Caso Cooptación del Estado y los rejuegos de la justicia en Guatemala

Las argucias legales retardan la aplicación de justicia contra funcionarios, empresarios, banqueros y todo tipo de personas vinculadas al Gobierno del Partido Patriota (PP), protagonista del escándalo de corrupción más sonado en la historia de Guatemala.

Desde el 27 de julio de 2016 el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso penal a 53 de los 57 acusados en el caso Cooptación del Estado y pese al intento de avanzar en aras de acabar de dictar sentencia, continúa frenado por ciertas maniobras legales de los abogados defensores.

De hecho, el togado tuvo que programar dos audiencias -el 19 y 28 de abril- en respuesta a las solicitudes de 25 sindicados para discutir posibles modificaciones de los delitos por los cuales fueron ligados a juicio y su eventual salida de prisión.

También el 2 de diciembre de 2016 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se vio precisada a evaluar las apelaciones presentadas por los representantes legales de 19 imputados en el caso, entre los cuales destacan el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015).

Ambos son incriminados por crear una estructura criminal, el PP, que, lejos de ser un proyecto político, surgió y operó como cartel mafioso, con el propósito de acumular dinero en cantidades -incluso mediante lavado- para financiar la campaña electoral de los dos hasta llegar al Gobierno y manejarlo a su favor.

Según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), con el expediente relativo a la Cooptación del Estado armaron finalmente el rompecabezas de estafas, fraudes, sobornos, lavado de dinero y otros delitos cometidos por el otrora binomio presidencial.

La develación del caso, primero de su tipo y el más grande en la trayectoria judicial guatemalteca, demostró la podredumbre del sistema democrático en este país centroamericano y la fragilidad de una institucionalidad que tiene mucho por ganar para responder de forma eficaz a las demandas de la población.

Los líderes de la red que defraudó las aduanas, con apoyo de la Superintendencia de Administración Tributaria, igual manejaban desde 2008 una estructura ilícita recaudadora de fondos, señalaron el titular de la Cicig, Iván Velásquez, y la fiscal general Thelma Aldana.

Banqueros, empresarios mediáticos, comerciantes, y exfuncionarios forman parte de esa banda delincuencial y garantizaron o camuflaron por diversas vías la entrega de dinero al consorcio criminal con disfraz de partido y a sus capos ataviados de políticos.

De tal suerte, los involucrados en esta red llegaron a agenciarse alrededor de 500 millones de quetzales (65,5 millones de dólares), lo que explica por qué en los últimos cuatro meses de la campaña de 2011 el noveno binomio presidencial de la etapa democrática en Guatemala sobrepasó el techo presupuestario fijado por el Tribunal Supremo Electoral por partida triple y acaparó el control del Estado.

Pérez Molina y Baldetti se legitimaron como gobernantes del país, pero lo peor es que casi cumplieron los cuatro años de mandato presidencial para los cuales fueron electos por el voto ciudadano y esto les dio tiempo suficiente para pagarle a muchos de sus contribuyentes con cerca de 450 contratos ventajosos para diversas empresas, reales y de cartón, precisaron en su informe la Cicig y el MP.

Para muestra un botón: la Radiotelevisión Guatemala, la Sociedad Anónima (Canal 3) y Televisiete ganaron 216 millones de quetzales con el Estado, unos 28 millones 800 mil dólares, mientras duró la administración del PP.

La cifra equivale a 69 por ciento de lo que los anaranjados -por el color emblemático de su partido- pagaron en publicidad televisiva al dueño de esos medios, Ángel González, quien aportó lo suficiente para que el cartel contara en su campaña con 10 camiones, cuatro camionetas Toyota, un microbús y un Chevrolet.

Paralelo a esto, hubo múltiples pagos sistemáticos por debajo de la mesa y uno que otro regalo de consideración en calidad de resarcimiento a quienes posibilitaron a las corporaciones ampliar sus inversiones y riquezas, por lo cual consultores políticos y analistas insisten en que todavía queda mucho por ser desentrañado alrededor de este caso de alto impacto y abogan por persistir en el intento de llevarlo hasta el final.