Costa Rica y el sueño demorado del cambio

Después de un año de gobierno, la primera administración del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezada por Luis Guillermo Solís, mantiene parte de la deuda contraída con la ciudadanía a la cual prometió mayor gobernabilidad democrática.

Para la mayoría de quienes apostaron por esa organización política el 6 de abril de 2014, en el balotaje, sólo el equipo liderado por el profesor de Ciencias Políticas e Historia era capaz de sentar las bases del cambio soñado en este país tras la ruptura del bipartidismo que lo golpeaba.
El Plan de Gobierno del investido como mandatario el 8 de mayo captó la simpatía del electorado porque mostró una estrategia eficaz para acabar con el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la corrupción legadas por sus antecesores del Partido de Liberación Nacional (PLN, 2006-2014).
Los tres pilares de ese programa, calificado por analistas como moderado, estaban dirigidos a frenar y revertir en lo posible tales problemas a través de la lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
Desde los inicios Solís mostró, además, su intención de dirigir los destinos de Costa Rica a partir de la negociación y con ello sembró la esperanza del retorno a la vida democrática, mellada por el liberacionismo.
Entonces todos reconocían la complejidad de los obstáculos que debían sortear el gobernante y su equipo para desmontar el sistema neoliberal, tarea casi imposible de completar en apenas cuatro años de gestión, si se quería de veras propiciar la transformación del país.
También parecía que entendían lo dificultoso que sería resolver problemas graves acumulados por casi una década como el déficit fiscal, la falta de oportunidades de empleo y el deterioro de las instituciones claves.
Pero quizás el reto mayor para quienes llegaron por primera vez a un gobierno y tuvieron que arrancar de cero con esas perspectivas era la reconstrucción de la gobernabilidad en Costa Rica.
Impulsar el rescate de la transparencia, de la rendición de cuentas permanente y efectiva, y de la inclusión de la participación ciudadana en la política pública, fueron las vías planteadas para lograr ese fin y para muchos estas continúan siendo tareas a medio cumplir.
Cabe recordar que Solís, elegido para dirigir la nación de 2014 a 2018, llegó a la Casa Presidencial en un entorno marcado por el descontento popular ante el aumento de la concentración de la riqueza y la desigualdad, por efecto del modelo neoliberal implementado en las últimas tres décadas.
Sin embargo, pese a ciertas incoherencias señaladas por analistas en su actuación en este año, la mayoría reconoce que por primera vez tienen un presidente que actúa como ciudadano común y al cual pueden acceder con sus preocupaciones, incluso a través de redes como Facebook o Twitter.
Solís prometió en su discurso inaugural gobernar a través de los espacios de diálogo que ofrece la Internet y a ellos recurre sistemáticamente para expresar sus opiniones, en respuesta a las cuales recibe reconocimientos y críticas de sus conciudadanos sin que pueda responder a tantos por igual.
La conformación de una agenda legislativa con prioridades distintas de las de épocas anteriores, es una de las variaciones relevantes de este primer año de mandato.
Esto ocurrió por la articulación de un bloque parlamentario con nueve fracciones y ninguna con mayoría absoluta, que posibilitó controlar en cierta medida el directorio y la gestión de la Asamblea Legislativa, aunque fue incapaz de frenar la polémica alrededor de ese órgano del Estado.
Más allá del fin de las controversias en el terreno político, lo que espera la ciudadanía es la recuperación de la economía de Costa Rica, que acumula siete años consecutivos con un desempeño por debajo de sus estándares históricos y tiende a deteriorarse de forma gradual.
Este deterioro o depresión se visibiliza en la evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de las exportaciones y otros indicadores macroeconómicos, pero en particular en los datos de pobreza, desigualdad y empleo.
Con respecto a este último, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) reportó un aumento de la tasa de desocupación de 9,7 puntos porcentuales al cierre de 2014 (220 mil personas desempleadas), o sea, casi 1,5 más del 8,3 por ciento registrado en ese momento en 2013.
A su vez el informe la Comisión Económica para América Latina (Cepal) expresó que la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema se estancó en Costa Rica, como en la mayoría de los países del continente.
A pesar de las buenas intenciones expresadas por Solís, la Encuesta Nacional de Hogares 2014 del INEC mostró a 22,4 por ciento de la población en la pobreza y a 6,7 por ciento de ese total en la pobreza extrema.
Dicho de otra manera: 318 mil 810 personas continúan en estado precario, 32 mil 727 más que en igual estudio de 2013.
De hecho, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica detectó 107 conglomerados de ese mal, que representan 15,6 por ciento del área del país y 67 por ciento de personas con necesidades básicas insatisfechas.
Para el economista Luis Paulino Vargas Solís, el déficit fiscal -equivalente al 6,7 por ciento del PIB- y otros males devinieron crónicos y esto sugiere una compleja enfermedad en la cual concurren múltiples síntomas, que se manifiestan desde 2009.
El también máster en Relaciones Internacionales y doctor en Gobierno y Políticas Públicas considera que Costa Rica atraviesa por otra fase del proyecto histórico neoliberal en marcha desde 2005, marcada por el predominio de los intereses del negocio financiero.
Muestra de ello son la política de objetivos de inflación por parte del Banco Central, y el manejo de las tasas de interés y del tipo de cambio del colón frente al dólar, argumenta y asegura que es en ese terreno donde se juega la suerte de la economía.
Insiste en que esa estrategia sólo procura favorecer la rentabilidad del negocio financiero, es decir, que la banca obtenga recursos externos en dólares para alimentar los circuitos internos de crédito en moneda extranjera y los flujos de capitales provenientes del exterior.
Tales acciones, junto a la imposición de tasas de interés muy superiores al nivel de inflación y otras, cuelgan al cuello de la economía real (no la puramente financiera) un ancla que la hace caminar a paso lento, opina.
Vargas Solís concuerda con quienes sugieren que la reversión de esa política pudiera contribuir a solucionar el desempleo, la pobreza y la desigualdad, pero también la situación fiscal.
Sin embargo, dada la fuerte presión que el poder económico, la mayoría de los partidos opositores y los oligopolios mediáticos ejercen sobre el Gobierno de Solís, lejano está un cambio en ese orden y más bien se avizora un eventual ajuste fiscal.
Durante el control anual realizado a Costa Rica, en cumplimiento del Artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI, 1944), la misión del organismo financiero sugirió elevar el Impuesto de Valor Agregado (IVA).
El jefe de la delegación del Fondo en San José, Lorenzo Figliuoli, confirmó que a partir de lo analizado del 28 de octubre al 10 de noviembre acerca del desempeño económico del país, su equipo exhortó a aumentar los tributos en dos puntos porcentuales y a reducir los fondos públicos.
Por su parte el titular de Hacienda, Helio Fallas, declaró que el Gobierno pretendía convertir al Impuesto de Ventas en IVA sobre bienes y servicios, sin variar el porcentaje vigente de 13 por ciento, aunque admitió la propuesta del FMI de subir esa tarifa un punto en 2016 y otro en 2017.
Paralelo a ello establecerá la renta mundial, cuyo pago será acorde con las ganancias percibidas en el extranjero, y otras variantes al impuesto sobre la renta global o suma de todas las rentas para calcular el tributo, adelantó a la prensa el 11 de noviembre.
Mientras esto llega los elementos más conservadores de la nación persisten en la obsesión de ganar terreno a costa del cuestionamiento a la administración de Solís, según advirtió en un comunicado el Frente Amplio de Costa Rica (FAC), el 14 de abril.
El texto alude a la maniobra del expresidente José María Figueres (PLN, 1994-1998), quien casi emprendió su campaña por recuperar el poder y aprovecha para ello "los reiterados y graves errores que en poco tiempo cometió el Gobierno de Solís".
Denuncia que el expresidente del "no me acuerdo" ataca a otras fuerzas políticas de oposición para impedir cualquier tipo de diálogo o entendimiento con el equipo del PAC, como si creyera que "las y los ticos hemos olvidado que muchos de los males que hoy sufre Costa Rica son herencia directa de su última estancia en Zapote".
Los frenteamplistas califican de prematura e irresponsable esa campaña e instan a no perder de vista que este es el momento del diálogo, de la negociación política, con las fracciones legislativas y con los diversos actores sociales y productivos, de hablar de una agenda legislativa de consenso y de planificar bien una reforma fiscal progresiva.

Con ese mensaje, los miembros de ese partido de izquierda -que salió fortalecido de las últimas elecciones y aceptó apoyar el mandato de Solís-, confirmaron su intención de buscar acuerdos con base en una agenda que beneficie a las grandes mayorías.

En sintonía con la postura mantenida hasta el momento reiteraron que continuarán denunciando las injusticias que se cometen en este país, pero sin hacerle el juego jamás a esos que le hicieron mucho daño a Costa Rica y se empeñan en enterrar cualquier expectativa de cambio para seguir en el poder como si nada.