzos de transformar la herencia de iniquidad del neoliberalismo.

La efectividad de la gestión de la administración de Morales, entre 2006 y 2010, quedó demostrada en el crecimiento registrado y en la primera posición alcanzada frente a otros países latinoamericanos, en el momento crucial de la crisis financiera mundial, en 2009.

Más que confiar en la capacidad revitalizadora del mercado internacional, como hicieron otros, esta reactivó el mercado interno para dinamizar la economía en el país e impulsó múltiples proyectos en casi todos los rubros.

El Ejecutivo alienta, además, la demanda interna y la circulación de capitales en la distribución de ayudas económicas a sectores desprotegidos como los  bonos Juancito Pinto (para escolares),  Juana Azurduy (mujeres embarazadas), y Renta Dignidad (ancianos), destinados a aliviar la pobreza.

La construcción del Estado Plurinacional descentralizado y con autonomías es todavía un desafío, más bajo el signo de la refundación se intenta desmontar el aparato institucional.

Esto ocurre de acuerdo con la  Carta Magna, que define como responsabilidad del Estado “constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”.

“La muerte de más de 60 alteños y de 400 heridos, aparte de haber conquistado este proceso de cambio, ha consolidado la democracia en el país”, consideró el ex dirigente de la Central Obrera Departamental de El Alto, Roberto de la Cruz, citado por el diario estatal Cambio.

Tanto de la Cruz como la mayoría de los testigos de aquellos hechos sólo pujan porque finalmente se resuelva la extradición de Sánchez de Lozada y sea sometido a la justicia en el país.

Con ese fin, la Fiscalía General concluyó la producción de pruebas a un año y cinco meses de iniciado el juicio contra los responsables del identificado como Octubre Negro y acopia evidencias para reconstruir los sucesos registrados hace siete años.

Paralelo a estas acciones, coinciden en afirmar sindicalistas y testigos de la masacre de 2003, hay que cuidar las conquistas obtenidas porque si escapan tal vez nunca más bolivianas y bolivianos tengan la posibilidad de llevar las riendas de su destino.