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Choque de opiniones en torno a pena de muerte en Guatemala

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Las opiniones difieren hoy en torno a la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, mientras el presidente Jimmy Morales insiste en que si el Congreso lo aprueba, él aplicará esa medida extrema.

La controversia sobre el tema arreció luego que el Congreso de la República recibiera una propuesta legislativa para aplicar la ejecución en casos de sicariato y secuestro, inducida por la hija del exdictador Efraín Ríos Montt y excandidata presidencial Zury Ríos.
Para el asesor legal en la Comisión Internacional de Juristas Daniel Butler "es preocupante este intento de tratar de resucitar la pena de muerte en Guatemala, cuando la tendencia generalizada en el resto del mundo es a abolirla".
Aunque no existe una prohibición absoluta a la aplicación de la pena de muerte a nivel internacional, sí existen estándares mínimos acerca el debido proceso y Guatemala carece de la infraestructura judicial para asegurar que se observen estos estándares en todos los casos en que se aplicaría la pena, advirtió.
En este país "no existe independencia judicial y, debido a la falta de recursos y de capacitación, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) no logran reunir pruebas fiables", argumentó.
Por otro lado, añadió, el Instituto de la Defensa Pública Penal está sobrecargado de trabajo y la judicatura no recibe ni la mitad de los fondos que pide.
Posición similar mostró la titular del MP, Thelma Aldana, quien aseveró ante periodistas que en ningún caso que asuma la Fiscalía General llevarán la pena de muerte pese a los hechos de violencia desatados en los últimos días.
En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rojas, coincidió en que la tendencia mundial es a abolir esta y alertó que al retomarla el país estaría retrocediendo.
No obstante, desestimó la existencia de una postura oficial sobre el tema en el Organismo Judicial (OJ) y puntualizó que ese ente tiene como función aplicar las leyes.
"El Ejecutivo aplicará la ley, el artículo 18 de la pena de muerte, y si el Congreso de la República traslada la ley al Ejecutivo, el Ejecutivo debe ejecutar la ley", definió el gobernante.
"No discutimos la ley, sino que hacemos que se cumpla", enfatizó el mandatario, para quien el Gobierno "lo único que tiene que hacer es ejecutar los presupuestos y planes que sean aprobados por el Congreso, y ejecutar lo que la justicia de Guatemala le plantee".
Morales se pronunció de ese modo pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugirió reconsiderar el tema, por cuanto la pena de muerte probablemente no resolverá la criminalidad en el territorio.
Mientras, en las redes sociales suman cada vez más las personas que abogan por la pena de muerte y por el reforzamiento de la presencia militar en las calles como paliativo a la incidencia de los grupos delincuenciales, contra la opinión de defensores de los derechos humanos y otros detractores de tales métodos represivos.

Miércoles, 16 de Marzo de 2016 23:34. Isabel Soto Mayedo #. América Latina

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