Partido Patriota de Guatemala: ¿proyecto político o cártel mafioso?

Las últimas revelaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del Ministerio Público (MP) sugieren que el exgobernante Partido Patriota (PP) más que un proyecto político surgió y operó como cartel mafioso. El imperativo dinero, para ascender al gobierno y en beneficio personal, motivó la creación de esa organización partidaria que, a la larga, devino emporio criminal para captar financiamiento electoral mediante lavado de dinero y después en el poder expoliar al Estado.
La develación de este caso, primero de su tipo en Guatemala y probablemente uno de los pocos en el mundo, demostró la podredumbre del sistema supuestamente democrático en este país centroamericano y la fragilidad de una institucionalidad que tiene mucho por ganar para responder bien a la ciudadanía.
Según las pesquisas de la Cicig y el MP, que redundaron en la emisión de otras 50 órdenes de captura contra exfuncionarios y empresarios vinculados al Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), tanto el exmandatario como su vicepresidenta Roxana Baldetti fueron los artífices de esta trama.
Desde 2008 ambos articularon la red criminal de recaudación de fondos, en la cual estuvieron implicados los Canales 3, 7, 11 y 13 de la televisión, Radio Sonora, empresas constructoras y otros operadores para el cobro de comisiones con fines electorales.
Datos aportados por el titular de la Cicig, Iván Velázquez, reflejan que los involucrados en esta estructura delincuencial lograron agenciarse con sus artimañas alrededor de 500 millones de quetzales (65,5 millones de dólares).
Esto explica por qué en los últimos cuatro meses de la campaña de 2011 el noveno binomio presidencial de la etapa democrática en Guatemala sobrepasó por partida triple el techo presupuestario fijado por el Tribunal Supremo de Elecciones y logró acaparar todo el control del Estado.
Pérez Molina y Baldetti llegaron a legitimarse como gobernantes de este país después de erigirse como líderes o cabecillas de un cartel político empeñado en acumular financistas, que a la larga les permitieron darse todo tipo de lujos.
Por más que se diga al respecto es incalculable el nivel de impunidad y desparpajo con el que actuaron el exmilitar y la comunicadora a partir de su investidura, el 14 de enero de 2012, y hasta que finalmente fueron sacados por la conjunción de varios factores del Palacio Nacional de la Cultura.
Vale recordar que Pérez Molina y Baldetti casi llegaron a terminar su mandato, si se considera que apenas salieron de sus cargos en el último año de su administración y apenas unos meses antes de finalizar esta, lo que les dio tiempo suficiente para pagarle a muchos de sus contribuyentes.
Tras cooptar el funcionamiento del Estado la expareja presidencial otorgó contratos ventajosos a las empresas que los beneficiaron económicamente y a otras a las que exigió comisiones a través de sus cómplices.
Por ahora está documentado que las exautoridades del PP negociaron cerca de 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades estatales y gracias a la complicidad de empresarios, funcionarios, operarios e incluso bancos, precisó Velázquez.
Para muestra un botón: en los casi tres años de esta administración la Radiotelevisión Guatemala, la Sociedad Anónima (Canal 3) y Televisiete, S.A. (canal 7) ganaron 216 millones de quetzales con el Estado, es decir unos 28 millones 800 mil de dólares.
Esa cifra equivale al 69 por ciento de lo que los "patriotas" supuestamente invirtieron en publicidad televisiva, pagada al emblemático dueño de medios Ángel González, quien en verdad aportó lo suficiente para que el cartel adquiriera para su campaña política 10 camiones, cuatro camionetas Toyota, un microbús y un Chevrolet.
Paralelo a esto tuvieron lugar múltiples pagos sistemáticos por debajo del tapete de la mesa y uno que otro regalo de consideración en calidad de resarcimiento a quienes dieron todo tipo de posibilidades a las corporaciones de ampliar sus inversiones y por ende, sus riquezas.
Pérez Molina y Baldetti se apropiaron de las instituciones del Estado y convirtieron la administración pública en un negocio, subrayó Velásquez.