Muertes de jóvenes y la indignación constante en Honduras

Honduras volvió a ser tomada por la indignación ante el asesinato de cuatro estudiantes, presuntamente vinculados al movimiento de protesta contra las irregularidades en algunos colegios y la extensión del horario de clases en 45 minutos.

Para activistas sociales y dirigentes políticos en este país centroamericano, el crimen cobró rango de brutal y su comisión es otra prueba de la actuación sin impedimenta de escuadrones de la muerte o grupos paramilitares vinculados al Estado.
Organismos internacionales cuestionaron también la negligencia de ciertos medios de difusión, que en un contexto de violencia como el que impera en el territorio mostraron las caras de menores de edad participantes en la manifestación, una de los cuales murió.
Esta fue la dirigente estudiantil Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años, cuyo cuerpo exánime apareció el 25 de marzo dentro de un saco, cerca del Instituto Central Vicente Cáceres, con señales de tortura.
Los canales de televisión transmitieron un video en el cual la joven le pedía al presidente, Juan Orlando Hernández, resolver el problema originado por el ministro de Educación, Marlon Escoto, al ordenar el aumento de la jornada educativa en 45 minutos.
Igual expusieron a otros estudiantes de una veintena de institutos de secundaria de Tegucigalpa que participaron en manifestaciones, bloquearon avenidas con piedras y neumáticos incendiados, y apedrearon a policías que atacaban con bombas lacrimógenas.
Datos oficiales divulgados por estos medios concuerdan en que además de los cuatro asesinados, decenas de menores de edad resultaron heridos -incluso con balas- y otros fueron detenidos sin que hasta ahora se conozca si fueron liberados o se les abrió proceso judicial.
El 26 de marzo decenas de personas convocadas por el Frente Nacional de Resistencia Popular, bloque civil surgido en la lucha contra el golpe de Estado al expresidente constitucional Manuel Zelaya (2009), realizaron un plantón ante la Universidad Pedagógica Nacional y exigieron a las autoridades esclarecer los hechos.
El Comité Popular Indígena de Honduras, miembro de esa coalición, responsabilizó al Estado de los crímenes y de la ola represiva desatada contra "jóvenes que son parte del movimiento estudiantil en lucha por demandas justas y la defensa de sus derechos".
Denunció las constantes detenciones, persecución, criminalización, golpes, lanzamiento de gases lacrimógenos y militarización de colegios.
"Estos hechos criminales son parte de la política de terrorismo de Estado que se vive en Honduras, réplicas de las lógicas de exterminio de la oposición o de cualquier hecho que denuncie las atrocidades de un gobierno de corte dictatorial como el actual", señaló en un comunicado.
Con igual tono, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos condenó el asesinato de jóvenes que ejercieron su legítimo derecho a protestar y coincidió en que este es un hecho más de los tantos de persecución y criminalización a la protesta pública en el país.
Por su parte Zelaya alentó al ministro de Educación a abandonar ese cargo y culpó a los escuadrones de la muerte de estos y otros asesinatos de jóvenes.
"Ya los hondureños nos hicimos indolentes, aparecen encostalados, descuartizados, tirados en los basureros. Es un patrón de conducta, eso no es delincuencia común, es un crimen organizado por escuadrones de la muerte", afirmó el coordinador del Partido Libertad y Refundación.
La representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Honduras, Cristian Munduate, respaldó los pronunciamientos de la sociedad civil en el territorio y pidió al Ministerio Público realizar las indagaciones correspondientes para delimitar responsabilidades.
"El riesgo contra la vida y la falta de protección de los niños es diario en Honduras por la criminalidad", expresó, citada por el diario El Heraldo, en su edición del 26 de marzo.
En tanto autoridades policiales insisten en desligar los crímenes contra los estudiantes de secundaria de las protestas ocurridas esta semana por la extensión del horario de clases.
Según el titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Leandro Osorio, las pruebas recabadas indican que no hay indicio alguno entre un evento y otro, es decir que no hay un vínculo entre las muertes y las protestas estudiantiles como lo han querido hacer ver grupos políticos.
Con antelación, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, esgrimió que los estudiantes que perdieron la vida esta semana fueron víctimas inocentes de una guerra por pelea de territorios entre bandas del crimen organizado.
EL PESO DE LA MEMORIA
Casa Alianza, agrupación humanitaria, advirtió en un comunicado que las muertes de estos jóvenes difícilmente pueden ser atribuidas solo a la delincuencia común, porque se dieron en medio de un movimiento organizado de exigencias de derechos de los estudiantes.
Desde 1998, esa agrupación defensora de los derechos de los infantes en América Latina inició el registro más reconocido acerca de los asesinatos de menores de 23 años de edad en Honduras, debido a la incidencia alarmante de estos hechos y a la impunidad en torno a los mismos.
Un informe emitido por la institución, con sede en New York, refiere que desde que ascendió al poder Hernández estos crímenes aumentaron con respecto a administraciones anteriores.
De acuerdo con el documento, de 39 páginas, a partir del 28 de enero de 2014 y hasta febrero de 2015 murieron violentamente mil 76 niñas, niños y jóvenes a un promedio de 82,7 por mes.
El promedio más alto registrado antes fue de 81, bajo el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014); que superó el 67 reportado durante la administración inconstitucional de Roberto Micheletti (2009) y más, el 43 en el de Zelaya (2006-2009), precisó el estudio.
Aunque en el mes de febrero de 2015 sólo ocurrieron 64 homicidios y esto reflejó una disminución de 25 con relación a enero (89), lo que debe preocupar es que este tipo de crímenes dejó 10 mil 190 personas jóvenes sin vida en los últimos 16 años en Honduras, advierte.
Esto es uno de los elementos que inciden en que el país continúe siendo considerado uno de los más violentos del mundo, pese a poseer cierto grado de institucionalización democrática y contar con supuestas condiciones de paz, hacen notar seguidores del tema.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Ovunah), durante 2014 ocurrieron cinco mil 936 muertes violentas a razón de unas 16 por día y la tasa de homicidios descendió a 68 por cada 100 mil habitantes.
De tal suerte, este último indicador disminuyó 12,2 puntos porcentuales con respeto a 2013, cuando sumaron seis mil 757 las muertes violentas.
Los datos del Ovunah coinciden con los del Gobierno de Honduras y son inferiores a los divulgados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calificó a este país como el de mayor incidencia del crimen y con una tasa de 103,9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2014.
Hernández atribuye siete de cada 10 homicidios a las operaciones de los narcotraficantes que trasiegan droga desde el Sur de América hacia Estados Unidos y a las pandillas juveniles.
En tanto la directora de Medicina Forense del Ministerio Público, Julissa Villanueva, comunicó que el 80 por ciento de los asesinatos en el territorio se ejecutan con armas tipo 9mm (nueve milímetros) y calibre 38.
Tales datos confirman lo que múltiples expertos y analistas señalan: que la criminalidad continúa siendo uno de los principales desafíos para hondureñas y hondureños, así como la amenaza principal para el sostenimiento de la institucionalidad ganada a pesar de los pesares.