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Infancia y Juventud

El círculo del infierno alrededor de la niñez en Guatemala

El círculo del infierno alrededor de la niñez en Guatemala

Así como los paisajes majestuosos que adornan cada rincón de Guatemala, aparecen ante el viajero imágenes lamentables de niñas y niños de cualquier edad en las calles, en total desprotección por parte de sus familias y del Estado.
La desidia estatal, la pobreza, la falta de educación y otros factores, redoblan la vulnerabilidad de ese sector en el país, en el cual inciden de modo particular fenómenos globales como el narcotráfico, la trata de personas en sus distintas modalidades y el crimen organizado.

Para el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), Nery Rodenas, son indignantes las condiciones de vida de la niñez en el territorio, azotada por la desnutrición, la violencia y la marginación, sin que exista una política pública que garantice su desarrollo adecuado.

'Los niños y adolescentes guatemaltecos sobreviven en una situación de desigualdad y exclusión, que además los somete a violencia física y estructural', opinó.

Y agregó que buena parte de esta población debe laborar para ayudar a sus familias, por la extrema pobreza, a partir de lo cual muchos son víctimas de explotación y de trata.

Durante 2015, por ejemplo, cada 24 horas se registró un homicidio de una víctima niña, niño o adolescente y esa situación no varió, denunció en un informe la Odhag, con base en datos de la Policía Nacional Civil.

La oficina católica instó al Gobierno a centrar la inversión pública y los presupuestos en la niñez y adolescencia, para garantizar una vida digna a este grupo social, como mandata la Convención de los Derechos del Niño.

En Guatemala, cinco de 10 habitantes son menores de 18 años de edad y aunque cada 30 de octubre se celebra el Día del Niño, nada cambia en torno a este grupo de la población de año en año.

Datos oficiales prueban que estas personas son las principales víctimas de la pobreza y la desigualdad social en el país centroamericano, donde 0.001 por ciento de sus 16 millones de habitantes tienen más capital que el resto de la sociedad, según el Union Bank of Switzerland y la consultora Wealth-X.

Guatemala posee 57 en el coeficiente de Gini -uno de los medidores más usados para medir la desigualdad, en un rango donde cero es equidad total y 100 es inequidad total- y está en el top ten del ranking mundial de países más desiguales y el número uno en Centroamérica.

De hecho, es uno de los pocos de América que experimentaron un aumento de la pobreza en los últimos años y este flagelo impactó de mayor manera a los menores de edad.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (Encovi, INE) reflejó que cuatro de cada 10 guatemaltecos pobres están por debajo de los 15 años y que cinco de cada 10 de quienes viven en extrema pobreza están en ese rango etario.

De acuerdo con los resultados de la Encovi, presentada en diciembre de 2015, la pobreza crece y puede ser cada vez más elevada si no se planifican y ejecutan de manera urgente estrategias estatales serias y abarcadoras en pos de frenarla al menos.

Otros informes muestran realidades alarmantes también, como que en ese año 19 de cada 100 niños y niñas de siete a 12 años de edad quedaron fuera del sistema de educación, mientras que solo cuatro de 10 adolescentes recibieron enseñanza básica y apenas dos de cada 10 ingresaron al bachillerato.

Súmele a esto que la desnutrición afecta a más del 50 por ciento de las personas comprendidas de cero a cinco años de edad y el accionar del Ejecutivo está marcado por el desconocimiento de puntos de partidas claves para acabar con la problemática.

Miembros del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala, consideran que la improvisación prima en el modo de actuar de las autoridades contra el mal y hasta son incongruentes las cifras manejadas en torno a la incidencia de este.

'Desde 2013 se sabe quiénes requieren de ayuda para contrarrestar el proceso degenerativo por carencias calórico-proteicas, en buena medida por la intervención de los médicos cubanos en el territorio.

Pero aunque se tenían estos datos validados por medio de ellos, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y el Gobierno insistieron en ir a rectificarlos y eso nos ocasiona un atraso', comentó el congresista Germán Velásquez a Prensa Latina.

Según el diputado, durante la primera reunión del equipo interinstitucional los representantes de las comisiones presidenciales vinculadas al tema insistieron en que el Gobierno de Jimmy Morales redujo la problemática en 4,73 puntos porcentuales mas ese dato carece de asideros en la realidad.

La VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi, 2013-2014) reflejó que el 46,5 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años padecían desnutrición en Guatemala y que la incidencia de la problemática era mayor en áreas rurales (53 puntos porcentuales).

El estudio mostró, además, que la desnutrición crónica también afectaba a 34,6 por ciento de los menores de cinco años de edad en zonas urbanas.

En su discurso inaugural como presidente, Morales definió que acabar con el flagelo era una de sus prioridades y el 26 de febrero de 2016 fue publicado el acuerdo gubernativo que dio vida a la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, cuya reunión primera redundó en la creación de subcomisiones para implementar la estrategia.

Poco más de un año después, los cuestionamientos persiguen al gobernante, y hasta una denuncia legal por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, ejecución extrajudicial, y tortura.

Peor todavía es la falta de credibilidad en su eficacia para resolver problemas fundamentales de la nación y las dudas respecto a datos manejados con tal de acallar las críticas a su gestión, entre los cuales está la supuesta reducción de la desnutrición aguda en 9,8 puntos porcentuales en apenas 11 meses.

El 16 de diciembre de 2016 el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (Sesan), German González, dio esa cifra y abundó que eran 12 mil 948 los menores de cinco años impactados, mil 414 menos que en 2015, cuando sumaban 14 mil 362.

'Estamos con una cifra positiva, pero que nos mantiene en alerta en algunos departamentos como, San Marcos, Huehuetenango y Sacatepéquez', mencionó, aunque el último no aparece ahora entre los priorizados por el Frente Parlamentario Contra el Hambre.

'En estos casos se realiza una visita al hogar, para sensibilizar a los padres, se hace una labor de convencimiento y si aun así existe renuencia de los padres se ejecuta una orden del juzgado competente para garantizar que el menor reciba la asistencia necesaria y sobre todo evitar su muerte', advirtió.

Otro canal abierto para reducir el flagelo es el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Paffec), asociado a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante la presentación del plan, el 17 de febrero de 2017, el comisionado Andrés Botrán planteó que abarcaría a cuatro departamentos e involucraría al Mspas, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a la Sesan y otros.

Expuso también que dentro del Paffec se impulsan siete intervenciones preventivas contra la desnutrición crónica en favor de unas 100 mil familias, que recibirán asistencia técnica para mejor la producción agrícola, la solución de sus necesidades alimentarias, la inserción en los mercados y su economía en el hogar.

Todos estos proyectos marchan paralelos al accionar del Frente Parlamentario Contra el Hambre, bajo la conducción del vicepresidente de la república Jafeth Cabrera.

Mientras tanto Guatemala continua apareciendo a los ojos del mundo como uno de los de mayor índice de desnutrición en este continente por cuanto, pese a ser la economía más grande de Centroamérica, mantiene una inversión anual en niñez y adolescencia de menos de un dólar por cada niño o niña.

De ello se desprende la incapacidad sostenida de disminuir los espeluznantes niveles de desnutrición infantil, de embarazos adolescentes, de mortalidad manterna, y de exclusión del sistema educativo, concuerdan especialistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

'Guatemala es el segundo país con la incidencia de privación de derechos dentro de la población infantil, la más alta de la región', señalaron los vinculados al estudio Pobreza multidimensional que afecta a la niñez guatemalteca.

Además, denunciaron que en 54,8 por ciento de los hogares en los que habitan menores de 18 años de edad, estos viven en situación de pobreza, no solo monetaria sino también de privación en al menos dos dimensiones de derechos como la nutrición, salud, educación, agua potable, saneamiento y vivienda.

Todo lo anterior sugiere la persistencia de un círculo infernal girando alrededor de la nación centroamericana y en particular, en torno a quienes por fuerza natural deben asumir su desarrollo en el porvenir.

Procesarán judicialmente a amotinados en preventivo de Guatemala

Procesarán judicialmente a amotinados en preventivo de Guatemala

Los jóvenes que protagonizaron un motín en el centro preventivo Las Gaviotas, de la Zona 13 de la capital de Guatemala, serán procesados judicialmente por intento de asesinato y otros delitos.
La revuelta, desatada el jueves y terminada horas después gracias a un diálogo establecido por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), dejó como saldo cinco monitores o vigilantes heridos con armas blancas.

La Fiscalía de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público (MP) precisó que en virtud de los hechos, atribuidos a miembros de la Mara Salvatrucha y del grupo los Paisas, ocho sindicados serán investigados por asesinato en grado de tentativa, secuestro y motín de presos.

Mientras que otros 12 acusados tendrán que responder por secuestro y motín, añadió.

Según los datos aportados en el ámbito del conflicto en Las Gaviotas, por la Policía Nacional Civil y la PDH, los participantes en el amotinamiento en el preventivo para menores de edad eran 42, 33 de los cuales rebasaban los 18 años y otros nueve estaban por debajo de ese rango etario.

La revuelta, tercera de su tipo que ocurre en poco más de un mes en una institución a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), derivó de la inconformidad de los reclusos con las condiciones de vida en el lugar y con el trato recibido de los encargados de su custodia.

Datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dan cuenta de que en el lugar, concebido para albergar a 250 personas menores de edad, conviven 460; y de estas 33 son adultas.

Presuntamente, estas últimas cometieron el delito por el cual fueron recluidas cuando aún eran menores de 18 años y conforme con la ley, no pueden ser trasladadas a un penal de adultos pese a haber llegado a la mayoría de edad.

Durante la protesta del jueves, las exigencias giraban en torno a la necesidad de estufas para cocinar sus alimentos, por la mala calidad de los que les dan en el centro; visitas conyugales y más tiempo de llamadas telefónicas.

Pero también contra ciertos maltratos de los cuales son víctimas los internos en ese correccional, donde apenas existen ocho sanitarios para los 460 recluidos.

Previo a los acontecimientos de esa jornada, la PDH constató la existencia de supuestos dormitorios que por su falta de iluminación, de ventilación y reducido espacio, más bien asemejan calabozos, celdas de castigo o aislamiento.

Esos salones pequeños son utilizados para la fase de adaptación de los recién llegados al recinto y para quienes incurren en alguna falta a los ojos de los monitores o vigilantes encargados de su custodia.

Exfuncionarios a juicio por incendio en hogar estatal en Guatemala

Exfuncionarios a juicio por incendio en hogar estatal en Guatemala

Tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala quedaron sujetos a juicio hoy por el incendio del hospicio estatal Virgen de la Asunción, que redundó en la muerte de 41 niñas.

Los encartados en el caso, conocido como Las niñas de Guatemala, son el extitular de esa oficina de la Presidencia de la república Carlos Rodas; la exsubsecretaria de la entidad Anahí Keller, y el exdirector del albergue de San José Pinula Santos Torres.

Los tres fueron capturados el 13 de marzo, cinco días después de la tragedia en virtud de la cual otras 15 menores de edad quedaron lesionadas, dos de ellas privadas de sus piernas por amputaciones obligadas.

Aunque todavía se desconoce cuándo tendrá lugar el juicio, los acusados deberán responder por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad.

El juez Cuarto de Primera Instancia Penal, Carlos Guillermo Guerra, escuchó a las partes este martes luego de varias suspensiones de la audiencia de primera declaración y deberá determinar si inicia el proceso en los próximos días.

Las exigencias de la ciudadanía y la presión internacional obligaron a poner atención prioritaria a este proceso penal en Guatemala, donde hace dos años esperan por definición casos de alto impacto como La Línea, Cooptación del Estado, Lago Amatitlán, y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) están implicados con rango de líderes en todos estos, entre los cuales destaca por su magnitud el Cooptación del Estado, que abarca a unos 57 exfuncionarios, banqueros, empresarios y personas asociadas al Gobierno.

Respecto al caso Las Niñas de Guatemala el ojo crítico de la población guarda sus recelos, por cuanto hasta la fecha salvo algunas suspensiones de funcionarios y el apresamiento de los jerarcas de la SBS, no existen mayores acciones y sólo se habla de que continúan las investigaciones.

Mientras, sigue engavetada en el Ministerio Público una denuncia contra el presidente Jimmy Morales por la tragedia en el Virgen de la Asunción, presentada por los diputados de la Bancada de la Dignidad de Convergencia Sandra Morán y Leocadio Juracán -junto a los abogados Benito Morales y Francisco García- en aras de retirarle la inmunidad al mandatario por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Para Juracán, lo ocurrido el 8 de marzo en ese albergue fue una masacre, un asesinato extrajudicial con tortura, por la forma en que murieron las niñas.

También hubo fallas en cómo asumir responsabilidades y prevenir lo que sucedió, porque pese a los informes previos, el gobernante sólo pidió el envío de la policía a resolver la situación, añadió.

Tropiezos marcan proceso penal en caso Las Niñas de Guatemala

Tropiezos marcan proceso penal en caso Las Niñas de Guatemala

El proceso penal del caso Las Niñas de Guatemala, relativo al incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción que costó la vida a 41 niñas y lesiones a 15, reinició hoy con cierto tropiezos.

Durante la audiencia de primera declaración, finalmente realizada tras ser postergada en tres ocasiones, el juez Cuarto de Primera Instancia Penal, Carlos Guillermo Guerra, pidió a la prensa y asistentes en general guardar mesura en cuanto a la publicación de imágenes por respeto a los familiares de las víctimas.

Sin embargo, negó a los fiscales una solicitud tendente a lograr 10 días de reserva total del caso, en el cual son acusados el extitular y la exsubsecretaria de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) Carlos Rodas y Anahí Keller, de manera respectiva, y el exdirector del hospicio Santos Torres.

Los abogados del Ministerio Público (MP) sustentaron su petitorio en el artículo 314 del Código Procesal Penal, según el cual 'las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios'.

La sesión transcurrió en medio de una manifestación silenciosa de varias mujeres que, con bufandas de color rosado y rosario católico en mano, llegaron a la Torre de Tribunales en apoyo a Keller.

Los exfuncionarios capturados el 13 de marzo son acusados de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad por desatender informes previos a la tragedia del 8 de marzo en el refugio de San José Pinula, que pedían el cierre de la institución por el caos existente en esta y que a la larga derivó en los hechos a partir de los cuales murieron 41 y otras 15 quedaron lesionadas.

Respecto a Torres, en particular, el MP aseguró que un día antes del incendio ordenó abrir las puertas para propiciar la fuga de las menores de edad y luego, pidió llamar a la Policía Nacional Civil para que las recapturaran, las devolvieran y preservaran el control en el recinto.

Los agentes las retornaron a punta de pistola, las golpearon, les rociaron líquidos irritantes, y encerraron a 56 en un salón pequeño, sin agua, ni sanitario, aseguraron sobrevivientes y denunciaron mútiples vejámenes sufridos en el Virgen de la Asunción, donde existen indicios de una red de trata de personas en su modalidad de reclutamiento forzoso para la explotación sexual.

La audiencia de primera declaración fue fijada primero para el 17 de marzo, pero supuestos problemas en el traslado de los detenidos obligaron a postergarla para el 10 de abril, mas el levantamiento de la declaratoria de reserva alrededor del caso alentó a adelantarla el 3 de abril.

Sin embargo, el defensor de Rodas no llegó y el Instituto de la Defensa Pública Penal denegó asumir la representación del acusado so pretexto de desconocer el expediente, por lo que se reprogramó para el martes.

¿Pandillas contraatacan o vuelven a ser brazo armado en Guatemala?

¿Pandillas contraatacan o vuelven a ser brazo armado en Guatemala?
Nueve ataques armados a seis comisarías de la Policía Nacional Civil (PNC) en menos de 24 horas, tres policías muertos y ocho heridos, más un civil lesionado, activaron las alarmas y alentaron la controversia en Guatemala.

Mientras el Gobierno insistía en que se trata de un contraataque de las pandillas, tras la desarticulación de un centenar de estructuras del barrio 18, varias voces recordaban que hace tiempo estas bandas criminales son utilizadas como brazo armado cada vez que se trata de infundir terror a la población.

En cualquier caso vale considerar que la asonada iniciada el lunes 20 de marzo en la noche contra puestos policiales de algunas zonas de la capital, y del departamento occidental de Quetzaltenango, surtió el efecto de cortina de humo detrás de la cual quedaron ciertos hechos que remecieron al Gobierno.

Del 5 al 11 de marzo Guatemala se estremeció al compás de marchas masivas de campesinos, indígenas, maestros y mujeres, cuyas demandas apuntaron a la urgencia de cambiar el modelo económico y patriarcal prevaleciente, así como a lograr la renuncia del presidente Jimmy Morales.

Este movimiento cívico cobró vigor a raíz de las incoherencias relativas al incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción, de San José Pinula, donde eran frecuentes los maltratos y violaciones sexuales a menores de edad, además de la probable operación de una red de prostitución y trata de personas.

La muerte de 40 niñas en el hospicio a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) movilizó a un pueblo entero ávido de justicia -sin distinciones religiosas, ideológicas o de otro tipo- y a buena parte del mundo.

Al mismo tiempo, alentó los recelos acerca de la incapacidad del mandatario para gobernar y de su culpabilidad en los hechos, lo que motivó incluso la presentación de denuncias legales en su contra por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Aunque falta mucho por esclarecer en el caso, y más culpables por capturar, la tragedia es considerada un crimen de Estado, máxime luego que se conoció el modo cruel en el cual actuaron los policías respecto a las víctimas.

El escándalo provocado por el incendio en el centro de acogida llegó al punto que presidentes de diferentes países y hasta el Papa Francisco expresaron sus condolencias y pidieron obrar en aras de encontrar a los responsables de tamaña masacre.

Los gritos de 'Fue el Estado' o 'Fuera Jimmy Morales, Yo no tengo presidente', entre otros, resonaron en la Plaza de la Constitución, que de forma consecutiva recibió a miles de personas empeñadas en patentizar su duelo y lograr una respuesta certera de las autoridades a lo acaecido el 8 de marzo.

Empero, cuando la ciudadanía lloraba a las niñas del Virgen de la Asunción, el presidente aprovechó para vetar la ley destinada a dignificar a las comadronas o parteras y el Congreso avanzó en su agenda proempresarial, con privilegios fiscales para los ganaderos.

También en medio del duelo aparecieron propuestas orientadas a afianzar la impunidad en Guatemala, como la reforma al artículo 100 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, para eximir de responsabilidad penal a quienes participaron en actos parlamentarios desde el 2008.

Y el proyecto de modificación del Código Penal, dictaminado favorablemente por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en aras de facilitar la obtención de medidas sustitutivas a los implicados en casos de corrupción, entre los cuales está el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

Como rayo de luz en medio de las tormentas cayó que la Corte Suprema de Justicia retirara la inmunidad al coronel retirado y diputado Édgar Justino Ovalle, el poder detrás del jefe de Estado, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra por delitos de lesa humanidad durante la guerra interna (1960-1996).

Sin embargo, el exjefe de Inteligencia en la otrora Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri de Cobán (Alta Verapaz, 1983) sigue ausente del Congreso y con orden de captura internacional por su desaparición, lo que arriesga la posibilidad de enjuiciarlo y de festejar el triunfo de la justicia transicional al ordenar su detención.

Ovalle, alias Puñalito, es acusado de cinco desapariciones forzadas en ese enclave del Ejército de Guatemala, reconocido ahora como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

Desde enero de 2016 este fue señalado por los presuntos crímenes cometidos allí, pero argucias legales de por medio le permitieron continuar disfrutando de su curul -y de sus idas y venidas al despacho presidencial- hasta que se esfumó previo a ser despojado de sus fueros para ser investigado.

En medio de las dudas en torno al paradero del secretario general del partido que llevó a Morales a mandatario, el Frente de Convergencia Nacional-Nación, volvieron a sonar las alarmas, esta vez en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, conocido como Etapa II.

El recinto, ubicado también en San José Pinula, al suroeste de la capital, estaba destinado a menores de edad en conflicto con la ley, pero de los 73 reos que convivían ahí, sólo 17 estaban en ese rango y 56 eran integrantes de la pandilla Barrio 18, de los cuales 39 eran adultos, refieren informes de la SBS.

Según estimaciones policiales, el domingo 19 de marzo estalló una revuelta en el lugar y los pandilleros tomaron como rehenes a siete custodios, uno de los cuales murió a mano de sus captores, y otros tres fallecieron después de ser rescatados en un operativo que sucedió tras 30 horas de diálogo infructuoso.

Tanto el director de la PNC, Nery Ramos, como el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, reconocieron el uso de la fuerza en el operativo y del empleo de gases lacrimógenos.

Se actuó de manera proporcional con la fuerza que el Estado nos da para restablecer el orden, declaró Rivas y espetó que 'si ellos fueron heridos, probablemente fue por oposición al control que se estaba ejerciendo'.

Aplacado el motín en Etapa II, tuvieron lugar los ataques a las nueve comisarías y las autoridades los atribuyeron en el instante a los pandilleros del Barrio 18, en tanto el presidente de Guatemala hablaba de amenaza de alta intensidad por la delincuencia y el crimen organizado.

'Hemos dicho que cueste lo que cueste, no toleraremos que estructuras criminales intenten desestabilizar la paz social', subrayó.

Asimismo Morales pidió al Organismo Judicial colaborar con las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad, para castigar en forma rápida y efectiva a los responsables de los atentados.

'El Estado a través de la PNC ha actuado en contra de estructuras delictivas; y hoy se observa una reacción de estas bandas', afirmó el titular del Mingob, según el cual son más de 100 las estructuras criminales del barrio 18 neutralizadas.

'Vamos a continuar con los operativos y a detener a estos pandilleros cobardes', remarcó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, en un contexto marcado por la insistencia de ciertos sectores en reactivar la aplicación de la pena de muerte y por la existencia de múltiples agencias de seguridad.

Pero también por la sorpresa de consultores políticos y observadores internacionales ante el nivel de organización demostrado por las pandillas el 21 de marzo, aunque se conoce de la proclividad de estas a actuar de forma temeraria y en abierta impunidad.

'Las maras en Guatemala son una expresión violenta de una sociedad producto de una larga historia de violencia y están emparentadas con la cultura de impunidad que prevalece porque el Estado no es un verdadero regulador de la vida social', comentó a Prensa Latina el filósofo y sicólogo, Marcelo Colussi.

En su opinión, estas siempre fueron utilizadas por quienes ejercen el poder para este tipo de acciones criminales, para desestabilizar, y así mantener en zozobra a la población y alejarla de sus verdaderos problemas.

Quién quita que este marzo convulso, en el cual arreciaron las manifestaciones de rechazo al presidente, sea el preludio de tiempos más borrascosos por la insistencia de recurrir a la militarización en el ámbito de lo que algunos llaman la restauración conservadora en Guatemala.

Cerca de 106 menores de edad desaparecidos de albergue estatal Virgen de la Asunción en Guatemala

Cerca de 106 menores de edad desaparecidos de albergue estatal Virgen de la Asunción en Guatemala

Unos 106 menores de edad del albergue estatal Virgen de la Asunción permanecen desaparecidos hoy, 20 días después del incendio en el lugar que causó 41 muertos.

Mientras la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) califican esas desapariciones de abandono del proceso por parte de la niñez bajo cuidado del Estado, varias investigaciones las asocian a la incidencia de una red de trata de personas en el hospicio de San José Pinula.

’Familias, víctimas y otros hallazgos sustentan fuertes sospechas de que en el Virgen de la Asunción pudo existir una red de trata de personas en las modalidades de explotación sexual y reclutamiento forzoso a través de la distribución de drogas’, afirma la periodista Mariela Castañón, del diario La Hora.

Después de múltiples investigaciones en el lugar, en los últimos dos años, la joven profesional lamenta que sólo a partir de lo ocurrido el 8 de marzo y de las críticas que ello despertó ’el Estado volcara su atención en un problema que no quiso ver’.

Asegura que en 15 meses la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth reportó la desaparición de 178 menores de edad del centro de acogida, administrado por la SBS, y que unas 100 de estas correspondían a niñas de 12 a 17 años y 78 a niños de 9 a 17.

’Todavía persisten las dudas sobre dónde está la niñez desaparecida’, manifestó y cuestionó que estos casos ’no ha existido mayor indagación por parte de las autoridades’.

Según Castañón, se sabe que algunos de los chicos en esa lista convivieron o conviven en el Parque Central de Ciudad Guatemala con personas adictas al solvente, o duermen debajo de una pasarela, en tanto de otros no se sabe nada.

’Uno de los hallazgos del Ministerio Público (MP) el año pasado determinó que un grupo de niñas fueron ubicadas en una residencia de la zona 18, donde según las descripciones, era un recinto de pandilleros’, recordó.

’Por otro lado, los relatos de familias, niñas y niños, llevaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Grupo de Apoyo Mutuo a interponer denuncias ante el MP por la sospecha de una red de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y reclutamiento forzoso’, agregó.

Casi un día después de la tragedia en el Virgen de la Asunción el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, hizo su aparición ante la prensa y aseguró que las indagaciones serían impulsadas con tal de determinar las circunstancias alrededor del siniestro y quienes eran responsables de lo ocurrido.

En paralelo, voces de la sociedad civil reiteraron las denuncias en torno a lo que allí ocurría hacía tiempo y sobrevivientes de la tragedia lo confirmaron: desde maltratos físicos, sicológicos, torturas, hasta violaciones sexuales y uso de los menores de edad para la prostitución dentro y fuera del recinto.

Germán Velásquez afirma: incongruencias en el accionar contra la desnutrición en Guatemala

Germán Velásquez afirma: incongruencias en el accionar contra la desnutrición en Guatemala
El accionar del Ejecutivo está marcado por el desconocimiento de puntos de partidas claves para acabar con la desnutrición y por la improvisación, consideran hoy miembros del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala.

Según el diputado Germán Velásquez, durante la primera reunión del equipo interinstitucional los representantes de las comisiones presidenciales vinculadas al tema insistieron en que el Gobierno de Jimmy Morales redujo la problemática en 4,73 puntos porcentuales mas ese dato carece de asideros en la realidad.

Asimismo anunciaron que trabajan en identificar las familias más urgidas de ser atendidas en cuatro departamentos de mayor prevalencia de la desnutrición crónica -Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y Quiché- y que en abril comenzarán en Sololá, San Marcos y Totonicapán, explicó el parlamentario, en diálogo con Prensa Latina.

Velásquez, de formación Administrador de Empresas y exfuncionario de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (2013-2015), hizo notar que desde 2013 se sabe quiénes requieren de ayuda para contrarrestar el proceso degenerativo por carencias calórico-proteicas, en buena medida por la intervención de los médicos cubanos en el territorio.

“De hecho, los médicos cubanos tenían más información que nosotros, porque ellos estaban permanentemente en las comunidades y tenían la conexión directa con las familias que están siendo abordadas con el tema.

Pero aunque se tenían estos datos validados por medio de ellos, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y el Gobierno insistieron en ir a rectificarlos y eso nos ocasiona un atraso, es comenzar de cero, y que las familias dejen de creer en este tipo de proyectos”, manifestó.

El legislador independiente, tras la desarticulación del Partido Patriota, lamentó que no se tuviera en cuenta la labor de los profesionales de la salud cubanos “a pesar que hicieron un buen trabajo y tienen mucho conocimiento del área, en especial en Huehuetenango”.

“Pedimos información para cotejarla con lo que teníamos en la Comisión de Salud del Congreso y obviamente el Ministerio de Salud y Asistencia Social (Mspas) ya tiene todos estos datos, el tema acá es que los responsables ahora están haciendo esfuerzos aislados”, remarcó.

Conforme con lo expresado por el congresista, una de las incongruencias en la estrategia encaminada a acabar con la desnutrición es lo que ocurre en torno a la refracción o merienda escolar desde el Ministerio de Educación (Mineduc).

Esta no llega a todas las niñas y niños necesitados de ese alimento al menos en el primer tiempo de comida, ni en el área urbana, ni en la periurbana, ni en la rural, y ello tiene que ver con que los directores departamentales del Mineduc desconocen cómo proceder y con las trabas burocráticas que frenan la incorporación de los padres al proyecto.

“Para que la refacción pueda llegar deben crearse las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), con la participación de los docentes. El problema es que estos no pueden sumarse porque no están validados como tal por el renglón 011, sino que aparecen como contratados por el 022”, especificó.

Mencionó que sólo en Quetzaltenango deben conformarse 1561 OPF y sólo llevan 560, “porque los directores departamentales desconoce la importancia de estructurarlas y de presupuestar la refracción escolar”.

“No hay refacción escolar al 100 por ciento. Se ha puesto muy burocrática esta situación y eso desespera a los padres de familia, que deben tener personería jurídica y firmar documentos de compromiso, mediante los cuales quedan sujetos por 20 años, para poder entregarles los fondos del Estado”, enfatizó.

Y recordó que sin los padres de familia no puede concretarse la entrega de la merienda, pues de acuerdo con la Ley Orgánica del Mineduc, ellos deben integrar esas estructuras para darle transparencia al proceso.

“Sabemos que allí tenemos el problema, le ponemos tanta burocracia, que obviamente los padres de familia nunca van a participar”, opinó.

A juicio del exgerente del Instituto de Fomento Municipal (Infom, 2013-2015), valdría la pena retomar la capacitación mensual a los gobernadores y la validación de datos en los departamentos, de conjunto con los representantes regionales de los 14 ministerios de Guatemala.

-OTROS DATOS Y PERSPECTIVAS

La VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi, 2013-2014) reflejó que el 46,5 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años padecían desnutrición en Guatemala y que la incidencia de la problemática era mayor en áreas rurales (53 puntos porcentuales).

El estudio mostró, además, que la desnutrición crónica también afectaba a 34,6 por ciento de los menores de cinco años de edad en zonas urbanas.

En su discurso inaugural como presidente, Jimmy Morales definió que acabar con el flagelo era una de sus prioridades y el 26 de febrero de 2016 fue publicado el acuerdo gubernativo que dio vida a la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, cuya reunión primera redundó en la creación de subcomisiones para implementar la estrategia.

Poco más de un año después, los cuestionamientos persiguen al gobernante, y hasta una denuncia legal por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, ejecución extrajudicial, y tortura.

Peor todavía es la falta de credibilidad en su eficacia para resolver problemas fundamentales de la nación y las dudas respecto a datos manejados con tal de acallar las críticas a su gestión, entre los cuales está la supuesta reducción de la desnutrición aguda en 9,8 puntos porcentuales en apenas 11 meses.

El 16 de diciembre de 2016 el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (Sesan), German González, dio esa cifra y abundó que eran 12 mil 948 los menores de cinco años impactados, mil 414 menos que en 2015, cuando sumaban 14 mil 362.

Una nota publicada en el sitio www.sesan.gob.gt refiere que tales estadísticas salieron de informes del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa) y del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan).

“Estamos con una cifra positiva, pero que nos mantiene en alerta en algunos departamentos como, San Marcos, Huehuetenango y Sacatepéquez”, mencionó, aunque el último no aparece ahora entre los priorizados por el Frente Parlamentario Contra el Hambre.

También esgrimió que “la desnutrición aguda es una enfermedad de notificación obligatoria y que el Mspas es quien en primera instancia debe reportar”, además de ser “responsable de asegurar el tratamiento de niños localizados y educar a padres de familia para que completen el tratamiento del menor en el hogar”.

“En estos casos se realiza una visita al hogar, para sensibilizar a los padres, se hace una labor de convencimiento y si aun así existe renuencia de los padres se ejecuta una orden del juzgado competente para garantizar que el menor reciba la asistencia necesaria y sobre todo evitar su muerte”, advirtió.

Otro canal abierto para reducir el flagelo es el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Paffec), asociado a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante la presentación del plan, el 17 de febrero de 2017, el comisionado Andrés Botrán planteó que abarcaría a cuatro departamentos e involucraría al Mspas, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a la Sesan y otros.

Expuso también que dentro del Paffec se impulsan siete intervenciones preventivas contra la desnutrición crónica en favor de unas 100 mil familias, que recibirán asistencia técnica para mejor la producción agrícola, la solución de sus necesidades alimentarias, la inserción en los mercados y su economía en el hogar. Todos estos proyectos marcharán paralelos al accionar del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala, bajo la conducción del vicepresidente de la república Jafeth Cabrera, en el cual participan las entidades mencionadas y otras.

Mas por ahora Guatemala continua apareciendo a los ojos del mundo como una de las sociedades más desiguales y, por consiguiente, con mayores índices de exclusión social.

La ecuación es simple: más de la mitad de la población apenas sobrevive en la pobreza, otro grupo bastante amplio escapa por muy poco de ello mas no tanto como para conciliar el sueño sin sobresaltos, y una microfracción goza de lujos inimaginables, sin preocuparse por mañana.

Datos oficiales probatorios de esa realidad existen muchos y muy reveladores, aunque es harto conocido que las mediciones estadísticas de los Estados suelen estar muy lejos de reflejar el tamaño real de la desigualdad y esconden subregistros nada despreciables bajo distintas figuras.

Pero para los más exigentes, pudieran citarse los resultados de un estudio del Union Bank of Switzerland (UBS) y de la consultora Wealth-X, con sede en Singapur, según el cual 260 guatemaltecos acumulan 30 mil millones de dólares o 231 mil millones de quetzales.

Esa cantidad equivale al 56 por ciento de la economía anual del país más estable en ese orden en Centroamérica, y es justo la que el Estado recauda como promedio cada cuatro años.

Dicho de otro modo, 0,001 por ciento de los cerca de 16 millones de habitantes de Guatemala tienen más capital que el resto de una sociedad en la cual pululan niños vendedores, lustradores de zapatos, come fuego, malabaristas, o aprendices de mimo en los semáforos, por sólo citar algunos.

Una sociedad donde 70,2 por ciento de los menores de 10 años de edad viven en la pobreza y seis mil 54 de cero a cinco años murieron en 2015 por cuestiones médicas, casi siempre asociadas a la desnutrición, en el quinto país del mundo más afectado por ese flagelo, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Llegan a 41 víctimas de incendio en albergue estatal en Guatemala

Llegan a 41 víctimas de incendio en albergue estatal en Guatemala

El incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción de Guatemala cobró una vida más: la de una de las sobrevivientes trasladadas a hospitales de Estados Unidos, con lo cual ascendieron hoy a 41 las fallecidas.

Según fuentes oficiales, que prefirieron el anonimato, la menor de edad expiró esta madrugada en una clínica de Galveston, en Texas, pese a los cuidados prodigados para su recuperación de un estado muy delicado, debido a las quemaduras de alto grado que afectaron órganos vitales en su organismo.

El deceso de la niña ocurrió 15 días después de debatirse entre la vida y la muerte por el impacto del fuego, desatado el 8 de marzo en el salón en el cual fue encerrada por agentes policiales y custodios del refugio junto a otras 51, en represalia por intentar escaparse de los malos tratos que recibían.

Resultado del enclaustramiento, y de la desatención a los llamados de auxilio de las niñas y adolescentes, así como a las señales de humo, al menos 19 murieron calcinadas en el lugar y a ellas se sumaron otras 21 que agonizaron hasta morir en hospitales de este país.

Exámenes practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala con posterioridad mostraron entre las causas de esas muertes signos de asfixia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.

Siete sobrevivientes de la tragedia en el nombrado bajo el eufemismo de Hogar Seguro, ubicado en el municipio metropolitano de San José Pinula, continúan bajo cuidados intensivos en nosocomios de Galveston, Cincinnati, Ohio, y Chicago.

De acuerdo con las fuentes, una de ellas podría retornar este viernes a Guatemala gracias a la evolución experimentada.

Tanto la fallecida este jueves en la madrugada, como la que regresará no fueron identificadas.

Mientras, supuestamente continúan las investigaciones relativas a lo acaecido en el Virgen de la Asunción el 8 de marzo, en medio de las cuales apareció la llave que nunca llegó a abrir la puerta por la cual hubieran salido a tiempo las víctimas del incendio.

En entrevistas concedidas a los pesquisidores, varias niñas presentes ahí contaron que lejos de permitirles salir, agentes policiales mujeres les dijeron que si eran buenas para escapar, pues también lo fueran para resistir y las abandonaron a su suerte.

Esas mismas chicas confirmaron lo conocido por el Gobierno y la sociedad de Guatemala: que en el centro de acogida a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia los internos al cuidado del Estado eran abusados desde todos los puntos de vista y hasta eran explotados sexualmente.

’Pareciera que hubo una intencionalidad de permitir la muerte de esas niñas, y de manera perversa, por las muchas denuncias que han habido’, declaró el diputado Amílcar Pop, quien solicitó al Ministerio Público un informe ’porque allí es una práctica permanente el abuso sexual’ a ellas.