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Perspectivas de reformas tributarias en Costa Rica, con aval del FMI

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El Fondo Monetario Internacional (FMI), propulsor del cuestionado esquema neoliberal de desarrollo desde los años 80 del pasado siglo en América Latina, recetó un plan fiscal o reforma tributaria para disminuir el déficit acumulado por Costa Rica.

Después de varias reuniones con autoridades de gobierno, diputados y dirigentes sindicales, del 28 de octubre al 10 de noviembre, la delegación del organismo mundial insistió en que sólo así podrá revertirse ese indicador, equivalente al 6,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para los representantes del ente financiero, creado en 1944, es insostenible el déficit legado por las administraciones del Partido Liberación Nacional (PLN, 2006-2014) y resulta válido el plan trazado por el Gobierno para reducirlo de forma progresiva en cuatro años.
Por su parte el equipo del Partido de Acción Ciudadana (PAC) que comanda los destinos de este país centroamericano, presidido por Luis Guillermo Solís, acatará la recomendación del Fondo de elevar en dos puntos el Impuesto de Valor Agregado (IVA).
Según el titular de Hacienda, Helio Fallas, el Gobierno pensaba convertir el Impuesto de Ventas en uno de Valor Agregado (IVA) sobre bienes y servicios, sin variar el porcentaje vigente (13 por ciento), más en virtud de lo recetado por el FMI subirán esa tarifa un punto en 2016 y otro en 2017.
Paralelo a ello establecerán la renta mundial, cuyo pago sería acorde con las ganancias percibidas en el extranjero, y otras variantes al impuesto sobre la renta global o suma de todas las rentas para calcular el tributo.
Otro aspecto contemplado es la moderación en los aumentos salariales de empleados públicos, es decir, sin sobrepasar la inflación, según lo planteado por el ministro en conferencia de prensa el 11 de noviembre.
Esas iniciativas permitirán recuperar 2,5 por ciento del PIB y contribuir a equilibrar de manera progresiva las finanzas, así como a reducir el déficit fiscal que debe cerrar el año en seis por ciento, de acuerdo con lo previsto.
Costa Rica valora positivamente el apoyo técnico del FMI, afirmó Fallas ante los representantes de esa institución, quienes instaron a ajustar los gastos del Estado para ahorrar 1,25 por ciento del PIB para 2017.
El jefe para Costa Rica del Fondo, Lorenzo Figliuoli, confirmó que a partir de lo analizado durante la revisión anual del desempeño económico del país exhortaron a aumentar los tributos y a reducir los fondos públicos.
Reconoció los esfuerzos del Gobierno de Solís por aumentar la recaudación y evitar la evasión, pero calificó a estos de insuficientes para resolver la tendencia a mantener un déficit fiscal cercano a seis puntos porcentuales del PIB hasta 2019.
Tachó de insostenible esa situación, por cuanto pudiera llevar a una deuda estatal de aproximadamente el 51 por ciento del PIB.
"La corrección fiscal propuesta por el gobierno para 2015 es adecuada, pero no está claro si las medidas requeridas pueden adoptarse a tiempo", refiere el informe de la misión, publicado por el sitio www.imf.org, y evalúa los programas de pensiones de "onerosos y regresivos".
"Por lo tanto, la misión recomienda iniciar una consolidación fiscal ambiciosa", precisa y sugiere continuar la reforma a ese sistema de ayudas con cargo al presupuesto estatal, además de ajustar la política fiscal de manera inmediata.
Esta visita respondió a lo establecido en el Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, que orienta dar seguimiento a las políticas económicas y financieras de los estados miembros.
En consonancia, cada uno de los países firmantes es visitado de forma anual por un equipo del ente, cuya misión fundamental es acumular los datos requeridos por el Directorio Ejecutivo del Fondo para efectuar la evaluación y emitir las respectivas orientaciones a los gobiernos.
En esta ocasión la revisión del FMI llegó a Costa Rica en un contexto marcado por la controversia respecto al plan de Presupuesto 2015, presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa y en riesgo de recortes millonarios si el plenario aprueba el dictamen de la Comisión de Hacendarios.
La polémica en torno a esa propuesta gira alrededor de su previsión para el año próximo de un déficit fiscal superior a seis por ciento y de los cálculos a partir de esa cifra.
Los detractores del plan insisten en recortar los montos dedicados al Tribunal Supremo de Elecciones, al Ministerio de Cultura, al Fondo Nacional de Becas, al Patronato Nacional de la Infancia y otros, lo cual afectaría sobre todo a los sectores menos aventajados económicamente.
Para algunos analistas, el propósito de estos es atar las manos a la administración del PAC y poner en tela de juicio su gestión, particularmente en cuanto a favorecer a la mayoría de la población.
Medios de prensa consideran que frente al tema quedaron al descubierto las divisiones en la organización política gobernante y entre diputados de las nueve fracciones que conforman el parlamento unicameral.
De hecho, el fundador del PAC y excandidato a presidente, Ottón Solís, fue quien pidió restar cerca de 567 mil 730,005 dólares a la planificación del Gobierno, según el diario digital El País.
Integrantes de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana secundaron esa posición, criticada por directivos de entidades públicas, organizaciones civiles, sindicatos y otros, liderados por congresistas del Frente Amplio.
El 20 de octubre estos protagonizaron una manifestación pacífica contra las reducciones, que contó con la participación masiva de los miembros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, bloque sindical mayoritario de Costa Rica.

INTENTOS FRUSTRADOS DE REFORMAS
Buena parte de los asistentes a esa protesta pacífica, que copó las calles de San José, tomaron parte en acciones similares desarrolladas hace poco más de dos años contra el Plan Fiscal o Ley de Impuesto Solidario, impulsado por el Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).
Ese paquete fiscal, eje prioritario de la exmandataria, quedó por tierra debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el proceso seguido con vistas a su aprobación en el legislativo.
La Ley de Solidaridad Tributaria impulsada por Chinchilla pretendía aumentar la recaudación en 1,5 por ciento del PIB mediante la creación de diversos impuestos, entre ellos uno al valor agregado, con una tasa del 14 por ciento, además de gravar la educación y la salud privadas.
También incluía un impuesto a las zonas francas y el cobro de renta global y mundial, entre otros puntos, que fueron aprobados en la primera de dos votaciones en el Parlamento unicameral.
La iniciativa fue muy cuestionada so pretexto de que podía recrudecer los índices de pobreza -que afectaba entonces al 6,4 por ciento de la población (Instituto Nacional de Estadística y Censos)- al elevar el costo de la vida en el otrora paraíso centroamericano.
Diputados, sindicalistas y otros insistieron en esa etapa en que más que impuestos nuevos, lo necesario era reforzar los controles para evitar la evasión constante del fisco, delito del cual fueron culpados inclusos algunos jerarcas de esa administración liberacionista.
El freno a la Ley de Impuesto Solidario, aprobada por el plenario del Congreso en primer debate, lo pusieron los siete magistrados de la Sala Constitucional (IV) en respuesta a una demanda presentada por el diputado socialcristiano Luis Fishman por las irregularidades en su tramitación.
Sin más alternativas que iniciar de nuevo ese proceso y anular la votación que le dieron los diputados el 14 de marzo de 2012, Chinchilla tuvo que desistir y con ella quienes respaldaron su propuesta, entre los cuales prevaleció el fundador del PAC.
En esa ocasión la postura del exaspirante a gobernante fue contraria a la de seis de los diputados de ese partido que mantuvieron su rechazo, situación parecida a la de ahora frente al debate sobre el Presupuesto 2015.
Durante su campaña por la Presidencia, este año, el actual gobernante reconoció que entre sus desafíos estaba hacer más próspera la economía a partir del aumento de la productividad, de la distribución de la riqueza con justicia, y de la lucha contra la corrupción.
Transcurridos seis meses de su investidura, el 8 de mayo, gran parte de los 1,3 millones de electores que permitieron a Solís llegar a ese cargo exigen una gestión más eficaz y para complacerlos tocará valorar también si cabe seguir las pautas dictadas por el FMI o intentar soluciones propias.

Miércoles, 19 de Noviembre de 2014 09:17. Isabel Soto Mayedo #. América Latina

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