Ley contra la violencia es constitucional, concluyen magistrados de Nicaragua, pero van por mediación

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ratificaron el carácter constitucional de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y de Reforma a la Ley 641 Código Penal.

Según el portavoz oficial de ese poder del Estados, Roberto Larios, los miembros de la Corte rechazaron de forma unánime los recursos de inconstitucionalidad presentados en el mes de diciembre de 2012 contra la también identificada como Ley 779.

No obstante, la próxima semana el ente presentará ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma al artículo 46 de ese cuerpo jurídico, con el propósito de incorporar la figura de la mediación, pero bajo algunas condiciones.
De acuerdo con Larios la iniciativa prevé legitimar la mediación sólo cuando esta se haga ante el juez o ante el Ministerio Público, por solicitantes sin antecedentes penales, y en caso de que el acusado incumpla lo mediado, estará sujeto automáticamente a la persecución penal en su contra.
Los magistrados también determinaron que las medidas precautelares que la Ley 779 permite a la Policía Nacional aplicar contra los hombres acusados de violencia deberán ser reguladas solo por la Comisaría de la Mujer y considerando la seguridad de la víctima.
La posible flexibilización de la norma, a partir de la incorporación de la mediación en delitos menos graves, fue una de las cuestiones más debatidas a partir del fortalecimiento de los ataques contra la primera ley que tipificó el femicidio en este país y motivó intensos debates a nivel nacional.
Con la Ley 779 el Estado de Nicaragua dijo no más violencia hacia las mujeres, acorde con el mandato constitucional que tiene de eliminar las barreras para garantizar el respeto a los derechos humanos de ellas, declaró a Prensa Latina la Procuradora Especial de la Mujer, Débora Grandinson.
"Ya no se está tolerando el irrespeto a los derechos humanos de las mujeres y se está trabajando por restituirles todos los que le corresponden", añadió y reconoció que una cuestión por acabar de pulir es la prevención.
Los recursos estatales están llegando para que la ley funcione, pero somos nosotros los que tenemos que trabajar porque ese cuerpo jurídico funcione, adoptando todas las medidas posibles, reflexionó.
Para Elia Margarita Palacio, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, resulta medular defender esta ley para garantizar a las féminas el derecho a una vida sin violencia.
Palacios, por tres años sicóloga en la Comisaría de la Mujer en el departamento central de Masaya, sentenció que cuando una de ellas denuncia es porque tiene un historial de violencia sufrida.
Esta ley es importante porque en la medida en que sea mejor aplicada propulsará el desarrollo de la nación, porque si hay violencia no podemos hablar de igualdad, opinó la diputada Irma Dávila.