Contrapunteo en torno a ministra pincha a Gobierno en Guatemala

Como espina que hinca la piel comienza a sentir el Gobierno de Guatemala hoy el contrapunteo alrededor de la titular de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas, Sherry Ordóñez, quien insiste en preservar el cargo.   

La ministra procura mantener la posición alcanzada pese a los señalamientos y críticas que afronta de diversos sectores por haber tenido contratos de obras públicas con el Estado y mantener un proceso administrativo legal con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).   

Incluso el abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, Rafael Maldonado, solicitó un antejuicio contra la funcionaria a sólo una semana de su juramentación por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.   

Este proceso se sumará al abierto por la SAT por cobro de una deuda fiscal en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio capitalino de Mixco contra su empresa Ingeniería y Servicios Viales (Insevi), inhabilitada por esa dependencia un día después de la confirmación de su propietaria como ministra.   

Mientras, proliferan las informaciones acerca de los detalles oscuros detrás de la que asegura que haber sido contratista del Estado no es invalidante para mantenerse como ministra, contrario a lo que estipulan la Constitución Política de Guatemala (1985) y la Ley de Contrataciones del Estado.   

Según el artículo 80 de este último cuerpo jurídico, no podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado los servidores o trabajadores públicos de este o de municipalidades o empresas públicas estatales o municipales.  

Sin embargo, Ordoñez confirmó sin recato que por medio de su empresa tuvo contratos por obras públicas y que estos concluyeron en el año 2006, luego de lo cual pasó a supervisora de obras de 2012 a 2014.   

La Insevi realizó dragado de ríos, reparación y construcción de defensas metálicas en carreteras, y otros, pero fue suspendida como contratista por adeudar al IVA desde 2008, refiere el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.   

Ante los cuestionamientos por su insolvencia en aspectos tributarios, la ministra llegó a decir que cuenta con respaldo del presidente de la República.   

Mas el portavoz de la Presidencia, Heinz Heimann, salió al paso y aclaró que el gobernante no estaba de acuerdo con esta afirmación: “el respaldo no se refiere a que se queda en el puesto, sino que cada ministro se debe defender porque el presidente no va defender a nadie, ni va a tolerar actos anómalos”.   

En tanto el vicepresidente Jafeth Cabrera aseguró que “nosotros estamos dando un compás de espera, vamos a evaluar. A ella se le nombró, y resultó que tiene formulaciones por procesos que ha vivido, y si eso empaña ese nombramiento, tenemos que quitarlo”.   

Varias fuentes señalan que el gobernante Jimmy Morales sostuvo una reunión la noche del jueves con la ministra en tela de juicio, pero ninguna aporta datos acerca de los pormenores del encuentro.   

Paralelo a esto en el perfil del mandatario en Facebook proliferan los llamados a destituir a Ordoñez, porque “con un quetzal que no se pague de IVA es una pastilla menos en los hospitales. Así dijo usted, pero nombra como ministra de comunicaciones a alguien que debe miles de impuesto”.  

Sin dudas, la controversia en torno a la designación de la titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, devino la primera prueba para el presidente de Guatemala y de la salida que le dé dependerá en buena medida el respeto a sus promesas de luchar denodadamente contra la corrupción, a juicio de observadores.