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Presos políticos, impunidad y manipulación del derecho en Guatemala

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El proceso jurídico seguido contra los presos políticos de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, departamento noroccidental de Huehuetenango, prueba la manipulación del derecho penal en favor de ciertos intereses en Guatemala. Criterio compartido por juristas, activistas sociales y hasta funcionarios es que esa estrategia está orientada a criminalizar a defensores del territorio, la vida y la naturaleza, como Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez, Bernardo Ermitaño López, Arturo Pablo, Mynor López, Francisco Juan y Adalberto Villatoro.
"En Guatemala existen patrones sistemáticos de criminalización contra los defensores y una tergiversación del derecho penal a partir de la cual el Estado reprime y coloca fuera de derechos a estos", de acuerdo con el abogado del Bufete de Derechos Humanos Edgar Pérez.
En el caso de líderes comunitarios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, opinó, una retención derivada de un debate acalorado fue tachada de plagio o secuestro, mientras que el supuesto peligro de fuga fue esgrimido para encarcelar a quienes nunca debieron ser equiparados con corruptos o criminales.
"El ataque a un defensor es un ataque a una colectividad", consideró el jurista, para quien resulta lamentable que en este país multiétnico todavía no se comprenda lo que es una autoridad indígena, en gran medida por el racismo que perdura en la sociedad y la tara de la discriminación.
"Los derechos humanos se defienden y aplican de buena fe, y es esto lo que da la autoridad para hacer valer las exigencias que en derecho corresponden", razonó.
Asimismo la procuradora adjunta de los Derechos Humanos, Claudia López, reconoció la grave situación que enfrentan defensores y defensoras de los derechos humanos en este país y que el Estado pareciera incapaz de encaminar acciones seguras para acabar con la impunidad en estos casos.
La funcionaria concordó con la tesis del uso inadecuado del derecho penal para atacar y aplacar al movimiento social, en un contexto signado por los efectos de la captura del Estado por redes criminales, lo cual obstaculizó el avance de un estado de derecho social y democrático.
En tanto otras voces insisten en que los siete defensores del territorio sometidos a juicio desde el 6 de julio fueron detenidos de manera arbitraria hace más de un año y llevados a prisión preventiva, tras ser sindicados por instigación a delinquir, coacción, atentado, obstaculización de la acción penal y secuestro.
Esa fue la respuesta a la participación de estos líderes comunitarios en las protestas contra la Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, y su proyecto de instalar una hidroeléctrica en las cataratas del río Cambalam en detrimento en sus territorios, arguyó el abogado defensor Benito Morales y definió que sus detenciones son arbitrarias, por lo cual exigen que se haga justicia.
A su vez el otro litigante Edgar Pérez puso en entredicho el uso del sistema de justicia por las transnacionales en Guatemala, que ante la débil presencia del Estado en esas regiones apartadas de la Sierra de los Cuchumatanes actúan de modo conspirativo contra la dirigencia comunitaria.
"¿Cuál es el miedo, terquedad o berrinche que tienen que quieren vernos en prisión? Nosotros no somos delincuentes", subrayó Villatoro, mientras Juárez aseveró que "la confianza de nuestra gente en todo el sistema de justicia oficial está por los suelos...el hacinamiento en las cárceles es exagerado. El 70 por ciento de la población reclusa es inocente".
"Tengo año y medio de estar en prisión. El Estado de Guatemala me tiene secuestrado y además abandonado, porque si no fuera por mi familia no como", reafirmó Juan, más conocido en su pueblo por Chico Palas; al tiempo que Ermitaño advirtió  que sólo la presión social los podrá sacar de este trance, "porque la justicia jamás".
De hecho la diligencia continúa, pese a que 10 querellantes adhesivos abandonaron el proceso -entre ellos la empresa presuntamente afectada-, lo cual alienta la esperanza de quienes confían en que la inocencia de los presos políticos de Santa Cruz Barilla y Santa Eulalia sea demostrada y el tribunal resuelva conforme a derecho.

Viernes, 08 de Julio de 2016 04:38. Isabel Soto Mayedo #. Indígenas

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