Sepur Zarco y la deuda con las víctimas de violencia sexual en Guatemala

Las mujeres violentadas sexualmente en el destacamento militar de Sepur Zarco, en el contexto de la guerra interna en Guatemala, claman todavía  por el resarcimiento del Estado pese al año transcurrido del fallo condenatorio en ese caso.

’Nosotras nos causa tristeza y también malestar el que no se avance como esperamos en la audiencia de reparación, pues pedimos con claridad lo que está establecido’, declaró en respuesta a Prensa Latina la abuela maya q´quechi´ Demesia Yat, una de las 15 abusadas en el enclave en esa región norteña del Polochic.

’Lo que queremos es que el Estado cumpla con sus obligaciones, con lo que se le impuso cumplir, que nos ponga atención, que nos tome en serio, que lo que está sucediendo es una cuestión seria’, afirmó.

’La pobreza en nuestras comunidades es tremenda, al punto que estamos sitiados por las palmas, pero las palmas tampoco nos ofrecen trabajo. Nuestros hijos van a solicitar trabajo a las fincas palmeras y no les dan trabajo’, lamentó.

Aseveró que hasta ahora no recibieron ningún tipo de apoyo económico y que sólo están haciendo su lucha con mucho sacrificio, para que sus hijos y nietos no pasen por lo que ellas pasaron hace 35 años.

Yat recordó con indignación que los condenados negaron todo lo que se les imputó y que no tenían la solvencia para cumplir con lo que el tribunal les ordenó por los crímenes cometidos cuando eran parte de la tropa desplegada entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal (1982-1983).

’A nosotras nos molestó mucho eso que, aun cuando se demostró que ellos estuvieron allí, que personalmente les dimos de comer, y les tuvimos que hacer muchas cosas, todavía se nieguen’, señaló.

’Queremos pedirle al Estado con claridad que cumpla con lo que dictó el tribunal. Nosotras queremos ver con nuestros ojos que el Estado está cumpliendo, que no se haga de la vista gorda, que se vea el trabajo, que se normalice nuevamente la comunidad’, enfatizó.

Y remarcó que ’así como ahora estamos avanzando con el tema de salud, queremos que en un futuro no muy lejano, se construya formalmente un hospital o un centro de salud en nuestra comunidad’.

Para esas mujeres, casi todas mayores de 60 años, es triste nunca llegar a ver los frutos de la lucha que libraron tras sobrevivir al asesinato de sus esposos, a las violaciones sexuales casi diarias -incluso, frente a sus hijos- y al ser obligadas a jornadas extenuantes de trabajo en el destacamento militar.

De hecho, algunas de ellas perecieron en el transcurso de estas más de tres décadas por enfermedades asociadas a los desgarramientos, hemorragias, traumas sicológicos, abortos inducidos por pastillas o de manera brutal, que les propinaron los militares durante los meses que duró su cautiverio.

Por todo esto integrantes de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, conformada por las organizaciones Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) y Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)- ratificaron su disposición a continuar apoyándolas.

También pidieron a los medios de prensa estar vigilantes respecto al proceso, hasta que se concrete la justicia para estas mujeres, a través del cumplimiento de las medidas de reparación dictadas por el tribunal compuesto por las juezas Jassmín Barrios, Patricia Bustamante, y Gerbi Sical.

Con el fallo del 26 de febrero de 2016, las representantes del Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala ratificaron la culpabilidad del teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes y del excomisionado Heriberto Valdés Asij, pero sobre todo que durante la guerra interna hubo genocidio, desaparición forzada de personas y esclavitud sexual.

Con base en los elementos de prueba presentados durante casi una veintena de audiencias, el primero recibió 120 años de cárcel por asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad, en tanto el segundo mereció 240 años por este último crimen y por la desaparición forzada de personas.

Según la abogada Paula Barrios, de MTM, en términos jurídicos, ahora el caso de Sepur Zarco atraviesa por la etapa de impugnaciones, evacuando el proceso de impugnación, y luego debe pasar por el Tribunal de Casación.

’Lo que se requiere es una sentencia firme para el cumplimiento de la sentencia en su totalidad, es decir, de las medidas de reparación señaladas’, explicó y precisó que mientras, avanzan en el diálogo con los ministerios.

’Al menos hemos logrado que cada uno de los ministerios establezca, dentro de su planificación anual, acciones concretas para dar cumplimiento a los requerimientos de las abuelas de Sepur Zarco’, destacó.

No obstante, acotó, desde el Estado se deben generar formas legales para la ejecución de las medidas de reparación que están asignadas a este desde el mismo proceso penal y acabar de solventar ese vacio en nuestro sistema de justicia, el tema de reparaciones por sentencias legales.

El domingo el Ministerio de Salud y Asistencia Social inaugurará en la comunidad una clínica móvil, pero esto será una respuesta temporal, mientras se logra certeza jurídica sobre un terreno donde deben construir una clínica.

En opinión de Barrios esto es un ’indicio de buena voluntad, de dar respuesta a la comunidad, y es un avance trascendental, porque da respuesta a esa comunidad en medio de la falta de acceso a la salud como un derecho humano’.

’Las reparaciones se plantean como una reparación digna y transformadora, en la medida en que cambien las condiciones que posibilitaron las violaciones de derechos humanos que sufrieron las mujeres y que vivieron sus familias, en todas las regionales del país’, hizo notar la directora de Ecap, Susana Navarro.

Y a propósito de los factores por revertir mencionó la falta de oportunidades, entendida más allá del poder económico o adquisitivo, sino como acceso a la salud, educación y otros servicios básicos.

Recordó que estos requerimientos formaron parte de las demandas que dieron lugar al conflicto armado interno en Guatemala (1966-1960) y que en este caso en particular ’no hay que perder de vista que se trata de abuelas, de mujeres muy mayores, que precisan una reparación pronta’.