Presidenciable presenta queja contra campaña sucia en Costa Rica

   El candidato presidencial José María Villalta, Del Frente Amplio, presentó hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Elecciones por la campaña sucia desatada en su contra por la organización Alianza por Costa Rica.

Los que están detrás de todo es gente del Partido Liberación Nacional, afirmó ante la prensa el líder de esa fuerza de izquierda, en alusión al accionar de la agrupación liderada por el empresario Tomás Dueñas y asociada al exgobernante Oscar Arias (1986-1990/2006-2010).
Villalta explicó que su demanda responde a la distribución de información acerca de la campaña política contra su movimiento.
La queja estuvo acompañada de una copia del documento que distribuyó Dueñas a otros empresarios, así como de la de una denuncia que presentó un funcionario de la firma Tips.
El líder del Frente aseguró que están documentando más información y que en próximos días presentarán más denuncias, refiere el portal www.crhoy.com
"Vamos a presentar nuevas denuncias, con declaraciones juradas, correos electrónicos que nos llegan masivamente y los vamos a denunciar, le pedimos a los costarricenses que denuncien", afirmó.
Hace una semana ciudadanos costarricenses promueven también un boicot contra los productos de la transnacional Avon, cuyos representantes en este país son acusados de tratar de incidir en los posibles votantes para que voten contra Villalta en los comicios generales del 2 de febrero.
"Avon está enviando a sus vendedoras un mensaje anticomunista con la bandera de Costa Rica, en una clara intromisión al proceso democrático costarricense", denunció el politólogo Geovanny Debrús.
Directivos de la firma aseguraron que ese texto es un Canal Abierto para la Democracia, en franco desconocimiento de la ley y del llamado de la entidad rectora del proceso electoral a evitar acciones de esa naturaleza.
Tanto el Artículo 70 del Código de Trabajo como el Código Electoral en el numeral 279 prohíben a los patronos influir en las decisiones políticas de sus empleados mediante sanciones o presiones y establecen de dos a seis años de prisión a quienes incurran en esa falta.