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Frenan intento de amnistía para crímenes de guerra en Guatemala

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La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó hoy suspender el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, para amnistiar crímenes de guerra, como solicitó el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Sosa.

Si bien la acción de inconstitucionalidad fue admitida para su trámite y sigue su curso, se denegó la solicitud de suspender de manera provisional la aplicación de ese cuerpo jurídico como sugirió el demandante, explicó la magistrada Gloria Porras.
"La extinción de responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio y desaparición forzada", define el acápite de la norma legal aprobada en 1996, al término de la guerra interna que azotó al país por más de tres décadas.
Tampoco se eximirá de ser juzgados a quienes hayan incurridos o incurran en aquellos "delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala", añade.
La controversia rodeó al general Sosa tras interponer su solicitud de inconstitucionalidad en el contexto de la detención de 18 exmilitares acusados de delitos contra los deberes de la humanidad y por desaparición forzada de personas en el contexto del conflicto armado (1960-1996).
Frente a los elementos de prueba presentados por la Fiscalía de Derechos Humanos, y luego del debido proceso, tendrán que ir a juicio 11 de los vinculados a la matanza y enterramiento clandestino de al menos 558 personas en el centro militar de Cobán, en el departamento norteño de Alta Verapaz.
Mientras prevalecen las posiciones encontradas con relación al conocido como Caso Creompaz, considerado por algunos un ajuste de cuentas a los exmilitares, en tanto otros señalados por similares actos en el ámbito de la confrontación armada continúan en la impunidad.
"El tema no es que los implicados sean militares, sino que cometieron genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, de lo que se trata a fin de cuentas es de impartir justicia", expresó en diálogo con Prensa Latina, el diputado Amílcar Pop.
También la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, opinó que la decisión de llevar a juicio a los sindicados representa un paso importante en la impartición de justicia en el país centroamericano, por los atropellos perpetrados durante la guerra.
"Por primera vez se identifica a una cadena completa de mando implicada en desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, desde los presuntos ejecutores hasta los instigadores de los abusos", destacó y aludió a la aparición en Cobán de restos de personas con ojos vendados y señales de torturas, entre ellos 90 niños.

 

Martes, 19 de Enero de 2016 17:50. Isabel Soto Mayedo #. Militarización y militarismo

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