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Suicidio y desidia gubernamental en Costa Rica

Suicidio y desidia gubernamental en Costa Rica

En Costa Rica, país de poco más de cuatro millones de habitantes, el suicidio parece ser una de las soluciones más socorridas ante los desafíos cotidianos y las autoridades siguen desatendiéndose de la problemática.

Registros del Poder Judicial refieren que sólo durante la primera década de este siglo, alrededor de tres mil 445 personas pusieron fin a su vida, a un promedio de 344,5 por año.

Pese a estas cifras, y a que las vidas humanas perdidas por esta causa sumaron 150 en el primer semestre del presente año, continúan sin adoptarse políticas públicas o programas de capacitación para prevenir contra la tendencia a la autodestrucción y atender a otras víctimas de estos hechos.

Estas cuestiones fueron analizadas en el segundo Foro para la Prevención del Suicidio, realizado en este país en vísperas del Día Mundial sobre ese tema, conmemorado cada año el 10 de septiembre.

Autoridades de la Unidad de Sobrevivientes de la Red Mundial de Suicidiología confirmaron en la cita que el gobierno costarricense poco hace por prevenir el mal y criticaron a los encargados de elaborar políticas públicas por no crear redes de apoyo y capacitar al respecto.

La atención de crisis suicidas y a sobrevivientes sigue postergada, aseguró el vicepresidente del ente, Domingo Abarca, y pronosticó la continuidad del crecimiento anual de la tasa de suicidados en Costa Rica.

Desde julio de 2009, es promovido un proyecto para la creación del Instituto Nacional de Prevención de Suicidios, que finalmente ingresó en estos días a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa está contenida en el Expediente No. 17847 y es impulsada por el diputado del opositor Partido Acción Ciudadana, Víctor Hernández, profesor de la carrera de Investigación Criminal del Colegio Universitario de Cartago (CUC).

Durante el Primer Congreso Nacional de Prevención del Suicidio (CUC, 10 de septiembre de 2010), esta fue sometida a la consideración de más de 600 participantes y luego enfrentó consultas similares en otros eventos.

Hernández, citado por el diario provincial Mi Cartago, opinó que pese a esto la propuesta quizás choque con la negativa de las autoridades sanitarias a concretar la conformación del organismo, por cuanto creen que la cuestión es un simple problema de salud.

El sociólogo, como otros especialistas, considera que muchos suelen aceptar la idea de que la solución a la proclividad de algunos seres a la autodestrucción pasa apenas por el internamiento en asilos psiquiátricos, terapias y antidepresivos.

Tales fórmulas son importantes, pero no las únicas, pues en realidad demostraron poco en casi un siglo para preservar la vida, dar esperanza, o atenuar sufrimientos ante la pérdida de seres queridos por estos episodios, expresó.

"El que se mata no es un loco, un enfermo, un demonio o un pecador… es una víctima de la violencia social", afirmó Hernández.

Para muchas personas, aseguró el experto, leer y hablar de suicidio es hacerse eco de "malas muertes", de cosas peligrosas y contagiosas, de lo prohibido y censurable, pudiendo ser hasta peligroso, contagioso y castigado por Dios.

Quienes logran sobrellevar los sufrimientos dejados por la pérdida de seres queridos por esta causa, suelen ser estigmatizados, rechazados y hasta expulsados de algunos círculos en esta sociedad, agregó.

El tabú del suicidio sólo será superado, insistió, cuando empecemos a estudiar e investigar desde perspectivas diferentes a este fenómeno, que impacta a todos los segmentos poblaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de personas acaban con su existencia cada año y para 2020, morirá por ello casi un millón 500 mil, lo que representa un suicidio cada 20 segundos.

Entre 1950 y 1995, las tasas medias anuales de suicidios aumentaron de 10,1 a 16 por 100 mil habitantes y en esta centuria, los decesos diarios por esta razón casi superan los provocados por tragedias viales o por guerras.

Las tasas son superiores en los hombres en todos los sitios, excepto en China (14,3 por ciento frente a 17,9 para las mujeres), y 90 por ciento responde a trastornos psíquicos, como la depresión, y a la drogadicción.

El problema empeora a escala universal y Costa Rica no escapa de la tendencia, cuyo despegue en las últimas décadas es asociado también a la globalización del esquema neoliberal y a la imposición de su lógica mercantil en detrimento de los seres humanos.

Esta política económica, devenida ideología para algunos, alentó a reducir al mínimo la intervención estatal en todos los órdenes y redundó en el recorte de presupuestos dedicados a la salud, educación, atención a la pobreza y otras problemáticas sociales.

Como consecuencia, el Estado dejó de atender las necesidades ciudadanas y terminó con su papel de promotor del desarrollo de las potencialidades humanas, dejando en el abandono a los sectores más vulnerables en el orden económico y a las nuevas generaciones, minadas por el consumismo.

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