Goces en el periodismo: Costa Rica: la metamorfosis
Costa Rica-2006: la metamorfosis
(Agencia Prensa Latina, La Habana, 22 de diciembre de 2006)
Redacción Central (PL).- La presencia constante de efectivos policiales, decretos favorables a la producción de armas, considerables protestas populares y múltiples afanes por concretar la privatización de los monopolios estatales, atrajeron la atención hacia Costa Rica durante 2006.
Contrario a lo acostumbrado, la situación en el otrora paraíso centroamericano alentó la polémica entre medios de comunicación, analistas y políticos por efecto de la estrategia seguida por el mandatario Oscar Arias desde su campaña electoral.
Por primera vez en la historia de ese país, para algunos poseedor de la “más consolidada e impecable democracia de Latinoamérica”, el anuncio de los resultados de los comicios presidenciales tuvo que ser aplazado por un mes debido a fraudes y otras anomalías.
Desde antes, el rechazo a los turbios manejos de Arias con tal de postularse como candidato único por el Partido de Liberación Nacional y reelegirse presidente, redundó en una polémica renuncia de varios dirigentes tradicionales de esa fracción.
La mayoría de los que abandonaron esa fuerza culparon al politólogo herediano de fraude en los sufragios distritales y generales, al punto de obligar al Tribunal Supremo Electoral a atrasar la presentación del veredicto final de la contienda.
Millonarias sumas sustentaron una campaña marcada por la insistencia del cuestionado Premio Nobel de la Paz (1987) en que, de ser beneficiado por el voto popular, impulsaría el desarrollo de esa nación hasta convertirla en la más avanzada del subcontinente.
Esto, a partir de la concreción del Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) y del establecimiento de una “dictadura democrática”, según sus palabras.
Pero, cosa insólita en la Costa Rica contemporánea, las irregularidades constatadas en vísperas y durante las elecciones de febrero apenas sirvieron de preludio a lo que sobrevino a raíz de la segunda investidura del ex mandatario (1986-1990).
Lo acontecido desde el 8 de mayo de 2006 sugiere que Arias pasará a la historia como el político que más mancilló, al menos desde 1948, la tradición democrática de ese país, según coinciden personalidades de ese país, incluido el extitular de Cultura Arnaldo Mora.
A éste le cabe el mérito además de ser el primer gobernante costarricense elegido en las urnas que enfrentó una considerable protesta popular mientras se oficializaba su retorno a la silla presidencial.
En esa jornada, cientos de personas condenaron la reelección de Arias y su posición a favor del desigual acuerdo firmado con el mandatario estadounidense George W. Bush, al mismo tiempo que lidiaron en las calles con el fuerte dispositivo policial-militar desplegado.
Quien habla de desarme y desmilitarización en foros internacionales también se acostumbró desde entonces a aparecer en público rodeado de cientos de agentes policiales en el único país sin ejército del hemisferio.
Esta práctica, inusual y poco apreciada en ese territorio, se sumó al progresivo reforzamiento de las fuerzas represivas, a la abierta estigmatización de los movimientos de protesta social y a la aplicación de métodos de dominación al estilo de la “guerra fría.
Con tal de contrarrestar las pacíficas jornadas antiTLC y otras acciones populares, el gobierno esgrimió la coacción como instrumento político y avaló el cierre de esenciales espacios de debate, también por primera vez en la trayectoria de Costa Rica.
Sorprendente resultó para algunos constatar que en la otrora Suiza de Centroamérica se sucedieron en este año además retenes en las vías, estados de sitio, arrestos, juicios políticos, estudiantes golpeados y reprimendas a los sindicatos.
Casi al unísono, fue llamativo que el mediador de los procesos de paz en la región y crítico de los “liberales extremistas” hace dos décadas, refrendara la producción y comercialización de armas y se ensañara contra la intervención estatal en la economía.
Aunque Arias antes fustigó a los críticos del “Milagro Costarricense”, obtenido con la participación del Estado a través de los Monopolios Públicos de Beneficio Social en las Telecomunicaciones, Seguro, Educación y otros, en 2006 actuó en correspondencia con ellos.
En sus empeños desreguladores, éste contó con el sutil apoyo de los medios de comunicación locales y extranjeros, los cuales insistieron en las deficiencias en la gestión de la Caja del Seguro Social (CCSS), el Instituto de Electricidad (ICE) y el de Seguros (INS).
Estos se reiteraron sacando a la luz todo cuanto podía acrecentar el desprestigio de esas instituciones que, desde mediados del siglo anterior, garantizaron la atención a problemas fundamentales de la mayoría de la población tica.
No obstante, tuvieron que reconocer que la evasión de cuotas de los patronos privados y las deudas del Estado son las principales causas de la crisis enfrentada por estas dependencias: sólo a la CCSS el gobierno le adeuda casi 695 millones de dólares.
Por esta razón, resulta comprensible la imposibilidad de destinar recursos a la adquisición de tecnologías de punta, la capacitación de los especialistas y la renovación de la infraestructura médica.
La campaña contra las instituciones que conforman el sistema de seguridad social y la criminalización de las organizaciones sociales ocupó tanto a los medios en este año, que poco espacio dedicaron a la confusa vinculación de algunas autoridades con narcotraficantes.
Pese a ese silencio, trascendió que Arias fue citado por la parlamentaria Comisión Permanente Especial de Narcotráfico por segunda vez: en esta ocasión, para explicar por qué expresó que el Casas-Nayor era un "evidente caso de lavado de dinero".
Los pronunciamientos del mandatario aparecieron en diarios de ese país el 12 de octubre, tras conocerse que Kevin Casas, segundo vicepresidente, contactó con el narcotraficante de origen cubano Julio o George Nayor, durante la fiesta de cumpleaños de su hermano Ciro.
Diputados costarricenses concordaron en que las declaraciones de Arias hacían suponer que este gozaba de “información privilegiada” que debía conocer la población tica.
Pero políticos, diputados y sindicalistas convinieron en que el colmo del adalid de las causas nobles fue autorizar la entrada de las transnacionales armamentistas en Costa Rica mediante un decreto publicado en la Gaceta No.161 del 23 de agosto de 2006.
También resulta curioso el silencio de los medios de comunicación costarricenses en torno a tal documento, que legitimó la fabricación de escopetas, armas de fuego, portátiles, de aire y gas comprimido, explosivos y municiones, artillería pesada y ligera.
El Reglamento General para el Ordenamiento de permisos y Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud aprobó además la producción de aeronaves y naves espaciales "para el transporte de mercaderías y pasajeros, para defensa militar, deporte y otros fines".
Incluso, el Grupo 233, Clasificación 2330 de ese Decreto Ejecutivo no. 33240-S permite extraer metal de uranio y elaborar "aleaciones, dispersiones y mezclas de uranio natural y sus compuestos y la fabricación de otros elementos, isótopos y compuestos radioactivos".
Después de firmar tan explosivo documento, la ambigüedad en el actuar de Arias se evidenció cuando destruyó armas en los festejos por sus primeros 100 días de gobierno y en su intervención ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
En ese contexto afloró a su vez que la Raytheon Company, fabricante de las bombas "Patriot" y de los misiles cruceros "Tomahawk", poseía varias hectáreas en Costa Rica y proyectaba producir desde este país diversas tecnologías al servicio de los intereses militares norteños.
El panorama tico estuvo marcado en 2006 a su vez por el descarnado descrédito de algunos periódicos locales como La Nación, tildado de “fiel gendarme ideológico y policía mental al servicio de la oligarquía”.
Reconocidos dirigentes sindicales y otras personalidades costarricenses desenmascararon la tendencia de ese diario a apelar a las viejas fórmulas del anticomunismo visceral y del complot comunista internacional para acallar a los detractores del TLC.
Este medio, quizás como ningún otro, estuvo al frente de todas las campañas articuladas desde la Casa Presidencial y contribuyó con los directivos de ésta a concretar el cerco informativo programado contra la Primera Gran Jornada de Lucha contra ese acuerdo.
Tal maniobra consistió en intimidar a la población durante los días previos a las movilizaciones, celebrada el 23 y 24 de octubre, y en forzar a los trabajadores de la prensa a violar la ética periodística.
En vísperas de la protesta, que contó con la asistencia de miles de personas, los ministros de la Presidencia y de Seguridad Pública, Rodrigo Arias y Fernando Berrocal, de forma respectiva, se reunieron con directivos de los principales medios de comunicación ticos.
Los funcionarios declararon entonces que perseguían “coordinar y unificar la línea informativa” sobre estas jornadas y alegaron los supuestos “propósitos violentos y subversivos de sus organizadores”, según el diputado del Frente Amplio, José Merino.
Al comprobar que la coacción no surtió efecto, porque este movimiento adquirió carácter nacional, los funcionarios trataron de minimizar la participación ciudadana y de dar publicidad a escasos incidentes de provocación ocurridos en ese ámbito.
En opinión de participantes y organizadores de la marcha contra el TLC, tales acciones fueron provocadas por personas infiltradas por las autoridades con el objetivo de desacreditar al movimiento y restarle influencia en el resto de la población.
El “equilibro de la información”, una de las conductas éticas elementales de la prensa responsable, está siendo afectado en Costa Rica por efecto de las manipulaciones del gobierno, dirigidas a desinformar a la población, coincidieron varios congresistas.
Mas, tales acciones no lograron su propósito fundamental: la lucha antiTLC cada vez suma más agricultores, docentes, intelectuales, estudiantes, sindicalistas, empleados públicos, ecologistas y miembros de otras agrupaciones ciudadanas en ese país.
La reconstrucción de lo ocurrido en Costa Rica en los últimos 12 meses obliga a recordar además la fuerte polémica acerca de ese convenio bilateral, que será evaluado por el plenario del poder legislativo en los primeros meses del venidero año.
Largo fue el camino recorrido hasta decidir el futuro de ese tratado, cuyas 25 mil páginas estuvieron en manos de los legisladores costarricenses, en formato impreso o digital, desde octubre de 2005.
Desde esa fecha, se registraron comparecencias televisivas de detractores y defensores del acuerdo, debates académicos, spots publicitarios alentando su aceptación, análisis en una “comisión de notables” y varias protestas contrarias a esa concesión.
En sintonía, cobraron fuerza las maniobras de los interesados en validarlo, con tal de cerrar los espacios de debate a quienes pretendían alentar su desestimación en el ente parlamentario.
Ese documento, plagado de regulaciones a favor de las transnacionales extranjeras, fue objeto de análisis en distintos ámbitos y esto alentó una amplia producción bibliográfica, documental y de denuncia en ese y otros territorios del área implicados.
En todos los casos, se evidenció la disparidad de criterios alrededor de las proposiciones contenidas en ese documento, presentado por el gobierno estadounidense y ratificado por los legislativos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
La transformación de la situación sociopolítica en Costa Rica, país sujeto a una conflictividad en ascenso y al resquebrajamiento de su institucionalidad, constituye apenas una muestra de los efectos precoces del TLC, signado por el dogma neoliberal.
El declive en el nivel de vida de la población, el aumento de la pobreza y la ascendente ola criminal prevalecientes también se derivaron del apego a esa doctrina, por la cual está enrumbado el destino de esa nación hace más de dos décadas.
Casi al cierre de 2006 también trascendió que los desempleados en suelo costarricense suman más de 20 mil y que esta cifra es susceptible de aumentar si se comparan los datos registrados en el último lustro.
Entre 2000 y 2005, ascendió el número de personas desocupadas de 71 mil 935 a 126 mil 165 en esa nación centroamericana, según estadísticas oficiales.
El XII Informe Estado Nación, presentado en noviembre, reflejó a su vez la progresiva caída de los ingresos de los ocupados en los últimos tres años, la disminución de los egresos estatales para temas sociales y la postergación de decisiones en perjuicio de los pobres.
La reducción de las erosiones estatales afectó los gastos en salud y vivienda, lo que se evidenció en el caso del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares: por primera vez en su historia, esa entidad no recibió dinero para atender a los hogares más pobres.
A esto se añade que en apenas un año el Colón, la moneda local, se devaluó más de una vez frente al dólar y los precios de los productos de primera necesidad continuaron incrementándose desde el anterior.
De acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos de 2005, citada por esa fuente, Costa Rica en el último decenio transitó de los niveles de desigualdad cercanos a los países europeos a tasas semejantes a las de otras naciones latinoamericanas, consideradas las más desiguales del mundo.
Esta tendencia de largo plazo pudo percibirse en otras mediciones realizadas en vísperas de la elaboración de ese informe: el deterioro general de las entradas está alcanzando a los sectores profesionales medios y se aproxima a las de los sectores más bajos.
En la última década, la tasa promedio de crecimiento anual de los ingresos de ese sector experimentó una caída de casi el uno por ciento por año, mientras que la de los ricos tuvo un incremento del cuatro por ciento.
Tales factores alentaron el descontento y una ascendente ola criminal, que sumerge a muchos en la nostalgia por un pasado de paz.
Sólo en los primeros ocho meses, fueron reportados en ese territorio cuatro mil 500 atracos, cuyos autores portaban armas de fuego en su mayoría, admitió el Organismo de Investigación Judicial.
También en esta etapa ocurrieron dos mil 517 robos de vehículos, a razón de 14 por día, y alrededor de dos mil 883 casas fueron saqueadas en la capital sanjosefina, presentada como modelo de tranquilidad ciudadana desde los convulsos años ´80.
Esta populosa ciudad, en especial sus localidades Desamparados, Goicoeche y Montes de Oca, registraron el mayor índice de hechos violentos en todo el país, con tres mil 327 asaltos hasta el 30 de agosto.
Mientras las autoridades se desatienden de ese desequilibrio, emisoras radiales, televisivas y publicaciones periódicas impulsan la campaña contra los extranjeros y sobre todo, contra los nicaragüenses.
Pero los especialistas insisten en que estos no son culpables de la criminalidad, pobreza, mortalidad infantil u otros males en Costa Rica.
El proceso de deterioro de la institucionalidad tica antecedió al arribo de esas comunidades y pudiera acrecentarse de continuar el rumbo sostenido en 2006.
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