Propuestas

   Palabras soeces, miradas torcidas y uno que otro puñetazo, suelen ser los métodos más socorridos por los adultos latinoamericanos y caribeños para imponer disciplina a sus hijos.

   Al ser increpados al respecto, los mayores de edad admiten tales comportamientos como si fuesen lo más normal del mundo, porque consideran que esta es una práctica efectiva si se pretende lograr la mejor educación e inserción social de los infantes.

   Así lo reflejó un sondeo de opinión practicado en 16 países de la región, donde el maltrato físico y sicológico a los menores de 18 años de edad alcanza el 80 por ciento en algunos territorios y llega hasta el castigo corporal.

   De acuerdo con fuentes de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), esta es una problemática en ascenso, pocas veces denunciada.

   La ausencia de una metodología homologada para medir las formas de abuso y el hecho de que estas pasan desapercibidas gran parte de las veces, por la naturalidad con la cual son vivenciadas y por ocurrir casi siempre en los hogares, impide precisar cifras comparables entre las distintas naciones.

   No obstante, datos recuperados por especialistas de esos organismos, confirman que en Costa Rica -país promovido por sus gobernantes como el más pacífico, humanitario y preocupado por la niñez en Centroamérica- 65,3 por ciento de los adultos maltrata a los menores.

   Otras estadísticas citadas en el artículo Maltrato infantil: una dolorosa realidad puertas adentro, publicado en el boletín Desafíos Nº 9 de la CEPAL-UNICEF, dan cuenta de que tal situación no es privativa del eufemísticamente identificado por “paraíso regional”.

   Alrededor del 42 por ciento de mujeres colombianas pesquisadas reconoció que sus parejas o esposos castigaban a sus críos a base de golpes, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005.

   Otro tanto ocurre en Uruguay, donde un estudio del Ministerio de Desarrollo Social puso al descubierto hace apenas un año que 82 por ciento de los adultos propinó alguna forma de violencia sicológica o física hacia un infante en su hogar.

   Registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en América Latina nacen más de 11,4 millones de bebés por año, muchos de los cuales están condenados de antemano a sobrevivir en medio del hambre, la desesperación, un sinnúmero de enfermedades y sujetos a patrones de conductas agresivos legados por sus mayores.

   La violencia sufrida por las niñas, niños y adolescentes se registra casi siempre en las casas, a manos de sus padres, cuidadores y familiares, y constituye uno de los factores que más incide en el incremento del suicidio infantil o del abandono del hogar.

   Mientras los galenos recomiendan no pegar ni ofender a los más pequeños, mucho menos ante terceras personas, sus progenitores siguen apelando a este recurso ante el agobio que padecen por la situación que deben enfrentar en sociedades escasas de oportunidades.

   Al verse obligados a laborar en más de un empleo, para garantizar el sustento de sus pequeños y el suyo propio, estos apenas cuentan con tiempo para intercambiar opiniones con sus hijas e hijos y transmitirles el afecto necesario.

   Fallos en este sentido crean el caldo de cultivo en el que prolifera la depresión, enfermedad sicológica muy vinculada a la autoeliminación, tendiente al incremento en este sector etario en el área, de acuerdo con la OMS.

   Los infantes deprimidos son más propensos al suicidio, porque pueden considerar a este como el único recurso para solucionar el mal. La agresividad intrafamiliar, las dependencias al alcohol o drogas y la depresión (suya o de sus padres), pueden incentivar en los menores esta tendencia.

   Pero cuando la autoeliminación no es considerada y persiste el deseo de procurar otras salidas, niñas, niños y adolescentes, pueden decidirse a huir del hogar y probar suerte en un mundo marcado por el incremento de la trata de personas, el trasiego de órganos, el comercio sexual y otros fenómenos adversos.

   Ante los elevados índices de depauperación socioeconómica de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, traficantes, pederastras y proxenetas andan al acecho, favorecidos por las debilidades en el marco jurídico y la corrupción imperante.

   Numerosas organizaciones humanitarias coinciden en que los políticos en estos territorios, salvo en contadas excepciones, acostumbran a colocar a los niños en el centro de sus campañas preelectorales y luego los excluyen de estrategias estatales a su llegada al poder.

   Súmele a ello los obstáculos que imposibilitan acopiar información fidedigna acerca de la dimensión y peculiaridades del maltrato infantil, lo cual limita con creces el despliegue de estrategias eficaces para enfrentar a los victimarios.

   Más, a pesar de las adversidades, no pueden decaer las buenas intenciones de contribuir a contrarrestar el mal y por ello los entes regionales instan a desarrollar campañas preventivas, reforzar la instrucción y educación de los padres, y la vigilancia sobre la problemática.

   Cuanto se haga alrededor del tema igual representará un aporte al futuro, porque puede coartar en cierta medida la recirculación de la violencia en estas sociedades -contaminadas hasta el tuétano por ese flagelo- y propiciar el crecimiento humano de las mujeres y hombres del mañana.

   ¿Cuál es el futuro para millones de infantes en un mundo globalizado, donde marchan unidos la violencia de todo tipo, los abusos sexuales contra los menores y el tráfico de personas?

   Cuesta evitar el escepticismo ante las estadísticas relacionadas con tales problemáticas, en un contexto donde la pobreza crece a ritmos acelerados y reduce a millones de seres a condiciones de vulnerabilidad extrema, en las que los más pequeños corren el peor riesgo.

   De los más de 225 millones de niñas y niños explotados por pedófilos y proxenetas en el mundo, 150 millones son hembras y 73 millones, varones, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

   Ello sugiere cierto parentesco entre el abuso de menores y la discriminación por razones de sexo, pero este delito puede vincularse también al ascendente tráfico de personas.

   Este último va desde bebés hasta adultos de ambos sexos, pero por lo general incide sobre las féminas por debajo de los 18 años de edad, de acuerdo con el organismo internacional.

    En correspondencia con ese ente, las cifras de abusados pueden ser superiores, por la forma encubierta en la cual actúan los criminales y por la vergüenza engendrada en los sometidos, capaces de frenar sus deseos de pedir ayuda.

   Pero datos aproximados concuerdan en que los infantes insertados en el multimillonario comercio del tráfico sexual cada año rondan los 1,8 millones y que, sobre todo las niñas y jóvenes son sujetas a desapariciones forzadas, torturas, amenazas, homicidios y otras violaciones asociadas.

   Defensores de la igualdad de géneros insisten en que la inclusión obligada de millones de ellas en este círculo y la desaparición forzada de muchas, guarda relación con un fenómeno cada vez más visible: la violencia hacia el sector.

   Miles de las menores de edad abusadas sexualmente provienen de hogares marcados por constantes riñas familiares, donde ellas solían llevar la cuota más mala y recibir golpes de sus padres o parientes.

   La gravedad de la situación -profundizada por la escasez de posibilidades para garantizarle su educación y mejores condiciones de vida- motivó a algunas a escapar y no pocas cayeron en manos de traficantes y proxenetas.

   Investigaciones realizadas por agrupaciones seguidoras de estos temas mostraron otros casos en los cuales las infantes fueron vendidas, regaladas o entregadas por sus progenitores, bajo promesas de sus receptores de contribuir a su crecimiento.

   De todo hay en la viña del Señor, como asegura el refranero popular, más lo cierto es que en casi todo el planeta, los delincuentes están al acecho y evalúan a sus posibles candidatas con vistas a prostituirlas o por pedido de magnates del mercado sexual.

   Las escogidas pertenecen a los sectores empobrecidos en sus países en la mayoría de las ocasiones y ven coartado su desarrollo natural sin previo aviso, lo que a la larga puede convertirlas en victimarias, en opinión de sicólogos.

   El desarrollo de internet y de las tecnologías de vídeo, a pesar de sus bondades, provocó una explosión de la difusión de imágenes de pedofilia y alentó a los viciosos de tal práctica y a los cazadores de fortuna sin escrúpulos.

   Las redes de reclutamiento se expanden de modo progresivo con la complicidad e incluso participación directa de agentes de seguridad, policías, políticos y autoridades de poderes estatales locales.

   Sólo la impunidad reinante explica el ciclo al que son sometidas las víctimas de estos sujetos, fiel reflejo el desprecio a la vida de los otros y del barbarismo extendido hasta nuestro tiempo.

   Las capturas ocurren a plena luz del día muchas veces, las escogidas son introducidas por la fuerza en autos a la vista de todos, amordazadas, golpeadas y en ocasiones, drogadas.

   Sin considerar edades o condiciones físicas, las niñas y jóvenes son trasladadas a verdaderos antros, prostíbulos o casas alquiladas, para esconderlas hasta el mejor momento de proceder a su comercialización o usarlas, según intereses de sus captores.

   Presiones sicológicas y maltratos físicos de todo tipo redundan a veces en el fallecimiento de alguna de las apresadas, pero los victimarios terminan desapareciendo sus cuerpos sin cargos de conciencia.

   Por cada una de las niñas y mujeres reclutadas -90por ciento de las cuales proceden de América Latina, Caribe, Asia, África y Europa del Este- dueños de bares, prostíbulos y negocios ilícitos ligados al sexo reciben milenarias sumas de dinero y con eso quizás acallan su culpabilidad.

   Más de la mitad de los infantes forzados a prostituirse, a la pornografía o a trabajar, en esta región son oriundos de Colombia, Brasil, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador y Perú.

   No obstante, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres y la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas, concuerdan en que la problemática se presenta en el ámbito interno de cada país del área, entre estos y a escala internacional, es decir, de un continente a otro.

   Alemania, España, Suiza, Austria, Italia, Holanda, Francia, República Checa, Polonia y Rusia, son los principales destinos de los infantes latinoamericanos traficados con diversos objetivos hacia Europa.

   Japón, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Tailandia, también reciben menores capturados por las redes de tratantes en esta parte del mundo, igual que Israel y Estados Unidos.

   Registros de UNICEF aseguran que entre 60 mil y 100 mil niñas y niños son víctimas del comercio sexual en Filipinas, mientras que en Bangladesh la media de edad de los menores explotados en ese sentido es de 13 años.

   Alrededor de 150 mil infantes se prostituyen diariamente en las playas turísticas de Kenia para alimentarse a cambio de dar placer a turistas sexuales procedentes de países ricos, igual que en otros territorios empobrecidos del orbe.

   Pero el pecado es cometido igual en el norte: uno de cada cuatro niños es víctima de abuso sexual, en algún momento de su vida, en España.

   Frenar el trasiego de personas y el abuso de los infantes, asociado a ello, resultará difícil en medio de la mundialización de los procesos productivos, comunicativos y de la más extensa naturaleza.

   La desidia de algunas autoridades gubernamentales limita a su vez la adopción de estrategias frente a estos crímenes y sólo la coordinación entre organizaciones internacionales y entes locales puede contribuir a contrarrestarlos.

   En ámbitos más estrechos, los adultos deberán estar atentos a cambios de humor, neurosis nocturna, irritabilidad, euforia, autolesiones, negativas a comer, dificultades para sentarse o caminar por irritaciones, y otras señales.

   Crear el clima de confianza necesario cuesta mucho y es casi seguro que el infante sólo hablará transcurridos varios años del delito, pero aunque este prescriba, las secuelas persistirán y eso explica la necesidad de actuar para atenuarlas.

Por segunda ocasión en el siglo XXI -distintivo por el arraigo del discurso democrático y el giro progresista en el hemisferio occidental- un golpe militar pisotea la institucionalidad en un pueblo latinoamericano.

Honduras, nación que con mucho esfuerzo procura reconstruir la democracia hace dos décadas tras una treintena de años de dictaduras, es el escenario escogido por la cúpula castrense y por lo más conservador de la élite política para arremeter contra los proyectos transformadores de la realidad social en el área.

El motivo esgrimido: la intención del presidente constitucional Manuel Zelaya de conocer si la ciudadanía está de acuerdo o no de incluir una urna en los comicios generales de noviembre en torno a una Asamblea Nacional Constituyente y la reforma a la carta magna.

Según los núcleos más conservadores del ambiente político hondureño, el objetivo del gobernante es sentar las bases para legitimar su previsible reelección si se concretara un cambio en la ley fundamental de la República.

Fuentes militares propagaron también que “la captura de Zelaya obedeció a una orden judicial emitida después que se detectara la presencia de ciudadanos venezolanos y nicaragüenses en el país para participar como votantes en la consulta popular”, divulgó el diario El Heraldo.

Cuestionada la validez de estos argumentos sólo queda insistir en que la operación golpista desatada en las primeras horas del domingo 28 de junio de 2009 es injustificable de acuerdo con los principios fundamentales del Derecho Internacional Público y del Derecho Internacional Humanitario.

Primero: militares irrumpieron en la vivienda del presidente constitucional sin previo aviso a las 05: 30 de la madrugada, hora local, forzaron la puerta trasera del inmueble, realizaron varios dispararos, y golpearon a este y a su guardia personal.

Zelaya, en ropa de dormir, fue encañonado con armas de grueso calibre, obligado a soltar su celular, subido a un camión y conducido a una base de la Fuerza Aérea, donde fue colocado en un avión y enviado a Costa Rica.

Casi una centena de soldados con máscaras, cascos y vestidos de uniforme, cumplieron con la orden ilegal, contra su pueblo, contra su familia, contra su gente, testimonió el mandatario y agradeció al gobierno tico su hospitalidad en medio de tan graves circunstancias.

Segundo: aviones de combate sobrevolaron el espacio aéreo nacional, tanques, camiones blindados y otros medios de transportación, cargados de contingentes militares, tomaron las principales avenidas de la capital para implantar el terror y comenzaron a desplazarse por el resto del territorio.

Tercero: los golpistas intervinieron el Canal Estatal de Televisión de Honduras y, con el probable apoyo de los directivos de las principales empresas eléctricas y de comunicaciones del país, suspendieron el servicio para impedir la transmisión de informaciones hasta por vía de la internet. Luego cortaron la señal de otras televisoras locales y extranjeras, como Telesur.

Cuarto: los militares lanzaron gases lacrimógenos contra miles de personas que salieron a las calles a quemar llantas y realizar distintas acciones de protesta frente a la Casa Presidencial y otros puntos del país, en apoyo al gobernante secuestrado.

Quinto: periodistas, camarógrafos y otros agentes de la prensa nacionales y extranjeros, que cubrían los sucesos, fueron amenazados con armas y maltratados por los uniformados. En tanto, los canales televisivos y otros medios de difusión callaban lo que acaecía y sólo transmitían música.

Sexto, la mayoría del Congreso Nacional engañó al pueblo al esgrimir una supuesta carta de renuncia de Zelaya y nombró como mandatario provisional al presidente del órgano legislativo y ex candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal –el del gobernante secuestrado-, Roberto Micheletti.

Séptimo: los embajadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba, en Tegucigalpa, fueron golpeados por soldados encapuchados a las 10: 15 de la mañana, hora local, cuando procuraban extender su inmunidad a la cancillera hondureña, Patricia Rodas.

Después, el representante cubano, Juan Carlos Hernández, y la Canciller Rodas, fueron conducidos en una camioneta sin chapa a una base de la Fuerza Aérea. El diplomático cubano fue reparado a la fuerza de Rodas y testimonió haber sido víctima de maltratos y amenazadas cuando los militares detectaron que hablaba por su celular con el Ministro de Relaciones Exteriores de su país, Bruno González Parrilla.

Hernández expresó su preocupación por la vida de Rodas, porque él fue liberado y lanzado desde un auto con cristales oscuros en una carretera aledaña a la base donde permanecía retenida Rodas, cercana al aeropuerto internacional, y aún se desconoce el paradero de la jefa de la diplomacia hondureña.

Decenas de funcionarios de la administración de Zelaya, periodistas y líderes de agrupaciones políticas y sociales padecieron la misma suerte en ese contexto, mientras se temía por la integridad de los 484 cubanos que despliegan labores humanitarias –médicas en su mayoría- en Honduras.
Octavo: a pesar de las irregularidades cometidas por los militares contra la institucionalidad de la nación, el Poder Judicial confirmó su respaldo a los golpistas y alegó que desde el viernes anterior al hecho, ordenó decomisar las boletas y urnas destinadas a la consulta popular promovida por Zelaya.

“El orden de derecho es lo que se pretende restablecer con esta acción”, declararon los representantes del órgano judicial, desatendiéndose de la inestabilidad desatada en el país por efecto de la asonada militar y al difundirse el secuestro y expulsión del mandatario constitucional.

¿Quién abrió la jaula a los gorilas hondureños cuando parecía que los golpes de Estado eran cosa superada en Latinoamérica? Aunque quedan por precisar responsabilidades, vuelven los fantasmas del pasado en la región.

“Honduras vive lo que Chile sufrió a raíz del golpe militar perpetrado por Augusto Pinochet contra Salvador Allende, en 1973″, declaró el candidato presidencial del país suramericano, Alejandro Navarro.

Por su parte, el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, reconoció que lo ocurrido es un golpe militar al estilo de los ocurridos en otras épocas históricas y en particular, al perpetrado contra el presidente venezolano Hugo Chávez, en abril de 2002.

Insulza demandó restablecer el orden constitucional en Honduras, mientras en medio de las denuncias en el foro acerca del hecho se nombró a un siniestro personaje: el ex Subsecretario de Estado norteamericano, Otto Reich.

Durante la Reunión Extraordinaria de los Cancilleres de la OEA, convocada de manera urgente el domingo en la sede de Washington, se conoció que Reich había contactado en ese ámbito a viejos amigos en suelo hondureño.

Medios de comunicación alternativos recordaron, además, que el viernes anterior al suceso que conmocionó al mundo funcionarios estadounidenses sostuvieron una reunión con oficiales de alto rango en el país.

El atentado de los militares contra la democracia en Honduras, registrado en medio de una era diferente en el continente, obra como llamado de alerta ante el probable destape de las fuerzas militares en contubernio con las élites políticas relegadas del poder en estas naciones.

Hace menos de un año, el gobierno constitucional en el territorio -primero en Centroamérica por la elevada incidencia de la corrupción, el SIDA y la violencia-, procuró el acercamiento a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y a Petrocaribe.

Al sumarse a estos mecanismos de integración regional, impulsados por la República Bolivariana de Venezuela, Zelaya mostró su interés de crear las bases para revertir la crítica situación nacional.

Más allá de los vínculos establecidos con estos instrumentos unionistas latinoamericanos, el mandatario cobró renombre a partir de su desempeño como presidente pro- tempore del Sistema de Integración Centroamericana en el segundo semestre de 2008.

Bajo su égida, el bloque istmeño llegó a importantes acuerdos, atravesados por la lógica del enfrentamiento a viejos lazos de sujeción a intereses foráneos y la urgencia de frenar la incidencia de la crisis estructural del capitalismo en estos países.

Su visita en este año a Cuba y la difusión de los pormenores de su conversación amistosa con Fidel Castro presumiblemente están incluidos entre los cargos esgrimidos para sacarlo por la fuerza de su casa y del gobierno, cuando le falta menos de un semestre para concluir y su gestión y entregar la presidencia.

El rancio anticomunismo alimentado desde los momentos más críticos de la Guerra Fría emerge en esta coyuntura y hasta los más escépticos miran con recelos la manipulación de la opinión pública por parte de los medios aliados de los militares golpistas y de su rostro civil, Micheletti.

En correspondencia, ningún gobierno del mundo reconoció hasta la fecha al gobierno de facto y si coincidieron en la condenada al revertimiento forzado del proceso institucional en Honduras.

Más, al toque de queda decretado por los usurpadores, lo cual limita las libertades democráticas y es interpretado como un intento por impedir que el pueblo continúe las protestas y su justo reclamo por el regreso del presidente legítimo, Zelaya.

¿Quién abrió la jaula a los gorilas hondureños cuando parecía que los golpes de Estado eran cosa superada en Latinoamérica? Aunque quedan por precisar responsabilidades, vuelven los fantasmas del pasado en la región.

“Honduras vive lo que Chile sufrió a raíz del golpe militar perpetrado por Augusto Pinochet contra Salvador Allende, en 1973″, declaró el candidato presidencial del país suramericano, Alejandro Navarro.

Por su parte, el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, reconoció que lo ocurrido es un golpe militar al estilo de los ocurridos en otras épocas históricas y en particular, al perpetrado contra el presidente venezolano Hugo Chávez, en abril de 2002.

Insulza demandó restablecer el orden constitucional en Honduras, mientras en medio de las denuncias en el foro acerca del hecho se nombró a un siniestro personaje: el ex Subsecretario de Estado norteamericano, Otto Reich.

Durante la Reunión Extraordinaria de los Cancilleres de la OEA, convocada de manera urgente el domingo en la sede de Washington, se conoció que Reich había contactado en ese ámbito a viejos amigos en suelo hondureño.

Medios de comunicación alternativos recordaron, además, que el viernes anterior al suceso que conmocionó al mundo funcionarios estadounidenses sostuvieron una reunión con oficiales de alto rango en el país.

El atentado de los militares contra la democracia en Honduras, registrado en medio de una era diferente en el continente, obra como llamado de alerta ante el probable destape de las fuerzas militares en contubernio con las élites políticas relegadas del poder en estas naciones.

Hace menos de un año, el gobierno constitucional en el territorio -primero en Centroamérica por la elevada incidencia de la corrupción, el SIDA y la violencia-, procuró el acercamiento a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y a Petrocaribe.

Al sumarse a estos mecanismos de integración regional, impulsados por la República Bolivariana de Venezuela, Zelaya mostró su interés de crear las bases para revertir la crítica situación nacional.

Más allá de los vínculos establecidos con estos instrumentos unionistas latinoamericanos, el mandatario cobró renombre a partir de su desempeño como presidente pro- tempore del Sistema de Integración Centroamericana en el segundo semestre de 2008.

Bajo su égida, el bloque istmeño llegó a importantes acuerdos, atravesados por la lógica del enfrentamiento a viejos lazos de sujeción a intereses foráneos y la urgencia de frenar la incidencia de la crisis estructural del capitalismo en estos países.

Su visita en este año a Cuba y la difusión de los pormenores de su conversación amistosa con Fidel Castro presumiblemente están incluidos entre los cargos esgrimidos para sacarlo por la fuerza de su casa y del gobierno, cuando le falta menos de un semestre para concluir y su gestión y entregar la presidencia.

El rancio anticomunismo alimentado desde los momentos más críticos de la Guerra Fría emerge en esta coyuntura y hasta los más escépticos miran con recelos la manipulación de la opinión pública por parte de los medios aliados de los militares golpistas y de su rostro civil, Micheletti.

En correspondencia, ningún gobierno del mundo reconoció hasta la fecha al gobierno de facto y si coincidieron en la condenada al revertimiento forzado del proceso institucional en Honduras.

Más, al toque de queda decretado por los usurpadores, en los últimos días, que limitó las libertades democráticas en extremo y fue interpretado como un intento más por impedir que el pueblo continue las protestas y su justo reclamo por el regreso del presidente legítimo, Zelaya.

(Entrevista a Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

"Es el pueblo hondureño el que mueve la lucha contra la dictadura y definirá su futuro", me aseguró la presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres.

Para ella, como para muchas personas en el mundo, el golpe de estado perpetrado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, fue una pesadilla inesperada en pleno siglo XXI y más, las represalias desatadas contra quienes enfrentan a sus artífices.

Ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y detenciones, están a la orden del día en el país centroamericano, pero ello no rompe la tibieza de lo que Cáceres identificó como "comunidad internacional institucionalizada".

"Los golpistas han violado, han perseguido, han apresado, han matado...sin embargo, no vemos que la Organización de Naciones Unidas y la de Estados Americanos hagan algo radical contra ellos", opinó la joven.

Gracias a su disposición al diálogo -sin ocultar las preocupaciones por la suerte de sus hijos y su madre que quedaron en Honduras- confirmamos las informaciones sobre los asesinatos de niños y jóvenes negados a unirse de manera forzosa al ejército.

Las cárceles hondureñas estaban repletas de jóvenes, acusados o simplemente sospechosos, de ser miembros de pandillas o maras. Los golpistas abrieron las celdas y les dieron la opción a estos de enrolarse en las fuerzas encargadas de reprimir al pueblo en pie de guerra.

Cientos de ellos, junto a otros reclutados en estas semanas en las calles, fueron trasladados a bases de entrenamiento de batallones criminales como Los Cobras y algunos de los que intentaron escapar, terminaron ejecutados.

Es difícil precisar cifras. Dirigentes del Frente Nacional contra el Golpe de Estado -"creado por el pueblo el domingo fatídico, frente a la Casa Presidencial"- acopian evidencias contra los represores, pero la magnitud de la violencia contra la ciudadanía y la censura sobre ello, obstruyen la labor.

Gran parte de los medios de comunicación, apegados al gobierno de facto, encabezado por Roberto Micheletti, procuran en tanto vender la imagen de que la situación se ha estabilizado y nada ocurre en el territorio.

"Los oligarcas jamás esperaron una respuesta tan fuerte del pueblo y es probable que hasta quienes nos respaldan en esta lucha, inicialmente se sorprendieran de la fortaleza demostrada por los movimientos sociales hondureños".

De acuerdo con la dirigente popular, la única solución posible al conflicto interno en su país es el retorno y reposición de Zelaya.

 "La lucha apenas comienza. Apostamos al sueño que nos han quitado", sentención y aseveró que si el mandatario legítimo logra retornar al cargo, su pueblo le permitirá gobernar por el tiempo establecido, sin considerar los meses que le robaron los golpistas.

En una asamblea, efectuada el 6 de septiembre, centenares de representantes de organizaciones de la resistencia en los 18 departamentos del país, acordaron desconocer las elecciones generales del 29 de noviembre, si son organizadas por los autores del golpe militar.

Igual, determinaron repudiar a los candidatos de la reacción y desconocer los resultados de los comicios, si llegaran a efectuarse sin restablecer el orden constitucional, porque ello sería "la legalización de la violencia militar contra el Estado".

 "Con o sin restitución de Zelaya, nos preparamos para la instalación de una asamblea nacional democrática, con representación de todos los sectores sociales, que impulse la adopción de una nueva Constitución".

La reforma de la Carta Magna deberá garantizar la recuperación de los derechos humanos, de las riquezas, de la capacidad de definir el desarrollo, y legitimar los derechos de las mujeres.

Desde el madrugonazo de junio, féminas de todas las edades, estamentos sociales, y etnias, se lanzaron a las calles para defender la institucionalidad coartada por los militares entrenados en la Escuela de las Américas y la élite sociopolítica, pero su contribución apenas se menciona, recordó.

Cáceres, digna representante de esta parte de la población tradicionalmente discriminada, pronosticó un recrudecimiento de la represión y de la militarización en el país.

 "Los oligarcas tratarán de avanzar más en su proyecto y en la misma proporción, surgirán otros escenarios de lucha, todavía por manifestarse", vaticinó.

En su alocución en el VIII Taller sobre Paradigmas Emancipatorios, celebrado en la capital cubana del 1 al 5 de septiembre de 2009, Cáceres había agradecido la solidaridad de cientos de integrantes de movimientos sociales populares del continente y de países como Cuba y Venezuela.

Mientras denunciaba las atrocidades cometidas por los golpistas -frente a integrantes de agrupaciones feministas, indígenas, lésbicas, gay, académicos y otros impulsores del cambio social en la región-, cobraba forma la voz de un pueblo convencido de la justeza de su lucha.

 "Nunca pensaron en una reacción tan fuerte del pueblo y menos, que este fuese capaz de enfrentarlos tanto tiempo con su creatividad y demostrando una fuerza impensada", afirmó henchida de orgullo en la sesión inaugural del encuentro.

En nombre de los que quedaron en las calles hondureñas, enfrentando la violencia policial, los gases lacrimógenos, las porras, y todo tipo de presiones, la joven reiteró: "nos tienen miedo, porque no tenemos miedo".

El estribillo de la canción, convertida en himno de guerra tras el golpe, resonó en el salón en la voz de Cáceres y dejó la certeza entre los asistentes de que hondureñas y hondureños lucharán hasta restituir al único presidente que escuchó a los excluidos y olvidados de siempre.

El modismo que identifica al subcontinente fue enarbolado por pensadores empeñados en alcanzar la unidad de estos pueblos, pero enmascaró cierta visión avasalladora.

Historiadores atribuyen la paternidad del neologismo “América Latina” al colombiano José María Torres Caicedo y al chileno Francisco Bilbao, quienes vivían para mediados del siglo XIX, en París. Este último empleó el vocablo por primera vez en una conferencia en la capital francesa, el 24 de junio de 1856, que trascendió como Iniciativa de la América.

No obstante, precisa el colombiano Miguel Rojas, Bilbao en esa ocasión usó igual el gentilicio latinoamericano y en escritos anteriores y posteriores hasta aludió a una “raza latinoamericana”.

Los nombres identifican en la misma proporción que ocultan. Ese es el caso de “América Latina”, denominación cuya aceptación fue alentada por los europeos para justificar sus pretensiones recuperativas de los ricos territorios situados entre el Río Bravo y la Patagonia.

El modismo destinado a identificar al subcontinente fue enarbolado por pensadores empeñados en alcanzar la unidad de estos pueblos, pero para varios especialistas, sin proponérselo enmascaró cierta visión avasalladora y el empeño de ocultar el sincretismo de una cultura resultante de la fusión de aportes indígenas, europeos, africanos y de otros grupos poblacionales.

La frase comenzó a gestarse al terminar las guerras de independencia en los territorios sureños, de 1791 a 1825, con un marcado acento anti-norteamericano y su aceptación en esta parte del mundo respondió en buena medida al descontento con el vecino norteño que poco o nada ayudó en las luchas contra el dominio colonial.

Hacia mediados de la centuria decimonónica eran evidentes los afanes expansionistas de Estados Unidos por el resto de la plataforma continental y a tono con ello, el ascenso de los antagonismos entre las derrotadas ex metrópolis europeas con la naciente potencia capitalista.

En ese ámbito, varios pensadores comenzaron a insistir en las diferencias culturales, religiosas, lingüísticas, étnicas, u otras, entre las naciones situadas de una y otra parte del continente.

Gran parte de los textos generados por estos promovieron, además, las ideas acerca de la latinidad de los países ubicados en la zona meridional del mal llamado Viejo Continente y por extensión, mencionaban como parte de la familia a las antiguas colonias ibéricas.

El científico alemán Alexander Von Humboldt fue uno de los primeros en destacar el supuesto origen latino de los pueblos que habitaban las otrora posesiones españolas en América, asegura el historiador cubano, Sergio Guerra Vilaboy.

En igual sentido, destaca a Michel Chevalier, escritor francés que al tomar parte en el debate sobre la cuestión contrapuso la presumible latinidad de las antiguas colonias de España, Portugal y Francia a la raíz anglosajona de los habitantes del norte.

Estos discursos, que en sus inicios apenas insinuaban la existencia de las razas, derivaron en tesis racistas que poco a poco ganaron más interlocutores incluso en las tierras situadas del Río Bravo a la Patagonia, donde determinados sectores procuraban potenciar el componente blanco por oposición a lo indígena.

Historiadores atribuyen la paternidad del neologismo América Latina al colombiano José María Torres Caicedo y al chileno Francisco Bilbao, quienes vivían para mediados del siglo XIX, en París.

Este último empleó el vocablo por primera vez en una conferencia en la capital francesa, el 24 de junio de 1856, que trascendió como Iniciativa de la América. No obstante, precisa el colombiano Miguel Rojas, Bilbao en esa ocasión usó igual el gentilicio latinoamericano y en escritos anteriores y posteriores hasta aludió a una “raza latinoamericana”.

Su rechazo al expansionismo anglosajón lo condujo a instar a la que llamó América Latina a integrarse ante los pronósticos de una probable desaparición de la civilización en el norte y emersión de la barbarie.

“Tenemos que perpetuar nuestra raza americana y latina; que desarrollar la república, desvanecer las pequeñeces nacionales para elevar la gran nación americana, la Confederación del Sur… y nada de esto se puede conseguir sin la unión, sin la unidad, sin la asociación”, declaró.

Rojas explica en el artículo Los aportes del romanticismo latinoamericano a la identidad cultural y la integración que este pensador concebía como “Sur” la extensión lógica y cultural del concepto América Latina, similar a lo reflejado por otros hombres de ideas en la región.

La Confederación Latinoamericana o de Repúblicas del Sur, según Bilbao, partía de los “intereses geográficos, territoriales, la propiedad de nuestras razas, el teatro de nuestro genio, (porque) todo eso nos impulsa a la unión, porque todo está amenazado en su porvenir”.

A tono con su tiempo, este chileno temía al expansionismo continental impulsado desde Washington y a los ánimos de reconquista europeos en boga. Para él, la Gran Nación de Naciones debía fundarse sobre la base de un congreso general de representantes y legisladores, de un código de derecho internacional, de un pacto de alianza federal, crear fuerza militar conjunta, y una economía basada en un pacto comercial, entre otros.

La eliminación de aduanas nacionales internas, un sistema de pesos y medidas comunes y un sistema de presupuestos formaban parte de la propuesta, que implicaba la delimitación de territorios y fronteras, el reconocimiento de la soberanía popular, la elección democrática para los representantes del Congreso General por la suma de los votos individuales y no por la suma de votos por cada nación.

El filósofo mexicano Leopoldo Zea comenta en Fuentes de la cultura latinoamericana que Bilbao sugería a su vez separar la Iglesia y el Estado, la ciudadanía universal latinoamericana, un sistema de educación universal para las repúblicas participantes y la fundación de una universidad que enseñase la historia continental, sus lenguas y culturas.

Tales elementos muestran la incidencia en su pensamiento de las ideas laicistas prevalecientes en Francia y en gran parte de Latinoamérica por extensión y probablemente, constituyen los puntos más revolucionarios de su proyecto.

Bilbao consideraba importante para la conformación y sostenimiento de este proyecto, la creación de un Libro y un Diario correspondientes a las naciones miembros a modo de registros de su devenir.

Unificar el pensamiento, el corazón y la voluntad, eran el objetivo esencial de un programa concebido por quien demandó "obras pedimos y no palabras, prácticas y no libros, instituciones, costumbres, enseñanzas, no promesas desmentidas".

Torres Caicedo, quien ratificó su apego a la corriente propulsora de la latinidad del sur del continente en la parte IX de su poema Las dos Américas, abogó por la conformación de un Estado supranacional tendiente a desterrar “la inferioridad que el aislamiento engendra en cada uno de los Estados latinoamericanos”.

Su propuesta de confederación, unión o liga, perseguía reunir “en un haz único y robusto todas las fuerzas dispersas de la América central y meridional (sic), para formar de todas ellas una gran entidad”, sin detrimento de la autonomía de los Estados.

Esta expresión integracionista debía basarse en “ciertos grandes principios”: creación de un Congreso democrático y liberal, establecimiento de un Tribunal Supremo, fuerzas armadas o tropas para la defensa común y fijación de límites territoriales.

A tales presupuestos se sumaba la negativa a ceder a una potencia extranjera parte del territorio de la unión y de los países miembros, admitir la nacionalidad latinoamericana, abolir los pasaportes nacionales, adoptar idénticos códigos, pesos, medidas y monedas.

También se añadía la libertad de comercio, la creación de un sistema de convenciones postales, la fundación de un sistema de enseñanza uniforme, obligatorio y gratuito en edad primaria, y la creación de un periódico defensor de lo latinoamericano.

La superioridad de la proposición integracionista de Torres Caicedo radicaba en la defensa de la libertad de conciencia y tolerancia de cultos, unida a la prohibición de la explotación del hombre por el hombre y la eliminación de cualquier modalidad de servidumbre.

 El respeto a la identidad en la diferencia cimentó esta iniciativa, que presuponía la autonomía de cada Estado integrante de la unión y serviría de referente a otros pensadores empeñados en alcanzar metas similares.

Las Bases para la Unión Latino-Americana. Pensamiento de Bolívar para formar una Liba Latino-Americana, su origen y su desarrollo, presentadas por Torres Caicedo en París, en 1861, centraban la atención en la necesidad de lograr la integración económica y política de lo que llamó entonces las Repúblicas Latinoamericanas.

El nuevo modo de identificar a la región apareció como protesta ante la invasión perpetrada contra México por parte de las tropas aliadas de España, Inglaterra y Francia, que redundó en el establecimiento de una monarquía francesa en esta porción de la región de 1861 a 1867.

El uso de la palabra “Latina” como adjetivo, detrás del sustantivo “América”, se hizo cada vez más frecuente a finales de la decimonovena centuria a pesar de las evidencias de los intereses de los otrora imperios coloniales europeos de recuperar sus antiguas posiciones.

Prominentes defensores de la integración americana acogieron como suyo el neologismo, destinado a reconocer la familiaridad entre americanos e ibéricos en detrimento de los afanes de destacar lo autóctono en estas tierras y su heterogeneidad cultural, representados en expresiones como “Nuestra América” o “Madre América”.

“No hay odio de razas porque no hay razas”, definió el cubano José Martí y en sintonía insistió en su visión acerca de la diferenciación cultural y no racial entre los dos polos del continente.

Sin embargo, el Maestro apeló en varias ocasiones a la frase alentada desde Francia, pero sólo para remarcar la existencia de una comunidad cultural y lingüística en esta región por oposición a la existente en esa América que no es nuestra, según sus palabras.

“Para descargo de las culpas que injustamente se echan encima de los pueblos de América Latina”, expresó Martí en un discurso dirigido a emigrados cubanos en Nueva York, el 24 de enero de 1880.

“Todo nuestro anhelo está en poner alma a alma y mano a mano los pueblos de nuestra América Latina”, afirmó en un texto publicado tres años después.

A la par, sus escritos reiteran la necesidad de no caer en las trampas ideadas por quienes siempre buscarán someter a estos pueblos. “Ni uniones de América contra Europa, ni con Europa contra un pueblo de América… la unión con el mundo y no con una parte de él”, adelantó de manera previsora lo que constituye el punto de partida del vigente multilateralismo económico.

Ello sugiere que en su caso quizás pudo más lo que iba convirtiéndose en costumbre que el probado conocimiento de los intentos europeos de relanzar el término para tratar de cubrir, con un supuesto panlatinismo, las incursiones en estas tierras de las tropas de Napoleón III y el sostenimiento del imperio comandado por Maximiliano.

También ese defensor de lo propio por encima de lo foráneo, el filósofo uruguayo Jorge Enrique Rodó, adoptó el concepto para esgrimir el legado de la tradición latina, representado en el personaje de Ariel, por oposición al expansionismo anglosajón, mostrado en la figura de Calibán.

Estos y otros pensadores identificados con los destinados de estos pueblos —como los patriotas puertorriqueños Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances, Juan Montalvo y Carlos Calvo, entre otros—, repitieron el vocablo en el contexto de la dominación francesa en territorio mexicano sin que podamos culparlos por ello.

Tan extendido estaba el uso de la frase en el período, que los delegados hispanoamericanos al Congreso Integracionista de Lima (1864-1865) recurrieron a ella y poco tiempo después, el presidente colombiano, Tomás Cipriano de Mosquera, la usó en una comunicación oficial al gobierno de Perú, señala Guerra Vilaboy.

El paso del tiempo tampoco pudo contra el término, que se impuso de forma categórica sobre otros nombres manejados indistintamente: “Hispanoamérica”, en alusión a la impronta española; “América Meridional”, enarbolado por Simón Bolívar; o “Nuestra América”, de Martí.

Con posterioridad, el argentino Ricardo Rojas esgrimió el neologismo “Eurindia”; los peruanos Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui la identificaron como “Indoamérica” o “América Indoespañola”, respectivamente; y el español Ramón de Basterra, como “Espérica”.

Después de la derrota de España en la guerra librada por los cubanos contra el dominio colonial; en 1898, resurgió con gran fuerza la idea del hispanismo, que de acuerdo con el colombiano Miguel Rojas, había comenzado a gestarse durante los festejos del cuarto centenario de la llegada de los europeos a América.

En el entorno de las celebraciones, por tradición poco centradas en rendir culto a los millones de indígenas masacrados por los conquistadores y colonizadores, se declaró festivo el 12 de octubre, identificado como Día de la Raza, y el subcontinente fue renombrado como Hispanoamérica.

Una reunión celebrada en la capital española, en 1900, marcó un paso importante en la recuperación de la corriente de pensamiento conocida como hispanoamericanismo, que entre sus impulsores figura el polígrafo mexicano Justo Sierra.

El Congreso de Hispanoamérica, como transcendió el encuentro, no contó con la asistencia de representaciones gubernamentales de las naciones implicadas y pretendió adelantarse en los análisis al Segundo Congreso Panamericano, que auspiciado por Estados Unidos, debía celebrarse luego en México.

En la cita en Madrid, los participantes acordaron crear la Unión Iberoamericana, a que se le dio el encargo de promover el panhispanismo como contrapartida del panamericanismo alentado desde la Conferencia de Washington, en 1888.

El etnólogo cubano Fernando Ortiz advirtió en el período sobre la naturaleza tutelar y hasta imperialista de la iniciativa presentada por el español Rafael María de Labra, en nombre del gobierno del país ibérico.

El intento estaba sustentado en la supuesta familiaridad entre americanos del sur y españoles por su pertenencia común a una denominada “raza hispanoamericana” y ello no escapó al ojo aguzado del tercer descubridor de la Mayor de las Antillas.

En su obra El panhispanismo, fechada en 1910, Ortiz alertó contra el carácter nocivo de estas tesis discriminatorias, desenmascaró la falsedad del concepto de raza y propuso sustituirlo por uno más apropiado en su opinión: el de cultura. La validez de las predicciones del sabio cubano quedó confirmada bajo la influencia del fascismo, a partir de la segunda década de la decimosegunda centuria, cuando el hispanoamericanismo transitó hacia una ideología más conservadora y reaccionaria, defensora de un confuso orden cristiano.

Las clases más retrógradas de la sociedad española hicieron suyas estas doctrinas con el respaldo del franquismo, que elevó a política de Estado la cuestión con la conformación del Consejo de la Hispanidad, en 1940. A partir de esa fecha, el tema fue convertido en una especie de valladar para tratar de frenar el contagio de Hispanoamérica con las ideas progresistas y en particular, las provenientes del marxismo. Intelectuales de derecha y políticos latinoamericanos acogieron estas formulaciones sin recato.

Los hispanistas de una y otra parte del Atlántico asociaron al neologismo “América Latina” con influencias subversivas y movimientos revolucionarios cuyos orígenes remontan a la Revolución Burguesa Francesa de 1789. También critican el vocablo “Indoamérica”, surgido en medio de las reivindicaciones sociales y étnicas propugnadas por la Revolución Mexicana de 1910.

El fin de siglo trajo consigo otro modo de identificar al área, siempre en la mira de los sucesores de quienes coartaron la evolución natural de los pueblos autóctonos americanos. La continua alusión a Iberoamérica, como unidad cultural aunque no geográfica, obliga a repasar la historia del casi centenar de vocablos ideados para nombrar a esta región.

Pese a que la trayectoria seguida por el término recuerda sus lazos con el hispanismo, en las últimas décadas se le quiso dotar de otra connotación al fomentar la idea de una comunidad ibérica —integrada por naciones de América y España— contra la concepción exaltada por el franquismo. De trasfondo subyace el deseo de facilitar los vínculos de la Unión Económica Europea con las antiguas colonias, alertan algunos especialistas y no descartan la relación entre el vocablo y el impulso dado a la concertación de Acuerdos de Libre Asociación con estos países.

Guerra Vilaboy y Miguel Rojas concuerdan en que no obstante estas maniobras, la noción moderna de América Latina suele ser la más reivindicada, tal vez porque mantiene su especificidad y parte de la dimensión integracionista de los implicados en su surgimiento.

“América Latina” o “Latinoamérica” aluden a los pueblos menos aventajados económicamente del continente, dotados de una multiplicidad étnica y cultural únicas, por sus diversos orígenes y sometimiento a un profundo proceso de mestizaje. Ambos términos reflejan más que un simple parentesco cultural, lingüístico o étnico, una trayectoria común de luchas, aspiraciones, intereses, problemas y destinos históricos.

Estas expresiones son asociadas con mayor frecuencia a la aspiración de conformar una unidad en el subcontinente en todos los órdenes, intento que anima a los artífices de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, de la Unión de Naciones Suramericanas, Petrocaribe y otras, cuyos frutos comienzan a avistarse.

    La historia íntegra del subdesarrollo de América Latina es la historia del desarrollo del capitalismo mundial, asegura el ensayista Eduardo Galeano, en ese texto imprescindible que ahora tiene en sus manos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

   Gracias al gesto del mandatario venezolano, Hugo Chávez, podrá ilustrarse el sucesor de George W. Bush en cuanto a la trayectoria de dolor de este subcontinente, uno de los más desfavorecidos por el orden mundial establecido a partir del siglo XVI.

   Probablemente, ninguno de los libros de la larga lista que tiene pendiente por leer Obama –como pregonan funcionarios de su gobierno- contenga tanta riqueza acumulada en términos literarios, históricos, culturales, sociológicos, entre otros. Mejor aun: pongo en duda que alguno pueda degustarse como este, frente al cual goza el pensamiento.

   “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”.

   Así inicia su recuento el periodista uruguayo, ex colaborador de Prensa Latina, quien de modo magistral recompone la trayectoria de los países situados del Río Bravo a la Patagonia, primero desangrados por los colonialistas europeos y después, por su vecino del norte.

   “Potosí, Zacatecas, y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho”, recuerda Galeano.

   También la desolación ensombreció el porvenir del “nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo que tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa”.

   Estos son apenas los comienzos de un relato que -libre de las ceñidas exigencias de la academia- ínsita a profundizar en los múltiples porqués de las elevadas cifras de pobreza, desnutrición, enfermedades y depredación del medio ambiente arrastradas por estas naciones.

   “Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder”.

   Verdad de Perogrullo parece tal afirmación en esta vigésimo primera centuria, sobre todo para quienes sufrimos las secuelas de estos procesos y en medio de una crisis global de dimensiones ilimitadas, más cada razón esgrimida para reforzarla vale si se trata de aniquilar probables sombras en la memoria.

   “De la plantación colonial, subordinada a las necesidades extranjeras y financiada, en muchos casos, desde el extranjero, proviene en línea recta el latifundio de nuestros días. Este es uno de los cuellos de botella que estrangulan el desarrollo económico de América Latina y uno de los factores primordiales de la marginación y la pobreza de las masas latinoamericanas”.

   ¿Qué efecto tendrá en un descendiente de esclavos africanos releer los abusos sufridos por sus ancestros en tales reinos del terror? Los libros redimen y calman, decía nuestro José Martí, pero también conducen inexorablemente a la reflexión.

   “Del Potomac al río de la Plata, los esclavos edificaron las casas de sus amos, talaron los bosques, cortaron y molieron las cañas de azúcar, plantaron el algodón, cultivaron cacao, cosecharon café y tabaco y rastrear los cauces en busca de oro”. Esclavos también construyeron la Casa Blanca.

   El peso de la lejanía cargaron siempre sus espaldas los que, arrancados de sus tierras africanas, lograron sobrevivir a la injusticia y propiciaron con su trabajo la conformación del gran capital que facilitó la revolución industrial, particularmente, en Estados Unidos de América.

   Negros e indígenas son desde entonces los sectores más marginados en todo el hemisferio, salvo en aquellos espacios donde llegaron al poder gobiernos empeñados en revertir milenios de padecimientos.

   Pero pese a los esfuerzos “son secretas las matanzas de la miseria en América Latina; cada año estallan, silenciosamente, sin estrépito alguno, tres bombas de Hiroshima sobre estos pueblos”.

   Como escrita en este tiempo, parece la alusión del Premio Casa de las Américas a la culpabilidad de los organismos financieros internacionales en esta situación: “so pretexto de la mágica estabilización monetaria, el Fondo Monetario Internacional,…impone en América Latina una política que agudiza los desequilibrios en lugar de aliviarlos.”

   “Nacido en Estados Unidos, con sede en Estados Unidos y al servicio de Estados Unidos, el Fondo opera, en efecto, como un inspector internacional, sin cuyo visto bueno la banca norteamericana no afloja los cordones de la bolsa”. El Banco Mundial y agrupaciones filantrópicas de alcance universal actúan de modo semejante desde los años 1970.

   Sin embargo, poco aluden las poderosas cadenas de comunicación a estos desastres. Mejor, piensan sus directivos, dedicar espacios a especular sobre la supuesta intención malsana de Chávez al ceder en forma pacífica un libro al principal representante estadounidense.

   No importa lo que digan. Cuesta creer que Obama no sucumba a la tentación de leer el texto recibido en Puerto España, en el ámbito de la edición de la Cumbre de las Américas más aplastante para los defensores de la hegemonía norteamericana en el sur.

   La rama de olivo tendida por uno de los líderes del proceso de cambio en estas tierras vale la pena hojearla y ojearla. Sólo el repaso de esas páginas y la interiorización del significado de cada palabra impresa en ellas, puede conducir a buscar fórmulas tendientes a la armonía soñada por esta parte y anunciada por la otra.

Sigo atada a la sorpresa: el planeta y la especie humana están en peligro de desaparecer y sólo se reiteran informes sobre alzas de precios, quiebras de empresas, desajustes en las bolsas y rupturas económicas.

Para algunos encargados de informar u orientar a los consumidores de los mensajes comunicativos, la crisis -desatada a partir del estallido hipotecario en el sector inmobiliario estadounidense, a mediados del año 2007, y expandida por el mundo con posterioridad- apenas trasciende lo financiero.

Frente a la complejidad del acontecimiento más grave vivido por el capitalismo en su trayectoria de más de cuatro siglos, parecen desconocer la conexión entre esta crisis y otras que irrumpen por primera vez: la medioambiental, la energética, y la hídrica.

Como recuerdan múltiples páginas de la historia, nada de eso ocurrió en el ámbito de la Larga Depresión de 1873- 1896 o de la identificada como Gran Depresión, desplegada en los primeros años de la década de 1930 y considerada un factor desencadenante de la Segunda Guerra Mundial.

La crisis sistémica de la cual somos testigos en esta centuria, todavía es presentada por algunos como una de las habituales cíclicas del capitalismo, pero tal vez sea una señal desde el futuro.

Resulta imposible sobrevivir siguiendo la lógica de un modo de producción en virtud del cual la gente vive de préstamos sin garantías y termina desconfiando hasta de su sombra, si no muere de hambre. Pero peor que la arista financiera o espiritual del asunto, es la crisis ecológica.

La civilización nuestra descansa en el consumo permanente de energía, sobre todo de petróleo, y está demostrado científicamente que de continuar el nivel de explotación actual las reservas se agotarán en las próximas dos a tres décadas.

El ascenso desenfrenado del precio de las materias primas, sobre todo del combustible decisivo en estos tiempos, pudiera tomarse como símbolo de la llegada de una nueva época.

Al margen de las fluctuaciones en los precios del petróleo y la búsqueda de fuentes alternativas, el consumo sigue en escalada y poco o nada se escucha o lee sobre nuevos yacimientos. En cambio, especialistas aseguran que la población mundial crecerá en 50 por ciento en esta primera mitad de siglo.

Tales estimaciones de la división de Población de la Organización de Naciones Unidas, chocan con otras estadísticas y despiertan el escepticismo ante la urgencia de producir más alimentos con menos agua.

El incremento de seis mil 800 millones a nueve mil millones de personas en 2050 -49,6 por ciento más que en el 2000-, complicará la atención a servicios básicos elementales y redoblará la presión sobre los bosques y otros recursos naturales.

A ello se sumará el aumento de la generación de emisiones atmosféricas contaminantes y la polución de cauces hídricos, cada vez más preciados y limitados, vaticina la Fundación Alemana de Investigación de la Población Mundial.

En el sustrato de la problemática está la insostenibilidad del expandido sistema tecnológico occidental, atravesado por una lógica que insta a consumir como cuestión indispensable para lograr el crecimiento económico, sin reparar en daños a los seres humanos y la naturaleza, sobre-explotada con tal de acumular más capitales.

Manuel Sutherland, coordinador de Formación e Ideología de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, se cuestiona por qué medios de prensa e ideólogos capitalistas esconden o disimulan la gravedad de esta problemática.

En su opinión, esta no es otra fase más de desajustes del capitalismo, sino la crisis de ese modo de producción, de la forma en que bajo su signo es organizado el proceso de trabajo.

La producción, la distribución, el cambio y el consumo, son elementos conexos, de acuerdo con la dialéctica materialista. La interrelación expresa en esta crisis responde a la vinculación indisoluble de esos momentos de la reproducción material de las personas, los cuales evolucionan independientemente de la voluntad de estas.

Cuando poderosas cadenas televisivas y agencias de prensa reiteran los anuncios sobre las contracciones en emporios como la General Motors, la Ford y la Chrysler, las reducción de los valores de importantes marcas o la quiebra de millonarias corporaciones, vale mirar con ojo crítico.

"Ello no puede ser culpa de decisiones irresponsables de entes individuales imbéciles, ni de la mala “suerte” en la ruleta de la bolsa. La explicación está en el funcionamiento estructural del modo de acumulación capitalista, en el corazón de su sistema, que permanentemente cabalga en el caos y la miseria de los cuales se nutre", alerta Sutherland.

Casi una década antes, quienes preconizaron el peligro, fueron tildados de catastrofistas. Mas, la crisis llegó y es imposible predecir cuánto durará o qué intensidad tendrá, afirma Osvaldo Martínez, director del Centro cubano de Investigaciones de la Economía Mundial.

Este recuerda que la crisis es una regularidad del capitalismo, el cual necesita destruir sus fuerzas productivas para abrir paso a otra etapa de crecimiento económico. Sin embargo, añade, la crisis actual marca un deterioro muy profundo del sistema.

Tal vez ello no conduzca a la destrucción definitiva de ese orden, pero creará las condiciones favorables para grandes movimientos políticos en su contra, porque generará mayor pobreza, desempleo, ruina y desesperación.

Otros reconocidos académicos no descartan incluso el posible desencadenamiento de una tercera confrontación bélica mundial, por interés de determinadas potencias o fuerzas políticas en propiciar un nuevo reparto de mercados.

Durante el décimoprimer Encuentro Internacional sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, celebrado en La Habana, premios nobeles de economía y prestigiosos investigadores coincidieron en que acabar con el capitalismo es la única vía para eliminar las amenazas que se ciernen sobre todas las formas de vida del planeta.

Múltiples encuestas coinciden en que los posibles votantes en las elecciones presidenciales del 15 de marzo de 2009, en El Salvador, optarán por el cambio y favorecerán al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Cuatro gobiernos consecutivos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) redundaron en el alza del costo de la vida, de la inseguridad ciudadana, de la injusticia social, del despilfarro de fondos públicos, del desempleo y de la pobreza y ello explica en parte por qué es cada vez más visible el rechazo generalizado a esa fuerza.

En opinión del escritor Tirso Canales, al recuerdo de los engaños recibidos de los areneros se une la implicación de miembros del partido gobernante en el asesinato del teólogo Ignacio Ellacuría y otros cinco sacerdotes; de los esposos Manzanares Monjaras, en Suchitoto; de los maestros Pénate Flores, en Coatepeque, y otros.

La memoria popular, contrario a las tesis de algunos filósofos, tarde o jamás olvida crímenes como esos y los turbios manejos en otros casos, realizados por integrantes de la agrupación creada por el ex mayor del ejército Roberto D´Aubuisson, artífice de los Escuadrones de la Muerte y del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Un sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA), cuyos resultados fueron divulgados el 15 de diciembre, reflejó un incremento de la ventaja del FMLN en 16,4 puntos porcentuales sobre su principal contrincante, a menos de tres meses de los comicios.

Los especialistas del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA constataron, del 15 al 30 de noviembre de 2008, que en intención de votos para el sufragio por la máxima magistratura, el FMLN logra 44,2 por ciento frente a un escaso 28 por ciento a favor de ARENA.

En un estudio anterior, la diferencia entre ambos partidos era de 14,9 por ciento, también en beneficio de los efemelenistas y de su presidenciable, el periodista Mauricio Funes.

Para los encuestadores, algo destacable en los estudios realizados en los últimos meses del 2008 es el interés de la población por ir a votar el día de las elecciones, a pesar de la desconfianza generalizada en que se respeten los resultados del proceso.

De concretarse lo proyectado a partir de la última encuesta realizada por la UCA, el FMLN también ganará las elecciones en relación con las alcaldías y diputados: obtendría 34,6 por ciento sobre 27,1 por ciento de ARENA y en legisladores, contará con 40,5 por ciento sobre 25,3 por ciento de su principal contraparte.

En el sustrato de estos resultados está la convicción expresada por 79,5 por ciento de los entrevistados de que el costo de la vida aumentó considerablemente en los últimos cuatro años, bajo el gobierno de Elías Antonio Saca.

Para 61,7 por ciento, la economía empeoró y 66,5 estimó que la pobreza ascendió sensiblemente en el país más pequeño de Centroamérica, cuya economía sigue dolarizada y sujeta a los vaivenes de la estadounidense, por lo que percibe con mayor fuerza los impactos de la crisis estructural del capitalismo.

De ganar el candidato por el FMLN, sería la primera vez que la izquierda gobernaría en El Salvador, pero en una coyuntura más complicada por la elevación de las tasas de interés, la suspensión de importantes proyectos de construcción, de créditos, y el incremento de la deuda estatal, en 38 millones de dólares, entre otros.

La crisis internacional -que inició en Estados Unidos y obligó a varios gobiernos a desembolsar millones de dólares en instituciones financieras privadas- demostró a los salvadoreños la incapacidad de los areneros de pagar a las distribuidoras de energía el subsidio generalizado.

Al incumplir con el compromiso de destinar 31,5 millones de dólares para evitar el aumento de los precios de la electricidad, la administración de Saca estimuló aún más el descontento con la fuerza gobernante desde 1989.

La emisión de Letras del Tesoro del Estado, que en el último tramo de 38 millones de dólares alcanzaron tasas de 7,5 por ciento a menos de 90 días de plazo; y la decisión de los bancos de suspender el otorgamiento de créditos, son otros de los impactos de la crisis en la actividad económica nacional.

El 13 de octubre, Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo de El Salvador de estable a negativa y justificó su fallo con los crecientes riesgos provenientes de las mayores presiones fiscales y económicas en un contexto de ajustada liquidez doméstica y externa, publicó el Diario de Hoy.

Los más pobres son los que reciben la peor parte en este contexto, donde a pocos les caben dudas de las posibilidades de triunfo de Funes, quien prometió propiciar lo que nunca en la historia salvadoreña sucedió: que la derecha entregue la conducción del gobierno en forma democrática a un Presidente de la llamada izquierda.

"La institucionalidad no está garantizando la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras", declaró el comunicador durante la marcha del Día Internacional de los Trabajadores.

Funes es considerado una carta de triunfo del FMLN, estigmatizado por medios de comunicación nacionales por su pasado guerrillero y atacado continuamente por su presumible inclinación comunista.

En sus más de dos décadas de carrera periodística, este contrastó con profesionalismo los diferentes puntos de vista de la realidad nacional y mostró en todo momento su opción preferencial por los pobres, al estilo de los teólogos de la liberación, concuerdan analistas.

Durante los terremotos de 2001, frente a una avalancha mediática gubernamental, Funes abrió los micrófonos a la población para sacar a luz reclamos y denuncias y ello marcó un hito en un país con una tradición bastante antidemocrática, recuerdan.

Diario de Hoy tuvo que admitir que, con la postulación de Funes, el FMLN garantizó el respaldo de cientos de profesionales, empresarios y técnicos sumados al movimiento Amigos de Mauricio.

La consultora CID-GALLUP, igual que la UCA, confirmó desde meses anteriores la preferencia por el periodista salvadoreño, quien logró porcentajes favorables entre 16 y 21 por ciento, por encima de su adversario por el oficialismo, Rodrigo Ávila.

En un comunicado, el Bloque Popular Juvenil (BPJ) consideró estos resultados un reflejo de las aspiraciones de cambio de un pueblo que, durante los últimos cuatro años, sufrió el ascenso del costo de la vida del 41,8 por ciento a más del 70 por ciento.

Una larga carrera en los medios de comunicación -primero como reportero del Noticiero Tele 10, del estatal Canal 10; luego, en el espacio informativo Al Día, del Canal 12; y posteriormente, en su reconocido programa Sin Censura, dentro del Noticiero Hechos- le granjearon a Funes las simpatías de miles de posibles electores.

Ello quedó demostrado cuando la directiva de Canal 12 lo despidió, el 19 de febrero de 2005, por sus duras críticas a la Administración del presidente Elías Antonio Saca, y varias organizaciones sociales manifestaron de forma unánime su descontento ante el hecho.

El movimiento social desplegado contra tal decisión motivó que el comentarista fuera acogido tres meses después por los Canales 15 y 21 de la cadena Megavisión y apareciera a través de la pantalla con el programa La Entrevista, el más visto en las mañanas, según un sondeo de opinión efectuado en septiembre de ese año.

Como entonces, distintas agrupaciones procuran ahora desarticular la campaña de desprestigio desplegada contra el FMLN y su candidato, e insisten en respaldar un programa destinado a cambiar el panorama del "pulgarcito de Centroamérica".

De cualquier manera, queda mucha agua por correr bajo los puentes antes de las elecciones de 2009, y la popularidad del posible presidente efemelenista no dará el triunfo por sí sola. Reforzar la alianza político-social y la campaña de promoción de la agenda democrática y popular defendida por Funes, cobran rango de urgencia.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lidera las encuestas, tanto para las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo, como las presidenciales del 15 de marzo.

Aunque el 3 de enero de 2009 entró en vigor la disposición legal de interrumpir la divulgación de los resultados de estudios como esos, tres días antes de los comicios parciales, pocos dudan de las simpatías de muchos hacia los representantes del principal partido de oposición.

Un sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA), cuyos resultados fueron difundidos el 15 de diciembre, reflejó un incrementó de la ventaja de los efemelenistas en 16,4 puntos porcentuales sobre su principal contrincante, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Para los encuestadores, algo destacable en los estudios realizados en los últimos meses del 2008 es el interés de la población por asistir al sufragio a pesar de la desconfianza generalizada en que se respeten los resultados del proceso.

De concretarse lo proyectado a partir del último sondeo realizado por la UCA, el FMLN ganaría las elecciones municipales, con el 34,6 por ciento y ARENA obtendría 27,1 por ciento, mientras en las congresionales contaría con 40,5 por ciento contra 25,3 por ciento de su principal contraparte.

En el sustrato de estos resultados está la convicción expresada por 79,5 por ciento de los entrevistados de que el costo de la vida aumentó considerablemente en los últimos cuatro años, bajo el gobierno de Elías Antonio Saca.

También varios seguidores de estos temas vinculan esos resultados con el arraigo alcanzado por el discurso del candidato presidencial por el Frente, Mauricio Funes, periodista de reconocida trayectoria en los medios de comunicación en este país y posiciones críticas en relación con la gestión de los cuatro gobiernos consecutivos de ARENA.

Funes, de 49 años de edad, integró el partido en 2007 y desde entonces reiteró su propuesta de transformar la sociedad salvadoreña, marcada por las secuelas de la guerra interna (1980-1992), ascendente niveles de criminalidad -hasta 11 asesinatos como promedio por día-, discriminación, y otros males.

El cambio social -tras la hegemonía por casi dos décadas de la agrupación fundada por el artífice de los Escuadrones de la Muerte y del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Roberto D´Abuisson- devino grito popular y es el lema fundamental enarbolado por el comunicador durante su campaña.

Sólo la duda impera entre analistas, políticos, dirigentes de movimientos sociales y especialistas, ante las situaciones de violencia electoral registradas y lo que ello puede incidir en la participación de los electores en el proceso.

Algunos sondeos realizados desde noviembre de 2007 reflejaron que 36 por ciento de los inscriptos en los padrones electorales están en duda de acudir a las urnas o acerca de a quien favorecer con su voto, ante el incremento de los choques entre los seguidores de las principales fuerzas contendientes.

Más de 10 denuncias por actos de esa naturaleza son investigadas por la Fiscalía de la República y el Tribunal Supremo Electoral llegará al proceso del próximo domingo con cinco denuncias recibidas por violencia electoral y ninguna sanción interpuesta, publicó el diario La Prensa Gráfica.

Esta es la realidad que envuelve a El Salvador previo al 18 de enero, fecha en la cual los más de 4,2 millones de personas con derecho al voto, designarán a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, otros 20 para el Parlamento Centroamericano y a los alcaldes de los 262 municipios, por un período de tres años.

Además de las principales fuerzas políticas de la nación, en la contienda participarán el Partido de Conciliación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Frente Democrático Revolucionario (FDR) y Cambio Democrático (CD).

La ventaja de los areneros en las últimas elecciones legislativas, en marzo de 2006, fue corta en relación con los efemelenistas, 34 contra 32 diputados, en tanto el resto de las fuerzas acapararon solo 10 escaños, el PCN; el PDC seis y el CD, dos.

Como ningún partido alcanzó la mayoría simple necesaria para la aprobación de las decisiones parlamentarias, durante los últimos tres años hubo que gobernar por consenso en El Salvador, donde 147 alcaldías están en manos de ARENA, el FMLN posee 52; el PCN, 39; el PDC, 14 y dos el CD.

Pero esta vez, todo parece indicar que la jornada será de victorias para el FMLN, no obstante la intensa campaña mediática en su contra desplegada por Fuerza Solidaria, una organización anónima que lo responsabiliza de prácticamente todos los males del país y señala con recelo su pasado rebelde.

Más, la buena sombra bajo la cual anda Funes, puede favorecer a los aspirantes a diputados y alcaldes de su partido, cuya principal meta de momento es mantener el gobierno capitalino, en su poder desde 1997.

La alcaldesa, Violeta Menjívar, repite candidatura en esa plaza y su popularidad subió de manera progresiva en los últimos meses por su constante aparición ante la población, en mítines y reuniones partidarias, acompañada de Funes.

Ganar el gobierno capitalino es casi una cuestión de honor para los partidos políticos salvadoreños, por lo que ARENA pretende reivindicarse en ese punto el domingo con Norman Quijano, uno de sus más veteranos diputados.

Un triunfo del FMLN en las legislativas y municipales del domingo, cuya reedición ocurrirá en tres años, puede servir como respaldo para obtener similares resultados en las presidenciales e impulsar el desarrollo por nuevos rumbos en El Salvador.

  Ecuador yergue su cabeza y desafía al mundo: no pagará una deuda externa que, parecido a sus similares en Latinoamérica, nació bajo el asedio de las cañoneras inglesas, francesas y estadounidenses, y creció al amparo de Tratados de Libre Comercio, la IV Flota, los Comandos Sur y Norte, el Plan Colombia, la Iniciativa de Mérida y otros.

   En un acto de total soberanía, el gobierno de Rafael Correa Delgado determinó, el 20 de noviembre de 2008, desconocer su compromiso con una enorme deuda ilegítima y juzgar a los responsables de contraerla y usarla en nombre del pueblo.

   Para el presidente, el criterio de sustentabilidad de servicio a la deuda debe considerar las consecuencias del desvío de ese fondo en el bienestar del pueblo y una de las contribuciones de su país para redefinir tal criterio es promover la reconstrucción de las estructuras económicas internacionales. 

   En el primer discurso como mandatario, Correa Delgado, fundamentó lo que debía ser una política soberana respecto al endeudamiento público: primero el ser humano, antes que la deuda y en correspondencia, redujo al 25 por ciento el presupuesto estatal para el servicio de esta, en 2007, por debajo del 47 por ciento destinado en 2006.

   El rechazo a cualquier injerencia foránea es parte de una estrategia que implicó, además, la pre- cancelación de la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional, la definición de llegar al endeudamiento sólo en casos de excepcionalidad, de modo limitado y selectivo; y cubrir las actividades sociales con recursos del Estado.

   Muchos en este mundo globalizado debieran imitar el ejemplo. No en balde la decisión parte de una administración gubernamental encabezada por un economista graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (1987), máster de Artes en Economía en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva (Bélgica, 1991)), máster de Ciencias en Economía en la Universidad de Illinois (Estados Unidos, 1999) y Doctor en Economía en ese mismo centro (2001).

   Correa Delgado nació el 6 de abril de 1963, en Santiago de Guayaquil, y puede hablar con propiedad de cuanto se manipula, tomando como base las ciencias económicas, en contra de estas naciones y cuánto puede hacerse para frenar las crisis generadas por ello.

   Estos conocimientos cimentaron su decisión de impulsar una reforma constitucional a favor de los derechos humanos, sin menoscabo del respeto a los derechos de la naturaleza, capaz de garantizar que Ecuador sea un territorio de paz, sin presencia militar extranjera, y de incentivar la búsqueda del desarrollo por la del "buen vivir".

   El 28 de septiembre de 2008 quedó legitimada la vigésima Carta Magna de Ecuador, con 64 por ciento de votos a favor frente a 36 por ciento en contra, blancos y nulos, según informó el Tribunal Supremo Electoral.

   Poco antes de esta segunda victoria en urnas, Correa Delgado decretó la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Pública (CAIC), el 9 de julio de 2007, mediante Decreto Ejecutivo 472.

   Esta fue encargada de auditar los procesos de contratación de convenios, contratos y otras formas o modalidades contractuales para la adquisición de créditos, obtenidos por el sector público ecuatoriano, provenientes de gobiernos, instituciones del sistema financiero multilateral o de la banca y sector privado, nacional o extranjero, de 1976 a 2006.

   Representantes de organizaciones sociales ecuatorianas, de movimientos internacionales empeñadas en solucionar el problema del endeudamiento en el Tercer Mundo y delegados de organismos de control y anticorrupción del país, en calidad de asesores, estuvieron rectorados por el Ministro de Finanza durante el proceso, que duró casi 18 meses.

   En el informe presentado en el quiteño Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), los integrantes de la CAIC responsabilizaron a casi todos los gobiernos del período y denunciaron el desconocimiento existente sobre el destino de ciertos fondos públicos.

   El documento estableció que en toda la adquisición de la deuda, hubo intromisión de bancos extranjeros, organismos financieros internacionales y presiones para cambiar leyes, incluso, violando la Constitución.

   La pesquisa comenzó por la gestión de la dictadura militar, presidida por Alfredo Poveda Burbano, época en la cual, con el respaldo del petróleo ecuatoriano, se obtuvo créditos de bancos privados extranjeros, con una tasa de interés, en principio, del 6 por ciento, según el documento.

   Pero un quinquenio después, los bancos extranjeros subieron el interés al 20 por ciento, por lo que la deuda pasó de mil 170 millones de dólares a dos mil 400 millones de dólares, al fin del gobierno militar, en el año 1978.

   Ese aumento de interés provocó una crisis económica, lo que significó un riesgo de quiebre de empresas, durante el mandato de Osvaldo Hurtado, y por ello, el Estado asumió como suya deudas de particulares sin la debida preocupación.

   En otros términos, lo adeudado en sucres, se convirtió en dólares y, por tanto, alrededor de mil 300 millones de dólares pasaron a engrosar la deuda ecuatoriana. De tal forma, la deuda ascendió a siete mil .800 millones de dólares, al concluir el gobierno de Hurtado, precisó el texto,.

   "La deuda comercial representa el 30 por ciento respecto de la deuda total, sin embargo, esta deuda significa el 44 por ciento que corresponde al pago de intereses. Es decir, es la deuda más cara", explicó una de las comisionadas de la CAIC, Karina Sáenz.

   El gobierno de León Febres Cordero amplió las condiciones ventajosas de la deuda externa sucretizada en octubre de 1984 y el 9 de diciembre de 1992, en Nueva York, el país renunció a su derecho para demandar la prescribilidad de la deuda, es decir, no pagarla si durante seis años no tenía los recursos para hacerlo.

   Los responsables de ese hecho fueron los entonces Ana Lucía Armijos, ex gerente del Banco Central del Ecuador; Mario Ribadeneira, ex ministro de Finanzas y Sebastián Pérez Arteta, ex ministro de Finanzas encargado, en correspondencia con los auditores.

   Con la emisión de los bonos Brady, en 1994 se renegoció la deuda, transformándose en cuatro mil 500 millones de dólares de capital y dos mil 500 millones de dólares de interés, pero sobre estos bonos se volvió a pagar interés, acción a la que se calificó como anatocismo.

   Estas condiciones empeoraron la situación económica del país, por lo que se renegoció la deuda, cambiando los bonos Brady por bonos Global. Los primero estaban devaluados, tenían un 30 por ciento menos de su valor original, es decir, casi mil millones de dólares y con el trueque, el monto subió a tres mil 900 millones de dólares.

   Las irregularidades e ilegitimidades en las negociaciones del débito quedaron expuestas detalladamente en el informe del CAIC y también, las cometidas en la instrumentación de la emisión de Bonos Global 2012 y 2030, cuya oferta de emisión no estaba autorizada por las leyes ecuatorianas.

   El Decreto Ejecutivo relacionado con el tema no había sido publicado cuando la suscripción y Salomón Smith Barney Inc. y J. P. Morgan, actuantes en la negociación del 27 de julio de 2000, carecían de la autorización formal de Ecuador.

   Esas negociaciones trajeron grave perjuicio económico para la nación andina, porque el valor de mercado de los bonos reestructurados estaba por debajo de 30 por ciento de su valor nominal, lo que determina que el monto sujeto a negociación, en el mercado secundario, valía mil cinco millones, aproximadamente.

   "Se determina que la nueva emisión de Bonos ‘Global 2012 y 2030’ ascendió al monto de US$ 3.950 millones, es decir casi cuatro veces el valor de mercado de la parte ‘negociable’ de los ‘Bonos Existentes’. Los intereses pagados hasta agosto de 2008 suman US$ 2.450 millones, valor resultante de niveles tan onerosos, como el 19% antes citado", refleja el documento del CAIC.

   Las deudas externas, conformadas contra los pueblos del mal valorado como Tercer Mundo, bajo condiciones ilegítimas casi siempre y con el afán de avasallar, sólo tienden a incrementarse en la misma proporción en que son pagadas, a tono con paradójicos mecanismos financieros.

   Por tal razón, el anuncio del gobierno ecuatoriano recibió el aplauso de intelectuales, artistas y luchadores sociales de todo el mundo, los cuales firmaron el Manifiesto por Ecuador y por la constitución de una red mundial contra la deuda externa

   Un vez más, el llamado es a alzarse contra deudas que sólo "obligan a privilegiar la obtención de divisas y a posponer eternamente la búsqueda del bienestar de los pueblos" y "justifican y propician la impunidad y la corrupción", como señala el documento.

   "Nosotros, intelectuales, artistas, y luchadores sociales, comprometidos con la democracia, la libertad y los procesos de emancipación de los pueblos del mundo, respaldamos la decisión del gobierno ecuatoriano...y nos conformamos en promotores de la creación de una red mundial contra la deuda externa ilegítima y los tributos coloniales".

   La iniciativa de romper con el engranaje de la deuda, promovida hace más de dos décadas por Fidel Castro y desoída por muchos en una coyuntura económica diferente, es retomada por los ecuatorianos en un contexto marcado por una crisis financiera y una recesión económica internacional, sin precedentes.

   De allí, la trascendencia de esta muestra de autogobierno, superior en cuanto a la decisión explícita de cerrar contratos de dudosa procedencia, en la misma proporción en que serán juzgados los responsables de suscribir tales pactos a costa del progreso de una nación.

   Vale desafiar a los poderosos si a cambio puede impulsarse más progreso y calidad de vida al pueblo, parece ser el mensaje del gobierno de Correa Delgado, uno de los intelectuales nacidos en estas tierras, que lejos de conformarse con mostrar la sapiencia acumulada a partir de estancias académicas en Europa o Estados Unidos, procuran el cambio para bien de nuestra dolida América.

La crisis internacional del capitalismo- que comenzó en Estados Unidos y obligó a varios gobiernos a desembolsar millones de dólares en instituciones financieras privadas- demostró una vez más la dependencia económica de El Salvador.

La elevación de las tasas de interés, la suspensión de importantes proyectos de construcción, de créditos, y el incremento de la deuda estatal, en 38 millones de dólares, son apenas algunos de los efectos de la desaceleración en el país más pequeño de Centroamérica.

Para algunos analistas, una de las consecuencias más graves es la incapacidad gubernamental de pagar a las distribuidoras de energía el subsidio generalizado, pese al compromiso de destinar 31,5 millones de dólares para evitar el aumento de los precios.

La emisión de Letras del Tesoro del Estado, que en el último tramo de 38 millones de dólares alcanzaron tasas de 7,5 por ciento a menos de 90 días de plazo; y la decisión de los bancos de suspender el otorgamiento de créditos, son otros de los impactos en la actividad económica.

Mientras el Secretario Técnico, el ministro de Hacienda y la presidenta del Banco Central de Reserva (BCR), aseguran que no hay falta de liquidez en el país, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADE) y la calificadora internacional Fitch Ratings, desmienten esa afirmación.

El 13 de octubre, Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo de El Salvador de estable a negativa y justificó su fallo con los crecientes riesgos provenientes de las mayores presiones fiscales y económicas en un contexto de ajustada liquidez doméstica y externa, publicó el Diario de Hoy.

“La ajustada liquidez complicó el panorama financiero del soberano (el Estado), incluso en las obligaciones de corto plazo. Tasas de interés más altas fueron requeridas para renovar los vencimientos de corto plazo y disminuyó el interés por instrumentos cuyo vencimiento va más allá de las elecciones de 2009”, precisó en un informe la calificadora.

Por su parte, FUSADES consideró que, a partir de agosto, el país entró en franca desaceleración hasta apenas uno por ciento en los últimos dos meses, con perspectivas de reducirse el crecimiento a valores cercanos a cero, a finales del año.

Un informe trimestral de la institución consignó que El Salvador gastó 527 millones de dólares más en petróleo en lo que va de 2008, en relación con 2007.

La factura por el combustible y el pago de los subsidios– que aumentó en 157,5 millones de dólares hasta el tercer trimestre en comparación con igual período del año anterior- originó en buena medida la falta de liquidez en el ámbito nacional.

Ello desencadenó también, según FUSADE, una competencia entre el sector público y el privado por dinero y ello redundó en el aumento de las tasas de interés.

La crisis financiera internacional marcó su huella, además, en la actividad bancaria: en el territorio, gran parte de los bancos están en manos de corporaciones internacionales y en virtud del desajuste, padecen el corte de flujos desde sus casas matrices.

El cierre de líneas de crédito, iniciado en la segunda semana de octubre, derivó en que una docena de grandes proyectos de construcción quedaran postergados. Entre estos, El Pedregal, ambicioso plan orientado a la construcción del edificio más alto de San Salvador, con 104 metros de altura, junto al centro comercial Multiplaza.

Más del 50 por ciento de la obra está ejecutada, a pesar de lo cual fue suspendida su conclusión. Igual ocurrió con Plaza Futura, un centro comercial en la Zona Rosa, que tras meses de excavaciones y otras acciones, está parado en este momento.

Expertos asociados a estas instituciones sugirieron buscar más recursos del exterior y en ello pueden desempeñar un papel esencial los incentivos a la entrada de remesas, lo cual será promovido durante la Sexta Convención de Salvadoreños en el Exterior.

En la cita, que tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre próximos en la Universidad José Simeón Cañas, cientos de emigrados abordarán cuestiones relacionadas con "El Capital Humano de la Diáspora: más allá de las remesas".

El presidente de la agrupación civil Salvadoreños en el Mundo, Francisco Rivera, precisó que el encuentro durará tres días y su objetivo central es fortalecer la visión- de los que residen en el exterior- de contribuir a la riqueza de la nación salvadoreña, publicó el Diario de Hoy, en su edición del martes 11 de noviembre.

Para otros entendidos, sería recomendable negociar un préstamo a largo plazo por mil millones de dólares, ofrecido por el Fondo Monetario Internacional a El Salvador, y otro de emergencia por 500 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo.

Economistas y dirigentes de agrupaciones sociales cuestionaron tales propuestas, porque pueden redundar en el acrecentamiento de la deuda externa de la nación y por ende, en la reducción de recursos que pudieran aliviar graves problemas sociales.

Este cierre de flujos afecta al país en dos vías: por una parte, deja incapacitadas a las grandes empresas salvadoreñas para gestionar créditos con la banca internacional, y por otra, las mismas entidades se encuentran imposibilitadas de obtener préstamos en los bancos radicados en el territorio.

Aunque el gobierno informó que la economía creció 3,6 por ciento durante el primer semestre y sus proyecciones para fin de año apuntan a 3,9 por ciento, el BCR mantiene distancia de tal posición y el Fondo Monetario Internacional, vaticinó 3,6 por ciento para 2008.

Entre los analistas, la reticencia es la respuesta generalizada a tratar sobre la problemática en el país centroamericano, coincidieron en afirmar los comentaristas Rodrigo Baires, Carlos Martínez y Carlos Dada, citados por el periódico El Faro Net.

Todo esto ocurre en medio de la coyuntura electoral y autoridades gubernamentales procuran justificar a las entidades financieras, alegando una supuesta cautela de sus directivos ante probables erogaciones fuertes de dinero en este contexto.

La Directora Asociada del Grupo de Soberanos de Fitch, Casey Reckman, es partidaria de que la situación política incide en los recelos: “los riesgos en la flexibilidad financiera y fiscal se han exacerbado por la actual incertidumbre política relacionada con las elecciones generales de inicios de 2009”, comentó.

Como la plata, en la Cordillera de los Andes, los latinoamericanos procuran alternativas para frenar el impacto de la crisis global y pese a las diferencias ideológicas, cobra cuerpo la propuesta de apartar las recetas neoliberales y concretar un proyecto de desarrollo de matríz regional.

Durante la decimoctava Cumbre Iberoamericana- celebrada en la capital salvadoreña entre el 29 y 31 de octubre de 2008- buena parte de los discursos de los asistentes coincidieron en criticar al sistema capitalista y en los llamados a cambiar de modelo.

El cónclave, programado para debatir sobre las problemáticas que atañen a la juventud, devino foro de análisis de la situación que enfrenta el mundo, marcada por el crack económico financiero más grave de las últimas tres décadas.

En el transcurso de esas jornadas, la mayoría de los presidentes y representantes gubernamentales de 22 países de Latinoamérica, España y Portugal, mostraron el apego a la tesis de que el mundo atraviesa por una situación ante la cual sólo queda evitar esquemas prefijados, actuar con cautela y procurar opciones viables con cabeza propia.

La propuesta más concreta para paliar la crisis partió del presidente de Ecuador, Rafael Correa: crear un fondo común iberoamericano, en lugar de dar cabida a los planes de reestructurar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Para Correa, “mientras más rápido podamos tirar al tacho de la basura estas instituciones que no sirven para nada, mejor”. Lejos de invertir fuerzas en “parchar el sistema vigente”, América Latina debería unirse y buscar una alternativa de integración que la independice de los países ricos y poderosos, alentó el catedrático.

"Tener un integración con los que se quieran integrar; tener un banco, reservas y hasta una moneda para comerciar entre (...) tres, cuatro o diez naciones", es la base de la iniciativa promovida por Correa, no muy alejada de las que en siglos anteriores propusieron algunos pensadores latinoamericanos.

El sueño de establecer un Banco Central Regional, independiente de los países del mal llamado primer mundo, y un sistema monetario común, diferente del dólar, para intercambios regionales, volvió a colocarse sobre la mesa de análisis en una coyuntura de la que esta zona puede salirse airosa, en opinión de varios expertos.

Luis Inacio Lula da Silva, de Brasil; Daniel Ortega, de Nicaragua y Cristina Fernández, de Argentina; entre otros, demostraron estar en sintonía con estas propuestas e interesados en promover programas de matriz latinoamericana.

“La falta de liderazgo en quien era el abanderado de un modelo marca la realidad que hoy estamos viviendo”, comentó la presidenta argentina durante su alocución y sustentó la hipótesis del efecto jazz, consecuencia de la dependencia de las economías del subcontinente de la del decadente vecino: Estados Unidos.

Ante la crisis del capitalismo global, lo menos que podemos hacer es condenarla en una declaratoria, acotó su par hondureño, Manuel Zelaya, cuya política de gobierno es ejemplo del propósito de algunos de romper con los hilos que tradicionalmente sujetaron a sus naciones a Washington.

Para el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, “Iberoamérica debe desligarse de invasiones y hacer su propio modelo de desarrollo, a partir de la cohesión y solidaridad que la distinguen” y sin perder de vista “la riqueza cultural de los pueblos originarios, su fortaleza y potencialidad”.

Colom suscribió la idea de varios sociólogos contemporáneos de que el mundo enfrenta una crisis más profunda, la crisis de valores, de civilización, y llamó a sus colegas a orientar los esfuerzos a articular un modelo fuerte, no confrontativo, con vistas a garantizarle a la juventud de hoy y de mañana una Iberoamérica distinta.

El mandatario guatemalteco reiteró la necesidad de contar con la sabiduría de las culturas ancestrales, representadas en el foro por el primer presidente indígena suramericano, Evo Morales, opositor convencido de las fórmulas capitalistas de desarrollo y crítico de lo que estas impactan en el medio ambiente.

“Lo que llaman problemas financieros son más bien problemas del capitalismo. Algunos dicen que hay que salvar al capitalismo, pero el capitalismo jamás va a resolver el problema de la humanidad. El capitalismo no es salida para los pueblos: nos trae crisis energética, crisis ecológica, nos trae la crisis alimentaria... nos equivocaríamos si tratásemos de salvar al capitalismo”, expresó Morales.

Asimismo condenó la discriminación de que son víctimas los representantes de los indígenas y culpó a los grupos oligárquicos de su país de alentar los prejuicios raciales para frenar las transformaciones propulsadas por su gobierno, y motivar con ello, varios choques violentos en los últimos meses.

Tanto Morales como Colom conminaron a sus homólogos iberoamericanos a unirse en la búsqueda de soluciones a los problemas de sus pueblos, pero ajenas de toda intromisión foránea y en particular, de los dictados neoliberales.

La región debe admitir parte de la responsabilidad en esta coyuntura. Los grandes tienen culpa, pero ¿acaso nosotros no nos hemos beneficiado de esto también?, indicó el gobernante peruano, Alan García, en referencia al alza de las materias primas que favoreció un tanto a varias naciones suramericanas.

En el foro, este fue uno de los pocos latinoamericanos en rechazar el fracaso del modelo neoliberal y hasta cuestionar a los que insisten en esa tesis, en tanto el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, abogaba por un nuevo orden financiero internacional.

Nuevos mecanismos de control y transparencia, capaces de frenar la crisis a tiempo, en el ámbito del capitalismo, sugirieron ambos de manera indistinta, igual que el mexicano, Felipe Calderón; y la chilena, Michelle Bachelet.

Pero en algo coincidieron todos los asistentes: lo que hace grande a Iberoamérica es su pluralidad, su multiculturalidad, su capacidad de cohesión ante difíciles coyunturas como esta.

Eso, sin olvidar que, mientras el norte rabia por sed, las tierras del Bravo a la Patagonia siguen premiadas por algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta, de petróleo, oro, biodiversidad, y otras riquezas naturales.

“El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu”, concluyó José Martí al repasar la trayectoria de las repúblicas erigidas en Latinoamérica tras la ruptura política con España.

“¿En qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de indios, al ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los brazos de sangrientos de un centenar de apóstoles?”, señaló el cubano universal, en oposición a quienes entonces miraban al norte.

Una frase martiana aprendida desde los primeros años escolares aún nos convoca: “La historia de América, de los indios acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria”.

Pocos textos logran combinar calidad literaria, sapiencia y convicciones ideológicas como Nuestra América, ensayo escrito por el hombre de La Edad de Oro y publicado inicialmente en la Revista Ilustrada de Nueva York, el primero de enero de 1891:

El deber urgente de nuestra América es enseñarse como es, una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante, manchada sólo con la sangre de abono que arranca a las manos la pelea con las ruinas, y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños.”

“La salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. El vino, de plátano, y si sale agrio ¡es nuestro vino!”, legó el maestro.

El despegue del quehacer intelectual en Latinoamérica, reforzado a partir de los sesenta del siglo pasado, estuvo en correspondencia con estas enseñanzas martianas, con la larga tradición creativa en el área y con la efervescencia desplegada por el subcontinente bajo la impronta de la Revolución Cubana (1959).

La creciente ruptura con los patrones eurocéntricos heredados marcó el rumbo de aquel movimiento que, sin renunciar a la influencia de la producción científica universal, estimula aún el desprendimiento de los esquemas foráneos en el empeño por revalidar las experiencias autóctonas y traspasar los límites del cientificismo occidental.

“Los pueblos han de vivir criticándose, porque la crítica es la salud; pero con un solo pecho y una sola mente…¡Con el fuego del corazón deshelar la América coagulada! ¡Echar, bullendo y rebotando, por las venas, la sangre natural del país!”, exhorta todavía Martí.

Sus palabras en Nuestra América viven: “El desdén del vecino formidable que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América; y urge, porque el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca, la conozca pronto, para que no la desdeñe.”

En tiempos de globalización neoliberal, estamos abocados a reivindicar la esencia del ser latinoamericano, porque como señaló el Maestro, “los que no tienen fe en su tierra, son hombres de siete meses”.

“Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el puntero a la cabeza, sino con las armas de almohada… Trincheras de ideas, valen más que trincheras de piedra”, predicó el apóstol de la independencia cubana y sentenció: “No hay proa que taje una nube de ideas”.

En su opinión, “la incapacidad no está en el país naciente, …sino en los que quieren regir pueblos originales,…con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia… Con una frase de Sieyès, no se desestanca la sangre cuajada de la raza india”.

Todas estas razones prueban la capacidad del Maestro para definir los problemas fundamentales de los países del subcontinente, cuyas raíces descansan en factores analizados con mayor detenimiento en el discurso Madre América, pronunciado en la Sociedad Literaria Hispanoamericana, en diciembre de 1889.

En ambos textos, asegura el intelectual cubano Cintio Vitier, el latinoamericano de este siglo encontrará la evaluación, el diagnóstico, y otras pautas para entender problemas arrastrados desde entonces y agravados por la codicia de los poderosos del norte “revuelto y brutal”.

Nuestra América y Madre América deben ser lecturas obligadas en edades tempranas en este continente, porque en ellos están resumidos los principios básicos de lo que puede llevar a la verdadera emancipación latinoamericana: la independencia en el plano de las ideas.

   "Esta noche, gracias a lo que hicimos este día, en esta elección, en este momento de definiciones, el cambio ha llegado a Estados Unidos", expresó Barack Obama al saberse presidente electo, el 4 de noviembre de 2008, pero...

   ¿Realmente colmará las expectativas el primer presidente negro de Estados Unidos? ¿Ello significará un cambio en las relaciones entre la superpotencia norteña y sus vecinos en América Latina?

   La victoria de Obama, sobre el republicano John McCain, más que el triunfo de un sector marginado tradicionalmente, es la representación del mayoritario rechazo a la política sostenida por su antecesor, George W. Bush, y a la crisis general del capitalismo.

   Los criterios difieren al referirse al carismático abogado: para algunos, este es sólo una nueva carta de triunfo del stablishment, el símbolo de la estrategia diseñada con el fin de acallar las críticas al status quo y camuflar la esencia de la superpotencia, controlada por el poderoso complejo militar industrial.

   Para otros, el hombre nacido el 4 de agosto de 1961 en Hawai- de un padre negro de Kenia y una madre blanca de Kansas-, representa la esperanza de la transformación sociopolítica de la nación estadounidense y de su sistema de relaciones con el resto del mundo, mediado tradicionalmente por la lógica del ser supremo sobre sus potenciales servidores.

   Más que el colapso del sueño americano- pronosticado por algunos expertos a raíz del crack de octubre de 2008-, el ascenso de un negro a la máxima magistratura estadounidense colma las expectativas de quienes, desde los sectores más empobrecidos, confían en que un día podrán ascender en la escala social por obra de la suerte o gracia del mercado.

   América Latina, uno de los puntos neurálgicos de la geopolítica impulsada por Washington, también espera atenta a las decisiones del futuro presidente y procura marcar su beneplácito ante su posible investidura, el 20 de enero de 2009.

   A tono con los pronunciamientos de presidentes, líderes de los movimientos sociales e intelectuales del área, el triunfo de Obama genera en los países situados del Río Bravo a la Patagonia la esperanza del fin del unilateralismo de la era de Bush y del surgimiento de relaciones más fluidas con el subcontinente, donde se redobló en los últimos años el sentimiento anti-norteamericano.

   Durante la campaña previa a los comicios, el presidente electo de Estados Unidos manifestó su intención de revisar las relaciones con esta región del mundo, agravadas por el rechazo de Ecuador al respaldo norteño a las incursiones de los militares colombianos en su territorio, la crisis diplomática con Venezuela y Bolivia, la permanente diferencia de criterios con Cuba y la posición anti- hegemónica de Nicaragua, entre otros.

   Todo ello, en un contexto marcado por el crecimiento de las alianzas de estos países con Rusia, Irán o China, en varios órdenes, en particular, en lo energético y militar. Pero sobre todo, por la oxigenación y progresiva concreción de proyectos integracionistas regionales, con miradas más abarcadoras.

   No obstante, al trascender el triunfo de Obama, el presidente mexicano, Felipe Calderón, lo invitó a trabajar en la construcción de un porvenir mejor para las Américas y a visitar próximamente su país. En tanto, su par venezolano, Hugo Chávez, calificó de histórica su elección y ratificó su voluntad de relanzar una “agenda bilateral constructiva”.

   Obama ha sido "una sorpresa", declaró el gobernante ecuatoriano, Rafael Correa, quien catalogó el discurso del político negro "más cercano" a las posiciones de su país.

   Cuba, por su parte, saludó la derrota de los seguidores de Bush y compartió su esperanza de que la llegada de una corriente menos conservadora al poder redunde en la suavización del bloqueo sostenido hace cinco décadas por los gobiernos norteamericanos contra la Mayor de las Antillas.

   Obama "es sin duda más inteligente, culto y ecuánime que su adversario republicano", señaló en vísperas del sufragio el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, mientras el canciller, Felipe Pérez Roque, lo conminó a decidir si admite que el bloque “es una política fracasada... o si persiste, con obcecación y crueldad, en intentar rendir al pueblo cubano por hambre y enfermedades".

   La personalidad, el discurso y la forma de enfocar las cosas, absolutamente diferente, son los rasgos más atrayentes de Obama, de acuerdo con la presidenta argentina, Cristina Fernández. Al mismo tiempo que para su colega boliviano, Evo Morales, la llegada de este al poder abrirá una posibilidad de flexibilización y cambio en las relaciones del vecino norteño y los latinoamericanos.

   En Nicaragua, el mandatario, Daniel Ortega, aplaudió la disposición del presidente electo de Estados Unidos de revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC), tomando en cuenta las asimetrías reinantes y el concepto de comercio justo.

   El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, lamentó la derrota de McCain, por cuanto podía haber beneficiado los intereses del país- con su promesa de eliminar los impuestos a la exportación de etanol-, más calificó de "extraordinaria" la elección del candidato demócrata.

   "Es un hecho extraordinario la elección del primer negro en la historia de Estados Unidos, sobre todo de una persona con la competencia política que ha demostrado el futuro presidente Obama", comentó el mandatario de la mayor economía suramericana.

   Lula demandó al futuro presidente el fin del bloqueo estadounidense a Cuba- reclamo al que se sumaron otros mandatarios y organizaciones internacionales- y entablar una relación más fuerte con América Latina, en particular con los territorios situados al sur y con su nación.

   Una de las primeras muestras de acercamientos al área, ofrecidas por Obama, fue su llamada telefónica al gobernante brasileño, el martes 11 de noviembre. Por esa vía, el presidente electo elogió la solidez económica del país suramericano y destacó los esfuerzos de la nación en impulsar su crecimiento en ese orden, desarrollar programas sociales y crear fuentes de energía renovables.

   Entre los intelectuales latinoamericanos, las opiniones son diversas, porque para muchos no escapan los obstáculos que enfrentará Obama por el poderío de las empresas transnacionales y de los fabricantes de armamentos.

   Obama debe negociar con lo que se llama “gran poder económico” y al mismo tiempo, atender las demandas de la sociedad civil, de los que perdieron dinero, de los sindicatos y de otros grupos de presión que buscan un sistema político y económico más equitativo, recordó el economista costarricense, Luís Paulino Vargas.

   De acuerdo con el especialista, es necesario observar qué cambios sociales se pueden registrar a la hora de enfrentar la crisis económica que enfrenta esa nación, las soluciones que se den, y si estas van a perjudicar a las clases media y a los más pobres.

   Como respuesta a estas posibles disposiciones, consideró, “existe el peligro de un fortalecimiento de la extrema derecha, de los grupos neonazis y racistas, que pueden entorpecer el proceso para que la clase media y los pobres recuperen su poder adquisitivo”. Esos sectores llevan casi tres décadas de estar perdiendo en Estados Unidos, de ser los sacrificados, mientras las grandes empresas, principalmente las transnacionales, han acumulado más riqueza, más capital, agregó.

   Ello sugiere pocos cambios en las relaciones internacionales, aunque resulta probable que por un tiempo, deje de hablarse de los TLC´s y sean retomadas con un poco más de seriedad, las problemáticas medioambientales y sociales.

   "Con una mirada más progresista y conciliadora, Obama tratará de lograr acuerdos económicos consensuados y una mejora general en términos diplomáticos", vaticinó Pablo Kornblum, profesor de economía internacional en la Universidad John F. Kennedy, en Argentina.

   Una América Latina en proceso de cambio es la que recibirá el futuro presidente de Estados Unidos. Iniciativas integradoras como la Unión de Naciones Sudamericanas y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, exigirán mayor agudeza de este.

   Barack Obama tendrá, por fuerza, que reorientar sus prioridades en materia de política exterior, romper con la indiferencia hacia esta región, reevaluar los acuerdos bilaterales y restablecer relaciones diplomáticas con sus vecinos latinoamericanos sobre nuevas bases.

Pobreza, criminalización, marginalización, contaminación y migración nicaragüense tienen un nombre en el imaginario social costarricense: La Carpio, punto estratégico para comprender la realidad contemporánea del país centroamericano.

El barrio -ubicado al noroeste del Cantón Central de San José, en el distrito La Uruca- refleja el recrudecimiento progresivo de la diferenciación y discriminación social en suelo tico, y ofrece claves indispensables para aproximarse a la incidencia de los medios de difusión en el pensar ciudadano.

Casi 23 mil personas -la mitad de ellas de origen nicaragüense- conviven en el precario de 23 kilómetros 618 metros cuadrados, convertido hace varios años en uno de los espacios más repudiado por la población costarricense, entre otras razones, por lo que relatan los medios de prensa sobre sus pobladores.

Emisoras radiales, canales televisivos y periódicos, suelen convertir a los habitantes de La Carpio en protagonistas de sus secciones de sucesos y hasta los culpan de la criminalidad ascendente en Costa Rica.

Entre de 1999 y octubre de 2004, por ejemplo, el diario La Nación –principal de su tipo en el país- difundió en promedio una información semanal negativa relacionada con la comunidad y desató una intensa campaña sobre algunos hechos violentos acontecidos en ese contexto.

La hostilidad que muchos sienten hacia los extranjeros en el país y la abundancia, el sensacionalismo y el reduccionismo de las noticias sobre La Carpio, devinieron poderosas fórmulas para estigmatizar, aún más, a sus vecinos.

Múltiples contenidos y expresiones prueban la visión generalizada sobre la barriada como símbolo de lo negativo en el orden social: “mae, parecés de La Carpio”, es frecuente escuchar en determinados círculos ante cualquier gesto, acción, comentario o suciedad en las ropas, potencialmente criticable.

La carga peyorativa de frases similares, pronunciadas en conversaciones cotidianas, refleja también las atribuciones dadas a la localidad, a sus habitantes y a su entorno, corroboraron estudios auspiciados por el Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad de Costa Rica.

En cambio, casi nulas son las alusiones -en medios de difusión incluso- a las defectuosas políticas estatales en relación con la comunidad, la incidencia negativa de las medidas neoliberales sobre quienes conviven en ella y enfrentan a diario condiciones económicas adversas y recurrentes acciones militares.

Datos del Instituto Mixto de Ayuda Social de Costa Rica reflejan que el ingreso mensual de la mayoría de las familias en la zona es bajo, porque oscila entre 60 y 75 mil colones, lo cual representa, aproximadamente, de 130 a 165 dólares.

La canasta básica promedio, para un núcleo familiar de seis miembros, supera los 165 dólares mensuales y eso es casi una utopía para quienes procuran sobrevivir en el lugar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Pero ello parece escapar a policías, políticos y periodistas, que insisten en atribuir delitos y violencia a los extranjeros y alimentan a la opinión pública negativa en torno al precario.

Para algunos especialistas, la raíz del imaginario social prevaleciente alrededor de La Carpio descansa en la tesis de que el terreno donde está ubicado era de la Caja Costarricense del Seguro Social y fue usurpado por emigrantes nicaragüenses, liderados por Marco Aurelio Carpio, entre diciembre de 1993 y mayo de 1994.

Cierta o no, la difusión de esta hipótesis impulsó las miradas cuestionadoras y aunque muchos costarricenses nunca visitaron el precario, siguen expresándose despectivamente sobre sus pobladores en sintonía con lo que ven, leen o escuchan en la prensa radial, televisada o escrita.

Ejemplo de ello fue el manejo de la información acerca del asesinato múltiple cometido por el nicaragüense Wilberth López, convertido en un evento mediático y esgrimido como justificación por el Ministerio de Seguridad Pública para ejecutar un operativo denominado Escoba en La Carpio.

Durante la acción fueron detenidas 620 personas, mayoritariamente nicaragüenses, so pretexto de presentar irregularidades distintas en su situación migratoria o poseer cuentas pendientes con la justicia.

La analista Karina Fonseca consideró el hecho un reflejo de la represión a los emigrados y de la intención de identificar la imagen del nicaragüense pobre que vive en Costa Rica con la del potencial ejecutor de crímenes o delincuente común.

Esa operación policial aconteció sin indicios previos de que los nicaragüenses cometieran algún delito y violando el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíbe el arresto arbitrario de extranjeros, admitió la Sala Constitucional de la República.

A pesar del fallo condenatorio del ente, otros episodios mostraron luego la subestimación a los pobladores del lugar: desde el año 2000 son depositadas diariamente, en áreas aledañas a La Carpio, 700 toneladas de basura proveniente de distintas zonas de la capital.

En la misma medida en que se ocultan estadísticas y datos favorables a la aceptación de sus pobladores, también continúa la estigmatización a los residentes en el barrio, mientras investigaciones científicas y de entes humanitarios revelan otras verdades.

Para muestra, un botón: 90 por ciento de los hechos violentos contra mujeres cometidos en los años 1990 fueron atribuidos a costarricenses de origen y sólo 10,3 por ciento de esos maltratos o asesinatos, a nicaragüenses.

La mayor comunidad binacional en Costa Rica -49,1 por ciento de sus habitantes son oriundos de la nación vecina y, nueve por ciento, de otros países- es considerada una experiencia de segregación urbana y estigmatización social, de acuerdo con el investigador Carlos Sandoval.

Más de 8, 11 por ciento de los lugareños están desocupados; 26, 45 por ciento de los hogares en ella están bajo el mando de una mujer y los jefes de hogar con secundaria completa o más apenas representan 6,61 por ciento, según el especialista.

En La Carpio, muchas viviendas están en condiciones de riesgo perpetuo, porque fueron erigidas cerca de los ríos Virilla o Torres, de manera indistinta; ocupan espacios muy reducidos en relación con lo establecido por la ley y están rodeadas de cables de alta tensión eléctrica, del Instituto Costarricense de Electricidad.

La geografía del barrio es una típica situación de exclusión, porque la comunidad está rodeada de factores físicos que impiden su crecimiento y vínculo con comunidades colindantes, coinciden sociólogos y otros entendidos. La Carpio posee una única salida y linda al oeste con el mayor depósito de basura de San José.

Desde el reservorio de desechos, administrado por la empresa Ebi, subsidiaria del grupo empresarial canadiense Berthierville, salen cada día camiones recolectores que atraviesan la carretera principal del precario sin las condiciones más idóneas para evitar la pestilencia y contaminación, a pesar de las manifestaciones emprendidas contra ello por los vecinos.

Más, la mayoría de los estudios promovidos por instituciones estatales o entes particulares obvian estos y otros factores adversos, el modo en que la comunidad devino lugar de exclusión y cómo sobreviven a tal condición los pobladores de La Carpio, sitio estratégico para entender el devenir de Costa Rica en las últimas décadas.

   El desplazamiento forzado de muchas de estas comunidades de sus tierras ancestrales- en estrecho vínculo con el conflicto armado iniciado hace varias décadas- y la postergación de una necesaria reforma agraria, destaparon la Caja de Pandora desde el 11 de octubre de 2008.

   A partir de entonces, las protestas masivas en los departamentos del norte, centro y occidente, removieron los quebrados cimientos de la nación y alrededor de una veintena de aborígenes murieron ante la represión desatada por agentes de la fuerza pública.

   Los fallecidos engrosaron una lista de más de mil 226 indígenas asesinados, 300 desaparecidos y mil 660 encarcelados, desde 2002 hasta mediados de octubre de 2008, en tanto continúan en la impunidad miembros de distintos grupos armados irregulares, paramilitares, antimotines y otros, responsabilizados de estos crímenes por organismos humanitarios internacionales y agrupaciones locales.

   En esta ocasión, como en la mayoría de las anteriores, los aborígenes sólo cometieron un crimen: insistir en la necesidad de acabar con el conflicto armado, con el irrespeto a sus territorios, y que les entreguen créditos o programas para desarrollar la agricultura.

   Las autoridades gubernamentales alegan que 30,7 millones de hectáreas, de las 115 millones que posee el país, están en manos de comunidades autóctonas- lo que beneficia apenas a 1,3 millones de personas o dos por ciento de la población colombiana-, y aseguran estar en proceso de comprar cuatro mil 800 hectáreas para repartirlas entre el sector antes de finalizar el 2009.

   Más, las estadísticas oficiales ocultan lo que revelan entes como la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC): el 0,4 por ciento de los propietarios posee el 65 por ciento de la tierra propicia para la agricultura y ganadería en el país, con predios superiores a cinco mil hectáreas en promedio.

   Entre esos terratenientes se inscribe el presidente, Álvaro Uribe, dueño absoluto del latifundio El Ubérrimo en Córdoba, con dos mil hectáreas en las mejores tierras del valle del río Sinú; de otras extensiones en el oriente antioqueño, área rural de mayor valor del país; y socio de la hacienda Guacharacas, en la ribera derecha del río Nus.

   Datos de la ONIC dan cuenta, además, que del millón 370 mil aborígenes censados oficialmente, más de 400 mil fueron expulsados de sus territorios ancestrales y en los últimos seis años, 52 mil ingresaron en las filas de los desplazados por la guerra. En consecuencia, 18 pueblos autóctonos colombianos están en riesgo de desaparición.

   El incremento del costo de la vida, en correspondencia con la incidencia de factores internos, ligados a la turbulenta situación internacional, toca de cerca a este grupo de la sociedad colombiana y también impulsa acciones de protesta. Sin embargo, medios de comunicación y representantes del poder ejecutivo procuran dar un matiz político a las manifestaciones de los indígenas y repiten la tesis de que estas son promovidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

   Para el ministro de Protección Social, Diego Palacio, las marchas y protestas que este mes abarcaron a todo el país fueron planeadas para desestabilizar a la administración de Uribe, mientras la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, María Pilar Hurtado, informó que dos franceses y una alemana fueron repatriados por presunta participación en las manifestaciones.

   Los líderes de los aborígenes, en cambio, rechazan tales imputaciones y hasta denuncian intentos de espionaje en su contra. En este ámbito, descubrieron a un soldado intentado dejar en territorio indígena transmisores radiales y manuales sobre el uso de armas y explosivos, para que la policía pudiera presentarlos luego como evidencias de la supuesta infiltración de insurgentes entre los manifestantes.

   A tono con las declaraciones de los indígenas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales pidieron al gobierno acabar con la represión, en particular en zonas del departamento de Cauca.

   Asesinatos, heridas de bala o piedras, reprimendas con bastonazos o palos, y otros métodos coercitivos, están a la orden del día en estos días en Colombia, la nación más violenta de Latinoamérica. A estas alturas, víctimas son contadas en ambas partes, aunque la cuota mayor recae en quienes carecen del apoyo del Estado.

   El inventario de acciones contra el gobierno crece y prueba la insatisfacción generalizada con el status quo: por casi 50 días, más de 43 mil afiliados a la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial se negaron a asumir sus funciones con tal de lograr la concreción de la nivelación salarial prevista en una ley aprobada en 1992 e incumplida hasta ahora.

   El 21 de octubre, casi 20 mil aborígenes de una docena de etnias iniciaron una caminata hacia la occidental ciudad de Cali, la tercera mayor ciudad colombiana, en tanto 15 mil cortadores de caña sostenían una huelga de brazos caídos en el departamento de Valle del Cauca

   El 23 de octubre, más de medio millón de trabajadores colombianos protagonizaron un paro nacional y la jornada concluyó con tres marchas que, desde diferentes puntos, confluyeron al mediodía en la capitalina plaza de Bolívar.

   Criticas a las malas condiciones de trabajo, a las políticas neoliberales del gobierno, a la dependencia de Estados Unidos, y reclamos a la salida de las empresas transnacionales del país, coincidieron también en los reclamos de estos grupos, a los cuales se sumaron feministas, estudiantes y profesores universitarios, entre otros.

   Sobre esas bases, Uribe aceptó reunirse con representantes de los indígenas el domingo 26 de octubre, en Cali. Queda por ver lo que resultará del “amplio y constructivo diálogo” proyectado por el gobierno, según César Mauricio Velásquez, Secretario de Prensa de la Presidencia.

   El mandatario, conminado por los indígenas a dialogar con sus dirigentes en público, es culpado de incumplir con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los integrantes de la comunidad Nasa, en 2005.

   En virtud de lo acordado entonces, el Estado debía restituir 15 mil hectáreas a los aborígenes en compensación de la masacre del Nilo, ocurrida en diciembre de 1991, que costó la vida a 20 indígenas, incluidos mujeres y niños. Ello nunca ocurrió.

¿Cobrará un nuevo rumbo la historia?

Cualquier puede preguntarse dónde está Centroamérica, región que clasifica entre las más desatendidas por los medios de comunicación internacionales, cuyas miras siguen centradas en la crisis del Oriente Medio o la depauperación de África.

Sin embargo, la delincuencia común y el crimen organizado causan en la zona istmeña un promedio de 36 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y la convierten en una de las más riesgosas del mundo y la más peligrosa de Latinoamérica.

Sólo en el país más pequeño del área, El Salvador, murieron de forma violenta mil 367 personas entre junio de 2004 y abril de 2008 a promedios que oscilaron entre los 8,4 y los 10 homicidios diarios, mientras en Honduras perecen cada día un promedio de 8,6 seres humanos, 16 en Guatemala y 9 en Nicaragua, según estadísticas oficiales.

Por Centroamérica transita el 88 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, según un informe elaborado por la Organización de Naciones Unidas en 2007, y ello incide en el recrudecimiento de estos índices de criminalidad.

No obstante, cualquiera puede pensar que poco importa a los encargados de formar opinión pública el profundo drama humano que se juega en la denominada "cintura de América", tan visibilizada en la década de los ochentas por medios de comunicación, analistas, periodistas, politólogos, historiadores, entre otros.

En esos años, la región fue un encarnizado campo de batalla por las terribles guerras internas en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que dejaron por saldo más de 400 mil mujeres, hombres e infantes desaparecidos, torturados o asesinados.

Prácticamente desconocido es el holocausto del pueblo maya en Guatemala --donde ocurrieron más de 200 mil muertes y 600 aldeas fueron incendiadas--, al mismo tiempo que cualquiera puede comentar sobre los asesinatos en masa del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Ambos acontecimientos pueden calificarse de monstruosos, pero la producción cinematográfica prioriza las denuncias sobre el segundo y se olvida de las masacres de tierra arrasada que padecieron estos pueblos en el contexto de las dictaduras militares de los años 70 y 80 del siglo pasado.

Incluso, Honduras y Costa Rica tampoco escaparon al conflicto, porque fueron convertidos en base de operaciones de las fuerzas opositoras al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, con la anuencia de sus gobiernos.

Pero, aunque las secuelas de esos conflictos internos siguen latentes, para algunos eso es historia pasada y, en correspondencia, Centroamérica permanece desaparecida del campo noticioso concebido incluso por los medios alternativos, que proliferan y se empeñan en hacer más visible la realidad latinoamericana.

En el imaginario de muchos, la región sigue siendo una idea vaga, un lugar exótico plagado de selvas, un cúmulo de naciones bananeras sin mucho que aportar al debate sobre los rumbos que guían a la política internacional o al futuro de esta parte del mundo.

Peor aún: se ignora los vestigios de las monumentales pirámides expandidas por el istmo, tanto o más admirables que las egipcias; la astronomía maya, con un calendario más exacto que el gregoriano impuesto en todo el mundo; o sus matemáticas, pese a ser los inventores del cero.

Estas y otras razones inciden en que los países centroamericanos sean apreciados como un bloque donde confluyen varios esbozos de repúblicas, caracterizadas por el atraso comparativo, condiciones de vida muy difíciles, impunidad, corrupción estatal y alta violencia.

Mas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, Panamá y Costa Rica, con algunas diferencias, funcionan también como una estructura casi homogénea por ciertos aspectos económicos, políticos, sociales y culturales.

Salvo Costa Rica --identificada por muchos como la Suiza de Centroamérica--, estos países acumulan los más bajos índices de desarrollo humano del continente, superados negativamente apenas por Haití, una de las naciones más depauperadas del mundo.

Los tímidos pasos dados por los sectores de poder en función de la modernización de estas economías, bajo la impronta neoliberal, apenas lograron contrarrestar la larga data de la condición de agroexportadoras.

La liberalización extrema, el incremento de la explotación y de la conflictividad social, unidos al dominio de las transnacionales extranjeras, son los efectos más elocuentes de estas estrategias en la zona, cuya biodiversidad se deteriora progresivamente por la ausencia de planificaciones a largo plazo y el saqueo desmedido de sus recursos naturales.

A este panorama se suma la presencia extranjera, mucho más notoria que en otras partes de Latinoamérica, donde el ingreso de divisas por concepto de remesas desde el norte constituye una de las principales fuentes de sobrevivencia y, por ende, marca la política de algunos gobiernos, especialmente en El Salvador.

En décadas recientes, la región recobró, además, su valor geoestratégico ante el impacto de la demanda humana sobre la biosfera, que impulsó el calentamiento global y el progresivo agotamiento de recursos imprescindibles como el agua.

A tono con ello, los diseñadores de las estrategias estatales determinan políticas orientadas a controlar este y otros bienes naturales dentro y fuera de sus fronteras. Parte de la noción de seguridad son el control del petróleo, el gas, el agua y la biodiversidad.

Centroamérica es clave en ese sentido, por ser la región más cercana a Estados Unidos y el puente de conexión idóneo entre dos bloques económicos mundiales: Europa y Asia.

Casi 36 millones de habitantes --la mayoría en situación de pobreza y potencial mano de obra barata-- comprende la región, que en sus 533 mil kilómetros cuadrados posee yacimientos de oro, plata, uranio, y una enorme riqueza natural en bosques, selvas y caudalosos ríos.

Las guerras, al avanzar la centuria, serán provocadas por la ansiedad de controlar las aguas continentales ante la ascendente demanda y el previsible agotamiento del recurso por la deforestación, el despilfarro y otras cuestiones asociadas. Costa Rica y Panamá aparecen entre los posibles afectados por estas pugnas, según el Intragovernment Panel on Climate Change.

Luego de la Amazonía sudamericana, esta zona es la segunda del mundo con mayor riqueza biogenética, materia prima estratégica fundamental para el futuro, porque de ella se obtienen medicinas, alimentos, abonos, plaguicidas orgánicos, e insumos para la ingeniería de nuevos materiales (cerámicas con dureza de acero, plásticos conductores de electricidad, etc.) y para la microelectrónica (genes en lugar de microcircuitos).

En el opulento corredor biológico mesoamericano, en proceso de formalización internacional, conviven igual mil 797 especies de mamíferos, cuatro mil 153 de aves, mil 882 de reptiles, 944 de anfibios, mil 132 de peces, setenta y cinco mil 861 de plantas, e incontables microorganismos.

Paradójicamente, tales valores sólo aparecen en informes estatales o de organismos internacionales y, cuando menos, las pandillas o maras cobran algún espacio en diarios, revistas o canales televisivos alguna vez.

La criminalización del migrante está de moda y la aprobación de la identificada como Ley de Retorno- el 18 de junio de 2008- es apenas una prueba de la aceptación, por parte de unos cuantos, de los reiterados discursos sobre la supuesta culpa de estos de los problemas socio económicos en los países del norte.

El Parlamento Europeo, al legitimar la cuestionada directiva, avaló la detención de todo extranjero detectado sin permisos legales por 18 meses hasta ser enviado a su nación de origen, luego de aceptar, bajo penas previstas, no retornar por cinco años al territorio del que es expulsado.

Órganos gubernamentales de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Honduras, entre otros, manifestaron su rechazo unánime a la iniciativa por cuanto puede implicar la probable concentración y posterior devolución de casi ocho millones de migrantes radicados en el viejo continente.

El Congreso Nacional de Honduras acordó, incluso, manifestar su disgusto ante la Secretaría General de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Latinoamericano y el Centroamericano, porque la normativa penaliza los esfuerzos de quienes viajan a Europa en busca de trabajo y aportan significativamente a las economías de esa región.

Los diputados hondureños denunciaron, mediante una moción, que tal disposición violenta los derechos humanos e incluye un componente represivo, al autorizar la expulsión inmediata, la prohibición de retorno al repatriado, el encarcelamiento y hasta la expulsión de menores so pretexto de proteger la seguridad de los países partes de la Unión Europea (UE).

El texto, aprobado por unanimidad, señala que la Ley del Retorno encubre una clara visión discriminatoria y amenaza el acceso a las remesas, la unificación de las familias, el empleo de los migrantes y contradice el acuerdo del diálogo político y de cooperación rubricado por ese bloque y Centroamérica en 2003.

De igual modo, añade la moción, la directiva fue aprobada en abierta oposición a los compromisos contraídos dentro del proceso de negociaciones que desarrollan ambas partes con vistas a un Acuerdo de Asociación, programado para el venidero año y cuya concreción está amenazada ante la afrenta europea a los intereses de su contraparte.

Pero mucho más que eso, para la representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, la Ley del Retorno contraviene la declaración de la Quinta Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE en la que se establece la necesidad de un diálogo integral y comprensivo sobre migración.

Bajo ese argumento, Perú propuso el envío de una misión de la OEA al Parlamento Europeo para corregir los alcances de la directiva y transmitir la posición latinoamericana con respecto a la cuestión en forma oficial.

Más de 200 mil peruanos radicados en países del viejo continente pudieran salir perjudicados con la aplicación de la iniciativa, por lo que el presidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú, conminó a toda la población a participar en la campaña contra la misma.

La Comunidad Andina de Naciones, por estar también en un proceso de negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación con la UE, está en condiciones de tratar el tema migratorio con ese bloque y de impulsar la flexibilización de la actitud europea frente a la problemática, expresó Bendezú.

Un acuerdo de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela hizo énfasis en que esa resolución significa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y en las mejores tradiciones de la política europea, por lo que demandó un tratamiento justo y humanitario para los migrantes latinoamericanos en pago al trato generoso y abierto que el subcontinente brindó durante mucho tiempo a los llegados desde esa parte del mundo.

Ante tanta repulsa, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Jacques Barrot, alegó que la cuestionada ley fue malentendida por Latinoamérica y pidió tranquilidad y confianza con respecto a la misma.

“Se ha tratado de un malentendido. La directiva de retorno pretende enmarcar de mejor manera las decisiones de retorno que puedan adoptar los estados miembros de la UE”, expresó Barrot en una video-conferencia desde Bruselas, Bélgica, con periodistas en Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

El funcionario explicó que la norma no obliga a cada uno de los 27 países integrantes de la UE a devolver a sus naciones de origen a los inmigrantes en situación irregular y que más bien, estos podrán darle a los extranjeros en esa situación un certificado de migración regular, pero, si deciden enviarlos de regreso, deberán hacerlo bajo las reglas establecidas en la nueva directiva.

También afirmó que la directiva estimula el “retorno voluntario”, pero si el inmigrante se niega tendrá derecho a recibir asistencia legal y condiciones de retención “humanas y decorosas” y que la CE vigilará la aplicación de estas preceptos en cada país miembro.

“Si el inmigrante es tratado de manera incorrecta el Estado podrá ser llevado ante el Tribunal de Justicia europeo”, afirmó el representante del ente regional, mientras persiste la condena a la actitud de losparlamentarios de un continente que durante el siglo pasado fue un activo emisor de emigrantes hacia América Latina por razones políticas y económicas.

Preocupación de muchas personalidades de gobierno, políticas, y humanistas, es que la Ley de Retorno del Migrante puede provocar algo similar a lo acontecido desde el reforzamiento de la política discriminatoria contra esos grupos adoptada por el gobierno federal y algunos estaduales en Estados Unidos.

Sólo entre septiembre de 1995 y octubre de 1998, el Servicio de Inmigración y Naturalización norteamericano deportó más de 360 mil inmigrantes de todo el mundo, la mayoría latinoamericanos, pero hacia 2007, esa suma ascendió con creces si se considera que sólo los mexicanos repatriados alcanzaron un millón, los guatemaltecos llegaron a 23 mil 62 y los hondureños a 67 mil, por sólo citar algunos.

Como resultado, los gobiernos de estas y otras naciones están obligados a afrontar un nuevo problema: la reincorporación de los retornados a sociedades donde el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades, siguen impulsando a muchos a tomar el camino de la migración.

Organismos internacionales concuerdan en que los migrantes en todo el mundo rebasan los 192 millones, lo cual equivale a más del tres por ciento de la población del planeta, y 95 millones de estos son mujeres.

La falta de políticas ajustadas a la problemática incide en que esta masa humana enfrente constantemente la violación de sus derechos humanos: en México, por ejemplo, cerca del 70 por ciento de las mujeres migrantes son víctimas de algún tipo de violencia y el 60 por ciento, llegan a ser abusadas sexualmente, aseguran informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Plena coincidencia existe entre los representantes de esas agrupaciones en que la migración es un derecho humano y, como tal, debe ser respetada en su plenitud, por lo que se explica la insistencia en que la directiva europea sea revisada antes de su entrada en vigencia, programada para el año 2010.

El divide et impera, herencia de la Roma clásica mal atribuida por algunos a Napoleón Bonaparte, es más viejo que la Batalla de las Termópìlas, pero su legado se extiende hasta nuestros días.

Mientras la internet refleja el heterogéneo empleo de esa táctica en miles de páginas, proliferan de manera desmedida diversas asociaciones en las que se concentran los ahora identificados como nuevos actores sociales, defensores del medio ambiente o de los derechos en materia religiosa, sexual, de género, racial, u otros.

Estudios realizados por especialistas del Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicorreligiosas de Cuba confirmaron, por ejemplo, que en el último decenio se expandieron por toda Centroamérica y el Caribe modernas expresiones religiosas marcadas por una evidente ambigüedad.

Los denominados Nuevos Movimientos Religiosos abarcan una multiplicidad de grupos de corte neopentecostal, mesiánicos, fundamentalistas, apocalípticos, esotéricos, y otros, donde convergen rasgos de distintas culturas, distantes desde el punto de vista geográfico, con elementos cristianos y no, del imaginario popular o corrientes de pensamientos diversos.

Hasta la generalidad del término, difundido desde las casa matrices de los también llamados movimientos contemporáneos, no tradicionales, no denominacionales o sectas, revela la imprecisión de estas formaciones en las que pueden evidenciarse desde liderazgos fuertes hasta espontáneos, intervenciones en cuestiones políticas o evasión, e inclinaciones a estigmatizar al hombre o alabarlo.

El desenvolvimiento de esas formas organizativas, originadas en Estados Unidos en la mayoría de los casos, revelan las tensiones provocadas por la imposición de la agenda globalizadora sobre los contextos locales y las transformaciones sufridas en ese ámbito por lo simbólico.

También ponen al descubierto la transnacionalización de las creencias o prácticas, las formas de aceptación de los pluralismos religiosos por Estados e instituciones tradicionales y el papel ambivalente de las creencias en lo sobrenatural en los procesos de integración regionales.

Aunque desde los tiempos coloniales se reconoce a Latinoamérica como la región donde habita la mitad de los católicos del mundo- 49,92 por ciento, según el Anuario Estadístico Iglesia 2002- es innegable la recomposición del campo religioso en esta parte del mundo a partir de los años sesentas del siglo pasado.

En ese entonces comenzó la vertiginosa expansión del movimiento pentecostal en el área, al punto que iniciada la presente centuria se asegura la presencia de un 12 a un 15 por ciento de evangélicos, mientras reverdecen las expresiones religiosas amerindias. Los impulsores de estas corrientes reivindican sus derechos desde la óptica indígena, africana, islámica e incluso, de otras zonas del Oriente.

Todo ello conforma la espiritualidad religiosa contemporánea de Latinoamérica, atravesada por el progresivo crecimiento pentecostal, su influencia en organizaciones cristianas de larga data y el desafío de los Nuevos Movimientos, que aparecen distantes de instituciones eclesiásticas tradicionales oriundas de occidente.

Peculiaridad de este proceso es la aparición continua de agrupaciones provenientes de otras regiones o por fragmentaciones de las ya existentes, en las que resalta la participación de emergentes agentes religiosos acompañados de una vasta literatura, alejada de la tradición latinoamericana y plagada de simbologías entrecruzadas de distintos credos.

Al mismo ritmo en que se propagan por nuestras ciudades, esas estructuras enfiladas fundamentalmente hacia los creyentes alientan de manera solapada el abandono de los compromisos sociales institucionalizados y estimulan una reanimación religiosa o de índole asociativa por la vía del individuo en pequeños grupos o sectas.

Posturas enajenantes de la realidad social y discursos personalizados, desatendidos generalmente de la solidaridad ciudadana y enfocados al reconocimiento de los exitosos en materia económica, distinguen a los impulsores de esas corrientes.

Según estos, la pobreza, rodeada de cierto misticismo, es resultado del pecado cometido por los seres humanos a los cuales afecta y la bonanza económica, prueba de la verdadera fe, de la pureza de alma y en consecuencia, de la bendición de Dios.

Tales mensajes, originados en las sociedades del mal llamado primer mundo bajo el signo de la postmodernidad, encuentran aceptación en diversos sectores sociales, pero sobre todo, en aquellos que carecen de recursos o vías esenciales para vivir.

Heterogeneidad y falta de unidad entrecruzadas fertilizaron el terreno en el cual germinaron estos movimientos religiosos y otros llamados a defender los re- renombrados derechos humanos, al margen de las estructuras estatales.

La variedad de propuestas de “sobrevivencia espiritual” elaboradas en los denominados centros de poder- en correspondencia con la agenda neoliberal- refleja la sutileza moldeada por un sistema mucho más añejo que el mejor de lo vinos e impulsa la legendaria fragmentación de las sociedades latinoamericanas.

Junto a la subdivisión en pequeñas celdas, estilo panal, puede cobrar abrigo de manera progresiva el abandono de imprescindibles compromisos sociales y de la identidad cultural, tan mellada por cuenta de los procesos globalizadores.

No son pocos los grupos de nuevo tipo que se presentan apenas como un calco de patrones importados o en el peor de los casos, responden a patrocinadores extranjeros…y ya lo dice la voz popular: quien paga, manda.

Tales asociaciones religiosas suelen actuar por separado, concentradas en sus propios sistemas de creencias y sin intenciones evidentes de confrontar al status quo, al menos en el orden político.

Las cosmovisiones alentadas por los líderes de estos movimientos más bien tienen a desvirtuar la comprensión de los factores esenciales que inciden en los problemas que día a día enfrentan las masas arrastradas por ellos.

El sociólogo cubano, Aurelio Alonso Tejada, asegura que ese fenómeno puede estar en correspondencia con lo ocurrido en el último cuarto de siglo en Estados Unidos, donde se registró la sistematización creciente de la espiritualidad religiosa desde las esferas del poder político para apuntalar el proyecto hegemónico imperialista.

En gran medida, ese proceso presenta una sintonía apreciable con la implantación y evolución del modelo neoliberal y de sus redes en América Latina y el mundo entero. Prueba de ello es lo recogido en el primer Documento de Santa Fe, elaborado en 1980 por los asesores del gobierno del ex presidente Ronald Reagan.

Quienes concibieron ese documento rector de la política estadounidense con respecto al continente afirmaron entonces que “el papel de la Iglesia en la América Latina es vital para el concepto de libertad política” y que las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado a la Iglesia como un arma política en contra de la propiedad privada y del capitalismo productivo, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas.

En consecuencia, los asesores sugirieron reaccionar en contra de la Teología de la Liberación tal como e s utilizada en América Latina por el clero a ella vinculado, lo que tal vez explique la reacción del extinto Papa, Karen Wojtyla contra el sacerdote sandinista, Ernesto Cardenal, la desatención a las demandas de Monseñor Oscar Arnulfo Romero a favor del pueblo salvadoreño y las acciones contra el rumbo dado por el padre Pedro Arrupe, a la Compañía de Jesús y el teólogo de la liberación, Leonardo Boff.

Pero también, y de manera más evidente, la aprobación de las Instrucciones redactadas por el actual Papa, Joseph Ratzinger, entonces Cardenal, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1984, 1986).

Esas acciones, destinadas a contrarrestar la incidencia de los elementos progresistas en las comunidades religiosas, fueron legitimadas por el Santa Fe II (1988), que enfatizó en la necesidad de “atender la teología de la liberación como doctrina política disfrazada de creencia religiosa con un significado anti-papal y anti-libre empresa”.

Todo lo anterior estuvo acompañado de la labor del Instituto de Religión y Democracia (IRD), formado por evangélicos y activistas políticos estadounidenses de la tendencia neoconservadora afiliada a la implantación del modelo neoliberal.

El IRD, inaugurado en 1981 para el supuesto “fortalecimiento de los vínculos entre la fe cristiana y los valores democráticos”, se dedica desde entonces al estudio de coyunturas, diseña estrategias de expansión, fomenta misiones en los países latinoamericanos y en el resto del mundo.

En opinión de los especialistas, la gestión de ese ente representa el soporte desde Estados Unidos a los nuevos movimientos de conversión, algunos de ellos verdaderas sectas de muy discutibles creencias, nutridas por obra del creciente desencanto con las religiones tradicionales o por lo que algunos consideran, la crisis de los patrones culturales de occidente.

Extenuantes jornadas de trabajo y la intoxicación con plaguicidas son apenas algunos de los perjuicios que atentan contra la niñez latinoamericana rural, obligada a trabajar en el campo para colaborar con la familia.

En países donde el analfabetismo y la pobreza alcanzan a más de la mitad de la población, muchos padres envían a sus hijos a realizar diversas labores ante la necesidad de mano de obra, con desconocimiento de lo que puede implicar para la salud de los menores.

Miles de infantes en las zonas rurales colaboran en el transporte de fardos y cargas pesadas, el pastoreo y la crianza de ganado, el manejo de maquinarias y la fumigación, entre otros, aseguró la analista Zoraida Portillo, directora del Servicio de Noticias de la Mujer Latinoamericana y del Caribe (SEMLAC).

Jornadas de trabajo, superiores a 12 horas incluso, enfrentan estos menores de edad luego de ser retirados de la escuela por los propios progenitores.

La Red por la Defensa de la Niñez en Perú precisa que las niñas llevan la peor parte, porque deben combinar las tareas agrícolas -como el deshierbe o apertura de surcos- con el acarreo de agua, de leña y otras labores domésticas.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el mundo trabajan en el campo 132 millones de menores de edad, 20 millones de ellos en América Latina y el Caribe.

Paraguay, Bolivia y Perú concentran los índices más altos en la región. En Guatemala, miles de infantes indígenas son contratados en tiempos de cosecha para desgranar los arbustos de café todo el día y sin paga, denunció el Programa de Naciones Unidas para la Infancia.

De los 436 mil dominicanos menores de 17 años trabajadores -en un país de ocho millones y medio de habitantes- la mayoría son agricultores, cosecheros de café y otros frutos, cortadores de caña y leñadores, afirmó la periodista Mirtha Rodríguez.

La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Argentina corroboró que la mayor cifra de contratados menores está en las provincias de Chaco, Tucumán, Misiones y Mendoza.

Allí niñas y niños laboran en los cultivos y las cosechas de tabaco, yerba mate, algodón, cítricos, té, hortalizas, arroz, frutas y soja, entre otras.

En la zona noroeste de ese país del Cono Sur, agregó la fuente, en los períodos de cosechas de cítricos, tabaco y caña de azúcar son explotados laboralmente alrededor de 194 mil infantes.

El contacto con agroquímicos constituye el peligro mayor para la gran porción de ese sector ligada al agro, concuerdan la FAO, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.

A las alergias, escozores y llagas, se suman como resultado del manejo o acercamiento a estas sustancias tóxicas trastornos internos de tipo neurológico, déficit de atención, incapacidad o lentitud para aprender y hasta cáncer en diversos órganos.

Las niñas también padecerán en el futuro abortos espontáneos, tendrán bebés con problemas genéticos y otros daños, reveló un estudio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, de Canadá.

De acuerdo con la pesquisa, la exposición a estos agrotóxicos ocurre a partir de la cercanía a los envases, almacenados en condiciones precarias dentro de las viviendas, o por la participación en la fumigación sin las precauciones requeridas.

En la generalidad de los casos, los padres ignoran que la exposición permanente a pequeñas dosis de plaguicidas altera los procesos hormonales y resquebraja los sistemas inmunológicos de sus hijos, casi siempre de forma irreversible.

Un informe emitido por la FAO en 2007 definió que los infantes son más vulnerables a los riesgos del trabajo agrícola, la silvicultura, la pesca y en el procesado, transporte y comercialización de alimentos y productos.

Sin poder asistir a la escuela o jugar, estos carecen de formación, experiencia, y a menudo utilizan herramientas diseñadas para manos de adultos, en correspondencia con esa entidad.

Aspecto poco considerado por las estadísticas oficiales es la situación de los menores migrantes, la mayor parte de los cuales va a trabajar al campo, especialmente en las zonas fronterizas.

Ese problema va en aumento en México, donde cada año suman más de 150 mil los que intentan pasar la frontera, informó el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de ese país.

De ellos, una tercera parte lo hace sin la compañía de un pariente o amistad, y con motivaciones económicas que los conducen a trabajar en las plantaciones agrícolas de Estados Unidos, en precarias condiciones.

Estados Unidos retoma hoy el narcotráfico y el crimen organizado como pretexto para intervenir en Centroamérica y el emisario de un nuevo plan, John Negroponte, recuerda lo que tales manejos pueden representar para la región.

Durante una gira por Honduras, El Salvador y Guatemala, del 3 al 6 de junio, el subsecretario de Estado procurará captar a entes gubernamentales y privados del área para la nueva cruzada, camuflada bajo la Iniciativa de Mérida.

La propuesta impulsada en esta ocasión por el ex embajador en Honduras (1981-1985), puede contribuir a reforzar los organismos de seguridad en la zona y recuerda la estrategia aplicada por Washington en los años 1980 como parte de su Doctrina de la Seguridad Nacional.

El proyecto, supuestamente destinado a combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado en México y Centroamérica, está avalado por el Senado estadounidense desde el 22 de mayo e implicará la aportación de 450 millones de dólares a estos territorios.

En virtud del programa, señaló el diario hondureño El Heraldo, tales fondos deberán destinarse a maximizar la eficacia de la lucha contra las organizaciones criminales, el trasiego de narcóticos, de personas, armas, divisas y las actividades financieras ilícitas.

Analistas consideran que la iniciativa está ligada al Plan Puebla Panamá que, con capitales del Banco Interamericano de Desarrollo, busca crear una infraestructura vial, eléctrica, de canales y hasta poliductos para transportar gas natural y petróleo por el área.

Pero como en esa propuesta las comunidades locales y los indígenas seguirán excluidos de los posibles beneficios concuerdan la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFNH) y la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas.

Negroponte llegó a esta capital, segunda escala en su gira, luego de asistir a la trigésimo octava Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Medellín, Colombia, donde defendió la Iniciativa de Mérida y los Tratados de Libre Comercio con su país.

Los argumentos empleados por el funcionario recordaron a estudiosos de las relaciones Estados Unidos-América Latina los enarbolados por orientación del gobierno del ex presidente Ronald Reagan en la terrible década de los 80 del siglo pasado.

Según Negroponte, ambas alternativas proporcionarán seguridad y oportunidades económicas a la ciudadanía y ninguna nación del hemisferio será libre del crimen organizado, de las pandillas y del narcotráfico, hasta que no se asegure bajo tales recetas.

Más, lejos de aceptar acríticamente esas consideraciones, los pueblos asocian al diplomático de carrera con una década de terror en Latinoamérica: Negroponte, no tiene currículo, sino un prontuario criminal, afirmó el canciller venezolano, Nicolás Maduro.

En correspondencia, la OFNH señaló que para muchas personas, éste sigue siendo el ideólogo del Batallón 316, culpable de centenares crímenes, desapariciones, y torturas en suelos centroamericanos.

Resultado de la gestión diplomática de Negroponte fue la creación de la base aérea El Aguacate, suerte de academia y centro de detención de luchadores sociales de la región, donde los contras nicaragüenses recibieron entrenamiento en técnicas para provocar la muerte.

Excavaciones realizadas en los terrenos de la base en 1981 redundaron en la exhumación de 185 cadáveres de personas torturadas, asesinadas y enterradas en el lugar, según el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras.

En el prontuario del emisario de la Iniciativa de Mérida, quien perteneció a la Agencia Central de Inteligencia y participó directamente en operaciones militares en la guerra de Viet Nam, aparece también el trasiego de armas y fondos en Centroamérica.

Por ello, su visita es un mal augurio para estos países, que de la noche a la mañana pudieran retornar al período de los conflictos internos atizados desde Estados Unidos, expresaron los integrantes de la OFNH en un comunicado.

Con tal aval y los anuncios de promover la discusión de asuntos bilaterales y regionales durante su nuevo paso por el área, Negroponte sólo logró despertar el repudio general y poner en alerta a los pueblos.

Organizaciones populares centroamericanas están en pie de lucha ante el retorno del “ángel de la muerte” y desde este martes se suceden las vigilias frente a las sedes diplomáticas norteñas, las marchas de protesta y los mensajes de rechazo.

Las políticas implementadas por los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista en los últimos 19 años motivaron en gran medida que El Salvador reciba con mayor vulnerabilidad los efectos de la crisis alimentaria en avance.

Para la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), la falta de apoyo estatal a los agricultores y los Tratados de Libre Comercio, u otros, frenaron la producción de granos básicos y por eso el país depende de alimentos importados.

En opinión de Calixto Martínez, vicepresidente de la organización, el paquete neoliberal implantado con la venia de los jerarcas del partido en el gobierno destruyó el agro de forma deliberada, aunque autoridades y sectores empresariales achaquen el problema a factores externos con la complicidad de algunos medios de difusión.

Los programas de semilla que está impulsando la administración de Elías Antonio Saca, en el poder desde el 2004, tampoco son de gran ayuda, consideró Martínez, de acuerdo con el Diario Colatino.

Miembros de la organización civil coincidieron en que variables como el alza de los precios del petróleo, de la demanda de alimentos a nivel mundial, de la especulación en el mercado, o la furia de los agrocombustibles, son relativos para la crisis en el país más pequeño de Centroamérica.

Especialistas, campesinos y dirigentes de los movimientos sociales salvadoreños abogaron porque las autoridades impulsen medidas de controles de precios y aumentos salariales para contrarrestar la situación.

También sugirieron la creación de un Consejo Nacional Agropecuario, el cual consideraron debe ser integrado por representantes del Ejecutivo, del sector campesino, de cooperativas agropecuarias, organismos ambientalistas y consumidores.

Otras medidas propuestas por la CONFRAS son la aplicación de subsidios a pequeños productores de granos destinados a la dieta básica de los salvadoreños y la creación de un Fondo de Garantía Agropecuaria.

De acuerdo con la publicación, ese ente deberá garantizar los créditos a los agricultores frente a las crisis provocadas por las fluctuaciones en los precios en el mercado internacional y las situaciones de desastres naturales que impliquen pérdidas en los cultivos.

Los dirigentes de la confederación prevén, además, presentar una propuesta de Ley Agraria ante la Asamblea Legislativa el venidero 28 de mayo, con tal de revertir el panorama en el campo salvadoreño.

La limitada capacidad del país para alimentarse a sí mismo, resultado de la liberalización de la agricultura, empeoró a su vez ante el aumento de la demanda de los agrocombustibles en Estados Unidos.

En correspondencia, crecieron los subsidios e inversiones hacia ese rubro y miles de hectáreas dedicadas tradicionalmente a la producción de comida fueron desviadas a la producción de caña.

A tono con esta corriente, recordaron miembros de la Vía Campesina Centroamericana, el maíz incrementó su valor al ser potenciada su condición de materia prima para obtener etanol.

El desplazamiento de millones de personas a las áreas urbanas, donde muchas acabaron en barrios pobres y forzadas a comprar comida y otros bienes a altos precios, incidió también en el redoblamiento de la crisis en un país que fue desbastado por una guerra.

Apenas dos décadas transcurrieron del fin del conflicto armado en El Salvador, hecho en virtud del cual, más de 75 mil seres humanos murieron, 40 mil quedaron mutilados o limitados, ocho mil desaparecieron y miles, emigraron, según datos oficiales.

De cualquier manera, sugirió el analista salvadoreño Ricardo Ayala, las causas externas e internas de la crisis alimenticia son dos caras de la misma moneda: el apego al modo de producción capitalista y al libre mercado, que lleva en su naturaleza la especulación.

Sólo una política equilibrada y la oxigenación de la producción de alimentos en cada país frenará la hambruna en avance y permitirá precios estables para campesinos y consumidores, concordaron presidentes latinoamericanos y caribeños.

La renuncia al neoliberalismo como política de Estado, la reevaluación del papel del campesinado y la unidad regional, son la vía para superar este reto, definieron en la Cumbre sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, celebrada el 7 de mayo en Nicaragua.

La liberalización de la agricultura, aplicada como parte del paquete neoliberal desde los años 1980, está en el sustrato de la crisis alimentaria que azota a parte de la humanidad y en particular, a Latinoamérica.

Organizaciones campesinas, políticos y especialistas coinciden en la incidencia de este factor, obviado a veces por el evidente impacto de la reorientación hacia los agrocombustibles, el alza de los precios del petróleo, la creciente demanda mundial de alimentos o el calentamiento global.

Para la Vía Campesina, la conflictividad por el aumento de los costos de productos básicos de la dieta humana- arroz, granos, aceite, leche y otros- es el resultado de décadas de políticas destructivas que socavaron las producciones nacionales.

Tales lineamientos obligaron a campesinas y campesinos a desarrollar cultivos comerciales para compañías multinacionales y a comprar sus alimentos a estas u otras empresas en el mercado mundial.

Investigaciones recuerdan igual el papel del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Organización Mundial del Comercio, derivada del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT,1947), en el afianzamiento del neoliberalismo.

Los entes financieros y la heredera del GATT- creado en 1947 para frenar el proteccionismo, devaluaciones y controles de capitales, y así evitar otra guerra mundial- forzaron a los países a disminuir inversiones en la producción de alimentos.

Movidos por intenciones similares estos incentivaron a los gobiernos de las naciones menos favorecidas económicamente a reducir el apoyo a las y los pequeños agricultores, elementos claves en el desarrollo del sector.

Entre 1980 y 2007, por ejemplo, la cooperación de los países industrializados hacia las empobrecidas naciones del sur ascendió de 20 mil millones de dólares a 100 mil millones, pero el aporte para la agricultura descendió de 17 mil millones a 3 mil millones de dólares.

Vía Campesina aseguró que estos fondos prácticamente no fueron destinados a los productores de alimentos, porque en base al libre comercio, muchos Estados prefirieron privatizar sus reservas y reducir inversiones en el campo.

Los tratados de la OMC, a su vez, forzaron a los países a abrir sus mercados agrícolas, o sea, a reducir las tasas a la importación y aceptar importaciones de hasta cinco por ciento, incluso sin necesitarlas.

Una pérdida cuantiosa de ingresos para los importadores resultó de esta disposición, denunció la agrupación internacional, mientras las multinacionales vendían mercancías a precios más bajos que los vigentes y con frecuencia, por debajo de los costos de producción.

En correspondencia, muchos gobernantes optaron por defender sus intereses particulares sin estabilizar los mercados locales y proteger a los agricultores y consumidores de las fluctuaciones repentinas de los precios en el mundial.

Los Tratados de Libre Comercio o Acuerdos de Asociación, promovidos por Estados Unidos y la Unión Europea, y aceptados por los oligarcas locales en detrimento de la integración regional y ante la falta de perspectivas en ese sentido, se sumaron a esto.

Como aseguran entendidos en estos temas, las políticas neoliberales destruyeron la capacidad de los países de alimentarse a sí mismos, y el auge de los agrocombustibles sólo empeoró la situación.

Los subsidios e inversiones masivas hacia este rubro motivaron el desvío masivo de tierras dedicadas tradicionalmente a la producción de comida y el maíz incrementó su valor al ser potenciada su condición de materia prima para obtener etanol.

Poco se alude en los medios de difusión a la especulación, otra de las causas principales de la actual crisis de los alimentos, en opinión de economistas, quienes insisten en el modo en que la escasez es aprovechada para subir artificialmente los precios.

Ante el desajuste financiero en EE.UU., y su incidencia en el mundo, los especuladores están cambiando los productos financieros por materias primas, incluyendo los productos agrícolas, y ello afecta los precios en los países que dependen cada vez más de la importación de alimentos.

Las políticas liberales expulsaron al mismo tiempo a millones de personas a las áreas urbanas, donde la mayoría acabó en barrios pobres, con una vida muy precaria, forzados a vender su trabajo muy barato y a comprar comida y otros bienes a altos precios.

Datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura muestran que en los llamados países en vías de desarrollo la comida representa del 60 al 80 por ciento del gasto de las y los consumidores, incluyendo campesinos sin tierra y agricultores.

Esto sólo favorece a las compañías particulares, que sólo elevan los precios, en tanto los gobiernos están obligados a importar alimentos caros para llegar a la demanda de la población y carecen de recursos para apoyar a los más pobres.

Sólo una política equilibrada y la oxigenación de la producción de alimentos en cada país frenará la crisis de hambruna en avance y permitirá precios estables para campesinos y consumidores, consideraron presidentes latinoamericanos y caribeños.

En la Cumbre Regional sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, celebrada el 7 de mayo en Nicaragua, representantes de estas naciones concordaron en la inconveniencia de seguir las pautas neoliberales y llamaron a la unidad en el área para frenar la crisis.

Además de criticar a los gobernantes y entes financieros que costean guerras en vez de ayudar a los necesitados, estos cuestionaron a quienes acumulan capitales de forma desmesurada con el negocio de los alimentos y a los monopolios.

Mientras, los adalides del neoliberalismo abogan por invertir más en agricultura, incrementar la ayuda a los países pobres importadores de alimentos y liberalizar más los mercados para que los países puedan mejorar sus ingresos mediante la exportación.

Vía Campesina cree, en cambio, que los países deben priorizar en sus presupuestos la ayuda a los más pobres para que puedan acceder a suficiente comida y priorizar la producción doméstica de alimentos para depender menos del mercado mundial.

Sí que necesitamos una producción de alimentos más intensiva, pero intensiva en cuanto al trabajo y al uso sostenible de los recursos naturales, manifestaron los defensores del campesinado.

Campesinas, campesinos y pequeños agricultores pueden alimentar al mundo, afirmaron, por eso deben ser considerados como elemento clave de la solución.

Las posturas de El Salvador, Costa Rica y México, ante los acuerdos de la Cumbre Regional sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, reflejó algunas de las razones de la incidencia de la crisis alimentaria en Latinoamérica.

El apego al neoliberalismo- base ideológica de los tratados de libre comercio firmados por los gobiernos de esas y otras naciones con Estados Unidos- subyace en el fondo de tales actitudes y en el desajuste estructural de casi todas las economías del área.

La supuesta falta de acuerdos en una reunión es un modo de definir posiciones, coincidieron especialistas, en alusión a la insistencia de medios de difusión en el rechazo de los tres mencionados al documento final de la cita.

Estos eran partidarios de incluir en el acta medidas de apoyo a los biocombustibles y excluir juicios de valor contrarios al neoliberalismo, más sus criterios chocaron con los de los representantes de la mayoría de los países del subcontinente.

Arias, por ejemplo, declaró que participaba en el cónclave celebrado el 7 de mayo en Nicaragua para colaborar en la búsqueda de soluciones a la crisis alimentaria en avance.

Pero a pesar de sus críticas a la hipocresía y falta de voluntad de los países desarrollados ante el incremento del problema en esta parte del mundo, objetó lo decidido por quienes rechazaron al libre comercio, comentó el diario costarricense La Nación.

En la reunión, recordó la publicación tica, los representantes de varias naciones latinoamericanas y caribeñas coincidieron en la inconveniencia de seguir las pautas de ese modelo de desarrollo en la zona y llamaron a la unidad para frenar la crisis.

No podemos permanecer pasivos y ver como la alimentación de nuestros pueblos depende de los países más ricos, expresó el presidente haitiano, Reneé Preval, quien conminó a unirse para solucionar la situación.

Su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, cuestionó a los adalides del neoliberalismo, los organismos financieros internacionales, por negarse a reunir 500 millones de dólares para combatir el hambre, cuando casi costean la guerra en Iraq.

El gobernante boliviano, Evo Morales, denunció a los empresarios que convierten los alimentos en un gran negocio, a los monopolios del sector y a las familias que no piensan en la economía de sus semejantes, sino en seguir acumulando capitales.

Para el mandatario tico, en cambio, la debilidad y pobreza de los gobiernos de la región es una de las causa de la situación y por ello rehuyó debatir sobre el asunto con sus colegas, agregó La Nación.

Aunque Arias agradeció la propuesta venezolana de crear una línea de crédito por 100 millones de dólares a favor de la batalla contra el hambre, afirmó que insistiría en ese esquema ideado en el norte para potenciar el crecimiento económico costarricense.

El Salvador se abstuvo, según el Diario de Hoy, ante la ausencia de compromisos por parte de las naciones petroleras de ofrecer precios preferenciales a la región, la falta de apoyo a los biocombustibles y a los tratados de libre comercio.

La canciller, Marisol Argueta, alegó que para su país el tema de los combustibles es importante con vistas al desarrollo de la caña de azúcar, y en cuanto al petrolero, para que haya un compromiso en el abaratamiento de los costes de la gasolina.

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y gran parte de los países caribeños arribaron a un consenso en la cumbre, cuya reedición quedó programada para finales de este mes en México.

De acuerdo con lo previsto, en la próxima reunión, los asistentes retomarán algunas de las iniciativas planteadas en Managua, entre las que destaca el ofrecimiento del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

/ism

La alerta alimentaria por la previsible escasez de productos agropecuarios, ante el alza de los precios en el mundo, obliga a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a buscar alternativas comunes contra la problemática.

El 24 de abril, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, firmaron un pacto de cooperación en soberanía y seguridad alimentaria en Caracas.

De igual modo, los ministros de Agricultura de Centroamérica se reunieron este día en Panamá, el sábado debatirán con sus colegas caribeños en Nicaragua, y el 7 de mayo irán a una cumbre presidencial, a la cual está invitado el venezolano Hugo Chávez.

Medios de comunicación del área coinciden en que la escasez de trigo, maíz, arroz, frijol, hortalizas, verduras, ajonjolí, cerdo, pollo y otras aves, es sólo parte del panorama en la región, acosada por los altos precios de los granos básicos y del petróleo.

En particular Centroamérica, con una inflación de seis por ciento en 2007, esta obligada a potenciar de una vez la producción de granos pero especialistas coinciden en que las opciones chocan con las reducidas finanzas locales.

La factura petrolera de la cintura del continente, al decir del poeta chileno Pablo Neruda, asciende a casi seis mil millones de dólares al año y el déficit comercial superó los 24 mil millones de dólares hasta diciembre último, según datos oficiales.

El director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales de Nicaragua, Cirilo Otero, comentó que la gravedad de la crisis en estos países está dada por factores universales unido a cuestiones locales, de acuerdo con el diario mexicano, El Universal.

El Salvador es poco terreno y poca agua. Honduras sufre sequía y agotamiento de sus suelos. Guatemala es una topografía quebrada, poco fértil y dedicada a la producción forestal. Costa Rica, optó por turismo y la defensa de la ecología, ejemplificó.

Panamá es un pedacito de tierra montado en el mar, definió el especialista y explicó que la economía de ese país descansa en los exiguos beneficios del canal interoceánico, del comercio y las finanzas.

Para Otero, ello explica porque Nicaragua es la clave para resolver la crisis alimentaria en Centroamérica: este es el único del istmo con capacidades físicas, agroecológicas y topográficas, con grandes planicies, para la producción agropecuaria.

Sin embargo, alertó, el territorio nicaragüense tiene hoy menos posibilidad tecnológica y financiera para asumir el reto de garantizar el equilibrio comercial de granos básicos en la zona.

Nicaragua afronta una complicada situación por el desequilibrio en el mercado mundial y los efectos arrastrados del huracán Félix: alimentos básicos como arroz y frijoles son un 50 por ciento más caros que en 2007 y la tasa de inflación ronda el 17 por ciento.

Pero la administración de Daniel Ortega continúa impulsando el programa hambre cero, ideado para que campesinos sin tierra y pobres puedan comenzar a explotar algunos terrenos con ayuda estatal, reflejaron informaciones de la Radio La Primerísima.

Mientras Ortega estructura un plan de alerta alimentaria para presentar a sus colegas, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se limita a conminar a desplegar un combate efectivo contra la pobreza.

Urge edificar almacenes para alimentos en vez de gastar en armas, señaló el mandatario tico, sin considerar el contexto en una zona donde más de la mitad de sus 38 millones de habitantes padecen por la miseria y por crecientes escenarios de hambruna.

En ello descansan las causas de los movimientos sociales de protesta registrados en los últimos días, frene a los cuales las autoridades centroamericanas tuvieron que adoptar algunas acciones de emergencia.

En Honduras, decenas de miles de personas salieron a la calle la semana anterior para protestar por los precios prohibitivos alcanzados por muchos alimentos, recordó el diario de ese país, La Prensa.

Como respuesta a la situación, el gobierno de Manuel Zelaya adoptó un plan de emergencia destinado a incrementar la producción agrícola y reducir la dependencia de las importaciones.

La inflación ronda el 10 por ciento en Costa Rica y en Guatemala alcanzó nueve por ciento, según el Instituto Nacional de Estadísticas del país más grande de la región.

Por ello, el gobierno de Álvaro Colom ejecuta un programa para asistir económicamente a las 45 comunidades más desfavorecidas e insta a las empresas a poner precios de solidaridad a sus productos y contribuir así con las personas de menos recursos.

Las protestas por la elevación del costo de la harina y otros productos, igual motivaron al gobierno salvadoreño a analizar el sostenimiento de subsidios vigentes y otras acciones.

Los días dirán hasta donde estas estrategias logran contener el agravamiento del deterioro de los niveles de vida de latinoamericanos y caribeños, en tanto organismos internacionales llaman a pensar más allá del sur, el modo de atenuar la crisis.

Presiones y violaciones a los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores continúan a la orden del día en las empresas ensambladoras de textiles o maquilas en Honduras.

La denuncia más reciente llegó desde la fábrica Productos San José, que funciona con capital estadounidense en el complejo industrial Zip San José, en la norteña ciudad de San Pedro Sula.

Alrededor de mil 500 obreros de ambos sexos están contratados por la entidad y son obligados a cumplir metas excesivas incluso fuera de horario, desatendidos en su salud y en otras necesidades elementales, de acuerdo con Vida Laboral.

Obreras de la maquila denunciaron que los directivos de esta instruyeron a las autoridades de la clínica del Instituto Hondureño de Seguridad para que no las asistieran y alegaron contar con enfermería en la fábrica.

Los servicios sanitarios en el local de la fábrica- que trabaja para las marcas Athetic, Jerzees y BVD, entre otras- también están en mal estado, les controlan el tiempo cuando van a sus necesidades fisiológicas y al demorarse reciben llamados de atención.

Un mensaje cursado por la agrupación precisó que las obreras también son amenazadas con deducción del día de salario y de la boleta de almuerzo si se tardan un poco.

Cuando una de ellas va al seguro social, recibe amonestaciones, le reducen el pago del día, medio salario del séptimo y la boleta de almuerzo, añadió la fuente.

Dos operarias que trabajan pegando etiquetas sufrieron abortos por el calor de la plancha y de la fuerza realizada al levantar bultos, operación muchas veces desarrollada en lugares sin ventilación, ejemplificaron las denunciantes.

En diciembre de 2007, a una muchacha se le murió la niña adentro porque le subía la presión y así la obligaban a trabajar, agregaron y cuestionaron el uso de un aparato pesado llamado rotor, destinado a revisar las prendas.

Igual comentaron que otra obrera fue amonestada por acudir al seguro social cuando se le incrustó una aguja en un dedo de la mano: los ejecutivos de la fábrica procuran ocultar los accidentes y así ganar premios por las horas seguras, explicaron.

Cuando transcurre un tiempo sin accidentes de trabajo, precisaron, los estadounidenses propietarios de la fábrica envían dinero a los administrativos para que celebren con los trabajadores.

Frases como burros, haraganes y otros ofensivas son propinadas por el jefe de mecánica contra los trabajadores, relataron.

La operaria, Delmy George, contó que el médico del Seguro Social le diagnosticó lumbalgia crónica al atenderla por un problema en su columna vertebral y la apoderada legal de Productos San José, Loesi Barrera, cuestionó tal diagnóstico.

Lejos de reconocer la prescripción del facultativo, la directiva le ofreció el pago de sus prestaciones y le adelantó que consultaría con otro doctor antes de remitir el caso a la comisión de invalidez.

Mientras, la mujer padece fuertes dolores en todo el cuerpo que prácticamente le imposibilitan continuar laborando y su economía está cada vez peor, según su testimonio.

El artículo 460 del Código del Trabajo de Honduras establece que es de interés público la constitución legal de organizaciones sociales, sean sindicatos o cooperativas, para contribuir desarrollo del país, de la cultura popular y de la democracia.

Sin embargo, coinciden activistas sociales, defensores de los derechos humanos y de las mujeres, la mayoría de los empresarios nacionales y extranjeros utilizan la represión como medida para impedir la organización de los trabajadores.

Los contratados por Productos San José trataron de organizar un sindicato en más de una ocasión y los ejecutivos de la empresa respondieron con despidos masivos de trabajadoras y trabajadores involucrados en la acción.

Un inspector de la Secretaría del Trabajo de San Pedro Sula intentó varias veces entrar al complejo industrial donde funciona la fábrica para notificar a la dirección sobre la creación del sindicato y, pese a la autoridad de que está investido, se lo impidieron.

La asesora legal de algunos de los cesanteados, Carlina Cnol, explicó que el funcionario también debía informar a obreras y obreros sobre la protección estatal a los afiliados al gremio, pero no logró cumplir con su labor por la orden emitida por los empresarios.

Pero lo acontecido en Productos San José es sólo una muestra: la Organización Colectivo de Mujeres Hondureñas y otras agrupaciones sociales denunciaron antes el deterioro de la calidad de vida de las trabajadoras de las maquilas.

Las mujeres en esas empresas trabajan más de las ocho horas establecidas, les controlan el tiempo para comer, las amenazan con despedirlas, sus jefes las maltratan y las acosan sexualmente, entre otras violaciones de sus derechos laborales.

El contacto con sustancias nocivas y las obligadas posturas inadecuadas, les provocan igual enfermedades respiratorias, hipertensión arterial, infecciones urinarias y problemas musculares.

A pesar de ello, el gobierno en este país centroamericano y en otros, insiste en las presuntas bondades de trabajar en las maquilas ante la incapacidad de generar empleos en otros sectores.

Costa Rica-2006: la metamorfosis

(Agencia Prensa Latina, La Habana, 22 de diciembre de 2006)

Isabel Soto Mayedo

Redacción Central (PL).- La presencia constante de efectivos policiales, decretos favorables a la producción de armas, considerables protestas populares y múltiples afanes por concretar la privatización de los monopolios estatales, atrajeron la atención hacia Costa Rica durante 2006.

Contrario a lo acostumbrado, la situación en el otrora paraíso centroamericano alentó la polémica entre medios de comunicación, analistas y políticos por efecto de la estrategia seguida por el mandatario Oscar Arias desde su campaña electoral.

Por primera vez en la historia de ese país, para algunos poseedor de la “más consolidada e impecable democracia de Latinoamérica”, el anuncio de los resultados de los comicios presidenciales tuvo que ser aplazado por un mes debido a fraudes y otras anomalías.

Desde antes, el rechazo a los turbios manejos de Arias con tal de postularse como candidato único por el Partido de Liberación Nacional y reelegirse presidente, redundó en una polémica renuncia de varios dirigentes tradicionales de esa fracción.

La mayoría de los que abandonaron esa fuerza culparon al politólogo herediano de fraude en los sufragios distritales y generales, al punto de obligar al Tribunal Supremo Electoral a atrasar la presentación del veredicto final de la contienda.

Millonarias sumas sustentaron una campaña marcada por la insistencia del cuestionado Premio Nobel de la Paz (1987) en que, de ser beneficiado por el voto popular, impulsaría el desarrollo de esa nación hasta convertirla en la más avanzada del subcontinente.

Esto, a partir de la concreción del Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) y del establecimiento de una “dictadura democrática”, según sus palabras.

Pero, cosa insólita en la Costa Rica contemporánea, las irregularidades constatadas en vísperas y durante las elecciones de febrero apenas sirvieron de preludio a lo que sobrevino a raíz de la segunda investidura del ex mandatario (1986-1990).

Lo acontecido desde el 8 de mayo de 2006 sugiere que Arias pasará a la historia como el político que más mancilló, al menos desde 1948, la tradición democrática de ese país, según coinciden personalidades de ese país, incluido el extitular de Cultura Arnaldo Mora.

A éste le cabe el mérito además de ser el primer gobernante costarricense elegido en las urnas que enfrentó una considerable protesta popular mientras se oficializaba su retorno a la silla presidencial.

En esa jornada, cientos de personas condenaron la reelección de Arias y su posición a favor del desigual acuerdo firmado con el mandatario estadounidense George W. Bush, al mismo tiempo que lidiaron en las calles con el fuerte dispositivo policial-militar desplegado.

Quien habla de desarme y desmilitarización en foros internacionales también se acostumbró desde entonces a aparecer en público rodeado de cientos de agentes policiales en el único país sin ejército del hemisferio.

Esta práctica, inusual y poco apreciada en ese territorio, se sumó al progresivo reforzamiento de las fuerzas represivas, a la abierta estigmatización de los movimientos de protesta social y a la aplicación de métodos de dominación al estilo de la “guerra fría.

Con tal de contrarrestar las pacíficas jornadas antiTLC y otras acciones populares, el gobierno esgrimió la coacción como instrumento político y avaló el cierre de esenciales espacios de debate, también por primera vez en la trayectoria de Costa Rica.

Sorprendente resultó para algunos constatar que en la otrora Suiza de Centroamérica se sucedieron en este año además retenes en las vías, estados de sitio, arrestos, juicios políticos, estudiantes golpeados y reprimendas a los sindicatos.

Casi al unísono, fue llamativo que el mediador de los procesos de paz en la región y crítico de los “liberales extremistas” hace dos décadas, refrendara la producción y comercialización de armas y se ensañara contra la intervención estatal en la economía.

Aunque Arias antes fustigó a los críticos del “Milagro Costarricense”, obtenido con la participación del Estado a través de los Monopolios Públicos de Beneficio Social en las Telecomunicaciones, Seguro, Educación y otros, en 2006 actuó en correspondencia con ellos.

En sus empeños desreguladores, éste contó con el sutil apoyo de los medios de comunicación locales y extranjeros, los cuales insistieron en las deficiencias en la gestión de la Caja del Seguro Social (CCSS), el Instituto de Electricidad (ICE) y el de Seguros (INS).

Estos se reiteraron sacando a la luz todo cuanto podía acrecentar el desprestigio de esas instituciones que, desde mediados del siglo anterior, garantizaron la atención a problemas fundamentales de la mayoría de la población tica.

No obstante, tuvieron que reconocer que la evasión de cuotas de los patronos privados y las deudas del Estado son las principales causas de la crisis enfrentada por estas dependencias: sólo a la CCSS el gobierno le adeuda casi 695 millones de dólares.

Por esta razón, resulta comprensible la imposibilidad de destinar recursos a la adquisición de tecnologías de punta, la capacitación de los especialistas y la renovación de la infraestructura médica.

La campaña contra las instituciones que conforman el sistema de seguridad social y la criminalización de las organizaciones sociales ocupó tanto a los medios en este año, que poco espacio dedicaron a la confusa vinculación de algunas autoridades con narcotraficantes.

Pese a ese silencio, trascendió que Arias fue citado por la parlamentaria Comisión Permanente Especial de Narcotráfico por segunda vez: en esta ocasión, para explicar por qué expresó que el Casas-Nayor era un "evidente caso de lavado de dinero".

Los pronunciamientos del mandatario aparecieron en diarios de ese país el 12 de octubre, tras conocerse que Kevin Casas, segundo vicepresidente, contactó con el narcotraficante de origen cubano Julio o George Nayor, durante la fiesta de cumpleaños de su hermano Ciro.

Diputados costarricenses concordaron en que las declaraciones de Arias hacían suponer que este gozaba de “información privilegiada” que debía conocer la población tica.

Pero políticos, diputados y sindicalistas convinieron en que el colmo del adalid de las causas nobles fue autorizar la entrada de las transnacionales armamentistas en Costa Rica mediante un decreto publicado en la Gaceta No.161 del 23 de agosto de 2006.

También resulta curioso el silencio de los medios de comunicación costarricenses en torno a tal documento, que legitimó la fabricación de escopetas, armas de fuego, portátiles, de aire y gas comprimido, explosivos y municiones, artillería pesada y ligera.

El Reglamento General para el Ordenamiento de permisos y Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud aprobó además la producción de aeronaves y naves espaciales "para el transporte de mercaderías y pasajeros, para defensa militar, deporte y otros fines".

Incluso, el Grupo 233, Clasificación 2330 de ese Decreto Ejecutivo no. 33240-S permite extraer metal de uranio y elaborar "aleaciones, dispersiones y mezclas de uranio natural y sus compuestos y la fabricación de otros elementos, isótopos y compuestos radioactivos".

Después de firmar tan explosivo documento, la ambigüedad en el actuar de Arias se evidenció cuando destruyó armas en los festejos por sus primeros 100 días de gobierno y en su intervención ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

En ese contexto afloró a su vez que la Raytheon Company, fabricante de las bombas "Patriot" y de los misiles cruceros "Tomahawk", poseía varias hectáreas en Costa Rica y proyectaba producir desde este país diversas tecnologías al servicio de los intereses militares norteños.

El panorama tico estuvo marcado en 2006 a su vez por el descarnado descrédito de algunos periódicos locales como La Nación, tildado de “fiel gendarme ideológico y policía mental al servicio de la oligarquía”.

Reconocidos dirigentes sindicales y otras personalidades costarricenses desenmascararon la tendencia de ese diario a apelar a las viejas fórmulas del anticomunismo visceral y del complot comunista internacional para acallar a los detractores del TLC.

Este medio, quizás como ningún otro, estuvo al frente de todas las campañas articuladas desde la Casa Presidencial y contribuyó con los directivos de ésta a concretar el cerco informativo programado contra la Primera Gran Jornada de Lucha contra ese acuerdo.

Tal maniobra consistió en intimidar a la población durante los días previos a las movilizaciones, celebrada el 23 y 24 de octubre, y en forzar a los trabajadores de la prensa a violar la ética periodística.

En vísperas de la protesta, que contó con la asistencia de miles de personas, los ministros de la Presidencia y de Seguridad Pública, Rodrigo Arias y Fernando Berrocal, de forma respectiva, se reunieron con directivos de los principales medios de comunicación ticos.

Los funcionarios declararon entonces que perseguían “coordinar y unificar la línea informativa” sobre estas jornadas y alegaron los supuestos “propósitos violentos y subversivos de sus organizadores”, según el diputado del Frente Amplio, José Merino.

Al comprobar que la coacción no surtió efecto, porque este movimiento adquirió carácter nacional, los funcionarios trataron de minimizar la participación ciudadana y de dar publicidad a escasos incidentes de provocación ocurridos en ese ámbito.

En opinión de participantes y organizadores de la marcha contra el TLC, tales acciones fueron provocadas por personas infiltradas por las autoridades con el objetivo de desacreditar al movimiento y restarle influencia en el resto de la población.

El “equilibro de la información”, una de las conductas éticas elementales de la prensa responsable, está siendo afectado en Costa Rica por efecto de las manipulaciones del gobierno, dirigidas a desinformar a la población, coincidieron varios congresistas.

Mas, tales acciones no lograron su propósito fundamental: la lucha antiTLC cada vez suma más agricultores, docentes, intelectuales, estudiantes, sindicalistas, empleados públicos, ecologistas y miembros de otras agrupaciones ciudadanas en ese país.

La reconstrucción de lo ocurrido en Costa Rica en los últimos 12 meses obliga a recordar además la fuerte polémica acerca de ese convenio bilateral, que será evaluado por el plenario del poder legislativo en los primeros meses del venidero año.

Largo fue el camino recorrido hasta decidir el futuro de ese tratado, cuyas 25 mil páginas estuvieron en manos de los legisladores costarricenses, en formato impreso o digital, desde octubre de 2005.

Desde esa fecha, se registraron comparecencias televisivas de detractores y defensores del acuerdo, debates académicos, spots publicitarios alentando su aceptación, análisis en una “comisión de notables” y varias protestas contrarias a esa concesión.

En sintonía, cobraron fuerza las maniobras de los interesados en validarlo, con tal de cerrar los espacios de debate a quienes pretendían alentar su desestimación en el ente parlamentario.

Ese documento, plagado de regulaciones a favor de las transnacionales extranjeras, fue objeto de análisis en distintos ámbitos y esto alentó una amplia producción bibliográfica, documental y de denuncia en ese y otros territorios del área implicados.

En todos los casos, se evidenció la disparidad de criterios alrededor de las proposiciones contenidas en ese documento, presentado por el gobierno estadounidense y ratificado por los legislativos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.

La transformación de la situación sociopolítica en Costa Rica, país sujeto a una conflictividad en ascenso y al resquebrajamiento de su institucionalidad, constituye apenas una muestra de los efectos precoces del TLC, signado por el dogma neoliberal.

El declive en el nivel de vida de la población, el aumento de la pobreza y la ascendente ola criminal prevalecientes también se derivaron del apego a esa doctrina, por la cual está enrumbado el destino de esa nación hace más de dos décadas.

Casi al cierre de 2006 también trascendió que los desempleados en suelo costarricense suman más de 20 mil y que esta cifra es susceptible de aumentar si se comparan los datos registrados en el último lustro.

Entre 2000 y 2005, ascendió el número de personas desocupadas de 71 mil 935 a 126 mil 165 en esa nación centroamericana, según estadísticas oficiales.

El XII Informe Estado Nación, presentado en noviembre, reflejó a su vez la progresiva caída de los ingresos de los ocupados en los últimos tres años, la disminución de los egresos estatales para temas sociales y la postergación de decisiones en perjuicio de los pobres.

La reducción de las erosiones estatales afectó los gastos en salud y vivienda, lo que se evidenció en el caso del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares: por primera vez en su historia, esa entidad no recibió dinero para atender a los hogares más pobres.

A esto se añade que en apenas un año el Colón, la moneda local, se devaluó más de una vez frente al dólar y los precios de los productos de primera necesidad continuaron incrementándose desde el anterior.

De acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos de 2005, citada por esa fuente, Costa Rica en el último decenio transitó de los niveles de desigualdad cercanos a los países europeos a tasas semejantes a las de otras naciones latinoamericanas, consideradas las más desiguales del mundo.

Esta tendencia de largo plazo pudo percibirse en otras mediciones realizadas en vísperas de la elaboración de ese informe: el deterioro general de las entradas está alcanzando a los sectores profesionales medios y se aproxima a las de los sectores más bajos.

En la última década, la tasa promedio de crecimiento anual de los ingresos de ese sector experimentó una caída de casi el uno por ciento por año, mientras que la de los ricos tuvo un incremento del cuatro por ciento.

Tales factores alentaron el descontento y una ascendente ola criminal, que sumerge a muchos en la nostalgia por un pasado de paz.

Sólo en los primeros ocho meses, fueron reportados en ese territorio cuatro mil 500 atracos, cuyos autores portaban armas de fuego en su mayoría, admitió el Organismo de Investigación Judicial.

También en esta etapa ocurrieron dos mil 517 robos de vehículos, a razón de 14 por día, y alrededor de dos mil 883 casas fueron saqueadas en la capital sanjosefina, presentada como modelo de tranquilidad ciudadana desde los convulsos años ´80.

Esta populosa ciudad, en especial sus localidades Desamparados, Goicoeche y Montes de Oca, registraron el mayor índice de hechos violentos en todo el país, con tres mil 327 asaltos hasta el 30 de agosto.

Mientras las autoridades se desatienden de ese desequilibrio, emisoras radiales, televisivas y publicaciones periódicas impulsan la campaña contra los extranjeros y sobre todo, contra los nicaragüenses.

Pero los especialistas insisten en que estos no son culpables de la criminalidad, pobreza, mortalidad infantil u otros males en Costa Rica.

El proceso de deterioro de la institucionalidad tica antecedió al arribo de esas comunidades y pudiera acrecentarse de continuar el rumbo sostenido en 2006.

Los intentos de desacreditar mi trabajo Oscar Arias: Del Nobel a la militarización, por parte del propio presidente tico y de algunos de los funcionarios de su administración, impulsaron este otro comentario más preciso acerca de las acciones del innobel a espaldas de su pueblo para favorecer a las transnacionales armamentistas. Lo comparto con mis lectores y les adelanto que pronto tendrán noticias acerca de este tema. El otrora paraíso centroamericano dejó de serlo y parece que de manera irreversible. A la izquierda, una imagen tomada por mí en la ciudad de Cartago, meses antes de publicar estas experiencias.

Oscar Arias: puertas abiertas a las armas

Isabel Soto Mayedo (Agencia Prensa Latina, La Habana, 4 de octubre de 2006)

Redacción Central, 4 oct (PL) Costa Rica se aferra hoy a su fama de paraíso centroamericano, más la contradicción aflora entre los discursos del presidente Oscar Arias y las denuncias de múltiples sectores sobre la militarización creciente en ese país.

Desde mayo de 2006 a la fecha, más de un reclamo de políticos, diputados, organizaciones sindicales y civiles de esa nación puso al descubierto la sutil política coercitiva del mandatario y su tendencia a violar los derechos ciudadanos.

El colmo para algunos fue que Arias, reconocido internacionalmente por sus pronunciamientos pacifistas, avalara que las transnacionales del armamento lleguen a Costa Rica a instalar sus fábricas mediante un decreto ejecutivo, publicado en la Gaceta No. 161 del 23 de agosto de 2006.

Este documento oficial, poco difundido por los medios de comunicación ticos, legitimó “la fabricación de armas de fuego. Armas portátiles. Escopetas y pistolas de aire y gas comprimido. Fabricación de explosivos y municiones. Fabricación de armas portátiles y accesorios, artillería pesada y ligera”.

El “Reglamento General para el Ordenamiento de permisos y Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud” aprobó además la producción en este territorio de aeronaves y naves espaciales “para el transporte de mercaderías y pasajeros, para defensa militar, deporte y otros fines”.

Incluso, el Grupo 233, Clasificación 2330 de ese decreto permite extraer metal de uranio a partir de la peoblenda y otros minerales que lo contienen y elaborar “aleaciones, dispersiones y mezclas de uranio natural y sus compuestos y la fabricación de otros elementos, isótopos y compuestos radioactivos”.

Más, paradojas de la política: luego de firmar tan explosivo decreto, Arias destruyó armamento como supuesta prueba de su vocación pacifista durante la celebración de sus 100 días de gobierno, en el Parque Nacional de San José.

Impudor al hombro, el jefe de Estado viajó después a la sede neoyorquina de la Organización de las Naciones Unidas y arremetió contra “el gasto militar, la carrera armamentista y el comercio de armas como ofensivos a la condición humana”.

Pero mientras esa falsa imagen recorría el mundo, en Costa Rica se sucedían los intentos por ocultar la existencia del Decreto Ejecutivo no. 33240-S, a pesar de lo cual trascendió.

Según Informático.com, la alusión a la producción de armas en este documento emergió después que el diputado Oscar Nuñez, del gobernante Partido de Liberación Nacional, “saliera a la prensa para ratificar la existencia del decreto en cuestión”.

Aunque el ex secretario general de esa fracción procuraba justificar el presumible “error” del presidente al avalar la fabricación de todo tipo de artefactos de muerte, los opositores a su gestión se encargaban de demostrar que esta maniobra sólo abría las puertas a otros intereses.

Tal decisión presidencial sirve de antesala a la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), porque responde a la exigencia de Washington de reformar la legislación local de acuerdo con lo pactado, opinaron investigadores y políticos costarricenses.

En efecto, el texto publicado en la Gaceta No. 161 del 23 de agosto de 2006 posibilitará que transnacionales como la Raytheon Company, fabricante de las bombas Patriot y Tomahawk, puedan instalarse en ese territorio centroamericano para multiplicar sus capitales.

Oscar López, diputado por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, denunció públicamente que ese consorcio estadounidense logró inscribirse en el registro de propiedad tico, comprar cinco hectáreas en Paquera, región de Puntarenas, y está en vías de legitimar su marca.

En una misiva divulgada por Tribuna Democrática, el congresista costarricense aseguró que la transnacional proyectaba instalar un centro en esa zona para producir sistemas electro-ópticos, infrarrojos, software y otras tecnologías “al servicio de los intereses militares de sus contratistas”.

“Con la aprobación del TLC con Estados Unidos Centroamérica y República Dominicana la instalación de dicha compañía en Costa Rica será posible…lo que representa una gravísima contradicción a nuestra institucionalidad democrática”, señaló López.

Para diciembre del año en curso, está prevista la votación en el legislativo sobre ese tratado bilateral con Washington, cuya concreción permitirá la importación de armas y otros materiales bélicos, según el Anexo 3-3.

El estudio de ese documento, de más de dos mil 500 páginas, revela que la lista al anexo en cuestión contempla, en el folio 1050 del expediente 16.047, “Tanques y demás vehículos automóviles blindados de guerra, incluso con su armamento, sus partes”, entre otras posibles mercancías.

Buscando información en la red en estos días encontré este comentario, Oscar Arias: Del Nobel a la Militarización. Este fue publicado el 3 de octubre del 2006 por el diario Granma y a raíz de ello comenzó una campaña mediática que redundó en declaraciones altisonantes por parte de las principales figuras del gobierno costarricense. Quiero compartirlo con ustedes y también, algunos de los comentarios que encontré alrededor de él. Lo triste es que lo señalado hace dos años conserva plena vigencia.

Oscar Arias: Del Nobel a la militarización

ISABEL SOTO (Diario Granma, La Habana, 3 de octubre de 2006)

Desde su retorno al poder, tras casi dos décadas viviendo de la gloria de haber sido nombrado Premio Nobel de la Paz (1987), Oscar Arias procura gobernar hoy apelando a la fuerza en Costa Rica.



Contrario a la tradición en la otrora Suiza de Centroamérica, el mandatario impulsa una remilitarización cada vez más descarnada de los cuerpos policiales y despliega a sus efectivos siempre que se le antoja para tratar de acallar a los opuestos a su mandato.

El rechazo generalizado a su retorno y el empeño de promover la legitimación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fueron obstáculos que tuvo que sortear Arias desde que articulaba la campaña con vistas a los comicios que redundaron en su victoria.

Mas, la millonaria suma invertida con tal de regresar a la presidencia poco garantizó la pasividad de organizaciones sociales, sindicalistas, estudiantes universitarios, académicos y otros.

El propio día de su investidura, Arias tuvo que poner en funciones a un amplio dispositivo policial-militar para contener a los cientos de manifestantes que, por primera vez en la historia de esta nación, se pronunciaron contra el ascenso de un gobernante electo.

A partir de entonces, miles de policías antimotines, de la caballeriza, la canina, de la Unidad de Intervención Policial y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad fueron movilizados varias veces en Costa Rica.

Ni los recintos eclesiásticos se salvaron de esa política coercitiva: en la norteña ciudad de San Carlos varios cientos de policías rodearon la Catedral, limitaron el acceso a esta y catearon a los asistentes a una misa en la que coincidirían con el mandatario.

Tanta fue la afrenta, que hasta el obispo Sancasimiro condicionó la realización del oficio religioso al levantamiento de los retenes y el cese del hostigamiento a los feligreses.

La militarización de esa nación de Centroamérica va cada vez más lejos y prueba de esto fue el despliegue de los agentes policiales en el ámbito del Día de la Independencia en Cartago, antigua capital tica.

Estudiantes golpeados, retenes en las vías de acceso, buses detenidos y arrestos se reportaron en la fecha, mientras los medios de comunicación masiva apenas hacían alusión a los desfiles y jolgorios preparados con motivo de la efeméride.

Igual que en anteriores y sucesivas conmemoraciones patrias, el representante de la burguesía agroindustrial exportadora costarricense no vaciló en recurrir a la represión, consciente de la repulsa contra su modo de administrar la nación.

Los acontecimientos del 16 de agosto, cuando Arias se hizo rodear de un aparatoso operativo de seguridad para poder concretar el Consejo de Gobierno previsto para realizarse en el Parque Nacional, así lo prueban.

Pero en esa ocasión tampoco logró acallar a sus opositores, porque estos lograron burlar los controles y se presentaron ante los funcionarios reunidos al pie del monumento que conmemora la guerra contra los filibusteros norteamericanos.

Los manifestantes patentizaron entonces su rechazo a la ironía que representaba esa cita, destinada a potenciar la aceptación de las condiciones impuestas por Estados Unidos en virtud del TLC, frente a la estatua erigida en homenaje a los negados a la injerencia norteña.

El desparpajo del Premio Nobel colmó la copa de los Frentes Comunitarios de Lucha contra ese tratado bilateral con Washington, quienes denunciaron la actitud hipócrita del presidente.

Mientras el panorama costarricense se ensombrece y los residentes en ese país sienten nostalgia por la paz vivida en otras épocas, Arias continúa emitiendo discursos pacifistas hacia el exterior para captar el favor de la opinión pública.

Pero las noticias sobre los reiterados estados de sitio implantados en estos meses rebasan las fronteras de Costa Rica: sobre todo el último de estos, registrado en la caribeña provincia de Puerto Limón, demostró el cambio progresivo en el país "sin ejército" desde 1948.

Fuerzas policiales y militares tomaron las instalaciones portuarias de la zona, coaccionaron a obreros y civiles y araron el camino a los investigadores policiales en detrimento de los obreros negados a aceptar la privatización de los muelles promovida por Arias.

Archivos fotográficos y documentales de las autoridades son desempolvados con mayor frecuencia y eso explica la realización de más de un juicio político en estos tiempos.

Tal práctica también puede incrementarse de continuar la estrategia represiva en boga, violatoria de la libertad sindical, los derechos ciudadanos y hasta de la democracia representativa, de la cual el cuestionado Premio Nobel de la Paz siempre se presentó como adalid. (PL)

¿Te acordás, Jámes, cuando tuvimos la conversación acerca del Señor Comendador y su Consenso de Costarrica?

Que yo dije que apoyaba que el Señor Comendador hubiera dicho lo del libre comercio en la onU porque estaba siendo congruente su discurso con sus acciones. Es decir, que era lo único realmente honesto de toda esa hablada. Y el tal consenso no me parecía (no recuerdo la palabra)... que me parecía pura mierda (estaba tratando evitar una palabra folclórica).

Bueno, ¿ahora entendés lo que estaba tratando de decir? Y que mi animadversión hacia ese ese señor no está tan infundada.

Claro que me acuerdo. Lo que pasa es que creo que estamos hablando del mismo tema de dos cosas distintas.
Mi opinion es que de lo que dijo el orejón en la ONU (las tres propuestas planteadas en el post "Costa Rica en Asamblea General de las Naciones Unidas") me parecen buenas la primera (aportar dinero a paises que inviertan en educacion, salud y vivienda y cada vez menos en armas y soldados) y la tercera (reforzar la gobernabilidad globlal y reformar insituciones), esas dos propuestas me parecen muy respetables, indiferentemente si el "presidente de corn flakes" cree en eso o no, el punto es que son buenas propuestas. De hecho la tercera propuesta de CR también fue planteada por Hugo Chávez en su discurso, en fin es una buena idea.
La otra propuesta de CR es la de abrir el comercio, eso no lo apoyo (hagase o no) no lo apoyo, no hay porque.

Mi evaluación del discurso de Arias no fue con respecto a su honestidad. De eso no tengo duda, desde que fue candidato a precidencia es un hipócrita!.

El problema, bwoycillo, es que sin acciones que respalden tal posición, el discurso de Don Orejas del Azúcar y Etanol, Señor Comendador de la Encomienda de Costarrica queda solamente como una de tantas bonitas proposiciones que no van a ir más que al archivero de la tal institución.

¿Con qué cara se va a ir a promover el tal consenso? Esta crítica salió en Cuba, presidencia de los NOAL, uno de los grupos que agrupan a países de los que deberían estar más interesados en apoyarla. y no creo q lo hagan.

Sí la propuesta es muy buena, pero tan vacía y tan imposible de realizar como los cacareados Objetivos del Milenio (otra muestra más de la inoperancia de la ONU, pero al menos queda la esperanza en lo bonito que pueden llegar a pensar algunos líderes internacionales). Por tanto, y siendo asquerosamente funcionalistas, no sirve de nada, simplemente.

Me parece muy interesante el punto de vista de esta periodista, y ahora que ella menciona la busqueda de la militarizacion del pais otra vez, no se si han oido una noticia reciente sobre la implantacion de una fabrica de armas en costa rica si se aprueba el TLC. A mi me parece que el Presidente se anda jactando de un pais de paz y sin ejercito pero pienso que el tener un a fabrica de armas seria lo mas contradictorio posible para esta publicidad que hace nuestro presidente. Segun lo poco que he escuchado y me asusta no hay ninguna ley del gobierno ni en el TLC que impide que esta fabrica se implante en el pais. Ahi les dejo la interrigante !

Varo estamos de acuerdo, con una eventual aprovación del TLC no habría nada que irrumpa al comercio, ni siquiera la moral. Se instauraría la doble moral en costa rica. Es preocupante.

gracias a todos por los comentarios alrededor de mi artículo. me hacen confiar mucho más en que lo que hago, vale la pena.

Isabel, aqui en el blog no están escritos todos los comentarios que yo he escuchado a rededor de este trabajo suyo, en general muchos cosatarricenses sentimos que lo que ud. dice es cierto completamente.
Ojalá que siga informando más de lo que pasa, pues en Costa Rica los medio de comunicación de más audiencia desinforman al pueblo y gracias a notas internacionales como la suya el pueblo se informa porque se da cuenta de que algo esta pasando. Gracias, gracias!!!

Esta realidad trajo consigo que las fluctuaciones en los precios de esos productos a escala global, en las tasas de interés, y en el volumen y dirección de los capitales, condicionaran la situación interna de los países de la región.

La sujeción a tales vaivenes, además, dejó su impronta en los modelos económicos diseñados desde finales del XIX por lo gobiernos latinoamericanos y la mejor expresión de ello es la estrategia de crecimiento hacia fuera o liberalismo económico.

Aunque el modelo liberal latinoamericano distaba del clásico, rindió beneficios y estimuló una aguda transformación social, lo cual despertó falsas expectativas sobre las ventajas de estrechar vínculos con el SMC.

También favoreció el crecimiento de las exportaciones tradicionales y la expansión de otras líneas productivas de escaso valor destinadas al comercio exterior, principalmente en el sector agrominero.

Tal incremento de las ventas respondió a la coyuntura generada a partir del acelerado proceso de concentración y centralización de la producción y la banca que tenía lugar en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y otras naciones capitalistas.

Durante la Primera Guerra Mundial, el diseño primario agroexportador estuvo de pláceme, pero al terminar la conflagración, las desbastadas economías europeas comenzaron a recuperarse y no quedó más opción que trasladar la atención hacia el fomento del mercado intramuros.

Los denominados períodos de vacas gordas y vacas flacas en Cuba, ilustran ese tránsito de la bonanza a la recesión, en el cual se acentuó el carácter monoproductor de la agricultura de la Isla en torno al azúcar.

La extensión del sistema ferroviario, la intensificación de la actividad portuaria, el incremento de las exportaciones y el ascenso del presupuesto estatal en estos países fueron afectados por el cese del conflicto allende el Atlántico.

Otro hecho que marcó la sensibilidad de las economías latinoamericanas frente a las fluctuaciones del mercado externo, fue la crisis de 1929 a 1933, cataclismo que removió los cimientos de las principales economías capitalistas.

La depauperación de los niveles de vida de las masas y, por consiguiente, el apogeo del movimiento obrero y comunista se sumó al afianzamiento de las posiciones del fascismo italiano y del nazismo alemán, lo que marcó ese contexto.

¿Qué sucedió mientras en Latinoamérica? Las economías de sus países, agrarias y monocultoras mayoritariamente y dependientes del capital foráneo, sufrieron sobre sí el impacto de la desestabilización estructural del sistema capitalista.

Si el desempleo rebasó el 75 por ciento de la fuerza de trabajo disponible en las naciones más poderosas y se produjo la acumulación excesiva de sobrantes de la producción, peor se registraron esos indicadores en esta región.

Ello trajo consigo el cuestionamiento teórico metodológico del liberalismo, el reacomodo del keynesianismo a las peculiaridades de los países subdesarrollados y la intensificación de la oposición a la dependencia económica en la región.

Al calor de las nuevas tendencias políticas, el liberalismo fue abandonado, se reajustó la doctrina salvadora del capitalismo a la situación de las economías latinoamericanas y apareció el Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI).

La creación de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), alternativa más propicia para defender los intereses regionales que el Consejo Económico Social de la OEA (1948), demostró el reconocimiento de Naciones Unidas a esa estrategia.

También la CEPAL justificó la intervención del Estado para ayudar a financiar y proteger las industrias nacionales, por lo cual la reacción del gobierno estadounidense no se hizo esperar.

Harry Truman (1949-1953) articuló una nueva política hacia América Latina, bautizada hacia 1954 por su sucesor, Eisenhower, como Política del Buen Socio.

Esta expresión de las relaciones de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica incluiría el denominado Punto Cuarto del discurso inaugural de Truman, que promovió el libre comercio y la inversión privada, banderas contra el ánimo desarrollista en la región.

El modelo ISI prevaleció en América desde los 50 hasta finales de los 70, según algunos estudiosos, y aunque el desarrollo no rebasó los niveles propuestos, motivó que las sociedades latinoamericanas transitaran de rurales a urbanas.

Además, diversificó la estructura productiva e industrial de varios países, sus perfiles exportadores, contribuyó al crecimiento de la clase obrera y a que emergiera cierta clase media, incipiente aún en los años 30’s.

Los detractores del modelo remarcan que, pese a tales beneficios, se mantuvo el peso elevado de productos primarios de bajo nivel de elaboración.

Raúl Prebisch, director general del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la ONU en Chile y principal teórico del ISI, sostenía que la industrialización interna fomentaría la difusión tecnológica, el empleo y la productividad.

Como consecuencia de todo eso, decía el especialista, se reduciría la vulnerabilidad de la región al sistema económico internacional, partiendo de la convicción de que las políticas económicas internas debían ajustarse para enfrentar la incidencia externa en su crecimiento.

Tales presupuestos sirvieron de base metodológica a la estrategia sustitutiva de importaciones destinada a fortalecer el desarrollo industrial, que promovió la protección de los mercados internos alentando el fomento de las industrias locales.

Hacia finales de los 60, el Modelo ISI comenzó a mostrar síntomas de estrangulamiento, mayormente porque la inaccesibilidad a insumos sólo adquiribles en los países desarrollados terminó por acelerar la dependencia de las economías centrales.

Otra paradoja se reflejó en la urgencia de mercados más amplios para dar salida a los bienes duraderos avanzados producidos y el endeudamiento externo, disimulado en los 70 por las bajas tasas de interés reales y la demanda de exportaciones latinoamericanas.

Confiados en la afluencia de capitales, los gobiernos latinoamericanos alentaron la importación y el movimiento de la deuda externa de largo plazo ascendió de 42,5 mil millones de dólares a 176,4 mil entre 1975 y 1982.

La primera y segunda crisis del petróleo (1973,1979 respectivamente), la crisis del peso mexicano (1994-1995) y la de los tigres asiáticos (1997- 1998), demostraron una vez más la vulnerabilidad permanente de las economías latinoamericanas frente a las variaciones del comercio y las finanzas.

Transcurrida una década, los anuncios de recesión en Estados Unidos desatan los nervios de los empresarios latinoamericanos, porque una vez más el vaivén de la economía del norte incide en la reducción de importaciones, la inestabilidad en las tasas de intercambio, y en la estructuración de estrategias siempre contrarias al desarrollo de las economías sureñas.

El tema, abordado en un estudio por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), resulta alarmante si se considera que el llamado déficit de talla para la edad aqueja al 16 por ciento de los pobladores de esta región.

Guatemala, nación situada en el centro del continente, es el país de mayores índices de desnutrición en toda la región y sus estadísticas superaron los promedios de países de Asia y Africa.

De 1995 a 2002, el 46 por ciento de los infantes guatemaltecos padeció de desnutrición crónica, por encima del 29 por ciento registrado en estos territorios.

Ecuador reportó en igual período un 27 por ciento de niños afectados por ese padecimiento, seguido por Bolivia y Perú, donde las dificultades para acceder a una alimentación sana redundaron en 26 y 25 por ciento, de manera respectiva.

El hambre y la desnutrición, derivada de esta, logran penetrar de manera mucho más agresiva en las comunidades indígenas y en las integradas por descendientes de afroamericanos, aseguró CEPAL.

Estos sectores poblacionales son los más marginados dentro de las sociedades latinoamericanas y suelen sobrevivir en áreas rurales, de escaso acceso al agua potable y carentes de sistemas de alcantarillados.

A estos factores puede añadirse el bajo nivel educacional prevaleciente en estas familias, cuyas niñas y niños se ven obligados a trabajar desde edades tempranas para colaborar con la resquebrajada economía hogareña.

Desplegar políticas de Estado integrales de largo plazo y con la participación activa de todos los actores, fue la recomendación de CEPAL para contrarrestar estos problemas.

En ese sentido, debe priorizarse la atención a los menores de tres años de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, que se encuentran en momentos críticos de vulnerabilidad nutricional dentro del ciclo de vida.

Aunque algunos de estos gobiernos suscribieron la Convención sobre los Derechos del Niño y otras disposiciones destinadas a la protección de la infancia, sus practicas de Estado están muy alejadas de esos acuerdos.

Por lo general, estos temas están incluidos en las campañas electorales de los futuros presidentes, alcaldes, legisladores y funcionarios en general, que se desatienden de sector tan vulnerable al llegar al poder, coincidieron analistas.

Desde 2004, el Programa de Naciones Unidas para la Infancia constató que cerca del 60 por ciento de las niñas y niños de Latinoamérica y el Caribe vivían sumidos en la pobreza y la tendencia al ascenso de esa cifra.

La aplicación de las estrategias neoliberales durante las últimas décadas impidió superar los niveles de depauperación en el subcontinente, admitió incluso el Fondo Monetario Internacional.

Este organismo financiero, reconocido por su defensa a ultranza de las supuestas ventajas de esa política y uno de sus principales promotores desde los años ´80, aceptó además que ese modelo económico sólo exacerbó la desigualdad en esta región.

El presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, declaró que Latinoamérica enfrenta no sólo un rezago en lograr un mejor desempeño de su aparato productivo, sino también en distribuir los beneficios "cuando hay crecimiento".

Para los economistas, eso se traduce en que sólo una pequeña élite se apropió de los beneficios del tímido crecimiento de esta zona, en vez de favorecer la salida del estancamiento y la pobreza como habían asegurado sus impulsores.

El neoliberalismo trajo consigo despidos masivos, incremento de horas de trabajo, reducción de la estabilidad laboral y beneficios sociales en general, de servicios y empresas estratégicas, liberalización de impuestos a las transnacionales.

También este esquema de desarrollo, devenido ideología, redundó en la apertura de mercados y la liquidación de las industrias nacionales, y, por consoiguiente, en el redoblamiento del desajuste estructural de las economías latinoamericanas.

En consecuencia, la pobreza adoptó múltiples formas de expresión en esta región, la de niveles más elevados de desigualdad en el mundo y donde el futuro sigue amenazado por la desatención gubernamental a los problemas que aquejan a tan vulnerable grupo poblacional.

Estadísticas acopiadas por varios organismos internacionales revelan que en el último lustro se incrementó de forma considerable el flujo de personas de esta región, empeñadas en alcanzar el paraíso prometido por los poderosos medios de comunicación globalizados.

A pesar de las frustraciones que enfrentan muchos en el riesgoso camino hacia el norte y del irrespeto que luego deben sortear en los países receptores, los emigrados del área sumaron 25 millones en 2005.

Esta cifra, que marcó la superación de los 21 millones registrados cinco años antes, equivalió al 12 por ciento del total de 200 millones de personas en esa situación en todo el mundo.

Tal proceso seguirá dándose con idénticos volúmenes en las décadas venideras, acarreando para estas naciones la pérdida de poblaciones en edad productiva, la trata de personas, el tráfico de emigrantes y la constante movilidad, coinciden estudiosos de estos temas.

Tendencia tan cuestionada sólo podrá ser contrarrestada impulsando seriamente el desarrollo económico de los países de la zona, donde el porcentaje de personas forzadas a buscar oportunidades más allá de las fronteras locales asciende a un ritmo del cuatro por ciento.

En otros términos, por cada inmigrante que llega a Latinoamérica y el Caribe, cuatro procuran abrirse camino fuera de manera temporal o definitiva para evadir la pobreza que enfrentan en sus naciones y contribuir al bienestar de sus familias.

México, territorio más cercano al principal país receptor de emigrantes del subcontinente, clasifica como el mayor aportador en este proceso, con más de nueve millones de ciudadanos con ese status.

Aunque el 17 de mayo de 2006 el Senado estadounidense aprobó la construcción de un muro de 595 kilómetros a lo largo de la frontera común, en su etapa inicial, y de 800 kilómetros de barreras para impedir el paso de automóviles, esa cantidad sigue en ascenso.

Los miembros de la Comunidad del Caribe, con casi dos millones de emigrados, y Colombia, sujeto a constantes enfrentamientos armados y altos niveles de violencia por más de cuatro décadas, con un millón y medio, clasifican luego en ese listado.

Datos de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) reflejan que los países con menos magnitudes de emigrados oscilan entre los 100 mil y 450 mil, como es el caso de Bolivia, Chile, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Múltiples factores inciden en el aumento progresivo de esas estadísticas, que pueden variar y determinar la colocación en un orden diferente a estos países si son consideradas en términos relativos.

El flujo migratorio protagonizado por millones de latinoamericanos y caribeños acarrea la constante pérdida de capital humano, en especial, de la población altamente calificada.

De ese modo, la consolidación de una masa crítica de conocimiento en estos territorios se ve sujeta a un constante riesgo y ello reduce las posibilidades de contar con profesionales de valía para aumentar la competitividad.

En cambio, Estados Unidos y otros receptores de emigrantes reciben de manera continua grandes contingentes de mano de obra barata sin haber invertido recursos financieros o de otro tipo en su formación.

Por lo general, estas personas asumen las labores menos reconocidas dentro de la escala social y peor remuneradas en casi todos los países receptores, pero en especial en la tierra del Tío Sam.

La población latinoamericana y caribeña residente en Estados Unidos, según datos del organismo surgido en 1948 bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas, alcanzó los 18 millones en 2005, es decir, más de la mitad del total de los emigrantes de esta área.

Más, en los últimos años, los destinos posibles de ese grupo humano se diversificaron por la confluencia de las variables que inciden en la expulsión y el aumento de la demanda de trabajadores especializados.

En la multiplicación de destinos también influyeron la estructuración de importantes redes sociales en los países más avanzados económicamente, los vínculos históricos y la interrelación creciente a escala personal por efecto del empleo de tecnologías más abarcadoras para la comunicación.

Las investigaciones demuestran que alrededor de tres millones de latinoamericanos se encuentran fuera de este continente en semejante condición, la mayoría de ellos en Europa.

Mientras los sudamericanos prefieren probar suerte por lo general en Francia, Italia y Portugal, España sigue siendo la elegida por la más de la mitad de los emigrados de esta parte del mundo.

Los caribeños anglo-parlantes o de habla francesa, en cambio, suelen dirigirse hacia Inglaterra y Holanda, amparados en algunos casos por los vínculos establecidos bajo el status colonial.

Aunque en menor cuantía, Canadá, Japón, Australia e Israel, cuentan también con comunidades de emigrados oriundos de esta región, según CEPAL.

Poco interesadas en revertir la depauperación socioeconómica que enfrentan sus pueblos, autoridades gubernamentales y políticos neoliberales miran con beneplácito el fortalecimiento del flujo migratorio hacia el norte.

Esta actitud se basa en el supuesto papel que desempeñan las remesas de dinero enviadas por estas personas a sus familiares, consideradas por varios especialitas como reactivadoras de las endebles economías locales.

Para el 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo previó que el monto de los envíos monetarios de los emigrados hacia el subcontinente ascenderían a 55 mil millones de dólares, 10 mil millones más que durante el 2004 y casi el doble que durante el 2002.

Tales pronósticos fueron superados en algunos casos particulares y aún persiste la inclinación al alza en estos registros, corroboran diversas fuentes oficiales y foros regionales.

México, Brasil, Colombia y El Salvador son los países que reciben mayor volumen de dinero en esta parte del hemisferio, contrario a lo que perciben Trinidad y Tobago y Uruguay.

Economistas alertaron que el llamado pulgarcito de Centroamérica mantiene una mayor dependencia de estos envíos en toda el área, ya que representan el 13,5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

Tales registros y la movilidad generada por las remesas explican en parte su incidencia en el ámbito político de distintos países Latinoamericanos, donde en casos específicos fue esgrimida para inclinar la balanza a favor de candidatos presidenciales.

Si se considera la relación entre envíos monetarios y proporción del volumen total de la economía, los países pequeños con ingresos medios o inferiores clasifican como los principales receptores.

Sólo para Nicaragua estos representa un porcentaje mayor que para El Salvador, donde asciende al 15 por ciento anual.

Otros países para los cuales las remesas tienen un peso relativo importante son: Honduras (10,7 por ciento de su PIB), República Dominicana (9,1 por ciento), Guatemala (6,8 por ciento) y Ecuador (5,9 por ciento).

Durante los más de cuatro siglos de existencia que acumulan, los movimientos migratorios en Latinoamérica y el Caribe estuvieron vinculados a una amplia serie de factores de índole histórica, política, económica, cultural y demográfica.

La exportación forzada de negros africanos, ligada a la conquista y colonización del continente, y la necesidad de muchos europeos, sobre todo del sur, de buscar nuevos horizontes, arrastró hacia la región amplios contingentes de población foránea.

También de forma indistinta y en menor medida, chinos, japoneses, y personas provenientes de otros países asiáticos o del Medio Oriente llegaron a estas tierras.

Pero hacia la década de 1950, el subcontinente se transformó vertiginosamente de receptor de migración en expulsor constante de personas por este concepto.

Vista también como una válvula de escape a la que apelan los seres humanos para alejarse de los lugares donde no se consiguen opciones de desarrollo genuinas, la migración internacional mantiene vigencia.

En el ámbito latinoamericano, esta se refuerza ante la falta de perspectivas de futuro debido a la desatención estatal y deviene muchas veces en frustración.

Quienes logran sobrevivir en el tortuoso camino hacia el american way of life no siempre logran revertir la calidad de sus vidas, en cambio, suelen chocar con la burla total a sus derechos ciudadanos.

Es más, la Organización Mundial de la Salud y del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA) prevén que el número de infectados por la pandemia desatada en la centuria anterior abarcará a casi 3,5 millones de personas en 2015.

Esta cifra superará con creces los dos millones de personas que procuran sobrevivir en el área a la infección del virus y, en otro orden, a la marginación social de que son objeto por cuenta de ello.

Cada año, el VIH/SIDA cobra 90 mil vidas en esta parte del mundo, pero en menos de una década podrían morir otros 1,5 millones de latinoamericanos y caribeños.

Especialistas coinciden en que el contagio de la enfermedad, aún sin posibilidades de cura, responde al panorama similar existente en la mayoría de estas naciones, sujetas a los esquemas neoliberales.

La creciente pobreza, migración, falta de liderazgo y homofobia, entre otros, se suma al pobre seguimiento de las autoridades sanitarias al problema en detrimento de los sectores más vulnerables.

Por lo general, los gobiernos de estos países esgrimen la escasez de recursos y las debilidades de las economías locales para justificar los limitados proyectos de investigación implementados al efecto y la reducida difusión de los posibles patrones de transmisión.

Otro problema que enfrentan los condenados por la epidemia es el dificil acceso a los medicamentos antiretrovirales, que pueden mejorar y hasta alargar en cierta medida su existencia.

En Brasil, por ejemplo, el gobierno articuló un programa destinado a ofrecer esos fármacos a los pacientes aquejados del virus, pero el ascenso progresivo de los precios de éstos por parte de las poderosas transnacionales farmacéuticas amenaza su futuro.

A su vez, mientras el gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva procuró ahorrar en costos al manufacturar varios de los medicamentos más antiguos, algunos empresarios desestimaron la copia de nuevas preparaciones alegando respeto a las patentes establecidas.

Estos, en vez de actuar en función de aliviar a los enfermos de SIDA, negociaron con compañías farmacéuticas extranjeras para obtener mayores dividendos.

Contrario a lo previsto, la nación más pobre de este hemisferio y de mayor incidencia del VIH/SIDA, Haití, constató una leve parada en los ritmos de crecimiento, según varias fuentes.

Más, con una tasa de prevalencia en adultos de 3,8 por ciento, continúa clasificando como la nación más afectada del área con el 85 por ciento de los casos y como la segunda más alta en el mundo después de países del Africa Subsahariana.

Mientras, la República Dominicana registra un 1,1 por ciento, es decir, menos de un tercio de su vecino, con el cual comparte la isla La Española.

En lo que a Argentina respecta, la presencia del mal sufrió algunos cambios: antes liderado por homosexuales y personas dadas a drogarse por inyección, ahora abarca mayormente a los proclives a relaciones entre representantes de ambos sexos.

El 50,7 por ciento de los pacientes en ese país del cono sur adquirió el VIH/SIDA durante relaciones heterosexuales y las mujeres representan casi el 0,6 por ciento de infectados al finalizar 2005, según datos oficiales.

Caso particular constituye México, donde la propagación de la epidemia está ligada a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, migración, la industria del sexo y el uso de drogas inyectadas cerca de la frontera con Estados Unidos.

Pese a que la pandemia en ese territorio norteño no se esparció tan rápidamente como se temía, los epidemiólogos aseguran estar preocupados por el contagio heterosexual en comunidades rurales.

La migración es otra fuente de preocupación para los especialistas, porque suele aumentar el riesgo del contagio: lejos de sus familias, muchos migrantes suelen tener más parejas sexuales, consumir drogas, alcohol y contratar trabajadores del sexo con mayor asiduidad.

Cual espada de Damocles, la enfermedad más temible de estos tiempos acecha a millones de latinoamericanos y, en especial, a los jóvenes, coinciden los entendidos.

Ya en 2004, había 40 millones de adultos e infantes viviendo bajo el riesgo de morir por el virus en el subcontinente, mientras que unos 510 mil fallecieron por patologías relacionadas con éste y 640 mil fueron infectados.

Como en otros órdenes, las mujeres llevan la peor parte en esta historia: la mortal enfermedad tiene mayor incidencia en ese sector poblacional que en sus contrapartes masculinos.

Para concretar estas aspiraciones, sugirió el filósofo mexicano Leopoldo Zea, será determinante elaborar programas educativos capaces de incentivar el respeto a lo autóctono, la libertad y la búsqueda de una efectiva relación entre todos los pueblos de esta área.

"El viejo sueño de la integración latinoamericana ha sido intentado, una y otra vez, por la política y la economía. Sin embargo, la falta de una conciencia integracionista impidió que el mismo fuese realidad…", señaló.

"Difíciles han sido, igualmente, los intentos para la integración por la vía económica. Intereses diversos han impedido su posibilidad. Pero existe otra vía…la de la integración por la educación y la cultura".

Para este pensador, el día en que toda la niñez latinoamericana, jóvenes y adultos tengan conciencia de lo que tienen de común con el resto de los pueblos de esta región, la integración se dará por añadidura.

"Conciencia de lo común sin negación de lo peculiar y lo propio. Conciencia de que además de ser brasileño, mexicano, argentino, etcétera, se es latinoamericano", puntualizó.

El proyecto de integración en la libertad, actualizado por este destacado intelectual del siglo XX, tiene como eje articulador el proceso de descolonización, porque parte de la conformación de un modelo auténtico basado en la libre determinación de estos países.

Zea promocionó un pensamiento autonomista en esta región e insistió en varias de sus obras en que la liberación total de las naciones latinoamericanas comenzaría a partir de que sus pobladores tomaran conciencia de la dependencia forjada por la tradición.

La búsqueda de la integración en el subcontinente debe sustentarse en la solidaridad, identificación de afanes comunes, similitud de acción de seres humanos y pueblos, y el diálogo.

Tales requisitos posibilitarán adelantar el proceso encaminado a lograr la unidad en la libertad y evitar la transformación de esta en anarquía, diagnosticó de manera temprana.

Pero esta modalidad integracionista debe tener como fines prácticos el progreso y la paz: "desde este punto de vista, teniendo a la unidad de los pueblos latinoamericanos como punto de partida para la unidad de las dos Américas y saltar después a la de todos los pueblos".

La integración en la libertad tendría como corolario la construcción de un mundo donde lo humano alcanzara la realización plena sin desatenderse de la aportación de la experiencia latinoamericana en la concreción de las aspiraciones de las sociedades de las restantes regiones del planeta.

Cualquier proyecto unificador, en su opinión, debe tener en cuenta que todos los hombres son iguales por ser distintos, iguales por poseer un rostro, una carne, una situación social y una cultura, y que por ello se asemejan al resto de los hombres y de los pueblos.

La cuestión de la identidad, el sujeto y la resistencia en Latinoamérica resultan temáticas interrelacionadas y complejas también en el pensar del brasileño Darcy Ribeiro.

En obras como El dilema de América Latina, este intelectual demostró su afán de describir y analizar, de manera multidisciplinaria y sistemática, los procesos sociales, culturales y económicos de los países de esta región.

Clave legada por este, en base a sus evaluaciones de la contemporaneidad en el subcontinente, fue la necesidad de aunar la teoría y la práctica desde una pronunciada inclinación latinoamericanista destinada a recuperar caminos propios.

Estas vías autopropulsadas garantizarían a mujeres y hombres de pensamiento en esta zona crear nuevos marcos conceptuales, capaces de reflejar de forma más fidedigna la realidad de estos países.

La propuesta gira en torno a la reivindicación de la identidad latinoamericana, orgullosa de su pasado pero dispuesta a despojarse del sentimiento autodestructivo de la inevitabilidad de un destino de opresión cultural, económica y política.

Aunque el proceso de globalización parece no dejar espacio para alcanzar este ideal, es preciso continuar la búsqueda de una identidad o identidades que permitan deslindar entre lo propio, lo ajeno y lo espurio.

Los investigadores Marcelo Colussi y Guillermo Guzmán coinciden con Zea y otros pensadores en que la educación popular es un requisito sin el cual no puede darse la integración y para eso es necesario indagar a fondo acerca del conocimiento y del pensamiento, sus alcances y sus posibilidades.

En América Latina atentaron contra la integración durante el siglo XX varios mecanismos ideados más allá de sus fronteras, como la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Estas iniciativas, que contaron con el apoyo de gobiernos venales al sur del río Bravo, constituyeron expresiones del "panamericanismo" propugnado desde etapas precedentes por la derecha norteamericana y se camuflaron tras una falsa intención de unificación.

Programas impulsados hoy por países de esta América nuestra potencian la reanimación de los vínculos afectivos entre los distintos pueblos, el reconocimiento mutuo y las constantes pesquisas de nuevas vías o instrumentos de colaboración.

Infantes y mujeres son las principales víctimas de los traficantes de personas, quienes operan con la venia de funcionarios de alto nivel, policías y otros agentes de poder en Latinoamérica.

Datos de las dependencias de seguridad de 13 países del área mostraron que cada día desaparecen alrededor de tres mil niñas y niños por la acción de redes facilitadoras de adopciones ilegales, trasiego de órganos, explotación laboral y sexual.

La trata- delito transnacional calificado como crimen de lesa humanidad por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente niños y mujeres- tiene mayor incidencia, dentro la región, en México y Chile.

Los límites entre el país norteño y Guatemala son considerados el foco rojo en el trasiego de menores con fines de explotación sexual por la organización humanitaria Save the Children.

Ese punto es un cuello de botella, donde quedan prostituidos muchos de los destinados a Estados Unidos y desde donde son regresados a sus países cuando dejan de servir a los intereses de los proxenetas, denunciaron especialistas.

Investigaciones de la End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) mostraron que 21 mil centroamericanas, menores de edad mayoritariamente, son prostituidas en mil 552 bares y burdeles de Tapachula, México.

Los tratantes vendieron a estas a los explotadores en apenas 200 dólares cada una, añadió el estudio, mientras que la revista mexicana Contralínea documentó que los traficantes actúan al amparo de la corrupción de autoridades locales y federales.

Estas y otras pesquisas comprobaron, además, que el tráfico de seres subsiste en casi toda Latinoamérica y está relacionado con los menores de edad emigrantes, los cuales por diversas razones viajan solos y son presas fáciles de los criminales.

Ana Salvadó, directora para América Latina y el Caribe de Save the Children, ejemplificó que niñas salvadoreñas son trasladadas a Costa Rica y colocadas en hoteles capitalinos o en puertos del Pacífico y el Caribe, en la temporada de cruceros.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el 80 por ciento de las víctimas del tráfico de personas en ese país son mujeres y niñas.

Las redes de tratantes transportan a éstas a través de las fronteras ticas a países como México y Japón, donde suelen terminar sometidas a una suerte de esclavitud.

Por lo general, las atrapadas reciben poca o nula remuneración por las labores que desempeñan, son despojadas de sus documentos y sufren de abusos múltiples físicos y sexuales.

En Costa Rica existen a su vez grupos delincuenciales dedicados a convertir a los niños nicaragüenses y panameños en mendigos, mientras en Colombia se explota a los ecuatorianos, añadió Salvadó.

La representante de la organización humanitaria comentó que Perú destaca por la trata de niñas para ofrecerlas a los trabajadores de las minas, en las zonas más altas e inhabitadas.

De modo similar, en la frontera Perú-Chile operan "agencias de empleo" que supuestamente contratan a infantes peruanas, ecuatorianas y bolivianas para cuidar niños en casas chilenas, según la Red de Prensa No Alineados, Voltaire.

Pero la problemática cobra otra tonalidad en Argentina: las atrapadas por estas redes son enviadas a Europa o Asia, mientras que los burdeles y lupanares del país más sureño recepcionan a las provenientes de Brasil, Paraguay y República Dominicana.

Rocío Rodríguez, directora de la Alianza por tus Derechos, explicó que junto a la violencia física y sexual, los proxenetas hacen adictas a las drogas a sus víctimas para retenerlas y no las previenen contra enfermedades venéreas.

Ello responde a que los criminales calculan de antemano los años que les serán redituables sus presas, a las cuales les provocan trastornos psicológicos irreversibles, enfatizó.

Seguidores del tema insisten en la imposibilidad de cuantificar estas redes de trata de personas, considerada el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, detrás de las drogas y armas, por la Organización de Naciones Unidas.

Estadísticas de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo señalan que este ilícito genera 32 mil millones de dólares al año.

El usuario de la prostitución es parte de la red porque crea la demanda: muchos están conscientes de la situación de mujeres y niños prostituidos, cuyos servicios utilizan, declaró Sigma Huda, Relatora de la ONU.

   Varios hallazgos, refuerzan la visión de que la vinculación entre civiles y militares para aniquilar a vastos sectores sociales en el contexto de los años 80 del siglo pasado, tuvo su extensión en las universidades latinoamericanas.

    Los centros de altos estudios de los países del sur del continente, sirvieron también para la persecución física e ideológica a los identificados como enemigos de los regímenes militares establecidos en la época con el apoyo de Estados Unidos.

   Igual que gremialistas, industriales, religiosos, intelectuales, u otros, los estudiantes universitarios estuvieron contemplados en el programa conocido por Operación Cóndor y sujetos al terror que implicó.

   Fichas encontradas en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, demostraron que entre los perseguidos estaban jóvenes argentinos, paraguayos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, y otros.

    Los nombrados en las listas en cuestión eran estudiantes y docentes expulsados, suspendidos e investigados por ser ajenos a la concepción ideológica propugnada por el Plan Cóndor Universitario.

    De ellos, 35 alumnos fueron sancionados y luego desaparecieron sin dejar rastros, precisó el profesor paraguayo Martín Almada, colaborador del proyecto investigativo Cóndor en el Ámbito Universitario. Conspiración contra la Sociedad del Conocimiento.

    El doctor en Ciencias de la Educación recordó que el plan cobró la vida de más de 100 mil personas en América Latina, mayormente dirigentes obreros y campesinos, estudiantes, profesores, artistas, periodistas, médicos, religiosos, abogados, e intelectuales.

    El único delito de los supuestos subversivos fue haber cargado como armas sus lápices para dibujar países justos, sin exclusiones, solidarios, es decir revolucionarios, añadió el paraguayo.

    La finalidad del proyecto de investigación desplegado desde la universidad argentina- con la colaboración de testigos de aquellos hechos en el área- es demostrar que las dictaduras militares sistematizaron la persecución en los centros de estudios superiores.

Almada vivió cómo en esas instituciones latinoamericanas operaron de manera directa agentes militares de alto rango, cuyas informaciones se entrecruzaron de un país a otro, con idéntico propósito criminal.

    Éste contaba con la colaboración a su vez del otrora Agregado Militar de Argentina en Paraguay, coronel Juan Carlos Moreno, quien fungía entonces como Asesor Técnico del Rector.

    “Transcurridos 15 años después del descubrimiento del archivo del terror, tengo fuerte evidencia que fue el coronel Moreno el que envió al presidente de mi país, Alfredo Stroessner, un ejemplar de la tesis que defendí en la Universidad de La Plata”, aseguró Almada.

    “Paraguay: Educación y dependencia” era el título del trabajo, donde el académico sostenía que en esa nación suramericana la educación beneficia sólo a la clase dominante y está al servicio del subdesarrollo y la dependencia.

   En consecuencia, el seguidor de las ideas del brasileño Paulo Freire recibió torturas salvajes 30 días y luego los agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay- organizados en una suerte de tribunal- lo condenaron por “terrorista intelectual”.

    La sentencia emitida por ese ente regional le costó a Almada tres años de cárceles, la muerte de su esposa, la confiscación de sus bienes y 15 años de exilio.

   Pero miles de latinoamericanos padecieron igual que él la imposición de un escenario brutal, donde los interventores militares ocuparon los lugares del saber decir, del saber pensar y de modelos a imitar con tal de acabar con sus detractores, manifestó.

   El esclarecimiento de estos y otros crímenes cometidos en la época continúa siendo una urgencia para acabar con la impunidad que gozan muchos de los autores de los crímenes, torturas y desapariciones en el ámbito de las dictaduras militares.

   Ello constituye a su vez uno de los retos que todavía deben sortear los gobiernos del área en el proceso de la construcción de la institucionalidad democrática transcurridas más de dos décadas.

La firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, ilusionó a muchos con el posible destierro de la criminalidad en El Salvador; pero casi dos décadas después esta sigue creciendo.

Estadísticas oficiales dan cuenta de la imparable tendencia al alza de la problemática en el territorio, donde mueren cada día un promedio de 11 personas de manera violenta y persiste una elevada disponibilidad de armas en la población civil.

Mayor tolerancia y respeto a los derechos humanos eran los reclamos más generalizados al finalizar el conflicto interno, de acuerdo con el artículo tres, común en los Convenios de Ginebra, del 12 de Agosto de 1949.

Más allá de los 75 mil muertos, 40 mil mutilados o limitados y ocho mil desaparecidos, la confrontación en el país más pequeño de Centroamérica dejó una estela de odio, miles de armas de fuego en las calles y lo peor, una irritante impunidad.

La Ley de Amnistía, rubricada por el presidente Alfredo Cristiani, en 1993, dejó en libertad y sin proceso judicial a los culpables de los asesinatos perpetrados en esos años y pese a la polémica en su contra, sigue vigente.

El Derecho Internacional Humanitario protege a las víctimas de los conflictos armados y limita los medios y métodos de guerra. Las violaciones de esas normas son consideradas crímenes y por ley, los autores deben ser juzgados. Eso no ocurrió en El Salvador.

Por tal arbitrariedad, el dolor se renueva cada año cuando cientos de personas sufren la desesperanza al recordar, dentro o fuera del territorio, las matanzas cometidas por el ejército.

Para ejemplo, una muestra: lo acontecido en tres días de diciembre de 1981 en los caseríos de El Mozote, Toriles, Ranchería, Cerro Pando, Jocote, Amarillo, y Cerro de Piedras, de los municipios de Meanguera, en el norteño departamento de Morazán.

Casi un decenio después de aquellos acontecimientos la Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador logró documentar 765 víctimas del operativo militar en la zona y la participación criminal del comandante del batallón Atlacatl, coronel Domingo Monterrosa.

También participaron en el crimen el mayor Armando Azmitia- jefe de operaciones de esa unidad, culpada igual del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas- y otros ocho oficiales.

Monterrosa y Azmitia murieron el 23 de octubre de 1984 en una acción ejecutada por opositores salvadoreños.

Pese a las evidencias acopiadas por la Comisión de la Verdad de la Organización de Naciones Unidas contra los miembros del Atlacatl y otros cuatro batallones militares, sus integrantes fueron proscritos y desmovilizados, pero no enjuiciados.

¿Dónde están nuestros muertos, hasta cuándo estarán libres los asesinos?, cuestionan todavía múltiples sectores sociales.

Para el sacerdote Rogelio Poncelle, la pregunta adquiere mayor connotación si se considera a quienes mataron los militares: gente sencilla e indefensa, involucrada en la confrontación sin saber por qué.

Mientras, algunos defienden que esos documentos y la amnistía permitieron un diálogo entre los salvadoreños sin recurrir a las armas y que la legislación debe mantenerse por la supuesta paz propiciada por ella.

Hurgar en viejas heridas sólo servirá para destapar los odios entre las personas. Más oportuno sería no volver a tocar el tema y dejar que cicatricen, esgrimió en un ocasión el presidente Elías Antonio Saca.

Pero llegar a la verdad para posibilitar el perdón, la justicia y acceder a una reconciliación de la familia salvadoreña, es la sugerencia de la mayoría de los involucrados en el debate.

El pueblo sabe quiénes cometieron semejantes crímenes y antes de tomar venganza de manera personal, prefiere que el estado acepte su responsabilidad de juzgar a los criminales, añaden.

Si en los años 80 El Salvador era noticia por el conflicto bélico, otro tipo de guerra lo mantiene en titulares hoy: la imparable ola de criminalidad.

Marcela Smuth, funcionaria del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consideró que la situación está asentada en factores multicausales, vinculados a la exclusión y la inequidad sufridas por la mayoría de la población.