Propuestas

Cualquier puede preguntarse dónde está Centroamérica, región que clasifica entre las más desatendidas por los medios de comunicación internacionales, cuyas miras siguen centradas en la crisis del Oriente Medio o la depauperación de África.

Sin embargo, la delincuencia común y el crimen organizado causan en la zona istmeña un promedio de 36 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y la convierten en una de las más riesgosas del mundo y la más peligrosa de Latinoamérica.

Sólo en el país más pequeño del área, El Salvador, murieron de forma violenta mil 367 personas entre junio de 2004 y abril de 2008 a promedios que oscilaron entre los 8,4 y los 10 homicidios diarios, mientras en Honduras perecen cada día un promedio de 8,6 seres humanos, 16 en Guatemala y 9 en Nicaragua, según estadísticas oficiales.

Por Centroamérica transita el 88 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, según un informe elaborado por la Organización de Naciones Unidas en 2007, y ello incide en el recrudecimiento de estos índices de criminalidad.

No obstante, cualquiera puede pensar que poco importa a los encargados de formar opinión pública el profundo drama humano que se juega en la denominada "cintura de América", tan visibilizada en la década de los ochentas por medios de comunicación, analistas, periodistas, politólogos, historiadores, entre otros.

En esos años, la región fue un encarnizado campo de batalla por las terribles guerras internas en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que dejaron por saldo más de 400 mil mujeres, hombres e infantes desaparecidos, torturados o asesinados.

Prácticamente desconocido es el holocausto del pueblo maya en Guatemala --donde ocurrieron más de 200 mil muertes y 600 aldeas fueron incendiadas--, al mismo tiempo que cualquiera puede comentar sobre los asesinatos en masa del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Ambos acontecimientos pueden calificarse de monstruosos, pero la producción cinematográfica prioriza las denuncias sobre el segundo y se olvida de las masacres de tierra arrasada que padecieron estos pueblos en el contexto de las dictaduras militares de los años 70 y 80 del siglo pasado.

Incluso, Honduras y Costa Rica tampoco escaparon al conflicto, porque fueron convertidos en base de operaciones de las fuerzas opositoras al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, con la anuencia de sus gobiernos.

Pero, aunque las secuelas de esos conflictos internos siguen latentes, para algunos eso es historia pasada y, en correspondencia, Centroamérica permanece desaparecida del campo noticioso concebido incluso por los medios alternativos, que proliferan y se empeñan en hacer más visible la realidad latinoamericana.

En el imaginario de muchos, la región sigue siendo una idea vaga, un lugar exótico plagado de selvas, un cúmulo de naciones bananeras sin mucho que aportar al debate sobre los rumbos que guían a la política internacional o al futuro de esta parte del mundo.

Peor aún: se ignora los vestigios de las monumentales pirámides expandidas por el istmo, tanto o más admirables que las egipcias; la astronomía maya, con un calendario más exacto que el gregoriano impuesto en todo el mundo; o sus matemáticas, pese a ser los inventores del cero.

Estas y otras razones inciden en que los países centroamericanos sean apreciados como un bloque donde confluyen varios esbozos de repúblicas, caracterizadas por el atraso comparativo, condiciones de vida muy difíciles, impunidad, corrupción estatal y alta violencia.

Mas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, Panamá y Costa Rica, con algunas diferencias, funcionan también como una estructura casi homogénea por ciertos aspectos económicos, políticos, sociales y culturales.

Salvo Costa Rica --identificada por muchos como la Suiza de Centroamérica--, estos países acumulan los más bajos índices de desarrollo humano del continente, superados negativamente apenas por Haití, una de las naciones más depauperadas del mundo.

Los tímidos pasos dados por los sectores de poder en función de la modernización de estas economías, bajo la impronta neoliberal, apenas lograron contrarrestar la larga data de la condición de agroexportadoras.

La liberalización extrema, el incremento de la explotación y de la conflictividad social, unidos al dominio de las transnacionales extranjeras, son los efectos más elocuentes de estas estrategias en la zona, cuya biodiversidad se deteriora progresivamente por la ausencia de planificaciones a largo plazo y el saqueo desmedido de sus recursos naturales.

A este panorama se suma la presencia extranjera, mucho más notoria que en otras partes de Latinoamérica, donde el ingreso de divisas por concepto de remesas desde el norte constituye una de las principales fuentes de sobrevivencia y, por ende, marca la política de algunos gobiernos, especialmente en El Salvador.

En décadas recientes, la región recobró, además, su valor geoestratégico ante el impacto de la demanda humana sobre la biosfera, que impulsó el calentamiento global y el progresivo agotamiento de recursos imprescindibles como el agua.

A tono con ello, los diseñadores de las estrategias estatales determinan políticas orientadas a controlar este y otros bienes naturales dentro y fuera de sus fronteras. Parte de la noción de seguridad son el control del petróleo, el gas, el agua y la biodiversidad.

Centroamérica es clave en ese sentido, por ser la región más cercana a Estados Unidos y el puente de conexión idóneo entre dos bloques económicos mundiales: Europa y Asia.

Casi 36 millones de habitantes --la mayoría en situación de pobreza y potencial mano de obra barata-- comprende la región, que en sus 533 mil kilómetros cuadrados posee yacimientos de oro, plata, uranio, y una enorme riqueza natural en bosques, selvas y caudalosos ríos.

Las guerras, al avanzar la centuria, serán provocadas por la ansiedad de controlar las aguas continentales ante la ascendente demanda y el previsible agotamiento del recurso por la deforestación, el despilfarro y otras cuestiones asociadas. Costa Rica y Panamá aparecen entre los posibles afectados por estas pugnas, según el Intragovernment Panel on Climate Change.

Luego de la Amazonía sudamericana, esta zona es la segunda del mundo con mayor riqueza biogenética, materia prima estratégica fundamental para el futuro, porque de ella se obtienen medicinas, alimentos, abonos, plaguicidas orgánicos, e insumos para la ingeniería de nuevos materiales (cerámicas con dureza de acero, plásticos conductores de electricidad, etc.) y para la microelectrónica (genes en lugar de microcircuitos).

En el opulento corredor biológico mesoamericano, en proceso de formalización internacional, conviven igual mil 797 especies de mamíferos, cuatro mil 153 de aves, mil 882 de reptiles, 944 de anfibios, mil 132 de peces, setenta y cinco mil 861 de plantas, e incontables microorganismos.

Paradójicamente, tales valores sólo aparecen en informes estatales o de organismos internacionales y, cuando menos, las pandillas o maras cobran algún espacio en diarios, revistas o canales televisivos alguna vez.

La criminalización del migrante está de moda y la aprobación de la identificada como Ley de Retorno- el 18 de junio de 2008- es apenas una prueba de la aceptación, por parte de unos cuantos, de los reiterados discursos sobre la supuesta culpa de estos de los problemas socio económicos en los países del norte.

El Parlamento Europeo, al legitimar la cuestionada directiva, avaló la detención de todo extranjero detectado sin permisos legales por 18 meses hasta ser enviado a su nación de origen, luego de aceptar, bajo penas previstas, no retornar por cinco años al territorio del que es expulsado.

Órganos gubernamentales de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Honduras, entre otros, manifestaron su rechazo unánime a la iniciativa por cuanto puede implicar la probable concentración y posterior devolución de casi ocho millones de migrantes radicados en el viejo continente.

El Congreso Nacional de Honduras acordó, incluso, manifestar su disgusto ante la Secretaría General de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Latinoamericano y el Centroamericano, porque la normativa penaliza los esfuerzos de quienes viajan a Europa en busca de trabajo y aportan significativamente a las economías de esa región.

Los diputados hondureños denunciaron, mediante una moción, que tal disposición violenta los derechos humanos e incluye un componente represivo, al autorizar la expulsión inmediata, la prohibición de retorno al repatriado, el encarcelamiento y hasta la expulsión de menores so pretexto de proteger la seguridad de los países partes de la Unión Europea (UE).

El texto, aprobado por unanimidad, señala que la Ley del Retorno encubre una clara visión discriminatoria y amenaza el acceso a las remesas, la unificación de las familias, el empleo de los migrantes y contradice el acuerdo del diálogo político y de cooperación rubricado por ese bloque y Centroamérica en 2003.

De igual modo, añade la moción, la directiva fue aprobada en abierta oposición a los compromisos contraídos dentro del proceso de negociaciones que desarrollan ambas partes con vistas a un Acuerdo de Asociación, programado para el venidero año y cuya concreción está amenazada ante la afrenta europea a los intereses de su contraparte.

Pero mucho más que eso, para la representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, la Ley del Retorno contraviene la declaración de la Quinta Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE en la que se establece la necesidad de un diálogo integral y comprensivo sobre migración.

Bajo ese argumento, Perú propuso el envío de una misión de la OEA al Parlamento Europeo para corregir los alcances de la directiva y transmitir la posición latinoamericana con respecto a la cuestión en forma oficial.

Más de 200 mil peruanos radicados en países del viejo continente pudieran salir perjudicados con la aplicación de la iniciativa, por lo que el presidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú, conminó a toda la población a participar en la campaña contra la misma.

La Comunidad Andina de Naciones, por estar también en un proceso de negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación con la UE, está en condiciones de tratar el tema migratorio con ese bloque y de impulsar la flexibilización de la actitud europea frente a la problemática, expresó Bendezú.

Un acuerdo de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela hizo énfasis en que esa resolución significa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y en las mejores tradiciones de la política europea, por lo que demandó un tratamiento justo y humanitario para los migrantes latinoamericanos en pago al trato generoso y abierto que el subcontinente brindó durante mucho tiempo a los llegados desde esa parte del mundo.

Ante tanta repulsa, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Jacques Barrot, alegó que la cuestionada ley fue malentendida por Latinoamérica y pidió tranquilidad y confianza con respecto a la misma.

“Se ha tratado de un malentendido. La directiva de retorno pretende enmarcar de mejor manera las decisiones de retorno que puedan adoptar los estados miembros de la UE”, expresó Barrot en una video-conferencia desde Bruselas, Bélgica, con periodistas en Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

El funcionario explicó que la norma no obliga a cada uno de los 27 países integrantes de la UE a devolver a sus naciones de origen a los inmigrantes en situación irregular y que más bien, estos podrán darle a los extranjeros en esa situación un certificado de migración regular, pero, si deciden enviarlos de regreso, deberán hacerlo bajo las reglas establecidas en la nueva directiva.

También afirmó que la directiva estimula el “retorno voluntario”, pero si el inmigrante se niega tendrá derecho a recibir asistencia legal y condiciones de retención “humanas y decorosas” y que la CE vigilará la aplicación de estas preceptos en cada país miembro.

“Si el inmigrante es tratado de manera incorrecta el Estado podrá ser llevado ante el Tribunal de Justicia europeo”, afirmó el representante del ente regional, mientras persiste la condena a la actitud de losparlamentarios de un continente que durante el siglo pasado fue un activo emisor de emigrantes hacia América Latina por razones políticas y económicas.

Preocupación de muchas personalidades de gobierno, políticas, y humanistas, es que la Ley de Retorno del Migrante puede provocar algo similar a lo acontecido desde el reforzamiento de la política discriminatoria contra esos grupos adoptada por el gobierno federal y algunos estaduales en Estados Unidos.

Sólo entre septiembre de 1995 y octubre de 1998, el Servicio de Inmigración y Naturalización norteamericano deportó más de 360 mil inmigrantes de todo el mundo, la mayoría latinoamericanos, pero hacia 2007, esa suma ascendió con creces si se considera que sólo los mexicanos repatriados alcanzaron un millón, los guatemaltecos llegaron a 23 mil 62 y los hondureños a 67 mil, por sólo citar algunos.

Como resultado, los gobiernos de estas y otras naciones están obligados a afrontar un nuevo problema: la reincorporación de los retornados a sociedades donde el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades, siguen impulsando a muchos a tomar el camino de la migración.

Organismos internacionales concuerdan en que los migrantes en todo el mundo rebasan los 192 millones, lo cual equivale a más del tres por ciento de la población del planeta, y 95 millones de estos son mujeres.

La falta de políticas ajustadas a la problemática incide en que esta masa humana enfrente constantemente la violación de sus derechos humanos: en México, por ejemplo, cerca del 70 por ciento de las mujeres migrantes son víctimas de algún tipo de violencia y el 60 por ciento, llegan a ser abusadas sexualmente, aseguran informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Plena coincidencia existe entre los representantes de esas agrupaciones en que la migración es un derecho humano y, como tal, debe ser respetada en su plenitud, por lo que se explica la insistencia en que la directiva europea sea revisada antes de su entrada en vigencia, programada para el año 2010.

El divide et impera, herencia de la Roma clásica mal atribuida por algunos a Napoleón Bonaparte, es más viejo que la Batalla de las Termópìlas, pero su legado se extiende hasta nuestros días.

Mientras la internet refleja el heterogéneo empleo de esa táctica en miles de páginas, proliferan de manera desmedida diversas asociaciones en las que se concentran los ahora identificados como nuevos actores sociales, defensores del medio ambiente o de los derechos en materia religiosa, sexual, de género, racial, u otros.

Estudios realizados por especialistas del Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicorreligiosas de Cuba confirmaron, por ejemplo, que en el último decenio se expandieron por toda Centroamérica y el Caribe modernas expresiones religiosas marcadas por una evidente ambigüedad.

Los denominados Nuevos Movimientos Religiosos abarcan una multiplicidad de grupos de corte neopentecostal, mesiánicos, fundamentalistas, apocalípticos, esotéricos, y otros, donde convergen rasgos de distintas culturas, distantes desde el punto de vista geográfico, con elementos cristianos y no, del imaginario popular o corrientes de pensamientos diversos.

Hasta la generalidad del término, difundido desde las casa matrices de los también llamados movimientos contemporáneos, no tradicionales, no denominacionales o sectas, revela la imprecisión de estas formaciones en las que pueden evidenciarse desde liderazgos fuertes hasta espontáneos, intervenciones en cuestiones políticas o evasión, e inclinaciones a estigmatizar al hombre o alabarlo.

El desenvolvimiento de esas formas organizativas, originadas en Estados Unidos en la mayoría de los casos, revelan las tensiones provocadas por la imposición de la agenda globalizadora sobre los contextos locales y las transformaciones sufridas en ese ámbito por lo simbólico.

También ponen al descubierto la transnacionalización de las creencias o prácticas, las formas de aceptación de los pluralismos religiosos por Estados e instituciones tradicionales y el papel ambivalente de las creencias en lo sobrenatural en los procesos de integración regionales.

Aunque desde los tiempos coloniales se reconoce a Latinoamérica como la región donde habita la mitad de los católicos del mundo- 49,92 por ciento, según el Anuario Estadístico Iglesia 2002- es innegable la recomposición del campo religioso en esta parte del mundo a partir de los años sesentas del siglo pasado.

En ese entonces comenzó la vertiginosa expansión del movimiento pentecostal en el área, al punto que iniciada la presente centuria se asegura la presencia de un 12 a un 15 por ciento de evangélicos, mientras reverdecen las expresiones religiosas amerindias. Los impulsores de estas corrientes reivindican sus derechos desde la óptica indígena, africana, islámica e incluso, de otras zonas del Oriente.

Todo ello conforma la espiritualidad religiosa contemporánea de Latinoamérica, atravesada por el progresivo crecimiento pentecostal, su influencia en organizaciones cristianas de larga data y el desafío de los Nuevos Movimientos, que aparecen distantes de instituciones eclesiásticas tradicionales oriundas de occidente.

Peculiaridad de este proceso es la aparición continua de agrupaciones provenientes de otras regiones o por fragmentaciones de las ya existentes, en las que resalta la participación de emergentes agentes religiosos acompañados de una vasta literatura, alejada de la tradición latinoamericana y plagada de simbologías entrecruzadas de distintos credos.

Al mismo ritmo en que se propagan por nuestras ciudades, esas estructuras enfiladas fundamentalmente hacia los creyentes alientan de manera solapada el abandono de los compromisos sociales institucionalizados y estimulan una reanimación religiosa o de índole asociativa por la vía del individuo en pequeños grupos o sectas.

Posturas enajenantes de la realidad social y discursos personalizados, desatendidos generalmente de la solidaridad ciudadana y enfocados al reconocimiento de los exitosos en materia económica, distinguen a los impulsores de esas corrientes.

Según estos, la pobreza, rodeada de cierto misticismo, es resultado del pecado cometido por los seres humanos a los cuales afecta y la bonanza económica, prueba de la verdadera fe, de la pureza de alma y en consecuencia, de la bendición de Dios.

Tales mensajes, originados en las sociedades del mal llamado primer mundo bajo el signo de la postmodernidad, encuentran aceptación en diversos sectores sociales, pero sobre todo, en aquellos que carecen de recursos o vías esenciales para vivir.

Heterogeneidad y falta de unidad entrecruzadas fertilizaron el terreno en el cual germinaron estos movimientos religiosos y otros llamados a defender los re- renombrados derechos humanos, al margen de las estructuras estatales.

La variedad de propuestas de “sobrevivencia espiritual” elaboradas en los denominados centros de poder- en correspondencia con la agenda neoliberal- refleja la sutileza moldeada por un sistema mucho más añejo que el mejor de lo vinos e impulsa la legendaria fragmentación de las sociedades latinoamericanas.

Junto a la subdivisión en pequeñas celdas, estilo panal, puede cobrar abrigo de manera progresiva el abandono de imprescindibles compromisos sociales y de la identidad cultural, tan mellada por cuenta de los procesos globalizadores.

No son pocos los grupos de nuevo tipo que se presentan apenas como un calco de patrones importados o en el peor de los casos, responden a patrocinadores extranjeros…y ya lo dice la voz popular: quien paga, manda.

Tales asociaciones religiosas suelen actuar por separado, concentradas en sus propios sistemas de creencias y sin intenciones evidentes de confrontar al status quo, al menos en el orden político.

Las cosmovisiones alentadas por los líderes de estos movimientos más bien tienen a desvirtuar la comprensión de los factores esenciales que inciden en los problemas que día a día enfrentan las masas arrastradas por ellos.

El sociólogo cubano, Aurelio Alonso Tejada, asegura que ese fenómeno puede estar en correspondencia con lo ocurrido en el último cuarto de siglo en Estados Unidos, donde se registró la sistematización creciente de la espiritualidad religiosa desde las esferas del poder político para apuntalar el proyecto hegemónico imperialista.

En gran medida, ese proceso presenta una sintonía apreciable con la implantación y evolución del modelo neoliberal y de sus redes en América Latina y el mundo entero. Prueba de ello es lo recogido en el primer Documento de Santa Fe, elaborado en 1980 por los asesores del gobierno del ex presidente Ronald Reagan.

Quienes concibieron ese documento rector de la política estadounidense con respecto al continente afirmaron entonces que “el papel de la Iglesia en la América Latina es vital para el concepto de libertad política” y que las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado a la Iglesia como un arma política en contra de la propiedad privada y del capitalismo productivo, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas.

En consecuencia, los asesores sugirieron reaccionar en contra de la Teología de la Liberación tal como e s utilizada en América Latina por el clero a ella vinculado, lo que tal vez explique la reacción del extinto Papa, Karen Wojtyla contra el sacerdote sandinista, Ernesto Cardenal, la desatención a las demandas de Monseñor Oscar Arnulfo Romero a favor del pueblo salvadoreño y las acciones contra el rumbo dado por el padre Pedro Arrupe, a la Compañía de Jesús y el teólogo de la liberación, Leonardo Boff.

Pero también, y de manera más evidente, la aprobación de las Instrucciones redactadas por el actual Papa, Joseph Ratzinger, entonces Cardenal, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1984, 1986).

Esas acciones, destinadas a contrarrestar la incidencia de los elementos progresistas en las comunidades religiosas, fueron legitimadas por el Santa Fe II (1988), que enfatizó en la necesidad de “atender la teología de la liberación como doctrina política disfrazada de creencia religiosa con un significado anti-papal y anti-libre empresa”.

Todo lo anterior estuvo acompañado de la labor del Instituto de Religión y Democracia (IRD), formado por evangélicos y activistas políticos estadounidenses de la tendencia neoconservadora afiliada a la implantación del modelo neoliberal.

El IRD, inaugurado en 1981 para el supuesto “fortalecimiento de los vínculos entre la fe cristiana y los valores democráticos”, se dedica desde entonces al estudio de coyunturas, diseña estrategias de expansión, fomenta misiones en los países latinoamericanos y en el resto del mundo.

En opinión de los especialistas, la gestión de ese ente representa el soporte desde Estados Unidos a los nuevos movimientos de conversión, algunos de ellos verdaderas sectas de muy discutibles creencias, nutridas por obra del creciente desencanto con las religiones tradicionales o por lo que algunos consideran, la crisis de los patrones culturales de occidente.

Extenuantes jornadas de trabajo y la intoxicación con plaguicidas son apenas algunos de los perjuicios que atentan contra la niñez latinoamericana rural, obligada a trabajar en el campo para colaborar con la familia.

En países donde el analfabetismo y la pobreza alcanzan a más de la mitad de la población, muchos padres envían a sus hijos a realizar diversas labores ante la necesidad de mano de obra, con desconocimiento de lo que puede implicar para la salud de los menores.

Miles de infantes en las zonas rurales colaboran en el transporte de fardos y cargas pesadas, el pastoreo y la crianza de ganado, el manejo de maquinarias y la fumigación, entre otros, aseguró la analista Zoraida Portillo, directora del Servicio de Noticias de la Mujer Latinoamericana y del Caribe (SEMLAC).

Jornadas de trabajo, superiores a 12 horas incluso, enfrentan estos menores de edad luego de ser retirados de la escuela por los propios progenitores.

La Red por la Defensa de la Niñez en Perú precisa que las niñas llevan la peor parte, porque deben combinar las tareas agrícolas -como el deshierbe o apertura de surcos- con el acarreo de agua, de leña y otras labores domésticas.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el mundo trabajan en el campo 132 millones de menores de edad, 20 millones de ellos en América Latina y el Caribe.

Paraguay, Bolivia y Perú concentran los índices más altos en la región. En Guatemala, miles de infantes indígenas son contratados en tiempos de cosecha para desgranar los arbustos de café todo el día y sin paga, denunció el Programa de Naciones Unidas para la Infancia.

De los 436 mil dominicanos menores de 17 años trabajadores -en un país de ocho millones y medio de habitantes- la mayoría son agricultores, cosecheros de café y otros frutos, cortadores de caña y leñadores, afirmó la periodista Mirtha Rodríguez.

La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Argentina corroboró que la mayor cifra de contratados menores está en las provincias de Chaco, Tucumán, Misiones y Mendoza.

Allí niñas y niños laboran en los cultivos y las cosechas de tabaco, yerba mate, algodón, cítricos, té, hortalizas, arroz, frutas y soja, entre otras.

En la zona noroeste de ese país del Cono Sur, agregó la fuente, en los períodos de cosechas de cítricos, tabaco y caña de azúcar son explotados laboralmente alrededor de 194 mil infantes.

El contacto con agroquímicos constituye el peligro mayor para la gran porción de ese sector ligada al agro, concuerdan la FAO, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.

A las alergias, escozores y llagas, se suman como resultado del manejo o acercamiento a estas sustancias tóxicas trastornos internos de tipo neurológico, déficit de atención, incapacidad o lentitud para aprender y hasta cáncer en diversos órganos.

Las niñas también padecerán en el futuro abortos espontáneos, tendrán bebés con problemas genéticos y otros daños, reveló un estudio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, de Canadá.

De acuerdo con la pesquisa, la exposición a estos agrotóxicos ocurre a partir de la cercanía a los envases, almacenados en condiciones precarias dentro de las viviendas, o por la participación en la fumigación sin las precauciones requeridas.

En la generalidad de los casos, los padres ignoran que la exposición permanente a pequeñas dosis de plaguicidas altera los procesos hormonales y resquebraja los sistemas inmunológicos de sus hijos, casi siempre de forma irreversible.

Un informe emitido por la FAO en 2007 definió que los infantes son más vulnerables a los riesgos del trabajo agrícola, la silvicultura, la pesca y en el procesado, transporte y comercialización de alimentos y productos.

Sin poder asistir a la escuela o jugar, estos carecen de formación, experiencia, y a menudo utilizan herramientas diseñadas para manos de adultos, en correspondencia con esa entidad.

Aspecto poco considerado por las estadísticas oficiales es la situación de los menores migrantes, la mayor parte de los cuales va a trabajar al campo, especialmente en las zonas fronterizas.

Ese problema va en aumento en México, donde cada año suman más de 150 mil los que intentan pasar la frontera, informó el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de ese país.

De ellos, una tercera parte lo hace sin la compañía de un pariente o amistad, y con motivaciones económicas que los conducen a trabajar en las plantaciones agrícolas de Estados Unidos, en precarias condiciones.

Estados Unidos retoma hoy el narcotráfico y el crimen organizado como pretexto para intervenir en Centroamérica y el emisario de un nuevo plan, John Negroponte, recuerda lo que tales manejos pueden representar para la región.

Durante una gira por Honduras, El Salvador y Guatemala, del 3 al 6 de junio, el subsecretario de Estado procurará captar a entes gubernamentales y privados del área para la nueva cruzada, camuflada bajo la Iniciativa de Mérida.

La propuesta impulsada en esta ocasión por el ex embajador en Honduras (1981-1985), puede contribuir a reforzar los organismos de seguridad en la zona y recuerda la estrategia aplicada por Washington en los años 1980 como parte de su Doctrina de la Seguridad Nacional.

El proyecto, supuestamente destinado a combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado en México y Centroamérica, está avalado por el Senado estadounidense desde el 22 de mayo e implicará la aportación de 450 millones de dólares a estos territorios.

En virtud del programa, señaló el diario hondureño El Heraldo, tales fondos deberán destinarse a maximizar la eficacia de la lucha contra las organizaciones criminales, el trasiego de narcóticos, de personas, armas, divisas y las actividades financieras ilícitas.

Analistas consideran que la iniciativa está ligada al Plan Puebla Panamá que, con capitales del Banco Interamericano de Desarrollo, busca crear una infraestructura vial, eléctrica, de canales y hasta poliductos para transportar gas natural y petróleo por el área.

Pero como en esa propuesta las comunidades locales y los indígenas seguirán excluidos de los posibles beneficios concuerdan la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFNH) y la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas.

Negroponte llegó a esta capital, segunda escala en su gira, luego de asistir a la trigésimo octava Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Medellín, Colombia, donde defendió la Iniciativa de Mérida y los Tratados de Libre Comercio con su país.

Los argumentos empleados por el funcionario recordaron a estudiosos de las relaciones Estados Unidos-América Latina los enarbolados por orientación del gobierno del ex presidente Ronald Reagan en la terrible década de los 80 del siglo pasado.

Según Negroponte, ambas alternativas proporcionarán seguridad y oportunidades económicas a la ciudadanía y ninguna nación del hemisferio será libre del crimen organizado, de las pandillas y del narcotráfico, hasta que no se asegure bajo tales recetas.

Más, lejos de aceptar acríticamente esas consideraciones, los pueblos asocian al diplomático de carrera con una década de terror en Latinoamérica: Negroponte, no tiene currículo, sino un prontuario criminal, afirmó el canciller venezolano, Nicolás Maduro.

En correspondencia, la OFNH señaló que para muchas personas, éste sigue siendo el ideólogo del Batallón 316, culpable de centenares crímenes, desapariciones, y torturas en suelos centroamericanos.

Resultado de la gestión diplomática de Negroponte fue la creación de la base aérea El Aguacate, suerte de academia y centro de detención de luchadores sociales de la región, donde los contras nicaragüenses recibieron entrenamiento en técnicas para provocar la muerte.

Excavaciones realizadas en los terrenos de la base en 1981 redundaron en la exhumación de 185 cadáveres de personas torturadas, asesinadas y enterradas en el lugar, según el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras.

En el prontuario del emisario de la Iniciativa de Mérida, quien perteneció a la Agencia Central de Inteligencia y participó directamente en operaciones militares en la guerra de Viet Nam, aparece también el trasiego de armas y fondos en Centroamérica.

Por ello, su visita es un mal augurio para estos países, que de la noche a la mañana pudieran retornar al período de los conflictos internos atizados desde Estados Unidos, expresaron los integrantes de la OFNH en un comunicado.

Con tal aval y los anuncios de promover la discusión de asuntos bilaterales y regionales durante su nuevo paso por el área, Negroponte sólo logró despertar el repudio general y poner en alerta a los pueblos.

Organizaciones populares centroamericanas están en pie de lucha ante el retorno del “ángel de la muerte” y desde este martes se suceden las vigilias frente a las sedes diplomáticas norteñas, las marchas de protesta y los mensajes de rechazo.

Las políticas implementadas por los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista en los últimos 19 años motivaron en gran medida que El Salvador reciba con mayor vulnerabilidad los efectos de la crisis alimentaria en avance.

Para la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), la falta de apoyo estatal a los agricultores y los Tratados de Libre Comercio, u otros, frenaron la producción de granos básicos y por eso el país depende de alimentos importados.

En opinión de Calixto Martínez, vicepresidente de la organización, el paquete neoliberal implantado con la venia de los jerarcas del partido en el gobierno destruyó el agro de forma deliberada, aunque autoridades y sectores empresariales achaquen el problema a factores externos con la complicidad de algunos medios de difusión.

Los programas de semilla que está impulsando la administración de Elías Antonio Saca, en el poder desde el 2004, tampoco son de gran ayuda, consideró Martínez, de acuerdo con el Diario Colatino.

Miembros de la organización civil coincidieron en que variables como el alza de los precios del petróleo, de la demanda de alimentos a nivel mundial, de la especulación en el mercado, o la furia de los agrocombustibles, son relativos para la crisis en el país más pequeño de Centroamérica.

Especialistas, campesinos y dirigentes de los movimientos sociales salvadoreños abogaron porque las autoridades impulsen medidas de controles de precios y aumentos salariales para contrarrestar la situación.

También sugirieron la creación de un Consejo Nacional Agropecuario, el cual consideraron debe ser integrado por representantes del Ejecutivo, del sector campesino, de cooperativas agropecuarias, organismos ambientalistas y consumidores.

Otras medidas propuestas por la CONFRAS son la aplicación de subsidios a pequeños productores de granos destinados a la dieta básica de los salvadoreños y la creación de un Fondo de Garantía Agropecuaria.

De acuerdo con la publicación, ese ente deberá garantizar los créditos a los agricultores frente a las crisis provocadas por las fluctuaciones en los precios en el mercado internacional y las situaciones de desastres naturales que impliquen pérdidas en los cultivos.

Los dirigentes de la confederación prevén, además, presentar una propuesta de Ley Agraria ante la Asamblea Legislativa el venidero 28 de mayo, con tal de revertir el panorama en el campo salvadoreño.

La limitada capacidad del país para alimentarse a sí mismo, resultado de la liberalización de la agricultura, empeoró a su vez ante el aumento de la demanda de los agrocombustibles en Estados Unidos.

En correspondencia, crecieron los subsidios e inversiones hacia ese rubro y miles de hectáreas dedicadas tradicionalmente a la producción de comida fueron desviadas a la producción de caña.

A tono con esta corriente, recordaron miembros de la Vía Campesina Centroamericana, el maíz incrementó su valor al ser potenciada su condición de materia prima para obtener etanol.

El desplazamiento de millones de personas a las áreas urbanas, donde muchas acabaron en barrios pobres y forzadas a comprar comida y otros bienes a altos precios, incidió también en el redoblamiento de la crisis en un país que fue desbastado por una guerra.

Apenas dos décadas transcurrieron del fin del conflicto armado en El Salvador, hecho en virtud del cual, más de 75 mil seres humanos murieron, 40 mil quedaron mutilados o limitados, ocho mil desaparecieron y miles, emigraron, según datos oficiales.

De cualquier manera, sugirió el analista salvadoreño Ricardo Ayala, las causas externas e internas de la crisis alimenticia son dos caras de la misma moneda: el apego al modo de producción capitalista y al libre mercado, que lleva en su naturaleza la especulación.

Sólo una política equilibrada y la oxigenación de la producción de alimentos en cada país frenará la hambruna en avance y permitirá precios estables para campesinos y consumidores, concordaron presidentes latinoamericanos y caribeños.

La renuncia al neoliberalismo como política de Estado, la reevaluación del papel del campesinado y la unidad regional, son la vía para superar este reto, definieron en la Cumbre sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, celebrada el 7 de mayo en Nicaragua.

La liberalización de la agricultura, aplicada como parte del paquete neoliberal desde los años 1980, está en el sustrato de la crisis alimentaria que azota a parte de la humanidad y en particular, a Latinoamérica.

Organizaciones campesinas, políticos y especialistas coinciden en la incidencia de este factor, obviado a veces por el evidente impacto de la reorientación hacia los agrocombustibles, el alza de los precios del petróleo, la creciente demanda mundial de alimentos o el calentamiento global.

Para la Vía Campesina, la conflictividad por el aumento de los costos de productos básicos de la dieta humana- arroz, granos, aceite, leche y otros- es el resultado de décadas de políticas destructivas que socavaron las producciones nacionales.

Tales lineamientos obligaron a campesinas y campesinos a desarrollar cultivos comerciales para compañías multinacionales y a comprar sus alimentos a estas u otras empresas en el mercado mundial.

Investigaciones recuerdan igual el papel del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Organización Mundial del Comercio, derivada del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT,1947), en el afianzamiento del neoliberalismo.

Los entes financieros y la heredera del GATT- creado en 1947 para frenar el proteccionismo, devaluaciones y controles de capitales, y así evitar otra guerra mundial- forzaron a los países a disminuir inversiones en la producción de alimentos.

Movidos por intenciones similares estos incentivaron a los gobiernos de las naciones menos favorecidas económicamente a reducir el apoyo a las y los pequeños agricultores, elementos claves en el desarrollo del sector.

Entre 1980 y 2007, por ejemplo, la cooperación de los países industrializados hacia las empobrecidas naciones del sur ascendió de 20 mil millones de dólares a 100 mil millones, pero el aporte para la agricultura descendió de 17 mil millones a 3 mil millones de dólares.

Vía Campesina aseguró que estos fondos prácticamente no fueron destinados a los productores de alimentos, porque en base al libre comercio, muchos Estados prefirieron privatizar sus reservas y reducir inversiones en el campo.

Los tratados de la OMC, a su vez, forzaron a los países a abrir sus mercados agrícolas, o sea, a reducir las tasas a la importación y aceptar importaciones de hasta cinco por ciento, incluso sin necesitarlas.

Una pérdida cuantiosa de ingresos para los importadores resultó de esta disposición, denunció la agrupación internacional, mientras las multinacionales vendían mercancías a precios más bajos que los vigentes y con frecuencia, por debajo de los costos de producción.

En correspondencia, muchos gobernantes optaron por defender sus intereses particulares sin estabilizar los mercados locales y proteger a los agricultores y consumidores de las fluctuaciones repentinas de los precios en el mundial.

Los Tratados de Libre Comercio o Acuerdos de Asociación, promovidos por Estados Unidos y la Unión Europea, y aceptados por los oligarcas locales en detrimento de la integración regional y ante la falta de perspectivas en ese sentido, se sumaron a esto.

Como aseguran entendidos en estos temas, las políticas neoliberales destruyeron la capacidad de los países de alimentarse a sí mismos, y el auge de los agrocombustibles sólo empeoró la situación.

Los subsidios e inversiones masivas hacia este rubro motivaron el desvío masivo de tierras dedicadas tradicionalmente a la producción de comida y el maíz incrementó su valor al ser potenciada su condición de materia prima para obtener etanol.

Poco se alude en los medios de difusión a la especulación, otra de las causas principales de la actual crisis de los alimentos, en opinión de economistas, quienes insisten en el modo en que la escasez es aprovechada para subir artificialmente los precios.

Ante el desajuste financiero en EE.UU., y su incidencia en el mundo, los especuladores están cambiando los productos financieros por materias primas, incluyendo los productos agrícolas, y ello afecta los precios en los países que dependen cada vez más de la importación de alimentos.

Las políticas liberales expulsaron al mismo tiempo a millones de personas a las áreas urbanas, donde la mayoría acabó en barrios pobres, con una vida muy precaria, forzados a vender su trabajo muy barato y a comprar comida y otros bienes a altos precios.

Datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura muestran que en los llamados países en vías de desarrollo la comida representa del 60 al 80 por ciento del gasto de las y los consumidores, incluyendo campesinos sin tierra y agricultores.

Esto sólo favorece a las compañías particulares, que sólo elevan los precios, en tanto los gobiernos están obligados a importar alimentos caros para llegar a la demanda de la población y carecen de recursos para apoyar a los más pobres.

Sólo una política equilibrada y la oxigenación de la producción de alimentos en cada país frenará la crisis de hambruna en avance y permitirá precios estables para campesinos y consumidores, consideraron presidentes latinoamericanos y caribeños.

En la Cumbre Regional sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, celebrada el 7 de mayo en Nicaragua, representantes de estas naciones concordaron en la inconveniencia de seguir las pautas neoliberales y llamaron a la unidad en el área para frenar la crisis.

Además de criticar a los gobernantes y entes financieros que costean guerras en vez de ayudar a los necesitados, estos cuestionaron a quienes acumulan capitales de forma desmesurada con el negocio de los alimentos y a los monopolios.

Mientras, los adalides del neoliberalismo abogan por invertir más en agricultura, incrementar la ayuda a los países pobres importadores de alimentos y liberalizar más los mercados para que los países puedan mejorar sus ingresos mediante la exportación.

Vía Campesina cree, en cambio, que los países deben priorizar en sus presupuestos la ayuda a los más pobres para que puedan acceder a suficiente comida y priorizar la producción doméstica de alimentos para depender menos del mercado mundial.

Sí que necesitamos una producción de alimentos más intensiva, pero intensiva en cuanto al trabajo y al uso sostenible de los recursos naturales, manifestaron los defensores del campesinado.

Campesinas, campesinos y pequeños agricultores pueden alimentar al mundo, afirmaron, por eso deben ser considerados como elemento clave de la solución.

Las posturas de El Salvador, Costa Rica y México, ante los acuerdos de la Cumbre Regional sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, reflejó algunas de las razones de la incidencia de la crisis alimentaria en Latinoamérica.

El apego al neoliberalismo- base ideológica de los tratados de libre comercio firmados por los gobiernos de esas y otras naciones con Estados Unidos- subyace en el fondo de tales actitudes y en el desajuste estructural de casi todas las economías del área.

La supuesta falta de acuerdos en una reunión es un modo de definir posiciones, coincidieron especialistas, en alusión a la insistencia de medios de difusión en el rechazo de los tres mencionados al documento final de la cita.

Estos eran partidarios de incluir en el acta medidas de apoyo a los biocombustibles y excluir juicios de valor contrarios al neoliberalismo, más sus criterios chocaron con los de los representantes de la mayoría de los países del subcontinente.

Arias, por ejemplo, declaró que participaba en el cónclave celebrado el 7 de mayo en Nicaragua para colaborar en la búsqueda de soluciones a la crisis alimentaria en avance.

Pero a pesar de sus críticas a la hipocresía y falta de voluntad de los países desarrollados ante el incremento del problema en esta parte del mundo, objetó lo decidido por quienes rechazaron al libre comercio, comentó el diario costarricense La Nación.

En la reunión, recordó la publicación tica, los representantes de varias naciones latinoamericanas y caribeñas coincidieron en la inconveniencia de seguir las pautas de ese modelo de desarrollo en la zona y llamaron a la unidad para frenar la crisis.

No podemos permanecer pasivos y ver como la alimentación de nuestros pueblos depende de los países más ricos, expresó el presidente haitiano, Reneé Preval, quien conminó a unirse para solucionar la situación.

Su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, cuestionó a los adalides del neoliberalismo, los organismos financieros internacionales, por negarse a reunir 500 millones de dólares para combatir el hambre, cuando casi costean la guerra en Iraq.

El gobernante boliviano, Evo Morales, denunció a los empresarios que convierten los alimentos en un gran negocio, a los monopolios del sector y a las familias que no piensan en la economía de sus semejantes, sino en seguir acumulando capitales.

Para el mandatario tico, en cambio, la debilidad y pobreza de los gobiernos de la región es una de las causa de la situación y por ello rehuyó debatir sobre el asunto con sus colegas, agregó La Nación.

Aunque Arias agradeció la propuesta venezolana de crear una línea de crédito por 100 millones de dólares a favor de la batalla contra el hambre, afirmó que insistiría en ese esquema ideado en el norte para potenciar el crecimiento económico costarricense.

El Salvador se abstuvo, según el Diario de Hoy, ante la ausencia de compromisos por parte de las naciones petroleras de ofrecer precios preferenciales a la región, la falta de apoyo a los biocombustibles y a los tratados de libre comercio.

La canciller, Marisol Argueta, alegó que para su país el tema de los combustibles es importante con vistas al desarrollo de la caña de azúcar, y en cuanto al petrolero, para que haya un compromiso en el abaratamiento de los costes de la gasolina.

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y gran parte de los países caribeños arribaron a un consenso en la cumbre, cuya reedición quedó programada para finales de este mes en México.

De acuerdo con lo previsto, en la próxima reunión, los asistentes retomarán algunas de las iniciativas planteadas en Managua, entre las que destaca el ofrecimiento del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

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La alerta alimentaria por la previsible escasez de productos agropecuarios, ante el alza de los precios en el mundo, obliga a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a buscar alternativas comunes contra la problemática.

El 24 de abril, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, firmaron un pacto de cooperación en soberanía y seguridad alimentaria en Caracas.

De igual modo, los ministros de Agricultura de Centroamérica se reunieron este día en Panamá, el sábado debatirán con sus colegas caribeños en Nicaragua, y el 7 de mayo irán a una cumbre presidencial, a la cual está invitado el venezolano Hugo Chávez.

Medios de comunicación del área coinciden en que la escasez de trigo, maíz, arroz, frijol, hortalizas, verduras, ajonjolí, cerdo, pollo y otras aves, es sólo parte del panorama en la región, acosada por los altos precios de los granos básicos y del petróleo.

En particular Centroamérica, con una inflación de seis por ciento en 2007, esta obligada a potenciar de una vez la producción de granos pero especialistas coinciden en que las opciones chocan con las reducidas finanzas locales.

La factura petrolera de la cintura del continente, al decir del poeta chileno Pablo Neruda, asciende a casi seis mil millones de dólares al año y el déficit comercial superó los 24 mil millones de dólares hasta diciembre último, según datos oficiales.

El director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales de Nicaragua, Cirilo Otero, comentó que la gravedad de la crisis en estos países está dada por factores universales unido a cuestiones locales, de acuerdo con el diario mexicano, El Universal.

El Salvador es poco terreno y poca agua. Honduras sufre sequía y agotamiento de sus suelos. Guatemala es una topografía quebrada, poco fértil y dedicada a la producción forestal. Costa Rica, optó por turismo y la defensa de la ecología, ejemplificó.

Panamá es un pedacito de tierra montado en el mar, definió el especialista y explicó que la economía de ese país descansa en los exiguos beneficios del canal interoceánico, del comercio y las finanzas.

Para Otero, ello explica porque Nicaragua es la clave para resolver la crisis alimentaria en Centroamérica: este es el único del istmo con capacidades físicas, agroecológicas y topográficas, con grandes planicies, para la producción agropecuaria.

Sin embargo, alertó, el territorio nicaragüense tiene hoy menos posibilidad tecnológica y financiera para asumir el reto de garantizar el equilibrio comercial de granos básicos en la zona.

Nicaragua afronta una complicada situación por el desequilibrio en el mercado mundial y los efectos arrastrados del huracán Félix: alimentos básicos como arroz y frijoles son un 50 por ciento más caros que en 2007 y la tasa de inflación ronda el 17 por ciento.

Pero la administración de Daniel Ortega continúa impulsando el programa hambre cero, ideado para que campesinos sin tierra y pobres puedan comenzar a explotar algunos terrenos con ayuda estatal, reflejaron informaciones de la Radio La Primerísima.

Mientras Ortega estructura un plan de alerta alimentaria para presentar a sus colegas, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se limita a conminar a desplegar un combate efectivo contra la pobreza.

Urge edificar almacenes para alimentos en vez de gastar en armas, señaló el mandatario tico, sin considerar el contexto en una zona donde más de la mitad de sus 38 millones de habitantes padecen por la miseria y por crecientes escenarios de hambruna.

En ello descansan las causas de los movimientos sociales de protesta registrados en los últimos días, frene a los cuales las autoridades centroamericanas tuvieron que adoptar algunas acciones de emergencia.

En Honduras, decenas de miles de personas salieron a la calle la semana anterior para protestar por los precios prohibitivos alcanzados por muchos alimentos, recordó el diario de ese país, La Prensa.

Como respuesta a la situación, el gobierno de Manuel Zelaya adoptó un plan de emergencia destinado a incrementar la producción agrícola y reducir la dependencia de las importaciones.

La inflación ronda el 10 por ciento en Costa Rica y en Guatemala alcanzó nueve por ciento, según el Instituto Nacional de Estadísticas del país más grande de la región.

Por ello, el gobierno de Álvaro Colom ejecuta un programa para asistir económicamente a las 45 comunidades más desfavorecidas e insta a las empresas a poner precios de solidaridad a sus productos y contribuir así con las personas de menos recursos.

Las protestas por la elevación del costo de la harina y otros productos, igual motivaron al gobierno salvadoreño a analizar el sostenimiento de subsidios vigentes y otras acciones.

Los días dirán hasta donde estas estrategias logran contener el agravamiento del deterioro de los niveles de vida de latinoamericanos y caribeños, en tanto organismos internacionales llaman a pensar más allá del sur, el modo de atenuar la crisis.

Presiones y violaciones a los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores continúan a la orden del día en las empresas ensambladoras de textiles o maquilas en Honduras.

La denuncia más reciente llegó desde la fábrica Productos San José, que funciona con capital estadounidense en el complejo industrial Zip San José, en la norteña ciudad de San Pedro Sula.

Alrededor de mil 500 obreros de ambos sexos están contratados por la entidad y son obligados a cumplir metas excesivas incluso fuera de horario, desatendidos en su salud y en otras necesidades elementales, de acuerdo con Vida Laboral.

Obreras de la maquila denunciaron que los directivos de esta instruyeron a las autoridades de la clínica del Instituto Hondureño de Seguridad para que no las asistieran y alegaron contar con enfermería en la fábrica.

Los servicios sanitarios en el local de la fábrica- que trabaja para las marcas Athetic, Jerzees y BVD, entre otras- también están en mal estado, les controlan el tiempo cuando van a sus necesidades fisiológicas y al demorarse reciben llamados de atención.

Un mensaje cursado por la agrupación precisó que las obreras también son amenazadas con deducción del día de salario y de la boleta de almuerzo si se tardan un poco.

Cuando una de ellas va al seguro social, recibe amonestaciones, le reducen el pago del día, medio salario del séptimo y la boleta de almuerzo, añadió la fuente.

Dos operarias que trabajan pegando etiquetas sufrieron abortos por el calor de la plancha y de la fuerza realizada al levantar bultos, operación muchas veces desarrollada en lugares sin ventilación, ejemplificaron las denunciantes.

En diciembre de 2007, a una muchacha se le murió la niña adentro porque le subía la presión y así la obligaban a trabajar, agregaron y cuestionaron el uso de un aparato pesado llamado rotor, destinado a revisar las prendas.

Igual comentaron que otra obrera fue amonestada por acudir al seguro social cuando se le incrustó una aguja en un dedo de la mano: los ejecutivos de la fábrica procuran ocultar los accidentes y así ganar premios por las horas seguras, explicaron.

Cuando transcurre un tiempo sin accidentes de trabajo, precisaron, los estadounidenses propietarios de la fábrica envían dinero a los administrativos para que celebren con los trabajadores.

Frases como burros, haraganes y otros ofensivas son propinadas por el jefe de mecánica contra los trabajadores, relataron.

La operaria, Delmy George, contó que el médico del Seguro Social le diagnosticó lumbalgia crónica al atenderla por un problema en su columna vertebral y la apoderada legal de Productos San José, Loesi Barrera, cuestionó tal diagnóstico.

Lejos de reconocer la prescripción del facultativo, la directiva le ofreció el pago de sus prestaciones y le adelantó que consultaría con otro doctor antes de remitir el caso a la comisión de invalidez.

Mientras, la mujer padece fuertes dolores en todo el cuerpo que prácticamente le imposibilitan continuar laborando y su economía está cada vez peor, según su testimonio.

El artículo 460 del Código del Trabajo de Honduras establece que es de interés público la constitución legal de organizaciones sociales, sean sindicatos o cooperativas, para contribuir desarrollo del país, de la cultura popular y de la democracia.