Críticas rodean juicio contra líderes comunitarios en Guatemala

Los cuestionamientos rondan el juicio contra siete líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, opuestos a la construcción de una hidroeléctrica de capital español en el noroccidental Huehuetenango, que continúa hoy en Guatemala. Esos líderes comunitarios guardan prisión preventiva hace más de un año por manifestarse contra el megaproyecto en el municipio de Santa Cruz Barrillas y varias voces califican de injustas las imputaciones en su contra de atentado, coacción, amenazas, instigación a delinquir, obstaculización de la acción penal y secuestro.
Es la primera vez que defensores de derechos humanos se sientan al banquillo de los acusados ante un tribunal de mayor riesgo en Guatemala, destacó el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, creado por la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Mientras abogados del Bufete de Derechos Humanos insisten en que la existencia de patrones sistemáticos de criminalización contra los defensores de derechos humanos y de una suerte de doctrina jurídica a partir de la cual el Estado reprime y coloca fuera de derechos a los activistas.
De hecho en la primera fase del juicio, iniciada la víspera, los abogados defensores de los siete acusados tacharon de malicioso el proceder de los querellantes al entrampar el proceso judicial.
Incluso, el abogado litigante Edgar Pérez cuestionó el uso indebido del sistema de justicia por parte de las empresas transnacionales en el país, que ante la débil presencia del Estado en esa región actúan de modo conspirativo contra la dirigencia comunitaria.
Otro de los defensores, Juan Castro, detalló la trayectoria de servicio comunal y de autoridad ancestral de los siete presos, principio que el sistema jurídico de matriz occidental desestima.
Por su parte, tres de los imputados pusieron en entredicho el proceder del exjuez del municipio de Santa Eulalia, Luis Fernando Pérez, quien los envió a prisión preventiva, sin mayores argumentos, tras la audiencia del 23 de enero del 2014 en el Centro de Administración de Justicia de la localidad.
A su vez la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios, informó que 10 de los querellantes adhesivos renunciaron a continuar en el caso por no ser ya de su interés.
Según lo previsto el juicio por el conflicto desatado a partir de 2008, cuando el expresidente Álvaro Colom (2008-2012) otorgó a la empresa española Hidro Santa Cruz una concesión para construir una hidroeléctrica capaz de generar cuatro mil 998 megavatios, debe concluir el 15 de julio.