Cuando los maltratos pesan más que los años

Envejecer es un reto en cualquier lugar del mundo y peor todavía cuando la desatención estatal o familiar redunda en maltratos que pesan más que los años, como ocurre en Costa Rica.

  Directivos del Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) admiten la tendencia al alza del abuso institucional contra integrantes de ese segmento de la población y recientes acontecimientos demuestran esas afirmaciones.

De acuerdo con el diario El País, en su edición del 27 de octubre, la Sala Constitucional emitió una condena contra el Ministerio de Hacienda por retener los pagos a los jubilados mayores de 99 años, comprendidos en el régimen de no contribuyentes, en el mes de julio de 2011.

Las autoridades de esa carpeta de gobierno alegaron que la suspensión momentánea de los aportes estatales respondió a la supuesta necesidad de comprobar si las personas incluidas en los registros vivían aún, lo que motivó una demanda interpuesta por la Defensoría de los Habitantes.

Ninguna medida de control puede estar por encima del derecho de las personas, afirmó la Defensoría y criticó la interrupción intempestiva del pago mensual a quienes por lo general destinan esos fondos a sufragar gastos de medicinas y tratamientos médicos.

La suspensión del pago de pensión sin verificar la muerte del beneficiado no es una medida de naturaleza "preventiva", sino de carácter "represivo" por el efecto inmediato que produce, añadió.

Tal situación obliga a los adultos mayores, dentro de sus capacidades limitadas, a hacer reclamos administrativos para que se les reanude el pago suspendido por razones no imputables a ellos sino a los sistemas de información cruzados entre los entes públicos competentes, agregó.

Para la Defensoría, la medida contra los mayores de 99 años sólo derivó de la descoordinación técnica y del descontrol informático entre las bases de datos del Registro Civil y las del Ministerio de Hacienda.

La institución demandante admitió su preocupación porque la Administración Pública erogue fondos excesivos a personas fallecidas, pero señaló que ello no es suficiente para sustentar la retención de las pensiones a quienes dependen fuertemente de esos ingresos.

La Sala IV acogió la petitoria y ordenó a la Tesorería Nacional disponer lo necesario para liberar de inmediato las pensiones retenidas a esas personas, pero ello apenas constituye un paso contra la proclividad de algunos a atentar contra los derechos de los ancianos muy mayores.

Con antelación, la presidenta de la junta rectora del CONAPAM, Lidieth Barrantes, admitió una tendencia al alza del abuso institucional contra integrantes de ese sector poblacional en Costa Rica.

Sólo durante 2007, la dependencia registró en el país -donde la esperanza de vida alcanza los 78,8 años- mil 817 denuncias por injusticias, agresiones y maltratos a adultos mayores por parte de instituciones dedicadas a su cuidado, familiares, amigos, u otros.

Las quejas por la negativa a concederles a estos seres humanos atención preferencial, no adecuar las condiciones institucionales a sus necesidades, exceso de trámites u otros, sumaron 429 en el primer cuatrimestre de 2008, de acuerdo con Diario Extra.

Datos acopiados por el CONAPAM sugieren que las mujeres mayores de 65 años son las más agredidas en Costa Rica, que por ley celebra cada año el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, el 15 de junio.

Igual, la Asociación de Pensionados de Hacienda y del Poder Legislativo (ASPHAL) acusó a la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por deberle hasta 12 años de pago a los retirados en esa esfera.

Esto constituye una violación de la Ley del Adulto Mayor y los derechos humanos de estos, y tipifica como maltrato y violencia contra quienes sirvieron con dedicación en sus años laborales, segñun expresó entonces el director ejecutivo de la organización, Guillermo Aguilar.

Diario Extra precisó que en la etapa murieron mil 800 afiliados a la ASPHAL sin que sus derechos fueran reconocidos y sin que la deuda acumulada a su favor pudiera pasar a sus familiares al menos.

América Latina y el Caribe enfrentan el envejecimiento gradual de su población: 98 millones de mayores de 60 años tendrá la región en 2025, por lo que deben crearse condiciones para garantizar mejor calidad de vida a esas personas, según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).

Altos niveles de pobreza, baja cobertura de seguridad social, condiciones de salud ajenas a la equidad, y una fuerte presión sobre las familias, caracterizan el contexto en el que uno de cada cuatro habitantes del área transitará hacia la adultez mayor al mediar el siglo.

En Guatemala, por ejemplo, casi un millón de personas tienen o rebasa los 60 años y más del 70 por ciento de ellas sobreviven en condiciones de pobreza y hambre.

Honduras tampoco es excepción: 500 mil mujeres y hombres mayores de 60 años carecen de pensión y seguridad social en esa porción del centro del continente, según la gerontóloga Gladis Gaviria.

Para los especialistas del CELADE, el envejecimiento de mujeres y hombres en estos países ocurre más rápido que lo observado antes en los más aventajados económicamente, y garantizar mínimos de calidad de vida a este grupo etario exige decisiones políticas urgentes.

Concuerdan en que incrementar la inversión en capital humano, en la cobertura de la fuerza de trabajo, en las pensiones, en la atención de salud a las personas mayores, y el diseño de mecanismos de apoyo a sus familias, son apenas algunas de las medidas que pueden adoptarse.