Impunidad y feminicidios: unidad por quebrar en Honduras

Los asesinatos de mujeres ascienden ligados a la impunidad en Honduras, país que exhibe una de las tasas más elevadas de homicidio del mundo y ocupa el tercer lugar en cuanto a feminicidios en Centroamérica.

Desde 2001 a noviembre de 2008, perdieron la vida a manos de sus parejas, hombres ligados a ellas por razones de parentesco o desconocidos, mil 254 féminas, refieren estadísticas del Centro de Derechos de la Mujer.

Este tipo de hecho tiende al alza, si se considera que las víctimas en el primero de esos años sumaron 140; en 2002, 133; pero en 2003, 146; en 2004, 163; en 2005, 171; en 2006 155 y en 2007, 195.

Sólo entre enero y el 18 de noviembre de 2008, los crímenes de esta naturaleza llegaron a 151 y 90 por ciento de ellos continua impune, de acuerdo con un informe emitido por la institución.

Tal cifra fue corroborada por el fiscal en jefe de la Unidad de Feminicidios del Ministerio Público, Ricardo Castro, quien admitió que muchos de los culpables de estas muertes gozan de plena libertad por la escasa investigación de la cual son objeto este tipo de casos.

Castro clasificó los homicidios de mujeres en feminicidios íntimos o perpetrados en el hogar, en no íntimos o efectuados en la calle, y por conexión, y aseguró que los más frecuentes ocurren en las calles.

Por lo general, los homicidios contra las mujeres son con armas de fuego, artefactos cortantes y y un mínimo porcentaje, de otras maneras, que van desde las golpizas hasta el estrangulamiento o la amputación de alguno de sus miembros.

La Fiscalía de Delitos Contra la Mujer precisó que 79 por ciento de las asesinadas en este país mueren a manos de hombres con los cuales tenían una relación de pareja y que entre 20 y 24 años oscila la edad de la mayoría de las víctimas de tales crímenes.

Autoridades y defensoras de las derechos del sector concuerdan en que hacia el norte del territorio la incidencia es superior, sobre todo en el departamento de Cortés, en la ciudad de San Pedro Sula- principal centro comercial e industrial de Honduras-, y en la capital.

Leer y escuchar en los medios de comunicación social, noticias sobre muertes de mujeres por encargo o a manos de sus compañeros de hogar, es más frecuente cada vez y para muchos, resultan cuestionables las posiciones de algunos funcionarios ante ello.

El ministro de Seguridad, Jorge Alberto Rodas, destacó la existencia de equipos especializados en la investigación de los crímenes, pero afirmó que en gran número de casos, las víctimas estaban implicadas en negocios ilícitos.

En tanto, las mujeres son desnudadas, violadas, torturadas y desmembradas, y es común observar que algunas son encontradas muertas entre matorrales, después de ser ultimadas por hombres que las persiguieron durante varias horas.

Datos policiales sugieren que la violencia intrafamiliar avanza: a diario reciben entre 15 y 20 denuncias por este delito y hasta mayo de 2008, contabilizaron dos 957 quejas por abuso sexual y doméstico, de las cuales 45 por ciento derivó en un asesinato.

La Corte Suprema de Justicia recibe denuncias de 20 parejas a diario, mientras 10 a 15 parejas acuden a los tribunales por hechos de violencia al interior del hogar.

Para el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, los homicidios de mujeres sólo representan una expresión más del menosprecio por la vida al cual están sometidos los hondureños, en un país donde pareciera “que nadie manda y quieren que prevalezca la ley de la selva".

Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa mundial promedio de homicidios es de 8,8 por cada 100 mil habitantes y para América Latina es de 32 por cada 100 mil. Honduras, con 49, rompió esos parámetros.

En este contexto, el Estado hondureño deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incremento de los crímenes contra mujeres, a pesar de la aprobación de acuerdos y regulaciones legales a favor de ellas.

Dentro del marco jurídico-legal y de políticas a favor del sector sobresale la firma en 1980 de la Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada en 1983.

También pueden señalarse la creación de la Fiscalía Especial de la Mujer, en 1994; la aprobación de la Ley contra la Violencia Doméstica, en 1997; y la constitución del Instituto Nacional de la Mujer, en 1999.

El listado está conformado, además, por la aprobación de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la Política Nacional de la Mujer, y las Reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica.

Pese a ello, la ineficiencia de las instituciones y las irregularidades en la aplicación de las leyes redundan en detrimento de las féminas, que representan 51,5 por ciento de la población total de Honduras.

Al acudir a organismos internacionales, feministas y defensores de los derechos humanos pusieron al descubierto la desidia alrededor de la segregación de las mujeres y el descontento generalizado con un actuar que impulsa el ciclo interminable y ascendente de la violencia contra ellas.

Estos grupos exigen políticas integrales para contrarrestar la problemática, que suele ser silenciada por los medios de comunicación o tergiversadas sus probables causas.

El machismo es un modo de vida en Honduras, es la forma en la que la sociedad está organizada, opinan integrantes de estos y alertan sobre las secuelas de las agresiones sufridas por algunas mujeres.

Estudios auspiciados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reflejan que las féminas están en desventaja en relación con los hombres frente a las oportunidades económicas y políticas.

Aunque cuentan con una educación especializada superior, obstáculos culturales y económicos les impiden ocupar empleos en los cuales pudieran aplicar sus conocimientos.

Casi todos los puestos gerenciales y administrativos son acaparados por los del sexo masculino y el salario promedio de las mujeres en condiciones laborales, capacidad y experiencia profesional idénticas, representa apenas 67,6 por ciento frente al devengado por sus contrapartes.

La tasa de participación laboral del sector económicamente activo es de 33 por ciento: 8,3 por ciento de las féminas carece de empleo, contra 4,7 por ciento de los hombres, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Estas son apenas algunas aristas de la discriminación de género en el país, donde las mujeres deben sortear múltiples obstáculos para ocupar puestos públicos, administrativos, disfrutar de su derecho a la educación, a la salud reproductiva, entre otros.

"Siento que a veces, cuando tratamos estos temas, el fiscal general no está como empapado de la realidad, por lo general sólo contamos con el apoyo directo de la Fiscalía de la Mujer", comentó la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Selma Estrada.

Gilda Rivera, del Centro de Derechos de Mujeres, compartió con la agencia de prensa IPS que están casadas de alertar sobre el incremento en la muerte de mujeres o feminicidios, pero “al parecer las autoridades quieren que pasen desapercibidas".

Mientras sigue la alharaca acerca de la impunidad que rodea a los feminicidos en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, en el identificado como Triángulo Norte de América Central las cifras desatan la alarma.

Entre 2003 y 2005, perecieron víctimas de la violencia de género mil 398 féminas en Guatemala y mil 320, en El Salvador. En Honduras, de 2002 a agosto de 2008, las fallecidas llegaron a mil 87.

Por ello, en el ámbito del Día Internacional contra la Violencia, organizaciones de mujeres hondureñas instaron a fortalecer las denuncias contra el flagelo, la explotación, discriminación y por un trabajo digno, salario con equidad, salud laboral, respeto y sin hostigamiento sexual.

De manera esencial, estas insistieron en la urgencia de concretar la aplicación de la legislación laboral, de la reforma del título V del Código de Trabajo, y promover la investigación pormenorizada del asesinato de mujeres para castigar a los responsables.