Profusión de frentes abiertos en pos del cambio en Guatemala

Poco más de cuatro meses después de su investidura el Gobierno de Jimmy Morales continúa rodeado por los cuestionamientos, entre otras razones, por el empeño en abrir mesas de diálogo de todo tipo y sin estrategias muy claras con vistas a generar consenso en torno a los cambios que pretende implementar en diversas áreas en Guatemala.

Si bien algunos consultores consideran oportuna la estrategia de buscar la opinión ciudadana para revertir los problemas heredados en materia de salud, justicia, laboral y electoral, entre otros; consideran que tantos frentes abiertos al mismo tiempo pudieran ir en detrimento de los resultados esperados.
Hace dos días el mandatario convocó al diálogo para reformar el sistema de salud, algo que considera impostergable porque las necesidades de la población rebasaron las capacidades de respuesta del sector más cuestionado, debido a la falta de medicamentos en los hospitales públicos y de una atención de calidad, entre otros factores.
Este llamado sucedió en el tiempo al realizado el 10 de abril en conferencia de prensa, en aras de lograr la participación mayoritaria de la ciudadanía en el Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la justicia en Guatemala.
El propósito de este proceso, que hace unas semanas atraviesa distintos puntos del país, es promover la discusión, aprobación e implementación de reformas concretas al sistema judicial que contribuyan a la lucha contra la impunidad y la corrupción, pero con garantías para la independencia de ese poder y el fortalecimiento institucional.
Apenas ocho días antes Morales dio a conocer que trataría también sobre los asuntos laborales, de conflictividad y migración con los diferentes grupos sociales del país, por cuanto estos son temas que mantienen dividida a la nación.
La negociación al respecto inició con los afectados por los desalojos efectuados en marzo de 2011 en el Valle del Polochic, en Panzós, departamento norteño de Baja Verapaz, y derivó en el resarcimiento a algunos de estos, según informó.
Acotó, además, que en cuanto a lo laboral el diálogo en salud abarcará a los 57 grupos de sindicalistas que existen en el sistema público, con 340 representaciones a nivel nacional y 80 en proceso de formación, para articular solo un grupo que vele por los derechos de todos.
Pero esta semana el jefe de Estado garantizó que dará prioridad a la opinión del pueblo en la sanción o veto a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aprobó el Congreso y él avaló el 24 de mayo.
El Ejecutivo sancionó esas reformas, pero pronto trasladará al órgano legislativo una nueva iniciativa que contenga transformaciones de segunda generación que sí respondan a las demandas legítimas del clamor popular, subrayó el gobernante.
Con ese propósito, la Presidencia de Guatemala sostuvo un diálogo con casi una treintena de sectores y los invitó a elaborar la próxima propuesta, acotó ante la prensa y rodeado de delegados de varias organizaciones civiles.
"El espíritu de esta convocatoria no es para conformarse, nosotros dijimos que íbamos a llamar a un liderazgo pleno y es lo que hicimos, porque la figura del Presidente es de la unidad nacional", afirmó.
De la misma forma argumentó que estas medidas se encuentran dentro de los pilares de su administración, ya que uno de los objetivos es que el país cuente con un marco jurídico estable, transparente y efectivo que de confianza a los ciudadanos, al tiempo de fortalecer los cimientos de la democracia y la institucionalidad de las organizaciones políticas.
Paralelo a todo lo anterior, la administración del actor de 46 años de edad despliega estrategias orientadas a reducir, en apenas 10 años, una tasa de desnutrición crónica que es considerada como la quinta más elevada del mundo por cuanto abarca al menos a 46,5 por ciento de los infantes menores de cinco años de edad.
Todo ello sin contar los ingentes esfuerzos en tratar de acabar con la situación de violencia que aqueja por décadas a Guatemala -cuya tasa de homicidios rebasa los 33,84 por cada 100 mil habitantes-, las extorsiones, la corrupción y la retardación de justicia con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad.