Informes antidrogas y doble rasero contra Bolivia

Una vez más la ambigüedad signa los informes emitidos desde Estados Unidos con respecto a la lucha antidroga en la región y esta vez el decertificado en la materia es el Estado Plurinacional de Bolivia.

Los sorprendidos escasean: el gobierno del primer mandatario indígena en la historia latinoamericana procura el cambio social en una de las naciones más pobres del área y hace casi dos años, expulsó del territorio a las fuerzas de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El presidente Evo Morales acusó a los agentes de la DEA de espionaje contra su gobierno a finales de 2008 y aseguró que la problemática podía combatirse con los efectivos y capacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Tenemos la obligación de defender la dignidad y la soberanía del pueblo boliviano”, sentenció el Jefe de Estado en Chimoré, zona principal de los cultivadores de coca desde tiempos ancestrales.

Evidencias acopiadas por el Estado demostraron que la DEA realizó actividades fuera de sus competencias y asumió una “participación política” en Bolivia, a partir de las actitudes del agente de la institución foránea en el departamento santacruceño, Steven Faucete.

El agente estadounidense viajó en varias ocasiones a Trinidad y Riberalta (Beni)  para financiar a los opositores comprometidos en el “golpe de Estado cívico –prefectural” ejecutado contra su administración en agosto y septiembre de 2008, de acuerdo con el gobernante.

“Hasta ahora se han detectado por los menos siete casas llamadas de seguridad, cuando son casas de control político, espionaje, control de llamadas telefónicas y algunos comandantes de la PN conocen muy bien esta operación de la DEA”, precisó.

Tales acusaciones fueron formuladas tras la expulsión del embajador Philip Goldberg, por similares acciones, lo cual provocó la peor crisis diplomática de la historia entre Bolivia y Estados Unidos.

Morales anunció entonces que fuerzas nacionales habían erradicado cinco mil 21 hectáreas de cultivos ilegales de la planta, cuya hoja es utilizada por los narcotraficantes para crear la pasta base de la cocaína.

Esto apenas fue el inicio de un largo camino en el cual efectivos militares y policiales continúa inmersos con tal de frenar el avance del narcotráfico en tierras bolivianas y que redundó en considerables logros hasta la fecha.

La Ley de Sustancias Controladas 1008, en vigencia desde 1988, autorizó las actividades de la DEA bajo el precepto de la supuesta incapacidad profesional y económica de los bolivianos de enfrentar el flagelo de la droga.

Sin embargo, el Programa F-57 de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga destacó la racionalización concertada de plantaciones de coca a sólo un año de su expulsión, en 2009.

De enero a septiembre de 2010, la Fuerza de Tarea de Conjunta erradicó más de cinco mil 200 hectáreas sembradas de la planta, en tanto la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico realizó 10 mil operativos, en los que se incautó de 21,7 toneladas de cocaína y 965 toneladas de marihuana.

En la etapa fueron destruidos 19 laboratorios de cristalización de cocaína, 14 de reciclaje, cuatro mil 290 fábricas de pasta base y cinco mil 846 pozas de maceración de coca.

De las 21,7 toneladas de cocaína interceptadas, 47 por ciento provenía de Perú, lo que demostró que el territorio boliviano es utilizado de puente para llegar hasta el mayor mercado del área, Brasil.

Pese a esos resultados, el gobierno estadounidense descertificó de forma arbitraria al país en su informe anual sobre la problemática y desconoció la estrategia de lucha integral contra el trasiego de estupefacientes.

En opinión de Morales, ello es una respuesta revanchista a la nacionalización de la lucha antidrogas y a la ejecución de operativos y tareas de erradicación sin injerencia foránea y con recursos del Tesoro General de la Nación.

La refundación de Bolivia implica también desembarazarse de las influencias externas que, disfrazadas de erradicación del narcotráfico, se inmiscuyen en la política interna en consonancia con el plan de dominación imperial sobre América Latina.

"Lo que no acepta Estados Unidos es que un país pequeño como Bolivia, su Presidente, visto como un indio, pueda empezar a dignificar a los bolivianos y latinoamericanos", coincidimos con Morales.