Blogia
ALTiro

CIJ advierte situación compleja para ejercer derechos en Guatemala

CIJ advierte situación compleja para ejercer derechos en Guatemala

Guatemala atraviesa por un período complejo por las secuelas de la guerra y la adopción de políticas neoliberales que afectan los derechos económicos, sociales, culturales y los servicios estatales, advirtió hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Después de sostener varias reuniones en el país, del 20 al 24 de febrero, una misión de evaluación del ente concluyó que los esfuerzos orientados a construir un Estado de Derecho, capaz de propiciar el bien común, contrastan con la implementación de medidas en detrimento de las personas y la naturaleza.

La CIJ señaló una veintena de irregularidades, entre ellas que los abogados cumplen su función social en un contexto signado por una fuerte impunidad y en medio de fenómenos nuevos de persecución como la criminalización.

Este no sólo afecta a los juristas, sino también a dirigentes comunitarios, mujeres defensoras de derechos humanos, funcionarias y otras personas que coadyuvan a fortalecer el Estado de Derecho, aseveró.

'Preocupan sobremanera el caso de tres dirigentes de San Pablo, San Marcos (dos hombres y una mujer), cuya libertad está siendo afectada, a pesar de haber cumplido la condena respectiva y los casos de un dirigente comunitario, que sigue en prisión, a pesar de haber recibido dos sentencias absolutorias', precisó.

También mostró inquietud por el más de medio centenar de denuncias infundadas que investiga el Ministerio Público contra defensores de derechos, las cuales pudieran ser constitutivas de delitos en sí y por ende, enjuiciadas.

Felicitó a las abogadas que lograron la sentencia condenatoria en el caso Sepur Zarco y abrieron el camino para el castigo de la violación sexual, como método de guerra, más lamentó las campañas de intimidación y amenazas contra ellas.

También denunció el deterioro y cooptación del Estado en Guatemala y mencionó el caso Bufete de Impunidad a modo de ejemplo de la actuación de algunos juristas como intermediarios entre funcionarios y redes criminales.

Aludió al litigio de mala fe impulsado por ciertos abogados, a través de recursos de amparo presentados con el ánimo de retrasar los procesos legales, y de recusaciones provocadas deliberadamente para apartar a jueces independientes e imparciales de los procesos.

Cuestionó a los jueces que no frenan, mediante sus resoluciones, el uso indebido de esos mecanismos legales y al Colegio de Abogados, por no sancionar a quienes promueven recusaciones con malas intenciones.

'El litigio de mala fe puede lograr su cometido, siempre y cuando exista la mutua complicidad entre jueces y abogados, remarcó la CIJ, en medio de los debates judiciales relativos al actuar criminal de Otto Pérez Molina y decenas de funcionarios, empresarios y banqueros, vinculados a su Gobierno (2012-2015).

0 comentarios