Muertes de menores: asumir el asunto como prioridad en Centroamérica

La Parca con su guadaña continúa acechando a las niñas, niños y jóvenes en Centroamérica, región en la que confluyen tres de las naciones más riesgosas del continente: Honduras, Guatemala y El Salvador.  

Mientras, el terror de larga data contra el sector rinde sus frutos: un ascendente segmento de las sociedades de estos países ve la violencia como algo de rutina y mira las escenas de muertes de infantes con alarmante apatía.  

Un registro iniciado hace menos de una década por el organismo humanitario Casa Alianza contabilizó, sólo en Honduras, tres mil 993 asesinatos de menores de 23 años hasta el 31 de diciembre.  

De ellos, 504 perecieron en el último año víctimas de la criminalidad en el país, donde cada día son ejecutados arbitrariamente 1,3 personas en ese rango etario por grupos de exterminio o escuadrones de la muerte.  

El informe emitido por el ente regional defensor de los derechos del sector reflejó además que 116 de los fallecidos en Honduras hasta diciembre de 2007 apenas rebasaban los 18 años, por lo que eran considerados niños o adolescentes de acuerdo con las leyes.  

José Manuel Capellín, director de Casa Alianza en el territorio, conminó al Estado a fortalecer de una vez con recursos humanos, técnicos y financieros, la unidad de investigación de muerte de menores y a asumir el tema como prioridad.  

Como sociedad, también permitimos que sean aniquilados por sus verdugos, quienes actúan en completa impunidad, opinó el directivo de origen español, según el diario hondureño La Tribuna.  

La desatención por parte de todas y todos a la matanza de niñas, niños y jóvenes provoca que la espiral de violencia contra ellos continúe e incluso aumente a través de los años y pese a las diferentes administraciones de gobierno.  

Un repaso de las denuncias constantes de Casa Alianza sobre la problemática desde finales de los años 90 confirma que lo ocurrido contra ese segmento social es trágico y lamentable y hasta sugiere una aceptación tácita de la cultura de la muerte en estos países.  

Defensores de los derechos humanos abogaron porque en 2008 cese la problemática en sus territorios y proyectaron aunar esfuerzos ante la afrenta contra el derecho a la vida de miles de niñas, niños y jóvenes.  

Pero la Parca- representación de Cloto, Láquesis y Átropos, las tres hermanas vestidas de negro, encargadas de hilvanar, devanar y cortar los hilos de la vida- sigue acechando a los más vulnerables en las tierras del centro del continente.  

En la vecina Guatemala los homicidios contra jóvenes prácticamente rebasan los 50, mientras que en El Salvador las cifras siguen imprecisas por la falta de atención seria al tema por parte de las autoridades, divulgaron analistas locales.

Los procedimientos aplicados para acabar con la vida de los más jóvenes incluyen secuestros, torturas e incluso mutilaciones, y son similares a las utilizadas por los grupos de exterminio en el ámbito de las guerras internas, en los años 80.  

El periodista salvadoreño José Dalton aseguró que, por lo general, los asesinos abandonan los cadáveres en lugares públicos y con mensajes de advertencia para inspirar terror, mientras la policía culpa a ciertas pandillas de tales hechos.  

Más, múltiples fueron las denuncias acerca de las estrategias de limpieza social programadas y autorizadas por algunos gobiernos centroamericanos con el fin de contrarrestar la criminalidad en sus jurisdicciones desde inicios de esta centuria.  

La ex Subcomisionada de Policía de Honduras, María Luisa Borjas, declaró en 2005 que al menos en cuatro dependencias policiales hondureñas algunos funcionarios acogían con beneplácito a quienes se ofrecían a colaborar con tan sucias tareas.  

Parte de la oficialidad de las instituciones policiales esgrimían la escasez de fondos para sustentar que matar podía resultar más barato que empeñarse en lograr la reeducación de miles de niños, adolescentes y jóvenes apegados a la cultura de las maras.  

La prueba de tal arbitrariedad quedó develada entonces con el apoyo que brindaban los encargados de velar por la tranquilidad ciudadana a grupos como Los Magníficos, ensalzados por no dejar huellas de sus crímenes, y otros 20 escuadrones de la muerte.  

Los orígenes de tales cuerpos represivos en Centroamérica guardan relación con la estrategia alentada por Estados Unidos como parte de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, dirigida contra las fuerzas progresistas en los años 80.  

Si antes esos grupos solían torturar, desaparecer o masacrar a los sospechosos de simpatizar con ideas izquierditas, ahora dirigen las mirillas de sus armas hacia niñas y niños de la calle y jóvenes.  

Pero mejor no perder tiempo dilucidando si operan aún esas fuerzas vinculadas al Estado, financiadas por empresarios privados y toleradas por los gobiernos: los cadáveres aparecen por día, pero no los criminales, ni fiscales y policías con investigaciones.  

Una clara voluntad política de los Estados para esclarecer esos hechos y la coordinación de estrategias orientadas a insertar a los jóvenes en la sociedad es lo único que resolvería el problema, concuerdan actores sociales.