Muere tercer monitor por revuelta en penal juvenil en Guatemala
Los trabajadores retenidos por los internos, en protesta por malos tratos recibidos de estos y por mayores libertades en el lugar, fueron entregados a las autoridades 30 horas después de entablado un diálogo en medio del cual hubo gases lacrimógenos y focos de incendio por esclarecer.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, destacó el papel de la mesa interinstitucional creada este lunes para resolver la crisis e informó que ahora el centro quedará bajo el control de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).
’Mientras, la Policía Nacional Civil (PNC) continuará resguardando el perímetro’, agregó, en alusión al área que rodea al recinto ubicado a unos 10 kilómetros al este de la capital, a la cual fueron enviados desde la víspera 245 antimotines.
Rivas opinó que con la intervención del lunes ’demostramos las capacidades de profesionalismo de la PNC, al haber realizado una acción altamente riesgosa, cuyos resultados fueron positivos pese a la muerte de los trabajadores rescatados’.
La desarticulación de la revuelta tuvo que ver con la actuación de un equipo táctico integrado por 45 profesionales especializados en sofocar motines, explicó el director de la PNC, Nery Ramos.
Añadió que para ingresar al recinto de San José Pinula tuvieron que hacer uso de ’acetileno, cordones explosivos, mazos y una serie de objetos que nos permitiera con la mayor inmediatez aperturar esa estructura’. ’Pero las heridas ya provocadas a las víctimas eran de gravedad’, remarcó e insistió en que los amotinados ’dieron muestras de su alto nivel de violencia, de agresividad, y que ameritaba, en aras de proteger la vida de los rehenes que estaban en su poder, valorar las posibilidades de diálogo’.
Hizo énfasis, además, en la ’intransigencia de este grupo que amenazaba constantemente en quitarle la vida, en ejecutar, a las personas en su poder’.
Ambas autoridades defendieron el uso de la fuerza para ingresar al recinto, por cuanto en algún momento el diálogo se volvió improcedente.
Etapa II debe albergar a menores de 23 años de edad en conflicto con la ley, para su rehabilitación y reinserción social, pero en este convivían apenas 17 en ese rango etario con 56 integrantes de la pandilla Barrio 18, 39 de ellos adultos, admitió el subjefe de la SBS, Vladimir López.
Por esa razón, en octubre de 2016 la jueza Verónica Galicia pidió el cierre temporal del centro; en tanto funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos señalaron que hace tiempo conocen de maltratos a los internos ahí por parte de los encargados del lugar
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