Exgobernantes de Guatemala involucrados en cinco casos de corrupción

El binomio expresidencial de Guatemala (2012-2015), integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, está involucrado hoy en al menos cinco casos de corrupción y fraude en detrimento de las finanzas del Estado.

Testimonios de colaboradores eficaces e investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad muestran a la pareja como líderes de una red criminal que operaba de diversas maneras en aduanas, puertos, infraestructura y otros sectores medulares de la economía en este país centroamericano.
Todo indica que incluso el ascenso a la presidencia, en nombre del Partido Patriota (PP), estuvo precedido por el cobro ilegal de fondos para sus campañas políticas, de comisiones a contratistas, y maniobras tendentes a lavar o legalizar el dinero que ingresaban en sus arcas personales.
Según elementos de prueba presentados por el MP, la Constructora Nacional (Conasa), el Banco GyT Continental y su aseguradora, el consorcio Blue Oil, así como el empresario Carlos Gabriel Guerra Villeda, dueño de la Constructora Del Atlántico: aserradero Miralvalle; entre otros, aportaron casi una decena de millones de quetzales a la campaña de ambos.
El mexicano Remigio Ángel González, propietario de la corporación televisiva Albavisión, es otro de los financistas más generosos de la contienda política de 2001 de los defenestrados casi al terminar su Gobierno.
Los audios y otras evidencias sugieren, además, que los ahora testigos eficaces de la Fiscalía Juan Carlos Monzón y Estuardo González (alias Eco) eran sólo algunos de los colaboradores de los eventuales jefes del cartel que camufló el dinero captado de modo turbio a través de 18 sociedades anónimas de portafolio.
Más allá de su implicación directa en el caso de defraudación aduanera La Línea, por el cual están en prisión preventiva hace casi ocho meses, Pérez Molina y Baldetti presuntamente planificaron y aprobaron a cambio de sobornos la concesión de un contrato anómalo al consorcio español Terminal de Contenedores Quetzal SA (TCQ).
Los pagos por sus eventuales gestiones fraudulentas igual llegaron a cambio de convenios favorables en favor de las empresas Topsa, de Raul Osoy Penados; el Grupo Interport de Jurg Widmer Probst, principal contratista de las empresas portuarias; Conasa y la red de constructoras de los Guerra, en el norteño departamento de Petén.
El exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, precisó que este conglomerado familiar ganó cerca de un millardo de quetzales en obras públicas en los últimos cuatro años gracias al exgobernante y la exvicepresidenta de Guatemala.
Pero igual el hombre de confianza de Baldetti develó que en el último trimestre de 2014 pactó con autoridades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación la compra irregular de granos básicos para atender la sequía y proveer cupones canjeables por alimentos.