Despojan de inmunidad a exmilitar cercano a presidente de Guatemala
El coronel en retiro y diputado Édgar Ovalle, secretario general del partido que llevó a Jimmy Morales a presidente de Guatemala, quedó sin inmunidad por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Pese a lo tardía de la determinación, dilatada por varias argucias legales, ahora quedó despejado el camino para proceder conforme a derecho contra el encargado de Inteligencia en la otrora Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri de Cobán, Alta Verapaz, Zona Militar No. 21, en 1983.
Ovalle, alias Puñalito, es acusado de cinco desapariciones forzadas en ese enclave del Ejército de Guatemala, reconocido ahora como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) desaforó al mano derecha del gobernante, en opinión de muchas personas, para que pueda ser investigado por los delitos de los cuales fue acusado desde el 6 de enero de 2016.
Ese día fueron arrestados 18 exoficiales durante un operativo policial sorpresivo en los departamentos de Guatemala (centro) y Alta Verapaz (centro-norte), 14 de ellos por participar en unas 18 masacres y otros cuatro por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen.
Especialistas de la Asociación de Antropología Forense recuperaron partes de 558 cuerpos humanos enterrados en Creompaz, 97 de los cuales fueron identificados.
Exámenes practicados a esas osamentas reafirmaron que las víctimas fueron objeto de violencia extrema, pues sus restos tenían huellas de machetazos amordazamiento, impactos de balas, cadenas, sogas u otras señales de abusos.
Testigos de la época coinciden en que centenares de personas fueron secuestradas por miembros de la fuerza castrense en el enclave militar, donde crearon cementerios clandestinos, cometieron violaciones sexuales y perpetraron múltiples horrores contra mujeres, hombres y niños.
No obstante los elementos de prueba en su contra, la justicia rechazó la petición para despojar de inmunidad a Ovalle, pero en agosto de 2016 la CSJ dio trámite al proceso a raíz que un juzgado enviara a juicio a ocho de los militares arrestados el 6 de enero.
Los magistrados de la CSJ aseguraron que, tras un análisis y un informe de un juez investigador, encontraron indicios suficientes para exonerar de privilegios al diputado, quien falta hace un mes a las sesiones en el Congreso y de ser ciertos algunos comentarios en las redes sociales, pudiera estar en México.
Ovalle, alias Puñalito, es acusado de cinco desapariciones forzadas en ese enclave del Ejército de Guatemala, reconocido ahora como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) desaforó al mano derecha del gobernante, en opinión de muchas personas, para que pueda ser investigado por los delitos de los cuales fue acusado desde el 6 de enero de 2016.
Ese día fueron arrestados 18 exoficiales durante un operativo policial sorpresivo en los departamentos de Guatemala (centro) y Alta Verapaz (centro-norte), 14 de ellos por participar en unas 18 masacres y otros cuatro por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen.
Especialistas de la Asociación de Antropología Forense recuperaron partes de 558 cuerpos humanos enterrados en Creompaz, 97 de los cuales fueron identificados.
Exámenes practicados a esas osamentas reafirmaron que las víctimas fueron objeto de violencia extrema, pues sus restos tenían huellas de machetazos amordazamiento, impactos de balas, cadenas, sogas u otras señales de abusos.
Testigos de la época coinciden en que centenares de personas fueron secuestradas por miembros de la fuerza castrense en el enclave militar, donde crearon cementerios clandestinos, cometieron violaciones sexuales y perpetraron múltiples horrores contra mujeres, hombres y niños.
No obstante los elementos de prueba en su contra, la justicia rechazó la petición para despojar de inmunidad a Ovalle, pero en agosto de 2016 la CSJ dio trámite al proceso a raíz que un juzgado enviara a juicio a ocho de los militares arrestados el 6 de enero.
Los magistrados de la CSJ aseguraron que, tras un análisis y un informe de un juez investigador, encontraron indicios suficientes para exonerar de privilegios al diputado, quien falta hace un mes a las sesiones en el Congreso y de ser ciertos algunos comentarios en las redes sociales, pudiera estar en México.
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