Ley 5077, arma contra la violencia sexual en escuelas en Guatemala

Durante los últimos tres años sumaron 59 las denuncias por violaciones y agresiones sexuales en centros educativos de Guatemala y lejos de disminuir esa problemática tiende a aumentar, refieren hoy registros del Ministerio Público (MP).

De hecho el titular del Ministerio de Educación (Mineduc), Ã"scar Hugo López, informó que de enero a mayo de este año van ocho quejas por casos de esa naturaleza en varios departamentos del país, donde es notable la incidencia de estos crímenes más allá de los espacios destinados a la enseñanza.
El problema de la violencia sexual es enorme y nosotros debemos llamarlo por su nombre: una plaga, un flagelo, opina el director de Misión Internacional de Justicia, Bradley Curtis, para quien esta es una forma de violencia particularmente repugnante y traumática.
En Guatemala las denuncias por violencia sexual llegaron a 11 mil 299 en 2015, lo cual indica que cada día 31 personas fueron victimizadas de ese modo y que cada 46 minutos ocurrió una violación sexual, alertó la organización humanitaria.
Esa cantidad de denuncias representó el doble de los homicidios reportados en el año, cinco mil 677 según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pero esas estadísticas esconden subregistros.
Por cada víctima que denuncia una violación sexual, ocho callan al sentirse culpables del daño infringido a su integridad, por temor a represalias del victimario -más si es un adulto y/maestro- y por el estigma social que supone una violación, entre otros factores, coinciden especialistas.

-ATACAR AL MAL
El MP y Misión Internacional de Justicia concuerdan en que 64 por ciento de las denuncias de agresiones sexuales muestran que los más vulnerables ante esos hechos son niños y adolescentes y que 90 por ciento de los abusos contra ellos ocurre en la casa y en la escuela.
"Este asunto es grave mas no existe en Guatemala una ley que prevenga la violencia sexual en los centros educativos. Incluso, el Mineduc carece de un protocolo que regule, en la práctica, la selección del personal capacitado para atender esos casos", lamentó el subjefe de la bancada legislativa del partido Convergencia, Leocadio Juracán.
En una conversación sostenida con Prensa Latina, en la capitalina Casa Cervantes, el otrora secretario general del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) manifestó su preocupación por un problema que gana rango de recurrente y afecta sobre todo a las niñas, aunque también a los varones.
De igual modo compartió la iniciativa presentada por él el 13 de mayo de 2016 al Congreso de la República, que dispone aprobar una Ley Contra la Violencia Sexual en Centros Educativos de Guatemala, para prevenir y brindar asistencia a los menores de edad víctimas del delito en escuelas o colegios.
"La propuesta, registrada con el número 5077, sentará las bases legales para superar la tradicional complicidad ante este tipo de violencia y de convertirse en ley con el voto favorable de los legisladores viabilizará la adopción de una política real de combate a estos crímenes en los centros educativos", explicó Juracán.
A su juicio la aprobación de este cuerpo jurídico impulsará la generación de mecanismos de coordinación entre las distintas entidades para prevenir, enfrentar y atender de manera adecuada a las víctimas con tal que estas no opten por prescindir de disfrutar el derecho a la educación.
"Se trata de una ley con la cual se pretende cumplir con los deberes que el Estado toma como fundamentales y con los compromisos asumidos a nivel internacional para la protección de la niñez", señaló.
Y añadió que "con esta norma procuramos dotar al Estado de Guatemala y a la población de una institucionalidad que permita tratar de forma sistemática la violencia sexual contra niñas y niños en las escuelas, así como eliminar las condiciones que pueden propiciar la producción y distribución de pornografía infantil".

-INICIATIVA 5077
La iniciativa 5077 está estrechamente vinculada con lo refrendado por los artículos 2 y 51 de la Constitución Política de Guatemala, relativos a los deberes del Estado para con sus habitantes y en particular con los menores de edad.
Además, parte del presupuesto que este país es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño -adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989-, en virtud de la cual debe legislar en aras de proteger a la infancia contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental.
La propuesta contempla como "niña o niño: todo ser humano menor de 18 años de edad o quien como producto de alguna condición clínica no alcance un desarrollo físico o mental adulto."
Al mismo tiempo define por violencia sexual contra la niñez todo acto derivado de una relación de poder o confianza, que implique el sometimiento o victimización de un infante por placer sexual, estimulación o gratificación a un adulto o joven.
En ese sentido alude a los actos deshonestos, la explotación sexual, el exhibicionismo, la exposición o participación en pornografía, prostitución y a la penetración vía vaginal, anal o bucal, sea con el pene o con cualquier objeto.
Por otra parte condena la violencia, sea con contacto o sin este, y delimita como tal hasta los comentarios sinuosos o sexualmente explícitos, las llamadas o mensajes obscenos o insinuantes de conductas sexuales.
En modo paralelo el proyecto mandata a abarcar entre las víctimas al núcleo familiar del niño o niña directamente afectado por dichos actos y establece que la atención a esas situaciones estará a cargo de un Consejo Nacional de Protección a la Niñez Contra la Violencia Sexual en los Centros Educativos.
En la instancia confluirían delegados del Mineduc, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Procurador de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público, del Inacif, de la Policía Nacional Civil y del Congreso.
Pero a su vez participarían especialistas designados por la Facultad de Sicología de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
El consejo debe ser instaurado dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, especifica el texto, para que en corto plazo emita un reglamento interno de funcionamiento, políticas y protocolos de atención a los casos de violencia sexual así como los relativos a la atención a la víctima, su familia y compañeros de aula
La preparación y orientación de las capacitaciones, la prevención de la problemática, el seguimiento a cada denuncia, la evaluación de los niveles de incidencia de esta y de los protocolos diseñados para frenar el fenómeno, igual serán responsabilidades de ese equipo.
Asimismo el plan de ley prevé regular el proceso de selección del personal administrativo, docente y operativo en los centros educativos, y delimita que los cargos de director y directora "solamente podrán ser ejercidos por personas con especialidad en administración educativa p psicología, o carrera afín".
"En ningún caso podrá ser nombrado o contratado para ocupar un cargo administrativo, docente u operativo en un centro educativo las personas que hayan sido condenadas en sentencia firme y ejecutoriada por algún delito sexual o por actos de violencia intrafamiliar", enuncia el artículo 10.
Mientras que el 12 mantada a todo el personal empleado en las escuelas a denunciar cualquier anomalía o acto de violencia contra los infantes, en tanto el 13 ordena fijar un número telefónico gratuito para formular estas denuncias, que podrán realizarse de manera anónima.
Particular atención merece el apartado relacionado con la atención sicológica a las víctimas, la cual deberá ser garantizada por el Mineduc a partir de la integración de una unidad especializada que ayude a superar los efectos sicosociales de la violencia sexual, evitar la revictimización y que el menor abandone el aula.
"En los casos en que los causantes de la violencia sexual sea otro u otros niños o niñas, la atención se orientará a determinar las causas de tales conductas y a tomar las medidas necesarias para poder superarlas sin afectar su acceso a la educación", acota el artículo 15 de la iniciativa 5077.

-LEY NECESARIA
Para Juracán, la incidencia de las violaciones sexuales en colegios y escuelas de Guatemala no puede verse de manera aislada de la compleja realidad que enfrenta el sector educacional en todo el país, pero de manera particular en las zonas rurales.
"Durante una reunión efectuada con el ministro se analizó la situación de los técnicos especializados en telesecundaria y los malos manejos que sólo fortalecieron la corrupción en torno al proceso de calificación, selección y contratación de personal en el Mineduc", abundó.
A la vez adelantó que el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (Msicg) planifica presentar en un corto plazo varias acciones tendentes a eliminar los pilares que sustentan la discriminación en esa cartera de Gobierno en detrimento de la educación, la niñez, y los trabajadores.
La intención del Misicg es compartida por Juracán y los otros diputados de la Bancada de la Dignidad Convergencia, que desde el 14 de enero probaron su disposición a batallar por la aprobación de instrumentos legales que frenen abusos, reviertan la impunidad y fortalezcan el sistema de aplicación de justicia.
Con relación a la educación, la perspectiva es garantizar también la contratación regular y estable de los más de tres mil técnicos especializados de Telesecundaria, quienes atienen a cerca de 150 mil estudiantes a nivel nacional sobre todo en el área rural.
Esto debe marchar aparejado a la creación de condiciones propicias para la labor de los maestros, ampliar la cobertura de la educación y la calidad de la enseñanza, así como de su efectividad para el desarrollo de los estudiantes.
La inclusión de la ciudadanía, y sobre todo de los perjudicados con estos y otros problemas en la labor de búsqueda de soluciones, es una de las constantes que distinguen el desempeño de quienes como Juracán pretenden darle un giro al trabajo en el Congreso de la República en esta VIII Legislatura.
Esta corriente, en la que prevalecen Sandra Morán, Álvaro Velázquez, Walter Félix y Amílcar Pop, es para muchas personas una suerte de aurora que pese a chocar constantemente con los nubarrones de los malos hábitos arrastrados dentro del órgano parlamentario pudiera hacer progresar ciertos cambios en Guatemala.