Extorsión a Movistar, apenas ejemplo de un problema de vieja data

La confirmación de que Movistar Guatemala es víctima de extorsiones disparó las alarmas. Si bien el flagelo afecta hace mucho a buena parte de la población, pocas veces trascendió que una empresa de tamaña fuerza -la tercera del sector de telefonía en el país- tuviera que pagar cuotas a los delincuentes para evitar represalias.

El asesinato de cuatro colaboradores de la subsidiaria española Telefónica, por presuntos extorsionistas, mostró que nadie escapa de la vulnerabilidad que supone la expansión de ese flagelo en un territorio donde la violencia deja un promedio de 15 homicidios por día.

 

Según los audios divulgados por televisoras y redes sociales, los miembros del grupo criminal exigieron a la empresa pagar una tasa inicial de Q100 mil, equivalentes a US$13 mil 600, y después concretar la entrega de Q2 mil (US$273.2) por cada una de las 20 unidades de transporte de su propiedad que lograron detectar.

Pero más allá de este hecho escabroso, están miles de ejemplos de pequeños y medianos empresarios que para mantenerse abonan constantemente las cuotas fijadas por delincuentes en los territorios en los cuales operan, pero asimismo los de otros que tuvieron que abandonar sus planes de emprendimiento por la imposibilidad de operar frente a tales exigencias y a los riesgos para sus vidas.

Eduardo Jesús Álvarez tenía una panadería, un pequeño negocio que le permitió criar a sus hijos y hasta llevarlos a la universidad. “De verdad que la vida me premió, además de ellos tuve a mi cuidado un joven interesado en aprender el oficio y gané otro hijo”, comentó. Sin embargo, lamentó, en los últimos años se vió obligado a cerrar porque ya no podía continuar sufragando a los extorsionistas que desandan libremente en su colonia.

“Todo el mundo saben quiénes son, todo el mundo les paga sin chistar, porque no te queda de otra. ¿Cómo no van a saber los policías quiénes son esos delincuentes y hasta los niños que usan para cobrar a los que estamos tratando de ganarnos el pan dignamente?”, cuestionó el hombre de 52 años de edad, quien en estos momentos alista maletas para viajar con su esposa a tratar de encontrar otro espacio donde desarrollarse, en México.

“Ya mis hijos son licenciados, los tres en idiomas. Y el patojo que casi crié nos hizo una buena propuesta, porque luego estudió hasta ingeniero y le va muy bien en Playa del Carmen. Para allá me invitó un día y me propuso que intentara participar en su negocio, también ofreciendo comida a varios hoteles de por allí. Aquí ya no podemos más, esto no hay quien lo aguante. Tuve que cerrar la panadería, luego intenté en Uber, y de nuevo fueron a amenazarme”, explicó.

Las cifras oficiales confirman que Movistar Guatemala o Álvarez sólo son algunos de los rostros de la inseguridad. Informes del Ministerio de Gobernación reconocen que, pese a la implementación de una estrategia orientada a acabar con las bandas dedicadas a la extorsión y a la detención de 744 integrantes de esas estructuras, la cantidad de denuncias por el delito aumentó 141% en 2016. Ello significa que 2,085 personas más fueron víctimas de la problemática con respecto al año anterior.

Para las autoridades, el despegue de las extorsiones es una respuesta a la desarticulación de las redes dedicadas a estas, mas especialistas concuerdan en que mucho tienen que ver en ello la impunidad arrastrada, la corrupción y la pobreza. Es probable que la población haya adquirido mayor conciencia de la necesidad de presentar denuncias y a ello se deba el incremento, pero también podría ser que el número de extorsiones vaya en aumento.

El Código Penal de Guatemala tipifica la extorsión como delito en el artículo 261, que lo describe como “quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes; igualmente cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar algún derecho, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables”.

En tanto expertos en el tema insisten en el alcance de este crimen, que ataca a más de un bien jurídico tutelado a la vez y afecta a cada integrante de las familias extorsionadas, quienes terminan viviendo cada día en medio de la zozobra y la frustración.

El Informe sobre el delito de extorsión en Guatemala 2008-2016, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), refiere que en nueve años y cinco meses 50,915 personas fueron víctimas de extorsión y que medianos, pequeños comerciantes, pilotos de transporte colectivo, tuc-tuqueros o bicitaxistas, taxistas y personas con puestos en los mercados, suelen ser las dianas de estos delincuentes en el país, donde la impotencia y la desesperanza marchan en paralelo con estas y otras problemáticas sociales para las cuales las autoridades parecieran carecer de solución.