Prevenir y sanar, desafíos en las vías de Nicaragua

Con la transformación de la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito y decenas de proyectos viales el gobierno procuran contrarrestar la principal epidemia mortal que sacude a Nicaragua.

Este país es considerado uno de los de mayor accidentalidad en Centroamérica, debido a las constantes tragedias acaecidas en los 21 mil 967 kilómetros que abarca la red de carreteras construidas sobre sus 130 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial.

Informes oficiales admiten que los accidentes de tránsito constituyen la primera causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 años de edad en Nicaragua, segundo de menor cantidad de homicidios en el área, luego de Costa Rica, pero donde ocurren más decesos por esa razón que por asesinatos.

De 2000 a 2011 perdieron la vida seis mil 163 personas por esa causa y otras 52 mil 822 resultaron lesionadas en 24 mil 573 desastres de ese tipo, refieren registros de la Dirección de Tránsito Nacional.

Sólo en 2012 los choques de autos y otros accidentes sumaron 26 mil, dos mil más que en 2011, para un aumento de seis por ciento, y acabaron con la vida de 667 personas, precisó el jefe de la entidad, comisionado mayor Roberto González.

Frente a esa problemática los agentes actuarán con más rigor al aplicar la Ley 43 mientras progresan las intenciones de modernizarla, aseguró el directivo, quien vinculó ese elevado número de decesos al comportamiento indebido de muchos conductores con respecto a las regulaciones vigentes.

Según el Jefe de Secretaría de Transito Nacional, comisionado Iván Escobar, el irrespeto a las señales, el exceso de velocidad y el alcoholismo son los grandes factores de riesgo que incrementaron esas estadísticas.

La polémica en cuanto a la problemática marcha al unísono de su incidencia y en medio de ella muchos abogan por un reforzamiento de la presión sobre los conductores de manera directa.

Sin embargo, expertos concuerdan en que sería muy oportuno mejorar la educación y la infraestructura vial, aún cuando llegara a cambiarse la ley.

Para corregir la accidentalidad se debe hacer una campaña educativa, agresiva y fuerte desde todos los sectores, ya que es un problema de conducta humana, consideró el especialista, Roberto Orozco.

Mientras, el exsubdirector de la Policía Nacional, comisionado general en retiro Francisco Bautista, abogó por tomar en cuenta el crecimiento de la población, del parque automotor, de la cantidad de conductores, del volumen de vehículos, motos y otros vehículos, lo cual eleva las amenazas.

Conscientes de esas dificultades, las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua (MTI) alistan por primera vez en la historia de Nicaragua un Plan nacional para el desarrollo del transporte en un período de 20 años.

Ese programa contemplará las perspectivas de mejoramiento de las carreteras, la cantidad de vehículos que pueden transitar por ellas, y otros aspectos, sin desconocer los vaivenes de la economía nacional e internacional que pueden incidir en su consecución, explicó el titular del MTI, Pablo Fernando Martínez.

La intención es concluir el estudio necesario para la elaboración del plan y su presentación a finales de 2013, precisó e informó que en 2012 su ministerio ejecutó 97 por ciento del presupuesto en mejorar las vías.

Adelantó que con la propuesta de la Ley 43 que elaboran procuran reforzar la prevención y las medidas educativas, en tanto suscribió el impacto negativo de los problemas viales arrastrados y la necesidad de mejorar las carreteras, pero de forma paralela a una campaña educativa dirigida a choferes y peatones.

Una investigación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas confirmó que resulta perentorio iniciar un debate constructivo y serio sobre este particular en Nicaragua: el dolor causado por estos hechos, la pérdida de capacidad productiva y talentos, de todos estos gastos hacia los dependientes de la persona accidentada, y en general, a toda la economía, obligan a ello.

Los accidentes de tránsito, devenidos un problema de salud pública, alcanzaron un record mortal de un promedio mensual de 51 personas, alertaron los investigadores.

En sintonía con eso, sugirieron reformular los registros oficiales para visualizar mejor las razones del problema, perfeccionar el ordenamiento jurídico y combinar de modo creativo medidas legales, administrativas, y educativas no convencionales, para sensibilizar a todos con el tema.