Tardó la justicia, pero avanza en Guatemala

El año 2016 comenzó con un hecho inesperado en Guatemala: la aprehensión y procesamiento de 18 exjerarcas militares que disfrutaban del retiro pese a estar implicados en 88 masacres y otros crímenes durante la guerra interna (1960-1996).

La captura de los exoficiales del Ejército, culpado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de más del 90 por ciento de las matanzas contra la población civil en el contexto del conflicto armado, tuvo lugar el 6 de enero y apenas dos días después inició el juicio en su contra.
Pruebas acumuladas a partir de exhumaciones realizadas en la otrora Zona Militar 21 de Cobán, cabecera departamental de Alta Verapaz (norte), posibilitaron al Ministerio Público (MP) los elementos de prueba necesarios para encausar el proceso y alentar una vez más la aplicación de justicia.
El desenterramiento y análisis de osamentas de 558 personas aniquiladas en la zona, entre estas 90 niñas y niños, demostró la aplicación de métodos crueles como el amordazamiento, el encadenamiento, impactos de bala por el tórax y la cervical, machetazos, ataduras de pies y manos, entre otros.
Declaraciones de sobrevivientes víctimas revelaron, además, que en el ahora Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) los militares secuestraron a cientos de personas, crearon cementerios clandestinos y cometieron violaciones sexuales, entre otros.
"Con el caso Creompaz estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas", aseguró la fiscal general, Thelma Aldana, y puntualizó que los procesos documentados "son contra población civil no combatiente, entre ellos niños".
De los 18 exoficiales apresados el Día de los Reyes Magos, según la tradición católica, cuatro son señalados por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981.
El exjefe de Inteligencia Militar Manuel Antonio Callejas, los excomandantes Francisco Luis Gordillo y Ediberto Letona, y el exoficial Hugo Ramiro Zaldañas son culpados de desaparecer al niño de 14 años, 10 meses y seis días, y de las violaciones durante nueve días a su hermana Emma Guadalupe.

RETADO DE JUSTICIA Y OTRAS MAQUINACIONES 
Pero pese al paso de avance que implicó la captura, sometimiento a prisión preventiva e inicio del proceso contra los victimarios de tantas personas en Guatemala, juristas destacaron la tardanza en procurar la aplicación de justicia contra estos y otros militares vinculados a cerca de 600 masacres de 1960-1996.
Si bien el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, acentuó que el caso Creompaz alcanza a los presidentes de los años 80, tuvo que reconocer la imposibilidad de llevar a prisión a Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), por cuanto falleció.
Previo a 2016, los expresidentes José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía (1983-1986) fueron declarados incompetentes mentales.
Los otros encartados, entre los cuales destacan el exjefe del Estado Mayor del Ejército (1978-1982), Manuel Benedicto Lucas García; y el exministro de Gobernación mayor Byron Humberto Barrientos, superan los 60 años de edad como promedio e incluso algunos rebasan los 78.
Este elemento fue manejado por abogados defensores en la primera audiencia de declaraciones sobre el caso, al punto que la jueza encargada del Juzgado de Mayor Riesgo A, Claudet Domínguez, solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizar un examen médico a cada uno de los imputados.
Otras presuntas maniobras contra el buen desenvolvimiento del juicio fueron enfrentadas por los abogados querellantes, quienes defendieron la competencia de esa instancia judicial para dirimir y denunciaron el intento de dar un giro político al proceso de manera similar a lo ocurrido antes en casos similares.
Contrario a lo referido por el abogado Moisés Eduardo Galindo, señalaron, la Ley de Reconciliación Nacional es aplicable a delitos de desaparición forzada de personas y contra deberes de la humanidad atribuidos a los exmilitares.
Rechazaron, además, que hubiera violación a los derechos legales o coacción en la detención de los vinculados al horror en Cobán, como dijeron defensores.
También recordaron ocasiones en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Guatemala por casos de ese tipo y ordenó remover los obstáculos para la aplicación efectiva de la ley contra quienes incurrieron en esos actos horrendos en el ámbito de la guerra.
El abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, Edgar Pérez, aseguró que ese proceder es reiterado en juicios de este tipo y puso de ejemplo la demora en alcanzar la sentencia por la matanza de 231 personas en Dos Erres, en el departamento norteño de Petén (1982).
La jueza igual rebatió los señalamientos de competitividad dudosa contra su judicatura y con base en fallos de la CIDH, los Convenidos de Viena y otros tratados internacionales firmados por Guatemala, dictó continuar el juicio.

POLARIZACION SOCIAL 
De forma paralela la polarización social en torno al caso Creompaz ganó terreno y hasta afloraron amenazas de emprender acciones.
Mientras transcurría la primera audiencia declaratoria, en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia primó la tensión ante las posiciones encontradas de quienes pusieron de reflejo la subsistencia de las secuelas de la guerra.
"Si no fuera por ellos, Guatemala sería comunista", "Mi abuelo es un héroe, no un criminal", "soldado, siempre es soldado", decían algunas de las pancartas portadas por hijos, nietos, familiares, excolegas o amigos de los sindicados, al mismo tiempo que de otra parte prevaleció el llamado a aplicar justicia.
Durante un contacto con la prensa, el militar retirado Boris Lemos propuso derogar amnistías, la Ley de Reconciliación Nacional, y hasta echar por tierra los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (1996) bajo la presunción de que algunos exguerrilleros rubricaron estos con identificaciones falsas.
A su vez en varias regiones del país, en particular en Cobán, tenían lugar misas y otros servicios religiosos "para invocar la justicia divina" para quienes el MP acusa de torturas y otros actos crueles y degradantes.
En tanto milicianos de Huehuetenango, departamento occidental, adelantaron que avanzarían hasta la capital si los exjerarcas militares son condenados.
"No estamos amenazando, sólo estamos advirtiendo que si dan un fallo a favor de la Fiscalía, milicianos y chiantlas somos capaces de tomar los tribunales de Huehuetenango primero y luego marchar a la capital", declaró el excombatiente Idelfonso Núñez y dijo contar con unas 40 mil personas con iguales intenciones.

MOVIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION 
A tono con la controversia, el 9 de enero de 2016 recuperó su protagonismo la Plaza de la Constitución en Guatemala ante la avalancha de manifestantes de distintas organizaciones sociales, tendencias políticas y religiosas, que regresaron al escenario de las protestas anticorrupción y por la salida del expresidente Otto Pérez Molina en 2015.
Si bien ese escenario nunca quedó en silencio, por la acción de algunos grupos civiles empeñados en denunciar las irregularidades del Gobierno de Alejandro Maldonado e impulsar un cambio en el sistema político, ese sábado ganó preponderancia el accionar coordinado de la ciudadanía en el terreno. Junto a la exigencia de Justicia Ya y el fin de la impunidad, surgió en ese contexto el llamado a detener el juicio contra quienes algunos ven como héroes.
Poco después un tercer grupo tomó la Plaza de la Constitución, pero para clamar porque en Guatemala "seamos uno, dios transformará a la Nación".
La jornada de oración de los evangélicos fue similar a la realizada el 16 de mayo de 2015, después que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denunciaran a las autoridades de Gobierno involucradas en la red de defraudación aduanera La Línea.
Para la mayoría de la población, lo más urgente es preservar la paz alcanzada tras una guerra que convirtió a Guatemala en el país con más víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición en América Latina.
Esto fue una práctica sistemática y redundó en la pérdida de 45 mil personas y en la muerte de otras 200 mil, sobre todo campesinos, dirigentes sociales, políticos, estudiantes, catedráticos, miembros de comunidades, religiosos y niños, refiere el informe de la CEH.
Las secuelas de lo ocurrido en esos años, y el desconocimiento de la historia por parte de algunos, es lo que cobró vida el 9 de enero en el parque central en medio de silbatos, tambores, pancartas, chiflidos, y hasta insultos entre uno y otro bando, mientras sigue en suspenso el futuro de una herida todavía por sanar.
"Esta polarización ha estado presente toda la vida, los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, los ignorantes contra los menos ignorantes, los ateos contra los religiosos y los capitalistas contra los comunistas", comentó a Prensa Latina en ese ámbito el ciudadano José Francisco Villagrán.
Para el especialista en producción animal, el irreflexivo discurso ese de "si no fuera por ellos... pretende invisibilizar a todas esas víctimas civiles no combatientes que fueron tocadas por el dedo de dios (Ejército)".
"Muchos perdieron la vida, otros propiedades, otros ambas y aquella impunidad acunó la corrupción y la impunidad con que se juega el juego político hoy", opinó y aseguró que "al menos un par de esos generales en juicio han sido el poder tras el trono durante décadas y claro lo conveniente es que aceptemos la firma de la paz como un borrón y cuenta nueva. Esa paz ha sido una herida purulenta pues nunca se limpió para después cerrarla".