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Demandan protección en Centroamérica para niñez migrante

Demandan protección en Centroamérica para niñez migrante

Organizaciones civiles demandaron a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras asumir el compromiso de proteger a los menores de edad de estos países centroamericanos que emigraron a Estados Unidos.

*Centroamérica-Estados Unidos: El fenómeno de la migración infantil

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Visión Mundial, Save The Children, Plan Internacional y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, formularon este martes la petición a través de un comunicado, en el cual detallaron los puntos que en su opinión deben contemplarse.
Para esas instituciones, lo más importante es que prevalezca el interés superior de los infantes y se cumpla con todo lo que debe ser aplicado por los Estados para protegerlos, acorde con la Convención de los Derechos del Niño (1989).
"Que los Estados garanticen y protejan todos los derechos de todos los niños y niñas en sus territorios. Esto implica que los Estados establezcan leyes migratorias que aborden explícitamente el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los menores migrantes", señalaron.
Pidieron que los países de destino y tránsito garanticen albergues seguros y dignos con servicios especializados para niños, niñas y adolescentes, que aseguren un respeto continuo de sus derechos básicos.
También instaron a países de tránsito y de origen a no criminalizar la migración en niños, niñas y adolescentes; así como a dar un trato humano y digno en los albergues de retención temporal.
Que se garantice la salud de los niños, niñas y adolescentes que sufren enfermedades, producto de la condición en que se encuentran y se les provea de atención psicosocial, agrega el texto.
Los estados, en calidad de garantes, deben asumir las acciones inmediatas necesarias para garantizar protección a la niñez y adolescencia migrante no acompañada, de forma que sea acogida en hogares temporales seguros y con el mínimo de privaciones a las que permanecen expuestos, agrega.
A su vez considera que estos deben garantizar la suficiente inversión pública, a través de un sistema de protección social, que permita a los menores acceder a sus derechos y con ello evitar los riesgos de una migración forzada en edades tempranas.
Las autoridades consulares y migratorias deben velar porque se cumplan las medidas anteriormente expuestas, concluye.

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