Caso de corrupción en Guatemala alcanza a Kolektor en Argentina

Espacios de noticias destacan en Guatemala la presunta vinculación de la empresa argentina Kolektor con el escándalo de corrupción que envuelve al exgobernante Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por un caso de defraudación aduanera.

Resultado de las indagaciones alrededor del expresidente, autoridades del país suramericano avalaron siete allanamientos en propiedades de la firma, dedicada a la tercerización de parte del cobro de impuestos y deudas fiscales, por un caso de lavado de dinero y cohecho trasnacional.
Las intervenciones policiales tuvieron lugar en Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba, en la región central de Argentina.
Además de oficinas de la organización recaudadora fueron allanados domicilios particulares ligados a esta, entre ellos el del presidente de Kolektor, Hermann Karsten.
En Argentina, especialmente en Córdoba y por los vínculos de Karsten en Guatemala, se analiza la concesión fraudulenta del servicio de percepción de multas en la Aduana de ese país, señalaron fuentes policiales citadas por el diario La Voz y replicadas por medios de prensa guatemaltecos.
Estos aludenm además, a un informe según el cual Karsten viajó cerca de 35 veces a Guatemala y unos 12 de funcionarios de ese país a Córdoba.

Sin embargo, uno de los asesores legales de Kolektor, Tristán Gavier, manifestó que "no hay delito porque no existió jamás un hecho económico, ni un contrato comercial y ni siquiera una licitación con el gobierno de Guatemala".
Pérez Molina se vio obligado a dimitir el 3 de septiembre de 2015, tras su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, debido a la presión popular desatada luego que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público develaran la implicación de ambos en el caso La Línea.
Esta banda criminal, desarticulada el 16 de abril de 2015, operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, que se dedicaba al contrabando, la defraudación presupuestaria y el lavado de dinero en las principales aduanas del territorio centroamericano.
La semana anterior fueron ratificadas las imputaciones contra ambos exjerarcas gubernamentales por un colaborador eficaz designado por el MP y luego el juez encargado fijó para el 28 de marzo la audiencia de fase intermedia en la cual definirá si procede un juicio oral y público contra estos y unos 60 empresarios y funcionarios más involucrados.