Crisis carcelaria inaugura el año en Costa Rica

La crisis en las cárceles costarricenses, marcadas por la violencia, el hacinamiento y la escasez de personal técnico, volvió a ser objeto de la polémica cuando apenas comenzaba a escapar el ambiente festivo por el nuevo año.
  Pese al silencio de los medios de comunicación, el día dos de enero trascendió el anuncio acerca de una revuelta masiva en el principal reclusorio del país centroamericano, La Reforma, como consecuencia del cual murieron dos reos y otros siete terminaron heridos.
El hecho confirmó las denuncias reiteradas acerca de las fallas en seguridad, la complicidad entre vigilantes y reclusos, el tráfico de drogas y otros bienes, y hasta las torturas, dentro de los reclusorios en Costa Rica.
Tras el motín, las autoridades penitenciarias recolectaron 35 platinas, 55 punzones, cuatro celulares y nueve cargadores, dinero y marihuana, que estaban en poder de algunos de los mil 700 internos en la sección B del reclusorio, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El ente atribuyó el hecho a una "falla en la vigilancia" dentro del penal, ubicado a unos 15 kilómetros al noroeste de la capital sanjosefina.
Según el comunicado de la OIJ, el disturbio ocurrió en horas de la mañana, cuando 800 presos tomaban sol en el patio de uno de los módulos, bajo la vigilancia de apenas siete policías.
El pleito inicial entre dos reclusos fue el detonante de la revuelta mayor, frente a la cual los agentes del orden buscaron refugio y cerraron los portones, para evitar una fuga colectiva, ante la incapacidad de controlarlos.
Los asesinatos resultaron del enfrentamiento entre pandillas, que sólo pudo ser desarticulado por la Policía Penitenciaria con el apoyo de la Fuerza Pública, explicó el director de Adaptación Social, Eugenio Polanco.
El funcionario mostró su preocupación por los grupos organizados que se están formando dentro de los centros penales para traficar drogas y celulares en lo interno, así como para controlar actividades delictivas fuera de las cárceles.
"Entre estos grupos de pandillas se generan rivalidades por la venta de los psicotrópicos. Muchas veces, la forma que tienen de resolverlas es a través de actos violentos", aseveró, citado por el diario La Nación.
Ese medio de prensa aludió a las declaraciones del ministro de Justicia, Hernando París, quien desde junio advirtió del posible recrudecimiento de la violencia en las cárceles por el hacinamiento de los internos y la escasez de personal de vigilancia.
El funcionario exigió fondos públicos para la construcción y habilitación de nuevas celdas, así como para la contratación de custodios y personal técnico, lo cual fue denegado por el Ministerio de Hacienda.
"Hemos llegado al punto límite en el que sin recursos adicionales no hay nada más que hacer", expresó, a raíz de la primera revuelta masiva en La Reforma, en 2012.
Mientras el jerarca de Justicia declaraba ante la prensa, un recluso de esa prisión hirió con un punzón a cuatro policías, entre ellos el jefe de seguridad.
También cuatro mujeres iniciaron una huelga de hambre fuera de la cárcel de la localidad de Pérez Zeledón, porque sus familiares fueron trasladados a La Reforma, cuestionada por otros hechos ocurridos en ella.
En mayo de 2011, un cruento motín con intento de fuga -en el mismo centro- puso al descubierto el abuso de poder, el tráfico de influencias y la práctica de la tortura en los reclusorios, que van desde golpes hasta amenazas.
Esa vez logró frustrarse el escape de 14 presos del ámbito de máxima seguridad del penal, pero el líder del movimiento, Joel Araya, apareció muerto después con rasgos de agresión física perpetrada por el personal penitenciario, de acuerdo con sus compañeros.
"Nos escupen la comida, nos echan el café en la cara, y se nos ha amenazado diciéndonos que tienen todo planeado para matarnos, pero primero nos harán sufrir un tiempo", expusieron estos en un documento.
Una decena de funcionarios de La Reforma fueron separados de sus cargos a inicios del año precedente por recibir dinero a cambio de favorecer a los internos con mejores celdas, recreación, visitas conyugales y hasta con el trámite de un indulto. La directora de la cárcel de Pérez Zeledón, de apellido Valverde (45 años), fue detenida porque supuestamente dirigía una red que cobraba dinero a los reclusos o sus familiares a cambio de beneficios carcelarios.
Los privilegios consistían en trasladar a los reclusos de celdas cerradas a ámbitos abiertos, o permitirles salir de la cárcel de día y regresar de noche al centro.
El juicio contra esta funcionaria está pendiente, pese a que en esa misma prisión la policía penitenciaria descubrió, el 24 de julio del 2011, una ferretería que funcionaba dentro de una celda a vista y paciencia de las autoridades del recinto carcelario.

Un grupo de reos vendía a sus compañeros serruchos, pinturas, rodillos, alicates, madera y otros artículos prohibidos, en el lugar, aseguraron en ese contexto diarios, canales televisivos y medios alternativos.

Datos oficiales admiten que en Costa Rica sólo existe un guarda por cada 10 presidiarios y la superpoblación carcelaria supera los tres mil reclusos.

En tanto, el gobierno asegura que pretende un préstamo de 132 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para crear dos mil 700 espacios y 600 nuevas plazas, pero este proyecto es el 18 -penúltimo- de la agenda enviada al legislativo para analizar en sesiones extraordinarias.

Durante el primer año de la administración de Laura Chinchilla, se acondicionaron mil 19 espacios con el presupuesto no ejecutado (75 por ciento) de los tres años anteriores, en los cuales la ministra de Justicia entonces era la actual presidenta del país.

Para mayo de 2012 deben estar listos otros 700 espacios en cárceles, financiados con dinero de los presupuestos 2010 y 2011, pero hasta entonces continuarán añejándose los problemas en los centros penitenciarios, legados por administraciones anteriores.