Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, polémica esperada en Nicaragua

Diputados nicaragüenses desestimaron los cuestionamientos a la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, adoptada para contrarrestar el legado patriarcal que subyace en la polémica en torno a su implementación.

La aprobación de la Ley 779, como también se le conoce, derivó de un proceso de estudio minucioso de la Constitución Política y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, aseguró el legislador sandinista Carlos Emilio López.

Igual se consultó ampliamente a diferentes sectores sociales para evitar inconsistencias, rememoró el presidente de la Comisión de la Mujer y la Niñez de la Asamblea Nacional.

La congresista Irma Dávila aludió a la Constitución Política de Nicaragua, la cual establece en su artículo 48 que el Estado debe "eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses", entiéndase hombre y mujer.

"Si hay violencia a las mujeres, no hay igualdad", subrayó la presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento unicameral, para quien resulta prioritario crear el Observatorio Nacional contra la violencia de género, como dicta el cuerpo legal aprobado el 22 de junio de 2012.

Con ese ente se tendría el control exacto del número de casos en que los hombres violentan a la mujer y de las denuncias hechas por las féminas contra esos hechos, concordó con activistas sociales defensoras del sector.

Dávila precisó que el Observatorio tendría que estar conformado por una comisión interinstitucional, integrada por un delegado de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional, y todos los operadores de justicia.

Durante las últimas sesiones parlamentarias varios diputados expresaron, además, que esa ley sólo está dirigida contra los agresores y ellos son los únicos que pueden temer por su aplicación.

Medios de prensa nicaragüenses coinciden en que el desacuerdo con la normativa es evidenciado sobre todo por líderes religiosos, aunque también aluden a voces discordantes dentro del foro legislativo.

Desde su entrada en vigencia la Ley 779 acumula al menos cinco recursos por inconstitucionalidad, radicados en la Sala de lo Constitucional de la CSJ, según el magistrado Rafael Solís.

Uno de los argumentos más socorrido es que "roza con el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley", porque "inclina la balanza hacia las mujeres y deja desprotegidos a los hombres".

Supuestos actos de injusticia contra los varones, a modo de revancha, son enarbolados por oposición a la normativa que tipificó como delito el femicidio, forma extrema de violencia contra ellas y de expresión de la lógica patriarcal.

Con esta ley y las reformas al Código Penal acordes con ella el gobierno sandinista confirmó su disposición a luchar contra el maltrato hacia las féminas, más del 50 por ciento de la población en Nicaragua.

Las nicaragüenses no van a permitir la derogación de la Ley 779 o Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, advirtió la procuradora especial de la Mujer, Débora Gradinson.

"No vamos a permitir que la ley se derogue", subrayó la defensora de los derechos de ese segmento poblacional.

Cada año 35 mil mujeres reciben atención en Nicaragua como consecuencia de la violencia de la que son víctimas sobre todo en sus hogares, según declaró la funcionaria.

Reportes del Canal 15 de la televisión aludieron al reforzamiento de la polémica desatada hace casi una semana respecto a la normativa, cuya implementación contribuyó a visualizar la criminalidad contra ese grupo humano.

El debate arreció al conocerse que desde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justica (CSJ) se estaba pretendiendo derogar la referida ley, reconocida porque tipificó el feminicidio como delito y estableció penas de hasta 30 años para los agresores.

El 22 de junio de 2012 Nicaragua devino el séptimo país americano en definir el femicidio como un delito en virtud de que es la forma extrema de violencia contra las mujeres y de expresión de la lógica patriarcal.

Paralelo a la inclusión de esa figura en el cuerpo jurídico en Nicaragua, como ocurrió antes en México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, y Perú, se determinó la creación de una Comisión Nacional Interinstitucional y de un observatorio estatal para seguir la problemática.

Pese a que todavía quedan detalles por afinar respecto a lo establecido en la normativa, a partir de su entrada en vigencia aumentaron las denuncias de los abusos propinados contra las féminas nicaragüenses, sobre todo en ámbitos hogareños.

También pudo conocerse con más claridad la multiplicidad de asesinatos cometidos contra ellas, casi siempre por sus parejas hombres, apegados al concepto machista de que estas deben subordinárseles en todos los aspectos.

Esa visión prevalece en la sociedad nicaragüense pese a los esfuerzos realizados por las autoridades estatales de lograr la plena incorporación de la mujer a las actividades productivas, a puestos de poder y a la sociedad en general, concuerdan seguidores de la temática.