Nuevo capítulo del caso La Línea en Guatemala

Seis meses después de quedar sujeto a prisión preventiva, el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina volverá hoy al Juzgado B de Mayor Riesgo, encargado de definir si finalmente enfrentará juicio por el caso La Línea.

Junto al exmandatario, acusado de cohecho activo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, deben estar en la sala de la Torre de Tribunales su exvicepresidenta Roxana Baldetti y una treintena de implicados en el escándalo de corrupción que obligó a renunciar a los exjerarcas del gobierno del Partido Patriota.
Si bien la expectativa prima ante la llegada de esta fase intermedia, los recelos giran en torno a la probabilidad de que de una vez sea fijado el juicio contra quienes existen más de 200 pruebas, cinco mil folios, 100 mil llamadas telefónicas, cinco mil correos electrónicos y hasta el testimonio de un colaborador eficaz del Ministerio Público (MP).
Las declaraciones del empresario Salvador Estuardo González, alias Eco, esclarecieron varias lagunas dejadas por esas evidencias y a estas debe sumarse el relato del exsecretario de la Presidencia (2012-2015) Juan Carlos Monzón, también involucrado en el caso.
El otrora hombre de confianza de Baldetti, prófugo de la justicia unos cuantos meses, prometió dar los elementos de prueba necesarios para demostrar que tanto ella como Pérez Molina recibieron de manera directa los beneficios económicos de la defraudación en las aduanas guatemaltecas.
Pese a todo lo anterior es casi seguro que el equipo de abogados de la defensa maniobrará para evitar que el juez Miguel Ángel Gálvez, titular de la instancia judicial encargada, pueda celebrar la audiencia de fase intermedia y acelerar la celebración de la vista oral y pública contra los líderes y cómplices de La Línea.
De hecho el litigante Mario Cano adelantó que cuenta con varios elementos a su favor para frenar el proceso, mientras otros de sus colegas buscarán cambios de delitos y quizás libertades condicionadas para sus representados.
Incluso, de no fructificar el intento de obligar a Gálvez a suspender la sesión, es previsible que la fase intermedia demore algunos días si se consideran situaciones y manejos en anteriores capítulos de lo que para analistas políticos comienza a tener visos de culebrón tele novelero.
Desde 2012 la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el MP iniciaron investigaciones alrededor de lo que ocurría en las aduanas y al seguir la pista de los importadores y otros, fueron ascendiendo hasta llegar a niveles superiores de la estructura.
Una llamada interceptada el 8 de mayo de 2014 dio la pauta para comprender que La Línea operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la cual asumía el contrabando, la defraudación presupuestaria y el lavado de dinero en las principales aduanas del país.
Estos y otros detalles fueron develados el 16 de abril de 2015 y ello provocó una reacción popular de tamaña envergadura.
El caso La Línea surtió el efecto de un detonador y alentó a protestar de manera pacífica a más de un millón de personas durante una veintena de meses consecutivos hasta alcanzar la renuncia de Pérez Molina, quien en reiteradas ocasiones atribuyó a Estados Unidos la autoría de lo que calificó de ajuste de cuentas en su contra.
Ahora más de un centenar de periodistas están acreditados para dar cobertura a lo que probablemente será un acontecimiento mediático, similar al que rodeó el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, mas informes de la Corte Suprema de Justicia sugieren que la escasa capacidad de la sala obligará a poner coto al acceso.
En todo caso la esperanza de la población es que la acostumbrada retardación de la justicia no aplique en este caso en Guatemala, donde dos décadas después de concluida la guerra (1960-1996) muchas víctimas de genocidio, de desapariciones forzadas, de esclavitud y violencia sexual, esperan ser desagraviadas.