Mujeres defienden en las calles ley contra la violencia en Nicaragua

Centenares de mujeres ratificaron hoy en distintos puntos de Nicaragua su rechazo a los recursos interpuestos en oposición a la Ley contra la violencia hacia la Mujer y de Reforma al Código Penal.

Las manifestantes, miembros de organizaciones defensoras de los derechos de ese sector que representa más de la mitad de la población, pidieron declarar sin lugar las demandas presentadas por religiosos y abogados este país.
El plantón en esta capital ocurrió frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras otras 150 mujeres se concentraron con similares exigencias a la entrada de la ciudad norteña de Chinandega.
La víspera marcharon unas 200 féminas por las calles principales de Somoto, ciudad cabecera del departamento de Madriz, también en el Norte, con pancartas y mantas alusivas a la controversia en torno a la Ley 779.
Esa legislación no se hizo contra todos los hombres sino para castigar a los abusadores y maltratadores de mujeres, declaró en ese ámbito la coordinadora del Colectivo de Mujeres ITZA, Johana María Zelaya.
"Que se preocupen los que agreden física y sicológicamente a nuestras compañeras", advirtió a Radio ABC.
Para la representante de la Asociación de Mujeres Axayacatl, Elia Margarita Palacio, el Estado debe definir respecto a los recursos contra la normativa y garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin violencia.
La también enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMV) recordó que mientras algunos buscan desactivar la ley, más mujeres siguen muriendo.
Sólo en los primeros cuatro meses de 2013 ocurrieron 21 feminicidios, lo que equivale a un promedio de cinco asesinadas al mes por sus esposos, exesposos, parejas o exparejas, según datos acopiados por la RMV.
La Ley 779 fue hecha para sancionar el maltrato físico, sicológico y la violencia sexual y solo pretende el respeto mutuo, equidad de género y proteger la vida de las mujeres, de acuerdo con la activista.
Palacio aseguró, sobre la base de su experiencia de tres años como sicóloga de la Comisaría de la Mujer en la localidad de Masaya, que cuando una de ellas denuncia es porque tiene todo un historial de violencia sufrida.
La directora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras María Elena Cuadra, Sandra Ramos, comentó que los recursos interpuestos en la CSJ carecen de sustento y se basan en suposiciones de quienes desean reformar la legislación.
Estos esgrimen la supuesta desventaja jurídica de los hombres desde la aprobación de ese cuerpo legal en 2012 y que este atenta contra la reconciliación de las parejas, aún si la mujer quiere perdonar a su marido.
La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, criticó la reacción tardía frente a la primera ley que tipificó el feminicidio en este país centroamericano y afirmó que ese tribunal no tiene prisa para pronunciarse sobre las demandas en su contra.