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Exgobernantes de Guatemala regresan ante la justicia por caso TCQ

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El binomio exgobernante de Guatemala, integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, comparecerá otra vez hoy ante la justicia por la concesión de un contrato anómalo a la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

La audiencia de primera declaración en este caso, develado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), tiene lugar poco más de un año después de las denuncias acerca de la red de defraudación que operaba en las aduanas bajo la dirección de ambos exjerarcas del Partido Patriota.
Pérez Molina y Baldetti permanecen hace cerca de ocho meses en prisión preventiva y en ese período tuvieron que acudir varias veces a los tribunales por orden de los encargados de impartir justicia respecto a los expedientes abiertos por los casos de corrupción conocidos como La Línea, Amatitlán y ahora TCQ.
De momento los dos deberán responder cargos por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, en el primero de esos procesos.
Baldetti está sindicada, además, por los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias debido a su presunta participación directa en el falso plan de saneamiento del Lago Amatitlán.
Pero el 15 de abril cayeron otras imputaciones de corrupción y hasta de lavado de dinero sobre el expresidente y su exvicetitular de Gobierno (2012-2015) en virtud de investigaciones realizadas alrededor de la concesión de un contrato anómalo a TCQ, filial del consorcio español Terminal de Contenedores de Barcelona (Grup TCB).
Casi a la par del ascenso de estos a la presidencia, la empresa inició operaciones en Guatemala, luego de España, México y Colombia, tras negociar con los exjerarcas del Partido Patriota una licencia para la ampliación de Puerto Quetzal, en el departamento sureño de Escuintla.
Para obtener ese contrato, los mpresarios españoles Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, director general de TCQ, prometieron pagar 24,5 millones de dólares, y es que el proyecto está valorado en 255 millones de dólares, precisaron el MP y la Cicig.
Explicaron que el acuerdo fue negociado en 2012, a puerta cerrada, por Pérez Molina y el exinterventor del puerto Allan Marroquín, quienes definieron entregarle a la concesionaria española un terreno de 348 mil metros cuadrados en usufructo oneroso, por 25 años prorrogables, para ejecutar las obras.
Según el anuncio hecho por la fiscal general Thelma Aldana; el titular de Gobernación, Francisco Rivas, y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, la profundización en este caso se logró a partir de las evidencias recopiladas desde el 16 de abril de 2015, cuando se desarticuló la estructura criminal La Línea y fueron detenidas 22 personas vinculadas a esta.

Lunes, 25 de Abril de 2016 20:42. Isabel Soto Mayedo #. Amerrique

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