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Preocupa en Honduras riqueza de narcotraficante extraditado a EE.UU.

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Varios sectores sociales están preocupados ante el posible reclamo por Estados Unidos de la riqueza decomisada al narcotraficante hondureño Carlos Arnoldo, alias El Negro Lobo, extraditado a ese país norteño.

La controversia abarca a congresistas, operadores de justicia, autoridades gubernamentales y expertos en seguridad en esta nación centroamericana, donde permanecen los bienes atesorados por ese ciudadano como resultado de la práctica sistemática de delitos en vínculo con el crimen transnacional.
El Tratado de Extradición Honduras-Estados Unidos contempla la posibilidad que los bienes confiscados a Arnoldo pasen a la jurisdicción de Washington, alertaron autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, según la publicación Proceso Digital.
No obstante, para algunos de los implicados en la polémica esa opción es improcedente, debido a que Honduras es el país que sufre las consecuencias de las operaciones del crimen organizado, que deja cerca de 15 homicidios diarios.
El tema de los bienes decomisados a los narcotraficantes y que puedan pasar a gobiernos extranjeros debe analizarse con mucha cautela desde el punto de vista jurídico, consideró el exintegrante de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, Matías Funes.
En tales casos, opinó, se debe sopesar a quienes el crimen organizado les provocó el daño, en el proceso de adquisición de esas fortunas de procedencia ilícita.
"No me parecería correcto que Honduras fuera el país afectado y los bienes quedaran en manos del gobierno de Estados Unidos, aquí la parte legal desempeña un papel determinante", afirmó.
Con base en esa visión fue iniciado un proceso de Privación de Dominios, pero todavía falta para tener una sentencia del juez responsable de esa instancia, recordó Proceso Digital.
El lego en cuestión deberá dictaminar, si los bienes de El Negro Lobo se distribuirán conforme al artículo 78 de la Ley de Privación de Dominio o se cederían a Estados Unidos.
De acuerdo con el convenio firmado por ambos Estados el 15 de enero de 1909, el gobierno de Barack Obama puede reclamar una fortuna cuyo valor asciende a cerca de 500 millones de lempiras, más de 240 millones 364 mil dólares.
Entre las propiedades confiscadas figuran aeronaves, 19 embarcaciones, alrededor de 34 inmuebles, 11 vehículos y productos financieros, pero hasta el momento todo parece indicar que no existe alguna petición formal por parte del gobierno estadounidense para agenciárselas.

Jueves, 05 de Junio de 2014 14:38. Isabel Soto Mayedo #. América

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