Aborto, derecho por alcanzar en Centroamérica

El aborto inseguro es un problema pendiente en Centroamérica, donde coinciden tres de los seis países que, en el mundo, criminalizan las interrupciones y establecen cárcel para los proveedores del servicio y para las mujeres.

  La clandestinidad que rodea a esta práctica redunda en la inexactitud de los datos acerca de las muertes provocadas por la restricción legal frente a una cuestión medular si de derechos humanos se habla.

  Pero luchadoras por la reivindicación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo concuerdan en que la impedimenta contra el aborto inducido -incluso en casos de violación, de malformaciones, o de riesgo para la vida de las grávidas-, provoca miles de decesos por doquier.

  El aborto terapéutico, por necesidades médicas o en caso de violación, era legal en estos países desde finales de la centuria decimonónica, más la intención de sumar votos y crear alianzas llevó a la eliminación de este derecho en medio de contextos electores, en la última década del XX.

  Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en sociedades marcadas por el apego a esa religión, prohibieron las interrupciones de embarazos o las condicionaron a extremos.

  Al mismo tiempo, reforzaron los prejuicios contra las decididas a apelar a esa solución frente a la pobreza, el desempleo o el temor al futuro, entre otros factores.

  En Honduras, un aborto puede llevar a una reclusión de tres a seis años, mientras muchas enferman y mueren por problemas asociados al ejercicio de su sexualidad y de su reproducción, prevenibles casi siempre.

  Datos del Ministerio de Salud dan cuenta de que el aborto es la segunda causa de egresos de los centros médicos después del parto y por día sale más de una veintena de mujeres de los hospitales con ese diagnóstico.

  En El Salvador, una decena de agrupaciones abogan por acabar con una ley que convirtió al más pequeño de la región en uno de los más restrictivos en cuanto al aborto, al calificarlo como “homicidio agravado” y condenar a las determinadas a asumirlo con 30 años de cárcel.

  Las mujeres constituyen la mitad de la sociedad salvadoreña y al menos 70 -jóvenes y pobres, por regla- están condenadas por este supuesto delito, asegura la Articulación por el Derecho a Decidir.

  Las sentenciadas, explican reportes policiales, apelaron al uso de altas dosis de píldoras anticonceptivas, antiácidos, ganchos para ropas, líquidos cáusticos y otras sustancias, para evitar la evolución del embarazo y los retos de la maternidad, ante la falta de oportunidades para ellas.

  La ley, aprobada en 1997, prohíbe a los profesionales de la salud a atender a las víctimas de complicaciones por la práctica de un legrado o a esperar la expulsión natural del feto en casos de embarazos extrauterinos, sin considerar las hemorragias mortales que pueden derivarse de esa anomalía.

  En Costa Rica, donde la tendencia al abuso de índole sexual contra mujeres creció de mil 311 a mil 357, de 2005 a 2008, organizaciones sociales demandan despenalizar el aborto en caso de violaciones.

  El embarazo es un factor de riesgo para la vida y la salud física en estas circunstancias, por lo que estos casos deberían contemplarse en el aborto terapéutico, permitido en ese territorio desde 1928, opinan especialistas.

  En Guatemala, el aborto es la tercera causa de muerte materna y aunque el sistema de salud practica hasta 65 mil cada año, más de 21 mil mujeres son hospitalizadas para recibir tratamiento por complicaciones derivadas de los procedimientos empleados para interrumpir la concepción.

  De acuerdo con el Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual, 28 por ciento mueren bajo cuidados médicos profesionales y 60 por ciento de los alumbramientos atendidos por comadronas.

  El aborto está tipificado en el Código Penal de Nicaragua entre los delitos contra la vida y el “daño físico o sicológico” al feto puede llevar a la cárcel por cinco años, a la inhabilitación para ejercer la profesión, y al cierre de clínicas o consultas por ocho años, para los prestadores de servicio.

  Esta es la primera o segunda causa de muerte materna hospitalaria en un país donde, para recurrir a un aborto terapéutico, la mujer debe ser autorizada por el cónyuge o un pariente cercano, refiere el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.

  Las polémicas acerca del aborto –tabú por la prevalencia milenaria de los dogmas católicos alrededor de la vida y su preservación desde que es engendrada- traspasó los predios académicos y ganó espacio en foros públicos y medios de comunicación de la región a finales del siglo XX.

  Varios especialistas admitieron que los derechos sexuales y reproductivos son un asunto altamente político y alentaron a mirar a este como parte de una concepción más integral de la sexualidad, vinculado a la cuestión de los derechos humanos y a las condiciones de vida concretas de las mujeres.

  Es a ellas a las que afecta de forma esencial la problemática, porque suele corresponderles la difícil decisión de mantener o acabar con la nueva vida que puja por crecer en sus vientres y que puede, de nacer, cambiarles de modo radical sus rutinas y proyectos.

  La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo favorece sobre todo a los enrolados en un negocio ilegal organizado que mueve millones de dólares por año en los países donde esta práctica es ilegal y provoca la muerte de millones de mujeres en todo el mundo.

  El Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe fue concebido para visualizar la problemática, cada 28 de septiembre, y sensibilizar a los encargados de dictar política con la urgencia de acabar con un negocio en ascenso por el irrespeto a ese derecho de las mujeres.