Volverán a debate reformas constitucionales en Guatemala
El análisis de la propuesta quedó interrumpido en varias ocasiones debido a la controversia en torno a su artículo 3, el cual pretende introducir cambios a la carta magna vigente en aras de legitimar el reconocimiento a la jurisdicción indígena en este país.
Pese a múltiples intentos de avanzar en la discusión, desde octubre de 2016 nunca se logró acumular los 105 votos requeridos para aprobar la reforma en ese punto y hasta en varias ocasiones algunos diputados optaron por retirarse del hemiciclo en medio del debate.
En su conjunto el proyecto recibió el voto favorable de la mayoría, en tres lecturas, pero su ratificación artículo por artículo continúa empantanada por el empeño de ciertos legisladores en impedir que la ley fundamental refrende la potestad de las autoridades indígenas para impartir justicia en los territorios sobre los cuales sus comunidades tienen derechos de propiedad.
Esta posición está emparentada de manera directa con la defendida por el sector empresarial de Guatemala, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cuyos directivos insisten en aplazar el análisis del tema por su complejidad.
Para la élite económica, resulta contraproducente reconocer la existencia de sistemas de justicia paralelos al estatal en este país centroamericano, aunque en este conviven 23 naciones originarias.
Spots televisivos, campos pagados en la prensa impresa y redes sociales, son utilizadas por los detractores de la perspectiva del pluralismo jurídico para insistir en su presunto interés en que se aprueben los cambios constitucionales, en aras de fortalecer al sector judicial, pero sin considerar ese aspecto.
Incluso, algunos dirigentes indígenas manifestaron conformidad con el eventual avance del debate por puntos, aún cuando el que compete a sus derechos quede relegado para el final.
Sin embargo, varios legisladores y el Consejo del Pueblo Maya advierten que si se aprueba la reforma con las modificaciones sugeridas por ciertos diputados en esta etapa del debate, esta tendría que ser llevada a una consulta popular y sólo cobraría vigencia si alcanzara el voto positivo de la mayoría de los electores.
La alternativa del referéndum constituye un riesgo, si se consideran el predominio del racismo y de la desinformación respecto al tema en la sociedad, así como el poder de quienes tienen el dinero suficiente para manejar los medios de prensa y hasta las redes sociales a su antojo, coinciden consultores políticos.
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