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Cascos azules en Haití, una polémica de larga data

Cascos azules en Haití, una polémica de larga data

Delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas visitaron Haití, del 13 al 16 de febrero, para examinar las unidades militares que tiene en ese territorio y la estrategia para la recuperación económica del país más pobre del hemisferio.
  La misión del principal mecanismo multilateral estuvo encabezada por la embajadora de Estados Unidos, Susan Rice, y dialogó con autoridades locales y de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) sobre sus tareas y los planes para la reducción de sus tropas.
Los cascos azules llegaron a suelo haitiano desde junio de 2004, cuatro meses después de la revuelta popular que, alentada por Estados Unidos y Francia, redundó en la derrota y secuestro del ex presidente constitucional Jean Bertand-Aristide.
La supuesta misión de paz en Haití, integrada por policías y militares de varios países, cuenta con 11 mil 600 efectivos y el organismo internacional pretende reducir estos a dos mil 700 de forma progresiva.
Los 15 delegados del Consejo de Seguridad de la ONU destacaron tras su visita la reforma policial, las condiciones de vida de los desplazados por el terremoto de 2010, en el campamento capitalino de Carradeux, y la labor de los cascos azules en ese contexto, según el sitio www.un.org
Sin embargo, obviaron responder a los defensores de derechos humanos, estadounidenses y de todo el mundo, que exigieron al principal mecanismo multilateral evaluar su posible culpabilidad por la epidemia de cólera causante de más de siete mil muertos en ese país desde octubre de 2010.
Tampoco, a quienes aseguran que la Minustah carga sobre sus espaldas otras denuncias tan o más pesadas que la de introducir esa enfermedad mortal, pues la opinión pública recuerda diversos crímenes de los cascos azules contra la población.
Oficialmente la ONU ha desestimado su responsabilidad con el flagelo, que atribuye a una "confluencia de factores", como el colapso del sistema sanitario después del sismo más desastroso de la historia haitiana.
Desde que esas tropas ocuparon Haití, múltiples fueron las quejas por la actuación de algunos de sus miles de soldados y la violencia generalizada, que redundó en la pérdida de más de mil 200 personas sólo en el primer año de despliegue de la Minustah.
Entre estas alertas se destacó la del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien cuestionó la falta de atención a temas medulares como la crisis socio-económica de los pobladores de la zona occidental del país, afectados por las inundaciones del 2004.
Las incursiones en Cité Soleil, el barrio capitalino más pobre, alentaron el repudio de muchos por las tropelías de quienes lejos de ayudar al orden, amenazaban con helicópteros artillados, irrumpían con carros blindados entre las chozas, y disparaban sin miramiento a sus pobladores desarmados.
Sólo en una de esas operaciones, el 22 de diciembre de 2006, los cascos azules acabaron con la vida de una treintena de personas, incluyendo mujeres y niños, como cuando dijeron un año antes que pretendían capturar al mafioso Emmanuel (Dred) Wilmer.
En esa ocasión, arremetieron contra los habitantes de la barriada y dejaron 26 fallecidos que nada tenían que ver con el grupo delincuencial comandado por el extinto Wilmer, según supervivientes de estos hechos y reporteros de diversas agencias acreditadas en Haití.
Los ataques reiterados en Cité Soleil y en la cercana barriada Martissat sólo demostraron que la tropa extranjera llegó para aterrorizar a la población civil y no sólo para aniquilar delincuentes, convinieron estos.
El contrasentido llegó al colmo a raíz de la divulgación de un video tomado cuando una niña de 11 años era violada por soldados frente al capitalino Palacio Presidencial y un varón, de 14 años, sufría igual suerte en el interior de una base naval de la Minustah.
Más, de nada sirvieron los audiovisuales transmitidos por la Cadena BBC ni los exámenes médicos presentados en relación con estos crímenes por defensores de los derechos humanos: la ONU desestimó el asunto ante "la falta de evidencias".
Entre 2005 y 2006, testimonios acopiados por funcionarios del mecanismo internacional obligaron a este a sancionar por abuso y comercio sexual a más de 200 de sus soldados, policías y empleados civiles alistados en distintos países del mundo inmersos en situaciones de conflicto.
Un 63 por ciento de las acusaciones de conducta reprochable que involucraron a las fuerzas multinacionales adscriptas a ese foro se relacionaron con tal tipo de delitos y una tercera parte de estas, con la prostitución, sólo en los primeros 10 meses del segundo año.
Hechos parecidos fueron registrados en Liberia, donde los integrantes de la "misión de paz" de la ONU se aprovecharon de su posición para ofrecer beneficios a cambio de sexo a los más pobres, sobre todo infantes.
Otros escándalos rodearon a la organización por una red de pederastia en la República Democrática del Congo, y la trata de blancas para la prostitución en Kosovo.
La ONU nunca admitió la poca efectividad de las tardías acciones realizadas para detener esa cadena de arbitrariedades, aunque quienes incurrieron en esos actos violaron el artículo 13 del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949.
Este establece la protección general para los civiles no involucrados directamente en los conflictos armados y prohíbe los actos o amenazas de violencia destinados a aterrorizar a los pobladores de zonas en guerra.
Pese a estas regulaciones y a los pronunciamientos de los directivos de la ONU, lo más cuestionable es que los victimarios detectados sólo fueron repatriados, sin precisarse si fueron condenados.
En medio de la crisis económica creciente, el despliegue de cascos azules en misiones de paz por todo el mundo alcanzó el record de 92 mil, entre militares y policías de alrededor de 112 países, en 2008.
Estas estadísticas rebasaron los 78 mil efectivos registrados en 1993, en el ámbito de las intervenciones de Bosnia y Somalia, donde los cuestionamientos también estuvieron a la orden del día.
La permanencia de la misión por siete años en Haití, con un costo superior a los 25 millones de dólares por mes, es por sí solo ofensivo para una nación cuyo ingreso anual por persona jamás alcanza los 200 dólares.
Como si no bastase, en el primer país de esta parte del mundo que acabó con el dominio colonial, siguen siendo rutina los atropellos cometidos por los cascos azules, asegura el Proyecto Información de Haití.
La impunidad de que gozan los soldados del principal mecanismo multilateral del mundo respecto a las leyes vigentes en la porción oriental de La Española, por su status de colaboradores internacionales, dificulta enfrentarlos aunque maltraten o prostituyan a mujeres e infantes.
En tanto, siguen estas tropas en la tierra de Toussaint Louverture (1743-1803), bajo el argumento de contribuir a estabilizar el sistema democrático y aliviar la situación de violencia y crisis generada por los acontecimientos desencadenados en el país caribeño.

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