Saldo de Gobierno de transición en entre dichos en Guatemala

Varios sectores ponen en tela de juicio el saldo de los 100 primeros días del Gobierno de transición en Guatemala, cuyas autoridades asumieron tras la salida forzada del expresidente Otto Pérez Molina, preso por corrupción.

Si bien el devenido gobernante el 3 de septiembre, Alejandro Maldonado, considera que su administración interina pudiera dejar una huella positiva, activistas sociales y consultores políticos coinciden en que su gestión poco cambió el panorama nacional y pareció una suerte de continuidad más sosegada de la del defenestrado líder del Partido Patriota.
Pese a tímidas acciones humanistas -como las impulsadas ante el deslave que arrasó a El Cambray II, comunidad del municipio de Santa Catarina de Pinula, del departamento de Guatemala-, la persecución y criminalización de defensores de derechos humanos siguió a la orden del día en Guatemala.
La Coordinadora 25 de Noviembre, bloque integrado por unas 60 organizaciones de mujeres, señala que nada se hizo por revertir los femicidios, ni el apagamiento de instituciones y conquistas alcanzadas por ellas, ni mucho menos por frenar los procesos judiciales iniciados contra detractoras y detractores de proyectos extractivistas avalados por el Estado, sin considerar su impacto sobre poblaciones y territorios.
Mientras algunos halagan la austeridad y sensatez exhibidas por Maldonado, esta última semana agrupaciones civiles como Acción Ciudadana y la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej denunciaron, además, acciones veladas contra periodistas y medios comprometidos con la defensa de mujeres, indígenas, y otros sectores vulnerables.
En tanto otros cuestionan la escasa transparencia en la batalla contra la corrupción de larga data en este país, prometida por el gobernante pero pendiente de resolver; así como la solución limitada a problemas de seguridad, salud, desnutrición y recaudación tributaria, en un territorio donde 59,3 por ciento de la población es pobre, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida 2014.
El Gobierno que dará paso al mandato del Frente de Convergencia Nacional-Nación, el 14 de enero, estuvo marcado por fuertes sacudidas sociales ante el destape de una crisis de recursos sin precedentes en el sistema de salud pública.
Para académicos de la estatal Universidad de San Marcos, esto derivó de la incapacidad para solucionar a tiempo el déficit financiero que se avistaba antes de su llegada a la Casa Presidencial y que finalmente puso a tambalear a casi todas las entidades estatales a punto de terminar el año.
Maldonado, juramentado como 49 presidente de este país con 79 años de edad y por apenas cuatro meses y unos días, pidió desde el inicio a todos los miembros del Gabinete de Gobierno poner a disposición sus respectivos cargos y acto seguido nombró nuevos ministros en Educación, Trabajo, Cultura y Deportes, Ambiente, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Salud Pública y Asistencia Social, Economía, Desarrollo Social, y Energía y Minas.
Mas los cambios de nombre no resolvieron la falta de credibilidad acumulada por el sistema político en Guatemala, donde la institucionalidad sigue golpeada por el déficit presupuestario, las irregularidades, la inoperancia de ciertos planes y el sometimiento a proceso judicial de decenas de funcionarios por malos manejos de recursos de la nación y otros delitos.
A pesar de la estabilidad ganada tras la marejada de protestas anticorrupción por unos 20 sábados consecutivos, de abril a agosto de 2015, Maldonado postergó la tan aclamada reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria y no alentó el movimiento en el Congreso.
Por efecto, quedaron sin respuesta efectiva a las demandas ciudadanas de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Servicio Civil y la Ley de Probidad.
De su paso por el despacho principal del Palacio Nacional de la Cultura tampoco quedará la ratificación de proyectos como el de la Ley 3590 para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición en un país que perdió a 45 mil personas durante más de tres décadas de conflicto armado interno, según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999).
Cierto que el barco quedó a flote, como destacan algunos analistas, pero los guatemaltecos continúan esperando cambios profundos capaces de frenar las más de 16 muertes violentas diarias y la pobreza que mantienen bajo la mirada crítica del mundo a la economía más fuerte de Centroamérica.