Pierde Guatemala con suspensión de Código Migratorio, afirma diputado

Con la suspensión provisional de la entrada en vigencia del nuevo Código de Migración quien pierde es Guatemala, declaró el presidente de la Comisión del Migrante en el Congreso de la República, diputado Jean Paul Briere.

’No es una decisión mía, es una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) y yo la voy a respetar 100 por ciento, pero no pierdo yo como ponente sino que pierde Guatemala’, afirmó en conversación con Prensa Latina, en el ámbito de un taller a propósito del Día Internacional de las Personas Migrantes.

’Son los 16 millones de guatemaltecas y guatemaltecos y, sobre todo, los tres millones que viven en el exterior los que realmente pierden con esto’, subrayó el legislador por el partido Todos.

Briere recordó que esa iniciativa legal fue aprobada por el parlamento el 20 de septiembre de ese año con una mayoría calculada, equivalente a 105 de los 158 votos posibles, y que debía entrar en vigencia mañana sábado 17.

A su juicio, parte de la resistencia a implementar este cuerpo jurídico gira en torno al eventual traspaso de funciones de la Dirección General de Migración (DGM) al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), por cuanto esto pudiera impactar en cuanto al ejercicio de la transparencia en ese sector.

De cumplirse con este paso, opinó, ’se fortalecerían la institucionalidad y las distintas direcciones en la rama, al mismo tiempo que se crearía procesos y se transparentaría más la labor en este orden’.

El congresista manifestó su confianza en que, pese a la oposición resuelta del Ejecutivo y de ciertos grupos sociales, el Código Migratorio finalmente sea implementado ’por cuanto es una ley y es más difícil dejarla sin efecto de manera definitiva’.

La CC de Guatemala anunció este viernes la suspensión de manera provisional de la implementación del Código Migratorio, en respuesta a un recurso de amparo interpuesto contra este por el abogado Blas Helí Fernández Rojas, poco después de una solicitud similar de varias instituciones estatales.

Sin embargo, los magistrados del ente encargado de velar por el cumplimiento de la carta magna rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida desde el jueves por el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la DGM.

En este último caso, los miembros de la CC alegaron que esa solicitud fue prematura, por cuanto todavía el cuerpo legal no estaba en vigencia.

El Código de Migración aprobado el 20 de septiembre distingue de su antecesor de 1998, porque tiene como sustrato un enfoque de derechos humanos y la protección al migrante por encima de todo.

Este crea la Autoridad Migratoria Nacional y el IGM, quienes tendrían que diseñar y aplicar estrategias encaminadas a garantizar un trato más favorable a los migrantes, acorde con los derechos humanos y el derecho internacional específico en materia de asilo, refugio y humanitario.